TRAS LOS FUEROS: Karina Milei cada vez más cerca de candidatearse en el 2027

TRAS LOS FUEROS: Karina Milei cada vez más cerca de candidatearse en el 2027

Karina Milei analiza una candidatura para 2027 mientras se acumulan causas y denuncias judiciales a su alrededor y crece la posibilidad de una derrota política de su hermano en las próximas elecciones.

Por Roque Pérez para NLI

TRAS LOS FUEROS: Karina Milei cada vez más cerca de candidatearse en el 2027

En los últimos días tomó fuerza dentro del mundo político libertario una versión que, hasta hace poco, parecía improbable: Karina Milei analiza la posibilidad de convertirse ella misma en candidata en las elecciones de 2027. Nadie termina de precisar todavía para qué cargo podría competir —diputada nacional, senadora, legisladora porteña o incluso otra posición dentro del armado que conduce junto a su hermano—, pero el movimiento tiene una lectura que excede largamente una candidatura más. La hermana del Presidente estaría pensando en construir su propia plataforma electoral en un momento en que el futuro político de Javier Milei ya no aparece tan despejado como al comienzo de su mandato y mientras sobre ella se acumulan denuncias, investigaciones y expedientes judiciales.

La versión no equivale todavía a una candidatura oficial. Tampoco existe, hasta ahora, un anuncio público de Karina Milei en ese sentido. Pero distintas fuentes vinculadas al armado político de la secretaria general de la Presidencia señalan que la posibilidad de que compita en 2027 comenzó a ser discutida con mayor seriedad. Y allí aparece una palabra que inevitablemente forma parte de la conversación: fueros. Una eventual banca legislativa le otorgaría las inmunidades previstas por la Constitución para diputados y senadores, aunque de ningún modo significaría el cierre de las investigaciones ni una impunidad automática frente a la Justicia. La diferencia jurídica es importante, pero el dato político también lo es: una dirigente rodeada de expedientes podría ingresar a una elección buscando, al mismo tiempo, preservar poder institucional.

ANDIS, $LIBRA y un frente judicial que no deja de crecer

El expediente que concentra buena parte de las miradas es la investigación por el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La causa se originó a partir de los audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se describía un supuesto esquema de retornos vinculados con la compra de medicamentos y otros insumos. En esas grabaciones aparecen menciones a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, entre otros nombres del círculo presidencial. La Justicia investiga posibles delitos relacionados con cohecho, administración fraudulenta, asociación ilícita y negociaciones incompatibles, entre otras hipótesis.

El expediente fue mucho más allá de la discusión sobre la autenticidad de los audios. Hubo allanamientos, secuestro de teléfonos y documentación, análisis de contrataciones y movimientos vinculados con la droguería Suizo Argentina, además de testimonios destinados a determinar si las conversaciones registradas reflejaban hechos concretos. Uno de los elementos que agregó tensión al caso fue la declaración de Fernando Cerimedo, quien afirmó ante la Justicia que Spagnuolo le había hablado con anterioridad de situaciones similares a las posteriormente conocidas a través de las grabaciones.

El segundo gran frente es el denominado caso $LIBRA, originado por el lanzamiento de la criptomoneda promocionada públicamente por Javier Milei y posteriormente investigada por la Justicia. Karina fue denunciada penalmente por presuntos delitos vinculados con cohecho y tráfico de influencias, a partir de su supuesto papel en la coordinación de reuniones entre el Presidente y personas relacionadas con el proyecto. En este expediente, corresponde distinguir nuevamente entre una denuncia y una imputación formal: que una persona sea denunciada no significa que la Justicia haya probado un delito ni que exista una condena.

Pero el listado no termina allí. También se abrió una investigación vinculada con la contratación estatal de Andrea Juárez, una mujer del entorno de Karina Milei que reconoció haber realizado tareas personales para la funcionaria mientras estaba vinculada laboralmente con el Estado. La fiscalía comenzó a analizar las circunstancias de esa contratación y la eventual existencia de irregularidades.

A esto se sumó una denuncia contra Javier y Karina Milei por el supuesto uso de recursos públicos para viajes personales, en la que se plantearon posibles delitos como malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. Nuevamente, se trata de una denuncia y de una investigación en trámite, no de una sentencia que determine responsabilidad penal.

Y existe además otro frente judicial alrededor de los audios atribuidos a Karina Milei, cuya difusión derivó en una batalla judicial y en una denuncia impulsada desde el propio Gobierno. Aunque este expediente no constituye una causa de corrupción contra la secretaria general, contribuye a completar el particular escenario en el que se encuentra la principal operadora política del Presidente: cada vez más poderosa dentro del oficialismo y, al mismo tiempo, cada vez más expuesta judicialmente.

La hermana del Presidente empieza a pensar en su propio 2027

El dato político más sugestivo es que Karina Milei no está actuando como una funcionaria que piensa en retirarse. Todo lo contrario. Está construyendo estructura territorial, ordenando el partido y preparando el escenario electoral de 2027. Como presidenta de La Libertad Avanza, su tarea dejó de limitarse a la organización interna del espacio y pasó a involucrar directamente la definición de candidaturas, alianzas y estrategias electorales en distintos distritos.

Hasta ahora, el discurso oficial sostiene que el objetivo central es conseguir la reelección de Javier Milei. Karina fue una de las principales impulsoras de esa estrategia y construyó buena parte de su poder precisamente alrededor de la idea de garantizar la continuidad del proyecto libertario más allá de las elecciones legislativas de 2025.

Pero una cosa es trabajar para la reelección de Javier Milei y otra, muy diferente, es no tener un plan propio.

Y allí es donde el rumor adquiere otra dimensión.

¿Qué pasa si el escenario de 2027 no resulta tan favorable para el Presidente como pretende imaginar hoy la Casa Rosada? La pregunta no supone anticipar el resultado de una elección. Simplemente coloca sobre la mesa una posibilidad política evidente: quien durante estos años construyó una estructura partidaria nacional, manejó candidaturas, disciplinó dirigentes y acumuló una cuota extraordinaria de poder difícilmente quiera quedar fuera del tablero si cambia el escenario presidencial.

Karina Milei es, además, mucho más que la hermana del Presidente. Es la principal administradora del poder político interno de La Libertad Avanza, la mujer que intervino en la construcción partidaria, en el armado electoral y en la selección de dirigentes. Su eventual candidatura significaría que aquella figura que durante los primeros tiempos del Gobierno aparecía detrás de escena podría finalmente pedirle a los votantes que la coloquen en una boleta.

Y si esa boleta fuera legislativa, aparece nuevamente la cuestión de los fueros.

¿Una banca como blindaje?

La palabra “fueros” tiene una enorme potencia política, pero conviene precisar qué significa jurídicamente. Los fueros parlamentarios no eliminan causas penales ni impiden que una persona sea investigada, procesada o eventualmente condenada. La Constitución establece inmunidad de arresto para legisladores y contempla mecanismos específicos para avanzar sobre esa protección mediante el desafuero. Por lo tanto, presentar una eventual candidatura de Karina Milei como una maniobra exclusivamente destinada a escapar de la Justicia sería, por ahora, una interpretación política y no un hecho probado.

Pero también sería ingenuo ignorar el contexto.

Si una funcionaria sobre la que pesan múltiples denuncias e investigaciones decidiera competir por una banca legislativa, la cuestión de los fueros pasaría inevitablemente a formar parte de la discusión pública. Más aún si esa candidatura apareciera en un momento en que el oficialismo necesitara conservar poder institucional frente a un eventual cambio en la composición del Congreso o ante un escenario político menos favorable.

El dato que vuelve especialmente interesante la versión es que Karina no necesita hoy ser candidata para ejercer poder. Ya tiene un lugar central en el Gobierno y en La Libertad Avanza. Por eso, si finalmente decidiera ponerse en una boleta, la pregunta no sería simplemente qué cargo quiere ocupar. Habría que preguntarse qué necesita preservar.

Poder político. Estructura partidaria. Capacidad de negociación. O, eventualmente, protección institucional frente a un escenario judicial que podría prolongarse durante años.

Ninguna de esas hipótesis puede presentarse todavía como una certeza. Pero todas ayudan a explicar por qué una eventual candidatura de Karina Milei genera tanta atención dentro y fuera del oficialismo.

La paradoja es notable. La mujer que construyó buena parte de la maquinaria electoral destinada a garantizar la continuidad de su hermano podría terminar necesitando construir su propia continuidad política. Y mientras Javier Milei busca llegar a 2027 con la posibilidad de renovar su mandato, Karina aparece cada vez más instalada en el centro de una pregunta diferente: qué hará ella si el poder presidencial deja de ser suficiente para garantizar el control del escenario.

Por ahora, Karina Milei no anunció ninguna candidatura. Pero el rumor dejó de circular como una extravagancia de pasillo y comenzó a adquirir volumen político. Y mientras ANDIS, $LIBRA, las contrataciones bajo investigación, las denuncias por utilización de recursos públicos y los demás expedientes continúan su recorrido judicial, la secretaria general de la Presidencia sigue construyendo poder.

Si finalmente aparece en una boleta en 2027, habrá que mirar no solamente qué cargo busca. También habrá que mirar qué necesita proteger.

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    A días de las elecciones legislativas, resurgen las críticas al acuerdo firmado por el kirchnerismo que permitió a China operar una estación espacial sin control argentino durante 50 años.

    A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo volvió a poner el foco en la política exterior del gobierno. Desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Sergio Massa, los principales referentes criticaron el vínculo entre Javier Milei y Donald Trump, calificándolo de “sumisión” y “extorsión”. Sin embargo, el debate reabrió una vieja contradicción: el silencio frente a la base espacial china que funciona en Neuquén desde 2014, bajo un acuerdo firmado por la propia expresidenta.

    La Estación de Espacio Lejano, ubicada en Bajada del Agrio, fue concedida por 50 años durante el mandato de Cristina Kirchner, con el aval del entonces presidente chino Xi Jinping. El convenio otorgó 200 hectáreas del territorio neuquino a la potencia asiática, libres de impuestos y de todo control nacional. Este hecho, que pasó inadvertido durante años, hoy regresa al debate público como símbolo de la doble vara política frente a las potencias extranjeras.

    La opacidad que rodea a la estación contrasta con la transparencia exigida a las relaciones con Estados Unidos. Según un informe de Reuters, la base china en Las Lajas es una verdadera “caja negra” sin supervisión del Estado argentino. Desde su inauguración en 2017, ningún funcionario nacional volvió a ingresar al predio, ocupado únicamente por los 30 técnicos chinos que viven y trabajan allí, según informó el sitio ElArchivo.

    Además, la agencia que opera la instalación, la CLTC (Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites), depende directamente del Ejército Popular de Liberación, lo que confirma su vínculo militar. En cambio, otras estaciones en territorio argentino, como la de la Agencia Espacial Europea, son de carácter civil. En ese sentido, los especialistas destacan que el kirchnerismo cedió soberanía a una agencia militar extranjera sin mecanismos de control efectivos.

    El propio embajador estadounidense, Marc Stanley, expresó su preocupación en más de una ocasión: “Sorprende que Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se firmó un protocolo adicional para restringir cualquier uso militar de la base, evidenciando los vacíos legales del acuerdo original.

    El contraste político es evidente. Mientras el kirchnerismo acusa a Milei de “entreguismo” por su relación con Washington, fue durante su propia gestión que Beijing obtuvo un enclave estratégico en la Patagonia. Como recordó el presidente, Cristina Kirchner “entregó la Orden del General San Martín a Nicolás Maduro y firmó acuerdos con regímenes autoritarios”. La incongruencia entre discursos y hechos se vuelve insoslayable.

    En plena campaña, la estrategia kirchnerista parece apuntar a erosionar la imagen de Milei mediante acusaciones externas, dejando de lado un antecedente que involucra cesión territorial, falta de transparencia y dependencia geopolítica. A una década del acuerdo con China, la base de Neuquén sigue siendo un recordatorio incómodo de cómo la indignación política puede ser, también, selectiva.

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  • Durísima condena para la expolicía que mató a balazos a sus dos hijos

     

    Marina Silva, la expolicía que llegó a juicio acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de San Luis, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de sus los chicos menores.

    El veredicto fue dictado este miércoles por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

    Este miércoles se dio a conocer el veredicto del jurado.

    El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

    A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

    A su vez, mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— «permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada». Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

    Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

    Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

    Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, «habrían afectado su estabilidad emocional».

    Luego de leer el veredicto de culpabilidad, el Tribunal dio inmediato inicio a la cesura de juicio, y condenó a la expolicía a prisión perpetua.

    El caso que estremeció a San Luis

    Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata.

    Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa.

    Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

    Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.

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