El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
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Marcelo Matzkin llegó a poder en Zárate en 2023, en una de las peores elecciones del PRO a nivel nacional y provincial. En diálogo con LPO, el intendente que responde a Cristian Ritondo, dice que buscará la reelección el año próximo y asegura que si lo consigue, será su último mandato.
Matzkin elogia la política económica de Javier Milei pero no esquiva marcar contrapuntos con el armado libertario en los territorios locales. «No existe una evolución en Zárate de lo que sucedió entre el PRO y La Libertad Avanza a nivel nacional y provincial. Me parece que La Libertad Avanza necesita un ordenamiento en algunos municipios», dice.
Zárate es una de las ciudades que integran la llamada «nueva industria provincial», un cordón fabril que se destaca por la industria automotriz y siderúrgica. En mayo, Mercedes Benz inauguró una planta automotriz que produce buses y camiones.
Matzkin explica que la llegada de la empresa se logró con una exitosa política de exención de tasas. «La fábrica que Mercedes construyó en Zárate es la primera que se construye en el país desde hace décadas», dice.
-En Zárate están ubicadas dos centrales nucleares. ¿Qué representa eso para la ciudad tanto en términos económicos como sociales?
-Dos cosas: primero, que las centrales son un empleador de calidad muy importante para el vecino Zárate. Segundo, esas plantas le dan la identidad a una ciudad como Lima. Lima es nuclear y orgullosamente nuclear.
Lo que pasaba en Zarate es que durante muchos años se mal aprovechó esa interrelación entre el operador nuclear que es Nucleoeléctrica Argentina y el municipio.
-¿En qué sentido se mal aprovechó?
-No había coordinación entre la empresa y el municipio. Nucleoeléctrica utilizaba su responsabilidad social empresaria para hacer lo que creía que tenía que hacer y el municipio miraba de costado.
Creo que no es sólo ir a pedir plata. Los intendentes tenemos que trabajar con los recursos que tenemos. Nosotros, sin sumar recursos, vamos a tener en Lima un hospital intermedio que incluso Axel Kicillof prometió en la campaña de 2023 y nunca lo incluyó en el presupuesto provincial.
Nosotros lo primero que hicimos con Nucleoeléctrica fue sentarnos a la mesa y establecer según ordenanza lo que tenía que pagar de tasas municipales. Y, por fuera de eso, les exigimos que todo lo que hagan por responsabilidad social empresaria lo debían coordinar con nosotros. Les pedimos maximizar el esfuerzo. Que no pongan plata donde el municipio consideraba que no era estratégico.
¿Qué nos permitió eso? Hoy Lima está construyendo su primer hospital. Porque no puede ser que una ciudad como Lima, con dos centrales nucleares y con una tercera en desarrollo, no tenga un hospital.
Por eso yo creo que no es sólo ir a pedir plata. Los intendentes tenemos que trabajar estratégicamente con los recursos que tenemos. Nosotros, sin sumar recursos, vamos a tener en Lima un hospital intermedio que se prometió en tantas campañas anteriores y que incluso Axel Kicillof lo prometió en la campaña de 2023 y nunca lo incluyó en el presupuesto provincial.
-¿Y qué posición tiene respecto a la privatización de casi la mitad de la empresa NASA?
-Para mí el juego del privado dentro de la inversión nuclear está bien. Siempre la soberanía nuclear tiene que ser nacional. ¿Cómo lo hacés? Con la mayoría y con la decisión política de qué hacer.
Ahora, yo escucho muchos que dicen «No a la privatización». Pero lo que no dicen es que las dos centrales nucleares que tiene Zárate las hicieron empresas privadas extranjeras. Las dos: una canadiense y otra alemana.
¿Pero cuáles son motivos para privatizar? ¿Qué es lo que funciona mal con una empresa 100% estatal?
Te lo hago al revés: ¿Hay motivos para no aprovechar la inversión privada? ¿Por qué la inversión privada es mala? ¿Por qué tenemos que presuponer que la inversión privada siempre viene a destruir?
¿Pero por qué tenemos que suponer que la privatización de una parte de la empresa va a atraer inversión privada?
Bueno, la privatización o la venta de una parte supone el ingreso de capital privado. Si hay algo que nos enseña esta realidad es que el Estado no puede hacer todo. Cuando el Estado hizo todo terminamos donde terminamos: con déficit fiscal, con una inflación incontenible, con un dólar que se disparaba todos los días.
Entonces, la plata está en poder del privado. Y el privado, o por impuestos o por inversión, se la transfiere al Estado. El Estado no es un generador de riqueza de por sí.
El juego del privado dentro de la inversión nuclear está bien. Siempre la soberanía nuclear tiene que ser nacional. ¿Cómo lo hacés? Con la mayoría y con la decisión política de qué hacer. Muchos que dicen «No a la privatización». Pero lo que no dicen es que las dos centrales nucleares que tiene Zárate las hicieron empresas privadas extranjeras: una canadiense y otra alemana.
El Estado genera dividendos o genera plata si emite. Pero la emisión incontrolada no se puede. Y hoy creo que todos los sectores políticos entienden el valor del déficit fiscal cero.
Entonces, cuando el Estado argentino tenga la posibilidad de emitir y con eso hacer obra estratégica, bueno bienvenido sea. Mientras tanto, si hay un capital privado que viene, pero vos conservás la decisión estratégica sobre la central nuclear, para mí está perfecto. Yo estoy de acuerdo.
-¿Qué análisis hace respecto del gobierno de Milei? ¿Es optimista? ¿Ve algunas alertas? ¿Le preocupa el impacto de la crisis?
-Yo creo que Milei tomó decisiones que toda la política sabía que había que tomar, pero que no se tomaban. También Milei tomó decisiones que la sociedad, en el momento de su candidatura presidencial, estuvo dispuesta a tomar.
-¿Cómo es eso?
-Cuando el PRO gobernó, la tolerancia social para determinadas medidas no estaba. Recordemos que cuando Mauricio Macri asumió discutíamos si el fútbol tenía que ser gratis para todos o no. Hoy ya no se discute eso.
Entonces, creo que Milei vino con un temperamento de tomar las decisiones sin importarle la visión política del otro, y también con una sociedad dispuesta a soportar esas decisiones. La mayoría votó a Milei pidiéndole que tome estas decisiones.
La discusión que la sociedad tiene hoy con Milei tal vez pasa más por su forma de hablar que por sus decisiones políticas. La gente que lo votó no se siente traicionado por las decisiones tomadas por el Presidente.
La discusión que la sociedad tiene hoy con Milei tal vez pasa más por su forma de hablar que por sus decisiones políticas. La gente que lo votó no se siente traicionado por sus decisiones. El que lo votó reconoce que está haciendo lo que me dijo que iba a hacer.
Y cuando hablás con los políticos por fuera de las cámaras, todos reconocen que si Argentina no tomaba esta decisión explotaba. Explotaba. No se podía sostener más.
-Pero existe una contracara que tiene que ver con lo que está atravesando la gente. Incluso los mismos intendentes plantean que en sus municipios hay niveles muy grande de endeudamiento de los vecinos. ¿Usted no lo ve en Zárate?
-Eso lo veo y lo vi antes también. Yo escuchaba al ministro de Economía que decía que hay gente que la está pasando mal y que eso ocurre ahora, peor también ocurría antes.
No podemos decir que el índice que mide la pobreza ahora es malo y antes era bueno. Es el mismo índice. Entonces, los problemas estructurales que tiene Argentina no se van a solucionar en dos años.
¿Hay gente que la pasa mal? Sí. ¿Es obligación del Estado ver cómo le solucionamos el problema a esas personas que la pasan mal? Sí. Obviamente que sí. Yo no soy de los que creen que la situación actual sea más negativa que la que teníamos antes. ¿Antes qué discutíamos? Que no te alcanzaba la plata porque te aumentaban los costos: la inflación.
Argentina tiene un problema estructural y tiene que salir adelante. Pero no podemos hacer políticas generando ese fantasma de que todo está mal. Hay sectores que no están mal y hay sectores que sí están mal. Es un cambio de paradigma político de la macroeconomía. Un cambio que es difícil, pero hay que sobrellevarlo.
Argentina tiene un problema estructural y tiene que salir adelante. Pero no podemos hacer políticas generando ese fantasma de que todo está mal. Es un cambio de paradigma político. Un cambio que es difícil, pero hay que sobrellevarlo.
-¿Y cómo va a hacer el PRO, en el marco de esta alianza con La Libertad Avanza, para sostener su identidad de cara a lo que viene?
-El PRO no tiene que ser ni distinto, ni igual a La Libertad Avanza. El PRO tiene que ser el PRO. Si el PRO está de acuerdo con lo que hace Milei, lo tiene que decir. Y si cree que hay cosas que se deberían hacer de otra manera también lo tiene que decir. Eso es lo único que mantiene la identidad.
Es claro que el PRO tiene una sintonía con el gobierno en temas como la macroeconomía, como no la tiene con el kirchnerismo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Ser egoístas y generar tensión para sacar un rédito político? No. Tenemos que apoyar. Tenemos que entender que estamos en un momento histórico. Estamos más cerca de terminar el trabajo que empezó Milei que de arrancar otro modelo que ya fue perjudicial para la Argentina.
Creo que estamos en el momento donde lo que se hizo empieza a dar una previsibilidad económica, que fue algo que nunca pasó. Y el PRO lo acompañó este proceso y cuando tuvo que decir que no estaba de acuerdo con algo lo dijo. Y no nos tiene que asustar la diferencia.
-¿El candidato a gobernador tiene que ser Diego Santilli? Porque hay otros referentes del PRO que intentan construir una candidatura a partir de los intendentes.
-Para mí, de los nombres que se mencionan, Santilli es el mejor candidato. Tenemos grandes figuras que pueden ocupar el lugar de gobernador en la provincia. Cristian Ritondo es uno, y Diego es otro. Pero hoy veo un trabajo que Cristian asume por fuera del ego político de decir «es Diego Santilli».
Entonces, si tenemos una persona como Ritondo que entiende que el momento es de Santilli, me parece que todos tenemos que ir hacia ese lado. Diego es un muy buen candidato, es una persona que tiene experiencia. Se notó un cambio en Nación desde que está gestionando. Él tiene una visión más pausada de diálogo. Busca hablar con todos sin perder el objetivo.
Creo que la provincia de Buenos Aires, con el nivel de despelote que tiene, la única forma de sacarla adelante es con una persona que hable con todos, pero teniendo un objetivo claro.
Y creo que Santilli, con Ritondo, y con todo el equipo que tenemos alrededor es el único camino que tiene la provincia de Buenos Aires de dejar atrás años y años de no mirar la prioridad del vecino.
Santilli es un muy buen candidato, es una persona que tiene experiencia. Se notó un cambio en Nación desde que está gestionando. Él tiene una visión más pausada de diálogo.
-Las PASO están en discusión en el Congreso, pero también se especula con lo que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires. ¿Prefiere el sistema de primarias en la elección del año que viene?
-Siéndote sincero, desde lo político-electoral, no tengo una visión que me lleve a decir todos los días lo mismo. Sin embargo, desde lo económico, desde el malestar de la gente de tener que ir a votar, me parece que tenemos que pasar a un sistema de PASO optativa.
No puede ser que los partidos políticos estén obligados a ir a una PASO cuando tienen un solo candidato. Generás gasto, generás más apertura de mesas para votar, más fiscales. No tiene sentido. Me parece que el que tiene necesidad de dirimir una interna que vaya a una PASO, pero que se la autofinance.
El sistema político no tiene por qué financiar a la interna de un partido. Ahora, ¿le podemos poner una fecha determinada? Sí. ¿Le podemos decir que tiene que votar en tal lugar? Sí, coordinadamente.
Y lo otro que tenemos que hacer es pasar definitivamente a la Boleta Única en Papel en la provincia. Tenemos que dejar de este sistema de votación que es engorroso, que genera suspicacias, que genera un gasto tremendo, que está en la trampa del voto en cadena, que te cambio la boleta, que te la rompo, te pongo un color similar para arruinarte.
No tiene sentido. Que vaya el vecino, agarre una boleta única y marque lo que quiera. Por ahí uno de un partido y por ahí otro de otro partido. El vecino sabe lo que tiene que votar, no se la compliquemos.
-El año pasado fue la primera experiencia de esta alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Entiendo que el cierre de listas se ordenó bien los cargos más altos, pero hubo roce en las secciones y en los municipios. ¿Vos estás dispuesto a una interna en Zárate el año próximo?
-Mirá, yo creo que un vaso de agua y una candidatura no se le niega a nadie. Cualquiera puede ser candidato. Yo no tengo por qué decir quién quiere ser candidato o no. Ahora, yo también puedo ser candidato para buscar una reelección.
-¿Va a buscar la reelección?
-Obviamente. El trabajo no lo terminamos. Después, verá la estructura partidaria qué resuelve. Ahora la relación entre La Libertad Avanza y el PRO en Zárate es desde hace un año dificultosa.
No existe una evolución en Zárate de lo que sucedió entre el PRO y La Libertad Avanza a nivel nacional ni lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Me parece que La Libertad Avanza necesita un ordenamiento en algunos municipios, por ejemplo Zárate, donde hay que entender cuestiones lógicas.
Un vaso de agua y una candidatura no se le niega a nadie. Cualquiera puede ser candidato. Ahora, yo también puedo ser candidato para buscar una reelección.
-¿Qué serían esas cuestiones lógicas?
-Así como nosotros entendemos la figura de Milei, ellos tienen que entender la figura de un intendente. No podemos ser aliados en un lugar y en otro no. No tiene sentido.
-¿Dónde aparecen esas dificultades con La Libertad Avanza? ¿En el Concejo Deliberante?
-En el Concejo Deliberante. Y eso que nosotros, cuando armamos la lista en la elección del año pasado, fuimos sumamente cautelosos con lograr una lista conformada por mitad del PRO y mitad de La Libertad Avanza. Nadie se impuso ante el otro.
Sin embargo, lo que falta para mí en esta alianza es entender quién es el mejor candidato de la política local y discutirlo las puertas adentro. No se puede todos los días socavar lo que un municipio o lo que una intendencia construyó.
Porque nosotros llegamos a esta gestión municipal ganándole a todos. Tenemos un mérito en ser el más votado. Por algo fuimos los más votados, por algo logramos gobernar un municipio, como también por algo lo logró Milei. Entonces, creo que la alianza no puede ser solamente donde le conviene a La Libertad Avanza.
-¿El PRO mantiene su postura en contra de la reelección indefinida de los intendentes? ¿No existe una revisión de esa posición?
-No me gusta la reelección indefinida. Creo en los equipos más que en las personas. Además, lo dije y lo vuelvo a decir: si tengo suerte de ser reelegido será mi último mandato.
Me parece que una sociedad no puede vivir pendiente de una sola figura que le resuelva los problemas. Hay que generar equipos. No hay un mago en la política. Lo que hay es equipo, hay constancia, hay proyectos. Me parece que no sirve estar eternamente en el poder, para mí lo suficiente son seis años o dos mandatos. Siempre dije lo mismo.
-En mayo, Mercedes Benz inauguró una planta automotriz en Zárate. ¿Cómo se dieron esa gestiones para que la empresa eligiera su distrito para instalarse?
-Nosotros cuando llegamos al gobierno, en 2023, identificamos dónde nos podíamos hacer fuertes en cuanto a la atracción de industria. Tenemos tres sectores que son claves: el nuclear, el automotriz, y el alimentario, producto de las cerveceras.
Nosotros llegamos en un momento donde no sólo el privado tenía que salir a competir, sino también los municipios tenían que ofrecer mejores condiciones que otros, porque ya no te alcanza solamente con la ubicación estratégica, cercana al puerto, o con el pasado automotriz que tenía Zárate.
Entonces ahí salimos con una política muy agresiva de no cobrar el derecho de construcción, no cobrar derecho de habilitación y, a las automotrices otorgarles de 10 a 20 años de exención de las tasa vinculadas con la producción.
Eso atrajo a Mercedes que ya había puesto el ojo en un predio en Zárate y logramos que se decidiera a hacer efectiva la construcción, no solo de su parte logística de repuestos, sino de la fábrica. La fábrica que Mercedes construyó en Zárate es la primera que se construye en el país desde hace décadas.
-¿Pero eso nos son recursos que pierde el municipio?
-Para la empresa tal vez no sea el punto más determinante, pero es lo que te determina el margen de ganancia. Y para un municipio es una apuesta a largo plazo.
Soy de los que piensan que tenemos que dejar una buena recaudación para los que vienen después. En algún momento fue otro intendente quien logró que se instale Toyota, la automotriz que ya funciona en Zárate. Ese intendente no pudo disfrutar de la recaudación para hacer obras, pero esa recaudación la recibimos nosotros. Entonces, yo creo que cuando pase la promoción industrial y eso sea parte de la recaudación de Zárate, vamos a tener un Zárate totalmente distinto.
Nuestra política de exención de tasas atrajo a Mercedes que ya había puesto el ojo en un predio en Zárate y logramos que se decidiera a hacer efectiva la construcción.
-¿Cómo es la composición de ingresos de Zárate?
-Hoy tenemos el 65% de los ingresos son recaudación propia. Los números que nosotros manejamos es que una vez que Mercedes y otras autopartistas que se instalaron estén aportando, el 80% de los ingresos de Zárate son recaudación propia.
-Ahora, la producción de autos viene disminuyendo, los últimos informes hablan de una baja del 18%. ¿Eso tiene un impacto sobre Zarate?
-Mercedes se dedica a camiones y buses y el año pasado tuvo récord en venta de camiones y buses. No tengo números de este año. Ahora bien, si deciden invertir en una nueva planta entiendo que es porque ven, más allá de lo coyuntural, una expectativa de venta y de producción grande.
Te digo más: Toyota también analizando una posible ampliación. No quiero dar detalles porque es algo que lo tiene que decir la propia automotriz. Pero me parece que hay un mercado que prevé que, por fuera de lo coyuntural la expectativa es de crecer.
-Entonces usted es de los que creen que la economía va a empezar a crecer de manera más extensiva y no sólo en minería, agro y petróleo…
-Yo creo que todos somos parte de un reajuste de las variables macroeconómicas. Estamos en un proceso que nos implica reacomodarnos y soportar un parate, para el que tiene que comprar, para el que tiene que vender.
Pero lo cierto es que cuando hablo con ellos las expectativas de lo que se viene tiene que ver con una macroeconomía acomodada. Y cuando esa macroeconomía empieza a volcarse hacia la microeconomía, la expectativa es de vender.
Lo que falta es el acceso a un crédito más ágil para motorizar la venta de autos. Pero creo que eso es una consecuencia lógica de estabilizar lo más importante que es la macroeconomía.
-El norte de la provincia cuenta con lo que se denominó como «nueva industria provincial», fábricas más modernas y dinámicas que las que se construyeron en el conurbano. ¿Cuánto influye la cercanía al río Paraná?
-Tenemos varias cosas. Una de ellas es el puerto. Hoy las automotrices trabajan bajo un esquema llamado just in time por el cual no tienen que tener en sus depósitos cargados de autopartes, sino que trabajan con lo necesario para producir en 24 horas. Para eso es clave un puerto cerca y buenas rutas que permita estar conectados con autopartistas.
Yo creo que se da un combo. También está la ruta que te vincula con el Mercosur, porque las exportaciones que no van por barco, van por el puente de Zarate Brazo Largo. Zárate propone lo contrario a lo que sería una planta en medio del Conurbano. Hoy el tiempo y la logística es un factor de reducción de costos muy importante.
Después están los factores municipales. A Mercedes le pusimos un funcionario a disposición para acompañarlos en el proceso de habilitación. Porque habilitar una planta como la que ellos proyectaban en un menos de un año fue un esfuerzo municipal muy grande.
-¿Entiendo que busca impulsar un desarrollo inmobiliario en la costanera?
-Así como nos funciona la promoción de la producción automotriz, lo que queremos es fomentar la construcción. Zarate tiene una costanera que quedó muy linda pero tenemos un esquema tributario en el cual quien quiera invertir debe dejar al municipio entre el 30 y el 50% de su margen de ganancia. Y los desarrolladores no pueden invertir cuando el 30 y el 50% se lo lleva el municipio como plusvalía. No tiene sentido.
El metro cuadro equivale casi a Puerto Madero. No es por la ubicación, no es por el valor del metro cuadrado de construcción, es porque el municipio se te queda entre el 30 y el 50% como plusvalía. ¿Qué pasó desde que se hizo la costanera hace algunos años? Que el proyecto no tuvo el acompañamiento inmobiliario.
Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión. Estamos esperando que el Concejo Deliberante se digne a tratarlo. Algunos no lo entienden. Yo planteo que recaudar sobre cero es cero. Recaudar una tasa del 50% sobre cero es cero. La mejor muestra sobre eso es que hace 10 años que no se construye nada.
Yo creo que los municipios tienen que tener una policía de prevención municipal con facultad de usar un arma de fuego. ¿Qué es una policía de prevención municipal? No puede tener inteligencia, no puede recolectar pruebas para la Justicia, pero puede aprehender a una persona hasta que venga la policía a pedido de la fiscalía para llevárselo.
-Kicillof viene trabajando con la provincia en algunos proyectos relacionados con la seguridad que suponen mayor cercanía con los intendentes, entre ellos el regreso de la Policía Municipal.
-Nosotros estamos de acuerdo con la creación de la Policía Municipal. Es más, mandamos un proyecto de ordenanza del Concejo Deliberante, que todavía no se movió ni un casillero, que es dejar todo lo interno preparado para cuando llegue el momento.
Yo creo que los municipios tienen que tener una policía de prevención municipal con facultad de usar un arma de fuego. ¿Qué es una policía de prevención municipal? No puede tener inteligencia, no puede recolectar pruebas para la Justicia, pero puede aprehender a una persona y tenerla en la vía pública hasta que venga la policía a pedido de la fiscalía y llevárselo.
No tenemos que suplir a la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos que lograr es una herramienta más para la prevención.
-¿Cómo es su diálogo con Kicillof? ¿Por ser un intendente del PRO se siente ignorado por el gobernador?
-No, para nada. Yo tengo diálogo y es fluido en la medida de las necesidades. Por supuesto que no me va a preguntar algo político a mí, ni yo se lo voy a preguntar algo a él. Pero cada vez que tuvimos una necesidad de diálogo la tuvimos en forma sensata, aún con diferencias. Y tengo que decir que no veo una acción de la provincia en contra de Zárate.
Pudimos firmar un leasing con el Banco Provincia y con el gobernador para comprar maquinaria y fuimos incluidos. Nos separan un montón de diferencias políticas, pero nunca rompimos el diálogo. Por lo menos de mi parte no se va a romper nunca porque le estaríamos generando más problemas a las vecinos.
