Paso a paso, cómo se gestó el blanqueo de fondos sucios en el puerto de Rosario
La secuencia de maniobras para lavar activos en Terminal Puerto Rosario (TPR) tienen su gran nudo en una seguidilla de traspasos accionarios. Estos consistieron, de manera genérica, en inyectar en el puerto público concesionado por la provincia de Santa Fe dinero ilícito proveniente de España, obtenido por el clan Pujol, que entre los 80 y los 90 habían controlado la Generalitat de Cataluña. Y a través de una cantidad de cesiones accionarias a sociedades que eran pantallas, sin actividad real, convertir en utilizables a esos activos sucios.
El que en Rosario fue el cerebro financiero de esos traspasos fue el contador Gustavo Shanahan que era gerente en TPR. Hace cuatro días Shanahan, que está condenado a siete años en Marcos Paz por vender moneda extranjera a comercializadores de droga desde su financiera, fue indagado por esta maniobra accionaria que se realizó durante una década, y que no fue detectada por controles administrativos del puerto ni judiciales.
El financista de 70 años, su pareja y sus dos hijos habrían estado involucrados en maniobras de blanqueo de dinero mediante inversiones en TPR de la que Shanahan fue titular. Un equipo de cinco fiscales federales -Diego Velasco, Juan Argibay, Matías Mené, Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina- indicaron que para el lavado se había conformado un «holding criminal trasnacional», que involucra a Jordi Pujol i Ferrusola, hijo de quién lideró el gobierno autónomo catalán entre 1980 y 2002, Jordi Pujol.
El último en ser llevado a indagatoria fue Gustavo Shanahan el pasado 16 de septiembre. Le atribuyeron que en su carácter de exaccionista, director titular y presidente de Pro Puerto SA, habría dispuesto de las acciones de la empresa TPR mediante la constitución de garantías, transferencias y posterior cobro del precio pactado. Esas operaciones se hicieron según los fiscales entre 2010 y 2019 y buscaron legalizar bienes vinculados a Pujol Ferrusola, quien llegó como inversor del puerto rosarino en 2010, y ahora tiene pedido de captura de la Justicia argentina.
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Lo que dijeron los fiscales ante el juez federal Carlos Vera Barros es que Ferrusola y Shanahan se valieron de «diferentes entramados societarios de los cuales eran accionistas, directores o apoderados con la única y deliberada finalidad de hacerse del control de TPR SA, ampliar su capital social y ocultar la participación real en las inversiones realizadas en Argentina por el grupo de Pujol».
A partir de 2011 la agroexportadora Vicentin y la operadora chilena Ultramar ingresaron al Puerto de Rosario para tomar control de la concesión tras la compra de las acciones de TPR. Nueve años después Vicentin entró en cesación de pagos y se concursó.
Gustavo Shanahan
Lo que sigue es un detalle de las irregularidades detectadas que se condensan en un escrito fiscal de 120 páginas. Esto es, para los fiscales federales, el detalle de las maniobras.
Cómo se hizo
Las tres sociedades que acaparaban el cien por ciento del capital de TPR -Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services SA- estaban controladas de hecho por Jordi Pujol Ferrusola con Gustavo Shanahan como testaferro se desprendieron de las acciones entre 2010 y 2013 para dar apariencia lícita a fondos vinculados a la corrupción española. La fiscalía sintetiza los enjuagues en una decena de puntos.
Lo primero a reparar es el origen viciado del capital que se transfiere. El aumento de capital de TPR de 2004-2005 se cubrió con fondos que Brantridge Holdings Ltd. -firma instrumental de Pujol Ferrusola- inyectó vía Loster Company S.A. como un «préstamo» de 1.850.000 euros. Las sociedades fundadoras ampliaron artificialmente su capital y operaban como pantallas que repentinamente obtenían liquidez. Un origen viciado desde el arranque.
Se advierte una transferencia a Abel Otto Torre SA que fue simulada. El 51,003% de TPR (6.758 acciones) se pasó a AOTSA no por una operación comercial sino para que quedaran «seguras» y no pudieran ser «atacadas» por terceros/acreedores. Esto se lo dice en un mail Shanahan al entonces directivo de Vicentin Gustavo Nardelli el 11 de noviembre de 2011. Se lo toma como una prueba del propósito de endeudamiento.
Las garantías a favor de Vicentin no fueron financiamiento real. El 1 de octubre de 2010 se constituyeron prendas sobre 1.192 acciones (Pro Puerto) y 1.325 acciones (Interlogística Portuaria). Para la fiscalía eran el antecedente inmediato dibujado para la venta definitiva posterior. Un artificio.
Un cuarto eje es que la venta definitiva de las acciones de Pro Puerto e Interlogística se instrumentó con una sola carta de oferte irrevocable, el 4 de diciembre de 2012, con una única firma de Shanahan para disponer de activos de dos personas jurídicas distintas. Lo que deja en envidencia que detrás de las tres sociedades había una sola mano que controlaba.
No solo en los que cedían las acciones había un control común. También en quien recibía. Vicentin pagaba montos globales que las dos sociedades pantalla acreedoras repartían discrecionalmente. Los recibos del 2 de mayo de 2017 suman 8.316.000 de pesos y los del 21 de mayo de 2019 exactamente 24.111.000 pesos. Eso pese a que las cuotas pactadas eran de importes distintos, 284.147,80 dólares contra 315.852,20 dólares. Los números redondos dan a entender a los fiscales que había una sola caja.
Hay ganancias suculentas corroboradas sin correlato en actividad constable. Inter Rosario Port Services vendió el 30 por ciento de su posición (24.300 acciones) por 8.932.591,78 dólares, cuando Pujol i Ferrusola había ingresado ese capital en 2007 por 451.793 dólares. No había correlato económico, además porque TPR se había concursado en julio de 2009 con un pasivo cercano a 100.000.000 de pesos.
Se detectaron asimismo métodos para borrar la trazabilidad. En la venta de Inter Rosario Port Services, los libros de actas de TPR no registraron transferencias a Vicentin: la oferente autorizó a Vicentin a «nominar» al adquirente, y las acciones se inscribieron directamente a favor de la sociedad chilena Inversiones Portuarias Andinas Ltda. Según los fiscales Vicentin funcionó como puente para quebrar la cadena y hacer desaparecer de los registros públicos a Pujol i Ferrusola como verdadero titular.
Los fiscales determinan que se construyó un pasivo simulado. Un pagaré sin protesto de 1.055.000 dólares más una deuda reconocida de 1.500.000 dólares con Magnus SA que derivó en la quiebra personal conjunta Shanahan-Tuero en 2013, en la que Shanahan no declaró activos a la sindicatura. Simultáneamente se sacaban inmuebles del alcance de los acreedores en el concurso.
Hubo reinyección de las cuotas vía mutuos intersocietarios simulados. Las cuotas cobradas de la venta se reciclaron mediante al menos diez contratos de mutuo ficticios de Pro Puerto e Interlogística hacia Increase S.A., Los Araucos S.R.L. y Natural Food S.R.L., con cheques cruzados y reintegros que cierran el circuito circular.
Esta fue la base de la imputación de la semana pasada contra Gustavo Shanahan. Los fiscales deducen, de todo el marco de maniobras financieras expuesto arriba, que que Pujol i Ferrusola utilizó a Shanahan como «su testaferro mediante la interposición de pantallas jurídicas para disimular un flujo de capitales que la justicia española demostró emparentado con actividades de corrupción pública».
Los hechos que le atribuyen a Shanahan, según la imputación fiscal, tienen correlato con el desvío de fondos provenientes de inversiones en TPR. Se le imputó junto a su hijo «haber puesto en circulación en el mercado lícito, entre abril de 2018 y mayo de 2019, 35.000.000 pesos provenientes de cuotas de pago de la venta de acciones de TPR SA».
Las conductas se habrían ejecutado mediante la simulación de al menos diez operaciones de mutuo intersocietario celebradas en Rosario por sí o en representación de las firmas Pro Puerto SA e Interlogística Portuaria SA (en calidad de mutuantes) a favor de Natural Food SRL, Los Araucos SRL e Increase SA, en calidad de mutuarias. Todas las firmas se encontraban ligadas a Pujol i Ferrusola, ahora con captura recomendada a Interpol.
El juez Vera Barros ordenó el embargo de bienes de la familia Shanahan hasta cubrir la suma de 152 millones de pesos.
