LA CAUSA CUADERNOS: De Yrigoyen a Cristina, la farsa de una derecha que se copia a sí misma

Cortos de ideas, la derecha argentina se recicla con el mismo argumento y la misma puesta en escena en una parodia histórica que, de tan repetida, ya parece una burla donde el gorilaje se relame.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

La historia argentina tiene una curiosa capacidad para repetir sus escenas, aunque cambien los protagonistas, los diarios de la mañana y los nombres de los expedientes judiciales. Un chofer, una denuncia de corrupción, un presidente popular fuera del poder, una Justicia dispuesta a buscar riquezas ocultas y un espectáculo de sospechas que parece tener su propio guion. En 1930, el blanco fue Hipólito Yrigoyen; décadas después, Cristina Kirchner quedó en el centro de una ofensiva política y judicial que tuvo en la causa Cuadernos uno de sus episodios más resonantes. La historia, una vez más, demuestra su utilidad: alcanza con observar las semejanzas en la construcción del escándalo, la escenificación de la sospecha y el modo en que determinadas acusaciones pueden convertirse en armas para disputar la memoria de un gobierno.

Porque si algo demuestra la historia política argentina es que la derecha puede cambiar de uniforme, de discurso y de tecnología, pero conserva una notable fidelidad a ciertos métodos. Ayer se buscaban lingotes de oro en la casa de un presidente derrocado; más tarde, se hablaría de bolsos, bóvedas, dinero enterrado y cuadernos supuestamente capaces de revelar la trama secreta de todo un gobierno. El procedimiento narrativo se parece: primero se instala la sospecha, después se multiplica su impacto público y, finalmente, la imagen del dirigente queda asociada a la corrupción incluso antes de que la discusión sobre las pruebas y las responsabilidades llegue a una conclusión judicial.

El oro que nunca apareció y las bóvedas que había que encontrar

El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar encabezado por José Félix Uriburu puso fin al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, un dirigente popular que había llegado a la Presidencia mediante el voto y que representaba, con todas las contradicciones de su época, la incorporación de sectores medios y populares a la vida política argentina. Después del derrocamiento, comenzó a circular una historia extraordinaria: el expresidente habría sustraído millones de pesos y lingotes de oro del Tesoro Nacional para esconderlos en su residencia. La versión incluía testimonios de un chofer, funcionarios y otros supuestos conocedores de una red clandestina de apropiación de fondos públicos. La casa de la calle Brasil fue allanada, sus paredes, pisos y techos fueron destruidos en busca de bóvedas secretas y el inmueble terminó saqueado e incendiado. El relato encuentra un marco histórico más amplio en la investigación de la historiadora Marianne González Alemán sobre el saqueo de la vivienda y la contrarrevolución de 1930. La acusación de corrupción no apareció en el vacío: formó parte de un proceso político que buscaba desacreditar al presidente derrocado y legitimar un nuevo orden reaccionario.

La escena tiene algo de grotesco, pero también de profundamente revelador. El oro estaba supuestamente allí; las bóvedas tenían que existir; los millones debían encontrarse en algún rincón de la casa. La lógica de la acusación parecía funcionar al revés de lo que debería funcionar una investigación seria: en lugar de partir de pruebas materiales para demostrar un delito, se partía de una sospecha para salir a buscar las pruebas que pudieran sostenerla. Y cuando el tesoro no aparecía, el fracaso del operativo no alcanzaba necesariamente para desarmar el relato que lo había justificado. La imagen del presidente corrupto ya había comenzado a circular. La residencia destruida, la búsqueda espectacular y el escándalo público componían una escena mucho más poderosa que cualquier rectificación posterior.

Noventa años después, Argentina volvería a escuchar una historia con elementos demasiado parecidos como para ignorarlos. Esta vez el protagonista no era un presidente radical derrocado por los militares, sino Cristina Kirchner, expresidenta y principal dirigente del peronismo, enfrentada a un sistema de persecución política y judicial. La comparación conserva toda su fuerza cuando se observa la construcción pública de las sospechas, el lugar concedido a los testimonios y la transformación de la búsqueda de pruebas en un espectáculo de alcance nacional.

De un chofer a otro: el guion de la sospecha

En 2018, la causa conocida como Cuadernos sacudió la política argentina. El punto de partida fueron las anotaciones atribuidas a Oscar Centeno, chofer -la historia se repite- de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal. En esos escritos se describían presuntos recorridos, entregas de dinero y encuentros vinculados con funcionarios y empresarios. A partir de allí se desplegó una investigación de enorme alcance, con declaraciones de imputados colaboradores, empresarios y exfuncionarios. Cristina Kirchner fue acusada de encabezar una asociación ilícita y de participar en un sistema de recaudación ilegal. La causa llegó a juicio oral en noviembre de 2025, con decenas de acusados y un transfondo de incontables irregularidades procesales.

La coincidencia histórica resulta incómoda: otra vez, un chofer ocupa el centro de una narración que pretende explicar la corrupción de un gobierno entero. En 1930, el relato del oro escondido atribuía al entorno presidencial el conocimiento de una supuesta maquinaria de sustracción de fondos públicos. En 2018, las anotaciones de Centeno dieron origen a una trama que involucró a funcionarios, empresarios y a la expresidenta. En ambos casos, el testimonio de alguien situado cerca del poder se convirtió en una llave para ingresar a la intimidad de un gobierno y construir una explicación general sobre su funcionamiento.

En Cuadernos hubo controversias concretas que no pueden borrarse de la historia del expediente. Durante años, la causa estuvo atravesada por la discusión sobre las fotocopias de los cuadernos, la declaración de Centeno de que había quemado los originales y la posterior aparición de ejemplares físicos. En 2019, el fiscal Jorge Di Lello cuestionó aspectos centrales de la instrucción, entre ellos la falta de grabación de declaraciones de arrepentidos y el uso de las copias como prueba. Las defensas denunciaron adulteraciones y reclamaron peritajes. Sin embargo, la historia no termina ahí: en agosto de 2025, un peritaje de Gendarmería señaló que faltaba el original del cuaderno número cinco y que había enmiendas cuya autoría no pudo establecerse.

En paralelo, el caso D’Alessio, que involucró denuncias de extorsión y espionaje, puso bajo escrutinio la actuación de personas que afirmaban tener acceso a fiscales y a información judicial sensible. El fiscal Carlos Stornelli, que intervenía en Cuadernos, fue denunciado en ese contexto.

Las paredes de Cristina y el oro de Yrigoyen

En agosto de 2018, el juez Claudio Bonadio ordenó allanamientos en propiedades de Cristina Kirchner. Los operativos incluyeron su departamento de Recoleta y viviendas en Santa Cruz. Se revisaron pisos, techos, paredes y estructuras internas para verificar declaraciones sobre supuestos lugares de almacenamiento de dinero y otros elementos. El procedimiento en El Calafate se extendió durante tres días. Cristina mostró posteriormente los daños ocasionados en su casa y sostuvo que los investigadores habían buscado millones de dólares, lingotes y bóvedas sin encontrar el tesoro que sostenían. La cobertura periodística de aquellos días registró tanto la búsqueda de espacios ocultos como el secuestro de algunos objetos. El dato verificable es que hubo una búsqueda exhaustiva de supuestos escondites de dinero; la interpretación política es que aquella búsqueda también produjo una escena pública de enorme impacto, con imágenes de paredes perforadas y una expresidenta presentada ante la opinión pública bajo la sospecha de ocultar una fortuna clandestina.

La comparación con Yrigoyen se vuelve aquí particularmente potente. En 1930 se rompieron paredes y pisos para encontrar el oro atribuido al presidente derrocado; en 2018 se inspeccionaron las estructuras de la vivienda de Cristina en busca de supuestas bóvedas y espacios de almacenamiento. Cambian los instrumentos, las normas procesales y las circunstancias históricas, pero la imagen que queda en la memoria colectiva es extraordinariamente similar: el poder judicial entra en la casa del dirigente popular y la convierte en escenario de una búsqueda que promete revelar el secreto material de su presunta corrupción. En el caso de Cristina, los operativos no se limitaron a su vivienda. En septiembre de 2018 también se ordenó buscar un supuesto contenedor con dinero enterrado en la estancia Cruz Aike, vinculada al empresario Lázaro Báez, a partir de información atribuida a supuestos testigos. La búsqueda alimentó rumores y especulaciones, mientras una imagen viral de un contenedor enterrado resultó ser falsa y provenía de material publicitario de una empresa extranjera.

La ironía histórica alcanza su punto máximo cuando se recuerda que, entre los objetos que Cristina mostró después de los allanamientos, figuraba un expediente relacionado con Hipólito Yrigoyen. El dato fue consignado en la cobertura de su presentación pública sobre los daños en la casa de El Calafate.

La derecha, la Justicia y una creatividad bajo sospecha

La derecha argentina ha demostrado, en distintos momentos de su historia, una notable capacidad para presentar sus ofensivas políticas como cruzadas morales. En 1930, el golpe contra Yrigoyen se legitimó mediante una retórica de regeneración nacional y denuncia del despotismo, tal como explica la investigación académica sobre el saqueo de su vivienda. Décadas más tarde, las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo ocuparon un lugar central en la disputa por la legitimidad de sus gobiernos. En ese terreno, los medios de comunicación, los sectores económicos enfrentados al peronismo y determinados actores judiciales adquirieron una influencia decisiva en la forma en que las acusaciones llegaban a la sociedad. No hace falta imaginar una conspiración única, perfectamente coordinada y eterna para reconocer que las investigaciones judiciales pueden convertirse en instrumentos de disputa política cuando se debilitan los controles, se seleccionan las sospechas según la identidad del acusado o se reemplaza la presunción de culpabilidad por el examen riguroso de las pruebas.

La resultante: una investigación que deja de ser un procedimiento orientado a establecer hechos y se transforma en una representación destinada a producir una condena social anticipada. Una pared perforada puede convertirse en una fotografía; una declaración, en una verdad indiscutible; una sospecha, en un titular repetido durante años. Y cuando la imagen pública se instala, las aclaraciones posteriores suelen tener menos circulación que la acusación inicial. En ese mecanismo, el daño político puede consumarse mucho antes de que un tribunal determine responsabilidades concretas.

Y para terminar…

Y no hay que olvidar otro paralelismo, acaso el más doloroso: ambos terminaron privados de su libertad y convertidos en blancos de la proscripción política. De las bóvedas que nunca aparecieron a los cuadernos que todavía se discuten, de la casa saqueada de Yrigoyen a los allanamientos contra Cristina, la historia vuelve a cruzar sus caminos y deja una pregunta incómoda: ¿cuánto hay de justicia cuando el resultado político termina siendo la cárcel y la exclusión de quienes alguna vez ocuparon la Presidencia con respaldo popular?

Y hay un último paralelismo que permite comprender que detrás de estas historias no solo se disputaba el poder político, sino también un modelo de país que tiene como uno de sus ejes el control de los recursos estratégicos de la Argentina. Hipólito Yrigoyen impulsó la creación de YPF en 1922 y, durante su segundo gobierno, promovió un proyecto de nacionalización de los yacimientos petrolíferos que buscaba colocar el recurso bajo control estatal, limitar el poder de las compañías privadas y fortalecer la soberanía energética. El golpe de 1930 elucubrado por una oligarquía que no soportaba estar lejos del poder, interrumpió ese camino y abrió una nueva etapa política en la que los intereses económicos ligados al petróleo y al capital extranjero volvieron a ocupar un lugar central.

Décadas después, Cristina Kirchner tomó una decisión de enorme trascendencia al impulsar la recuperación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, mediante la Ley 26.741 de 2012, con el objetivo declarado de recuperar el control estratégico de los hidrocarburos y revertir el deterioro de la producción energética. Se trata de reconocer el conflicto de fondo: cada vez que un gobierno popular intenta recuperar para el Estado la capacidad de decidir sobre recursos fundamentales, entra en tensión con intereses económicos poderosos, nacionales y extranjeros, que no siempre están dispuestos a aceptar esa pérdida de influencia.

Y así se completa el paralelismo: dos presidentes que buscaron ampliar la capacidad de decisión nacional sobre la riqueza energética, dos liderazgos sometidos a intensas campañas de desprestigio y dos desenlaces marcados por la privación de la libertad y la exclusión política. De los intentos de nacionalizar el petróleo a la recuperación de YPF, la historia argentina recuerda que la disputa por quién controla la riqueza del país nunca es solamente económica: también define quién ejerce el poder, en beneficio de quién y con qué consecuencias para la soberanía nacional.