¿Qué son los periodistas?

Hay una foto reciente. Es del 9 de octubre de 2026. Muestra una reunión con una pantalla gigante en la que se proyecta una batalla construida con inteligencia artificial. La presenta Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia. Los bandos están perfectamente definidos. Los periodistas ocupan la primera línea del ejército enemigo. Entre los micrófonos se reconocen los logos de TN y C5N, dos señales de noticias que pertenecen a grupos de comunicación con propietarios y líneas editoriales opuestas. La clasificación iguala periodistas, comentaristas y productores de contenidos. Son una identidad política única. Todos están del mismo lado. Los siguen, en la segunda fila, políticos opositores y, en la tercera, empresarios. Del otro lado, Javier Milei, su hermana Karina y los militantes de La Libertad Avanza. Atrás marcha “la gente de bien”. La imagen divide a la Argentina en dos bandos: las “Fuerzas de la Libertad” y el “Viejo Sistema”. No hay neutrales.

Quince días después, un nuevo episodio agravó la representación oficial sobre los periodistas: los insultos se transformaron en una incitación directa a la violencia por parte de la máxima autoridad del país. En una cena de recaudación de la Fundación Faro, en la que el cubierto costó 20.000 dólares por persona, Javier Milei propuso la hoguera para los periodistas que lo investigaron en el caso $LIBRA. Hasta ese momento, se había limitado a las agresiones verbales, que en esa semana, también habían llegado a periodistas en España. “El 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes”, había afirmado el presidente en más de una ocasión, sin pruebas que permitan sostener la acusación sobre casi toda una profesión. El porcentaje, de una precisión matemática incomprobable, busca un efecto político evidente: convertir a miles de personas que ejercen trabajos diferentes en un único adversario. Ya lo sabemos: #NOLSALP (no odiamos lo suficiente a los periodistas). Más exactamente, a los 10 mil periodistas que se calcula que hay en la Argentina. Todos en la misma bolsa.

Pero ¿cómo son los periodistas? Una encuesta nacional realizada entre mayo y septiembre de 2026 por Anfibia junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y procesada por el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la Universidad Nacional de San Martín, permite mirar detrás de esa representación y ver cuáles son las consecuencias de las agresiones.

El relevamiento reunió 905 respuestas válidas. El 43 por ciento sufrió violencia digital vinculada con su trabajo durante el último año. Y, entre el total de los periodistas incluidos en el modelo estadístico sobre autocensura, el 51,4 por ciento reconoció haber evitado investigar o publicar algún tema por temor a las consecuencias. El dato más inquietante que se desprende del análisis va más allá de la cantidad de periodistas atacados, un fenómeno que ya registraron otros estudios, sino en la alta proporción que admite haber dejado de hacer parte de su trabajo por ellas.

Los periodistas argentinos forman un grupo heterogéneo. Los hay con influencia y otros desconocidos; están los que trabajan en empresas poderosas o en medios pequeños; cerca de la mitad tiene alguna relación de dependencia, mientras otros facturan colaboraciones, trabajan por contrato o desarrollan proyectos independientes. La mayoría sufre también una crisis común a otras instituciones: la falta de credibilidad. La composición de la profesión está lejos de la fuerza organizada que aparece en la pantalla de Oría. Mientras el poder político representa a los periodistas como un ejército uniforme que actúa como principal actor contra el gobierno, la encuesta demuestra que, más que nunca, el riesgo de informar recae sobre quien firma la noticia.

Nunca hubo tantas posibilidades de publicar información y, al mismo tiempo, tantas dificultades para vivir de producirla. Un periodista puede trabajar para un portal de noticias, hacer una columna en una radio, participar de un streaming y publicar en sus propias redes. Es una “marca personal” caminante. También puede cobrar un sueldo, facturar por una colaboración y tener un proyecto independiente. Todo en la misma semana o incluso en el mismo día. La versatilidad y la hiperproductividad tienen una explicación menos atractiva: los salarios periodísticos no alcanzan y acumular trabajos se volvió, para muchos, una manera de llegar a fin de mes.

La encuesta de Anfibia y la Defensoría del Pueblo porteña pone números a esa realidad. El 61,7 por ciento de los periodistas tiene dos o más empleos o fuentes de ingresos periodísticos. De ellos, el 43,5 por ciento tienen tres o más. El 38,3 por ciento cuenta con una sola fuente de ingresos. El negocio de las noticias cambió, pero todavía no encontró cómo sostener a buena parte de quienes las producen.

El 49,2 por ciento informó que tiene alguna relación de dependencia con un medio. Pero las modalidades de contratación se superponen: el 29,4 por ciento trabaja de manera autónoma en proyectos propios, el 22,2 por ciento cobra por nota, fotografía o video y el 19,4 por ciento tiene contratos de locación de servicios. Un periodista puede ser empleado de una empresa y facturero de otras dos. Puede tener varios jefes. Y, cuando aparece un problema, esa multiplicación de empleadores también puede volver más difícil establecer quién se hace cargo de no dejar solo o sola al periodista.

La precariedad afecta al bolsillo y también modifica las posibilidades de hacer periodismo. Investigar requiere tiempo, recursos, fuentes y semanas de trabajo que no siempre terminan en una publicación. ¿Quién puede dedicarle un mes a una historia si necesita entregar notas todos los días para cobrar?

Una parte de ese trabajo se trasladó a las plataformas y a las cuentas personales. El 26,4 por ciento de los encuestados produce contenidos periodísticos en sus propias redes sociales y el 18 por ciento trabaja en canales de streaming. El 93 por ciento tiene cuentas con su nombre y, entre ellos, el 86,6 por ciento las usa para su trabajo. La identidad personal se convirtió también en una herramienta profesional: sirve para difundir investigaciones, conseguir fuentes, construir audiencias y buscar nuevas oportunidades laborales. A esas mismas cuentas llegan los ataques.

Se sabe, las redacciones tradicionales nunca estuvieron libres de presiones. El poder de turno también ejerció presión sobre los dueños de medios por el trabajo de sus periodistas a lo largo de la historia democrática reciente. Los propietarios y directivos podían decidir qué se investigaba, qué se publicaba e incluso qué convenía callar. Pero una empresa también podía ofrecer abogados, recursos, tiempo para investigar y respaldo frente a una amenaza.

La encuesta encontró que 389 periodistas, el 43 por ciento de quienes respondieron, sufrieron violencia digital vinculada con su trabajo durante el último año. Entre ellos, el 20,8 por ciento denunció hackeos o intentos de acceso a sus cuentas; el 14,9 por ciento recibió amenazas de violencia física y el 9,3 por ciento, amenazas de muerte. Frente a agresiones graves, apenas el 14,7 por ciento de los atacados recibió apoyo institucional formal del medio para el que trabajaba. El 53,2 por ciento no recibió ningún respaldo.

¿Qué hace un medio cuando amenazan de muerte a uno de sus periodistas o lo insultan hasta el agotamiento? ¿Tiene protocolos para actuar, asesoramiento jurídico, asistencia psicológica o medidas de seguridad digital? ¿Quién se ocupa si el ataque llega a las cuentas personales de un colaborador que factura por nota? ¿Y si trabaja para tres empresas diferentes? El acompañamiento puede quedar reducido al silencio de las empresas o a reacciones aisladas de organizaciones de periodistas, sindicatos de prensa y colegas. Del otro lado, en una clara asimetría, el poder estatal.

La falta de respaldo empieza mucho antes de la agresión. El menosprecio no es solo una cuestión de formas, también normaliza los ataques. La frase que se escucha en las entrevistas en profundidad es “hasta cuándo vamos a seguir fingiendo demencia”. Según los datos recolectados, el 42 por ciento afirma que ninguno de los medios donde trabaja cuenta con protocolos o recursos de apoyo ante la violencia digital. Otro 37,9 por ciento desconoce si existen estos procedimientos. Apenas el 5,9 por ciento asegura que todos sus medios disponen de esos mecanismos. ¿Qué protección puede esperar un periodista si la empresa para la que trabaja carece de un procedimiento para asistirlo o ni siquiera se lo comunicó? Finjamos demencia porque quizás ya estamos demasiado afectados.

Frente a situaciones como la quita de acreditaciones, las dificultades para acceder a fuentes públicas o el cierre de espacios de trabajos, los insultos y ataques en redes, los periodistas también respondieron sobre los posibles mecanismos que consideraban mejores para intervenir rápidamente. Entre las opciones más votadas aparecieron la intervención inmediata de sindicatos periodísticos y asociaciones profesionales y la posibilidad de una defensoría especializada en libertad de prensa. También la implementación de mecanismos rápidos e informales para reaccionar de manera colectiva; la adopción de medidas judiciales urgentes; la creación de un observatorio público con capacidad de denuncia inmediata y una mesa de respuesta entre medios y organizaciones de periodistas). La mayoría de las opciones votadas apuntan a una necesidad concreta: contar con instituciones y organizaciones que puedan actuar de inmediato cuando se obstaculiza el trabajo periodístico y evitar que cada periodista tenga que resolver el problema por su cuenta.

Mujeres y varones reciben ataques digitales en proporciones prácticamente iguales: el 43,6 por ciento de las mujeres y el 42,1 por ciento de los varones declaró haber sufrido violencia digital durante el último año. Tampoco aparecen grandes diferencias en los tipos de agresiones recibidas. Los insultos, por ejemplo, alcanzaron al 89,7 por ciento de las mujeres atacadas y al 89,5 por ciento de los varones. Lo que sí cambia, según las entrevistas en profundidad, son las agresiones de tono sexual contra las mujeres.

La diferencia también aparece en las consecuencias. Entre quienes sufrieron violencia digital, el 35 por ciento de los varones dijo que los ataques no habían afectado en absoluto su salud mental. Entre las mujeres, esa respuesta cayó al 16,8 por ciento. En cambio, el 50,8 por ciento de las mujeres ubicó el impacto en los tres niveles más altos de una escala de cinco, frente al 35,5 por ciento de los varones.

La exposición pública introduce otra diferencia. Entre los periodistas que ponen la cara y la voz para informar, el 71,4 por ciento declaró haber sufrido ataques digitales. Entre quienes se dedican principalmente a producir contenidos, la proporción fue del 35,3 por ciento.

También importa sobre qué se informa. Cuando se les preguntó qué temas suelen desencadenar violencia digital, el 51,5 por ciento de los encuestados señaló las cuestiones de género entre los tres principales. El 43,2 por ciento mencionó las opiniones críticas del Gobierno, el 39,7 por ciento la corrupción y el 32,6 por ciento los derechos humanos.

Según el modelo estadístico, los periodistas que sufren la violencia de forma sistemática tienen 7,6 veces más posibilidades de autorrestringirse que quienes no la sufrieron. Y, aunque mujeres y varones sufren violencia digital en proporciones similares, el modelo también muestra otra diferencia: entre las mujeres, la relación entre haber evitado investigar o publicar y no haberlo hecho es casi el doble que entre los varones, considerando los demás factores analizados. Además, el 61,6 por ciento de las mujeres considera que la autocensura aumentó mucho en los últimos tres años, frente al 48,6 por ciento de los varones.

¿Quién tiene espalda para bancar lo que viene después de una investigación? Un periodista que necesita varios empleos para sostenerse, y depende de contratos temporales o carece de respaldo institucional, seguramente enfrenta esa decisión con recursos limitados.

Las respuestas de la encuesta y las entrevistas en profundidad realizadas por Anfibia durante 2026 permiten pensar en una reconfiguración de la censura. El poder puede influir sobre lo que se publica sin necesidad de impedir directamente la circulación de una noticia. A veces alcanza con que un periodista calcule las consecuencias de investigar y decida que es mejor no meterse en un tema. La encuesta no permite saber cuáles fueron las historias abandonadas durante el año, las que nunca llegaron a publicarse. Pero sí muestra que una proporción considerable de quienes respondieron modificó su trabajo por temor. 

En la diapositiva de Oría, los periodistas aparecen organizados como un ejército enemigo. La imagen les atribuye una fuerza y una capacidad de acción colectiva que contrasta con las condiciones en las que trabajan. Pero la representación tiene otra consecuencia: si los periodistas son parte de una guerra contra el Gobierno, cualquier investigación incómoda puede ser presentada como una operación política. La discusión se desplaza entonces, en las redes y también desde cuentas oficiales, de lo que una noticia revela hacia las supuestas intenciones de quien la publica. Importa menos qué se descubrió que quién se atrevió a contarlo. El poder político, con todos sus recursos, se presenta como víctima de quienes tienen la tarea de investigarlo.

La encuesta muestra el otro lado de esa escena. Muchos periodistas enfrentan individualmente los riesgos de su trabajo y más de la mitad de los incluidos en el análisis sobre autocensura reconoce haber evitado investigar o publicar por temor a las consecuencias. Es probable que nunca sepamos qué historias quedaron en el camino. Y ese es, quizás, el efecto más difícil de medir de las agresiones a la prensa. Una de las funciones del periodismo es garantizar que los ciudadanos tengan buena información. Si antes de hacer las preguntas para investigar al poder se debe calcular cuáles serán las consecuencias de encontrar las respuestas, el periodismo se debilita y con el la democracia.

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