Procesan a las funcionarias de la causa fantanilo y complican la situación de Lugones

Procesan a las funcionarias de la causa fantanilo y complican la situación de Lugones

 

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.

El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».

La declaración de la jefa de la Anmat hunde a Lugones: «Estaba al tanto de todo»

«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

 

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  • Preocupa a los economistas que la inversión no crece y los dólares del RIGI no llegan

     

    El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo. 

    «Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía. 

    Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando. 

    La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios. 

    Presionado por la caída en las encuestas, Caputo habilita préstamos en dólares y la plata de la Anses para mover la economía

    Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen. 

    Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen. 

    Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta. 

    Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha. 

    Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados. 

    El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local. 

    El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos. 

    El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina. 

    Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas. 

    También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix. 

    La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes. 

    El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control. 

    Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.

    Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.

    «Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo. 

    Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes». 

    Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía. 

    Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen. 

    En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector. 

    La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%. 

    El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.

    Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO. 

    El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro. 

     

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    La tragedia que hundió un tranvía en el Riachuelo y convirtió una mañana de 1930 en una herida de Buenos Aires

     

    En 1930, un tranvía repleto de trabajadores cayó al Riachuelo cuando cruzaba el Puente Bosch. Murieron 56 personas en una de las mayores tragedias del transporte argentino.

    Por Alcides Blanco para NLI

    En la madrugada del sábado 12 de julio de 1930, mientras una lluvia persistente caía sobre Buenos Aires y el conurbano todavía comenzaba a desperezarse, un tranvía eléctrico de la línea 105 avanzaba desde Lanús hacia Constitución cargado de trabajadores que se dirigían a sus empleos. Para muchos de aquellos pasajeros, el viaje era parte de una rutina repetida durante semanas, meses o años: cruzar el Riachuelo, atravesar los barrios industriales y llegar a fábricas, talleres, depósitos y comercios donde comenzaba otra jornada laboral. Nadie podía imaginar que aquel trayecto cotidiano terminaría convertido en una de las mayores tragedias del transporte argentino. Al aproximarse al Puente Bosch, el tranvía encontró levantada la estructura móvil que permitía el paso de las embarcaciones y, pese a las señales existentes y al intento desesperado de detener la marcha, el coche continuó hacia adelante hasta precipitarse directamente sobre las aguas. De los aproximadamente sesenta pasajeros que viajaban en la unidad, 56 murieron, en una tragedia que conmovió al país y que, con el paso de las décadas, quedó instalada en la memoria porteña como una de esas historias donde un accidente aparentemente puntual termina revelando mucho más sobre la ciudad, sus trabajadores y la precariedad de una infraestructura que crecía a una velocidad difícil de acompañar.

    El Riachuelo como frontera y como camino

    Para comprender la magnitud del desastre hay que imaginar qué significaba el Riachuelo para aquella Buenos Aires. No era solamente un curso de agua que separaba dos jurisdicciones, sino una verdadera frontera económica atravesada diariamente por miles de personas. De un lado estaba la Capital Federal; del otro, una zona industrial y obrera que crecía al ritmo de los frigoríficos, talleres, barracas y establecimientos fabriles. Los puentes constituían, por lo tanto, piezas fundamentales de una estructura urbana en expansión, pero algunos tenían además una particularidad que hoy puede resultar extraña: eran puentes levadizos, porque el Riachuelo todavía tenía una actividad portuaria que exigía permitir el tránsito de embarcaciones.

    El Puente Bosch había sido inaugurado en 1908 y formaba parte de ese sistema de comunicación entre ambas orillas. La línea 105, perteneciente a la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur, realizaba el trayecto entre Lanús y Plaza Constitución y era utilizada especialmente por trabajadores que necesitaban cruzar hacia la Capital para comenzar sus jornadas. La historia del accidente, por eso, no puede separarse de la historia de la movilidad obrera de aquellos años: el tranvía eléctrico había transformado radicalmente las distancias urbanas y permitido que miles de personas residieran lejos de sus lugares de trabajo, pero esa expansión también creó una dependencia cada vez mayor respecto de una red de transporte que debía funcionar con precisión en una ciudad industrial que no dejaba de crecer.

    Aquella mañana, el puente estaba levantado para dejar pasar una embarcación. Las versiones históricas coinciden en que el conductor no logró detener el tranvía antes de llegar al vacío, aunque existen diferencias en algunos registros sobre el horario exacto y determinados detalles del episodio. Lo que no ofrece dudas es la dimensión del resultado: el coche cayó al Riachuelo y quedó completamente sumergido, atrapando en su interior a una enorme cantidad de pasajeros. La tragedia adquirió desde el primer momento una dimensión particularmente dolorosa porque la mayoría de las víctimas eran trabajadores, personas que habían salido de sus casas para cumplir una jornada laboral y que terminaron muriendo durante uno de los trayectos más rutinarios de su vida cotidiana.

    Cuando la tragedia se convirtió en una historia colectiva

    La noticia se expandió rápidamente por Buenos Aires y durante días ocupó las páginas de los diarios y las revistas. La magnitud del desastre también encontró una forma de representación visual extraordinariamente poderosa en la prensa de la época. La revista Caras y Caretas dedicó un amplio reportaje al accidente, con decenas de fotografías que registraron el rescate, las tareas en torno al puente y las consecuencias del hundimiento. En una época anterior a la televisión y a la circulación masiva de imágenes digitales, ese tipo de cobertura fotográfica tenía una capacidad enorme para llevar una tragedia hasta hogares muy alejados del lugar donde había ocurrido. El desastre dejó así de ser un acontecimiento limitado a quienes vivían cerca del Riachuelo para convertirse en una experiencia nacional de duelo.

    Las imágenes del rescate resultan particularmente duras porque muestran el choque entre la normalidad de la infraestructura urbana y la violencia de lo ocurrido. El tranvía, símbolo de una modernización que había permitido conectar barrios y ciudades mediante una red cada vez más extensa, aparecía ahora hundido en el mismo río que esa modernización intentaba atravesar todos los días. El contraste tenía una enorme potencia simbólica: la tecnología que debía facilitar la vida cotidiana había quedado convertida en una trampa mortal, y detrás de la tragedia aparecía una pregunta inevitable sobre las condiciones de seguridad de los sistemas de transporte utilizados masivamente por la población.

    La tragedia también ingresó en la cultura popular. El escritor y periodista Raúl González Tuñón se hizo eco del episodio y, según reconstrucciones posteriores, incorporó a su mirada literaria la historia de un niño vinculado con las víctimas, convirtiendo el accidente en algo más que una noticia policial. Esa transformación resulta significativa porque permite entender cómo funcionan las grandes tragedias urbanas en la memoria colectiva: primero son números, nombres y fotografías; con el paso del tiempo, se convierten en relatos que condensan sentimientos, personajes y símbolos capaces de sobrevivir mucho después de que desaparezcan quienes fueron testigos directos.

    La ciudad que quedó debajo del agua

    El accidente del Puente Bosch ocurrió en un momento particularmente complejo de la historia argentina. Apenas unas semanas antes, Hipólito Yrigoyen había sido derrocado por el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, y el país ingresaba en una etapa de profunda transformación política y económica. La tragedia del tranvía quedó, inevitablemente, atravesada por ese contexto, aunque su importancia histórica no depende exclusivamente de lo que sucedía en la Casa Rosada. Su verdadero significado se encuentra en otra dimensión: permite observar cómo funcionaba una Buenos Aires que se había convertido en una gran metrópolis industrial, donde el transporte público era indispensable para conectar a una clase trabajadora que vivía y trabajaba a ambos lados del Riachuelo.

    También muestra hasta qué punto los accidentes de infraestructura pueden convertirse en documentos sociales. Las víctimas no eran figuras públicas ni personajes destacados de la política; eran hombres y mujeres vinculados al mundo del trabajo, pasajeros anónimos que formaban parte de esa multitud que todos los días hacía funcionar la ciudad sin aparecer en los relatos oficiales de la modernización. El tranvía 105 transportaba precisamente a esa Buenos Aires que muchas veces queda fuera de las fotografías de avenidas, edificios y grandes obras: la Buenos Aires de quienes madrugaban, cruzaban el Riachuelo y llegaban a fábricas y talleres para producir aquello que sostenía buena parte de la economía urbana.

    Con el tiempo, los tranvías desaparecieron de Buenos Aires y la red que alguna vez llegó a extenderse por cientos de kilómetros fue reemplazada progresivamente por colectivos, automóviles, subterráneos y otras formas de transporte. También cambiaron los puentes, los barrios y la propia relación de la ciudad con el Riachuelo. Sin embargo, el episodio del Puente Bosch permanece como una advertencia histórica sobre algo que suele perderse cuando se observa el pasado desde las grandes obras terminadas: una ciudad moderna no se define solamente por la velocidad con la que construye infraestructura, sino por la capacidad de garantizar que esa infraestructura sea segura para quienes dependen de ella.

    Casi un siglo después, aquel tranvía hundido ya no forma parte del paisaje visible del Riachuelo, pero su historia continúa siendo una de las tragedias más estremecedoras de la Buenos Aires del siglo XX. Las vías desaparecieron, los tranvías dejaron de circular y buena parte de aquella ciudad industrial se transformó, pero los trabajadores que aquella mañana subieron al coche 75 siguen formando parte de la historia urbana porque su muerte permite recuperar una dimensión que los grandes relatos sobre el progreso suelen ocultar: cada transformación de una ciudad tiene un costo humano cuando las obras, las normas y las decisiones no logran acompañar las necesidades de quienes las utilizan. El Riachuelo continúa separando y conectando territorios, pero debajo de su superficie permanece también la memoria de una mañana en la que una rutina cotidiana terminó en tragedia y convirtió para siempre al Puente Bosch en uno de los lugares más dolorosos de la historia del transporte argentino.

     

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