Se desacelera un poco la inflación en Córdoba, pero se derrumba el consumo

 

 La inflación se desacelera al 1,8%, pero el consumo minorista se derrumbó 22% interanual en Córdoba y la rentabilidad de los comercios cayó 26%. Apenas el 10% de los comerciantes cumplió sus expectativas y ya hay 458 mil cordobeses en mora. El 88,7% de los hogares tuvo que financiar alimentos.

Los comercios venden menos, ganan menos, los consumidores compran menos y una porción cada vez mayor de los hogares necesita recurrir al crédito, al fiado o al préstamo para sostener los gastos cotidianos. 

Esos son los datos de la economía doméstica de Córdoba, una foto que incomoda a los libertarios en su bastión. Los números de agosto de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) son contundentes. Las ventas minoristas medidas en unidades cayeron 22% interanual, mientras que la rentabilidad se desplomó 26% respecto de agosto de 2025. 

No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.

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El dato más elocuente sobre el ánimo empresario es que sólo el 10% de los comerciantes consultados logró cumplir las expectativas que tenía para el mes.El ticket promedio, mientras tanto, subió de $135.120 en julio a $173.200 en agosto. 

Pero el aumento del monto gastado por operación no representa una recuperación del consumo. Por el contrario, convive con una fuerte caída en la cantidad de unidades vendidas y refleja, en buena medida, el efecto de los precios sobre una canasta de compras cada vez más restringida.

El escenario resulta particularmente llamativo porque la inflación no está acelerándose. El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros de Córdoba, registró una inflación del 1,8% en agosto, por debajo del 2,1% de julio. En los primeros ocho meses del año acumuló 21,4% y la inflación interanual llegó al 33,3%. Para todo 2026, el instituto mantiene una proyección del 31,5%.

No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor peso en el consumo familiar, aumentaron 1,6% durante agosto. Pero la desaceleración de los precios todavía no alcanza para recomponer el bolsillo. 

La Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 22,6% en ocho meses y del 36,4% interanual.Una familia tipo necesitó en agosto $2.034.194 para no caer por debajo de la línea de pobreza y $1.108.074 para cubrir los alimentos básicos y superar la línea de indigencia.

Es allí donde aparece el segundo problema: cuando el ingreso no alcanza, el consumo no desaparece. Se financia. De hecho, los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora. 

Los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora

En mayo fueron 441.145, en junio 450.431 y en julio llegaron a 458.148. Más de 22.700 deudores adicionales en apenas cuatro meses.La deuda promedio en mora alcanza los $590.000 por persona, mientras que el pasivo total supera los $42.839 millones.Dentro de ese universo hay 71.871 personas cuyas deudas fueron derivadas al denominado mercado secundario: créditos con atrasos superiores al año que las entidades originales consideran incobrables y venden a estudios jurídicos, empresas de cobranzas o fideicomisos para intentar recuperar parte del dinero. 

El fenómeno no es exclusivamente cordobés. A nivel nacional, la mora de los créditos destinados a los hogares pasó del 12,77% al 12,94% entre junio y julio.La explicación tiene además una segunda pata: el crédito dejó de expandirse este año. Es decir, mientras crece la cantidad de personas con dificultades para pagar sus obligaciones, también se achica el financiamiento disponible.Los datos sociales del Centro de Almaceneros terminan de cerrar el círculo. 

Durante agosto, el 88,7% de los hogares declaró haber tenido que financiar alimentos. El 38,7% recurrió al fiado en comercios cercanos y el 37,3% utilizó tarjeta de crédito. Otro 12,7% tuvo que comprar alimentos con dinero prestado. Sólo el 9,3% de los hogares dijo no haber necesitado financiar su alimentación.

La consecuencia es que el endeudamiento dejó de ser una herramienta asociada exclusivamente a la compra de bienes durables. La deuda empieza a funcionar como sustituto del ingreso. El 28% de los hogares pidió dinero prestado durante agosto para afrontar gastos básicos. 

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El principal destino fue la compra de alimentos.Y la fragilidad financiera es todavía más evidente frente a un imprevisto: el 51% de los hogares no podría afrontar un gasto extraordinario de $150.000. Otro 40% tendría que pedir dinero prestado. El 61% asegura, además, que si perdiera repentinamente sus ingresos podría sostener sus gastos durante menos de una semana. 

La foto de la economía cordobesa empieza así a componerse de varios indicadores que apuntan en la misma dirección: 22% menos de unidades vendidas, 26% menos de rentabilidad, 19% menos de rentabilidad en apenas un mes, apenas 10% de comerciantes cumpliendo sus expectativas, 458 mil personas en mora y casi nueve de cada diez hogares financiando la comida. La inflación baja, pero el consumo no despega. El crédito no se expande, pero la deuda crece. Los tickets aumentan, pero se venden menos unidades.

 

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    La tensión entre la industria y el gobierno de Javier Milei terminó abriendo una interna feroz dentro de la propia central fabril. En pocas horas, Guillermo Moretti acusó a Luis Caputo de ser un «trader que no sabe lo que es un torno», Martín Rappallini reclamó por la caída de la actividad y el costo de la energía, Caputo respondió que no gobierna para «determinados empresarios» y, cuando todavía quedaba humo sobre el campo de batalla, el presidente de la UIA salió a desautorizar a su vicepresidente. 

    La secuencia arrancó apenas una hora antes del acto oficial por el Día de la Industria. Moretti, uno de los vicepresidentes de la UIA y referente industrial de Santa Fe, decidió romper todos los diques. «Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea», afirmó en una entrevista concedida a El Destape. Y apuntó directamente contra Caputo: «Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno». También cuestionó el crecimiento del patrimonio del ministro y sostuvo que sus finanzas personales habían aumentado «un 37% en dólares» mientras la Argentina se endeudaba. 

    Moretti fue bastante más lejos que la posición institucional que venía preparando la UIA. Habló directamente de «una política de desindustrialización» y vinculó la supervivencia fabril con las escuelas técnicas, las universidades, el CONICET y el INTI. También puso el foco sobre la diferencia entre los sectores beneficiados por el modelo. «Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo», dijo, mientras describió a la industria manufacturera en una situación «muy difícil». 

    El clima ya venía cargado desde la víspera. Rappallini había anticipado que preparaba un discurso duro para el Día de la Industria y el Gobierno respondió vaciando políticamente el encuentro. El acto se hizo en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, ante unos 200 industriales y sin funcionarios nacionales de primera línea. 

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    Sin embargo, cuando Rappallini subió al escenario, su discurso terminó pareciendo moderado al lado de la descarga de Moretti. El presidente de la UIA presentó números muy duros: la producción industrial está 10% por debajo de 2022, hay ramas con caídas de entre 25% y 30% y desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 empleos asalariados registrados. «La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad», afirmó.Ese punto toca uno de los nervios del programa económico de Caputo. 

    Rappallini destacó que durante los últimos dos años los precios industriales subieron alrededor de 140%, contra un incremento cercano al 190% del nivel general y del 400% en los servicios. «La industria le está poniendo el hombro en la estabilización», dijo. 

     Guillermo Moretti 

     El reclamo más concreto apareció con la energía. Rappallini denunció que numerosas empresas, especialmente pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces. La UIA atribuye parte del salto a la decisión oficial de trasladar a los industriales el diferencial generado por el costo de importación de energía y viene reclamando un mecanismo de compensación. «Seguimos aguardando una respuesta», lanzó. 

    Al mismo tiempo pidió que Vaca Muerta no sea únicamente una plataforma para exportar hidrocarburos sino también una palanca para exportar producción industrial argentina. 

    La central fabril desplegó además una agenda de siete puntos: recuperación de actividad y crédito, reducción del costo argentino, defensa frente a la competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. Rappallini pidió un «puente» entre la economía que queda atrás y la economía competitiva que pretende construir Milei. 

    También reclamó un pacto fiscal industrial para reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales y advirtió que en algunos sectores los productos ingresados por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. «Esto lejos está de ser libre mercado», afirmó. 

    Caputo no dejó pasar el desafío. Horas después, durante el foro Vientos de Cambio, defendió el programa económico y rechazó el diagnóstico industrial. «El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión», afirmó. Después trazó la frontera política de la discusión: «El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular». 

    El ministro endureció todavía más la respuesta. Dijo que el modelo anterior había protegido empresarios mediante subsidios en energía, tipo de cambio y precios, y aseguró que la economía ahora crecerá «en dos velocidades». Sobre Moretti fue tajante: «El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA». Según Caputo, muchos empresarios entienden que llegó el momento de «reconvertirse» e invertir. «Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras», resumió. 

    Milei completó la pinza esa misma tarde. En el mismo foro descartó cualquier flexibilización del programa por razones electorales. «El resultado fiscal no se negocia», afirmó. Y agregó: «No vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación». El Presidente condensó su posición en una frase que dejó poco margen para las demandas industriales: «Las buenas políticas no se negocian».

    Pero cuando parecía que la historia quedaba reducida al choque entre el Gobierno y los industriales, apareció el capítulo más incómodo para la UIA. Rappallini salió públicamente a despegarse de Moretti. Y lo hizo con una dureza que llamó la atención. 

    Después llegó la estocada. En LN+, Rappallini buscó bajar la temperatura y se mostró mucho más conciliador con el Gobierno. «Nosotros estamos de acuerdo con el orden macroeconómico, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con bajar la inflación», afirmó. Y aclaró que la discusión con Caputo pasa por la economía real: «Lo que planteamos es que ahora tenemos que crecer». 

    También buscó quitarle amortiguar el choque: «No estamos en contra del Gobierno, estamos planteando una agenda industrial». Rappallini defendió además el rumbo general y sostuvo que «hay muchas cosas que se hicieron bien», aunque advirtió que «la actividad está claramente amesetada». 

    Rappallini sostuvo que Moretti «puede tener su propia mirada», pero aclaró que sus declaraciones representan «una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA». Incluso recordó que la entidad tiene ámbitos internos para procesar las diferencias antes de expresarlas hacia afuera. El presidente de la central fabril terminó marcándole los límites a su vicepresidente en público.   

    El contraste con Moretti quedó expuesto. El presidente de la UIA se preocupó por dejar un puente tendido hacia Economía.

    Hay además un dato que vuelve más delicada la posición de Rappallini frente al Gobierno. El empresario es inversor del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, la mina de cobre y oro de Uspallata que ingresó al RIGI. El proyecto había sido presentado inicialmente por unos 630 millones de dólares y finalmente fue aprobado con una inversión total proyectada de 891 millones de dólares

    La pelea con Caputo dejó así una grieta expuesta dentro de la principal organización industrial del país. Moretti pateó el tablero, Rappallini trató de ordenar las piezas y el Gobierno aprovechó para reafirmar que no piensa modificar el rumbo. 

     

  • Los bomberos harán un sirenazo nacional contra Monteoliva porque les debe $60 mil millones

     

    Los bomberos voluntarios harán un sirenazo nacional en todos los cuarteles del país para reclamarle a Alejandra Monteoliva que les pague una deuda de 60 mil millones de pesos, ante la

    La medida se hará este jueves a las 10 y los bomberos pidieron a los vecinos de cada cuartel que no se alarmen. Con el sirenazo los bomberos buscan visibilizar el creciente malestar del sector ante la falta de respuesta de la ministra de Seguridad ante los reclamos presupuestarios.

    Monteoliva mantiene sin ejecutar ni distribuir $59.330,7 millones contemplados en la Ley Nacional N° 25.054, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y años anteriores. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios agrupa a más de 1000 asociaciones y 52.000 efectivos voluntarios en toda la Argentina,

    En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

    «Nos están dejando con la manguera a medias», dijeron a LPO desde el cuartel de bomberos de Gualeguaychú. Los bomberos dijeron a LPO que generalmente el pago del subsidio se cancela entre marzo y mayo, por lo que van entre cuatro y seis meses de demora este año.

    Desde el sector remarcaron que esos fondos provienen de un régimen de afectación específica recaudado por ley, por lo que desestimaron que se trate de asistencia extraordinaria o aportes discrecionales. El congelamiento de las partidas representa un recorte directo estimado en unos $45 millones por cada asociación de bomberos del país.

    En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

    A la disputa presupuestaria se suman otras tres demandas operativas que impactan directamente en las arcas de los 1000 cuarteles locales. Por un lado, los bomberos reclaman ser compensados por la atención médica y técnica en siniestros dentro de rutas concesionadas, y solicitan que la licitación de la nueva Red Federal de Concesiones impulsada por el Decreto 97/2025 incluya convenios obligatorios, una contraprestación fija mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y mecanismos de compensación por daños en equipamiento.

    Por otra parte, la conducción de Bomberos exige la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, con especial énfasis en la devolución del IVA por compras de bienes, servicios y equipamiento a cargo de ARCA. A esto se añade un reclamo directo al Ministerio de Economía y al Banco Central para que se agilicen los pagos al exterior.

    Ante los elevados costos de los vehículos de emergencia en el mercado interno, los cuarteles recurren a la compra de unidades usadas en el extranjero, una operatoria que requiere pagos anticipados totales contra factura proforma y que hoy enfrenta severas trabas operativas.

     

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