Los libertarios en la provincia impulsan una ley para eliminar 247 registros
La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense trabaja en un proyecto de ley para eliminar 247 registros creados en los últimos años por medio de distintas leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, muchas impulsadas en la década del 80.
Los libertarios la denominan «la bomba desregulatoria» y apunta a simplificar la vida de los bonaerenses eliminando muchos trámites que se superponen y que agigantan la burocracia de la provincia con los costos tanto para el Estado, como para el ciudadano.
En rigor no se trata de eliminar el trámite, sino de unificar registros utilizando la ciencia de datos o la tecnología de la información. El objetivo es evitar que distintas dependencias soliciten reiteradamente información que el Estado ya posee.
«Necesitamos que el bonaerense deje de trabajar para el Estado y que, además de pagar menos impuestos, ahorre tiempo y dinero en trámites, inscripciones y pedidos de constancias», dicen desde La Libertad Avanza.
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Los libertarios tienen en la Legislatura una Mesa de Desregulación, integrada por los senadores Matías De Urraza y Diego Valenzuela y los diputados provinciales Oriana Colugnatti y Francisco Adorni, y un equipo de técnicos. Desde allí relevaron 279 registros provinciales y aseguran que de ese total, unos 247 gestionan información que podría administrarse centralizadamente.
En la Legislatura muestran algunos ejemplos de la burocracia de los registros. Destacan que un productor porcino de muy baja escala, que en su extensión de tierra además tiene abejas para vender miel y sus derivados, debe conocer y cumplir con el Registro de Marcas y Productos Apícolas, para el la inscripcion y autorizacion de sala de fraccionamiento; con el Registro Provincial de Establecimientos Procesadores y Fraccionadores y Acopio de Productos Apícolas, para el fraccionamiento; con el Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias; con el Registro Mi Pymes; con el Registro Ganadero; con el Registro de Marcas Y Señales y con el Registro Provincial De Explotaciones Porcinas.
Oriana Colugnatti.
Otro ejemplo: un grupo familiar, que tiene una extensión de tierra junto a una laguna en el interior de la provincia con potencial para desarrollar una actividad turística debe tramitar su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos; el Registro de Prestadores Turísticos, Guías y Campamentos; el Registro de Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA); el Registro de Paisajes Protegidos y Espacios Verdes de Interés Provincial; el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos y el Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias.
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En el bloque libertario sostienen que en principio existe un costo económico que debe pagar el bonaerense. Refieren a las tasas que anualmente fija la Ley Fiscal Impositiva que se aprueba junto con el presupuesto. Son tasas que el ciudadano debe pagar para inscribirse, darse de baja, modificar datos, pedir constancias, incluso por tener prioridad en algunos trámites.
Además, agregan que existe un costo que tiene que ver con el tiempo para inscribirse en un registro, reunir documentación, completar formularios, trasladarse a una dependencia pública, solicitar certificados, esperar turnos, presentar documentación, subsanar observaciones o renovar periódicamente una inscripción.
«El hecho de que un trámite sea gratuito para quien lo realiza no significa que carezca de costo económico», dicen los libertarios. «Cada hora empleada en la realización de un trámite representa tiempo que el ciudadano no puede destinar a otra cosa», agregan.
Matías De Urraza.
En tanto, un tercer punto tiene que ver con el gasto que representan esos registros para el Estado. Cada registro implica recursos destinados a trabajadores, infraestructura, sistemas informáticos, mantenimiento, servicios, atención, archivo, actualización, fiscalización y gestión administrativa.
En el bloque trazan a grueso modo algunos números: el alquiler de una oficina de aproximadamente 50 metros cuadrados en la ciudad de La Plata se estima en $900.000 mensuales; la remuneración de un director a cargo, con un costo laboral estimado de $3.110.000 mensuales; la remuneración de dos trabajadores de la administración pública provincial encuadrados en la Ley 10.430, en la categoría inicial del régimen de 40 horas, con un costo laboral estimado de $1.480.000 mensuales cada uno. Sólo por eso el costo anual de un Registro Provincial ronda los $89.710.000. Si eso se proyecta en los 243 registro que relevaron, el total del costo anual es de $21.799 millones.
