Un empresario cercano a Cerimedo y Karina quiso comprar un puerto sobre la Hidrovía a una empresa boliviana

Un empresario cercano a Cerimedo y Karina quiso comprar un puerto sobre la Hidrovía a una empresa boliviana

 

 Vicente Federico Quintanal, el empresario que quedó al frente de buena parte de los negocios de Fernando Cerimedo en la Argentina y mantiene trato con Karina Milei, gestionaba la compra de un predio de 30 hectáreas sobre la Hidrovía para desarrollar un puerto multipropósito en Puerto General San Martín.

La operación quedó truncada con la detención de Cerimedo en Bolivia. Las tierras pertenecieron a la ex Terminal 17 de la Junta Nacional de Granos y están ubicadas junto a Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que el consultor libertario pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios y provisión de combustible para remolcadores y barcazas.

Un relevamiento del periodista Germán de los Santos para La Nación detectó que el predio donde está radicada Sanabria SRL es prácticamente un terreno baldío que el único activo es una rampa de tierra que desemboca en el Paraná. Fuentes municipales dijeron a LPO que para rellenar la bajada, Sanabria «se choreó tierra de una obra pública». 

La Fiscalía de Bolivia investigará a Cerimedo por presuntos vínculos con el narcotráfico 

El predio que Quintanal buscaba incorporar al negocio está en manos de capitales bolivianos y es administrado por Ferroviaria Oriental, la principal compañía ferroviaria del oriente de Bolivia. Fuentes de la Municipalidad de Puerto General San Martín confirmaron a LPO que la empresa paga regularmente las tasas correspondientes al inmueble.

La aparición de Quintanal termina de darla verdadera dimensión del plan portuario de Cerimedo y abre interrogantes sobre su verdadero fin.

La aparición de Quintanal termina de darla verdadera dimensión del plan portuario de Cerimedo y abre interrogantes sobre su verdadero fin. Cerimedo enfrenta en Bolivia una causa por supuestos vínculos con narcotraficantes, que operaban en la región.

Como reveló LPO, Surlibre Inversiones ingresó en julio de 2024 a Sanabria SRL y adquirió el 30% de la compañía. En el mismo momento Quintanal fue designado gerente junto con Iván Alberto Sanabria, el dueño original y Sergio Ezequiel Amarilla.

El aparición del nombre Quintanal tomó otra relevancia cuando Nadia Beller, la ex novia de Cerimedo que fue atacada a tiros por sicarios, lo mencionó como uno de los contactos fluidos del consultor, ahora imputado de haber ordenado el femicidio.

Beller dijo en una entrevista con Nelson Castro que Cerimedo, a pesar de haberse distanciado de Milei tras el escándalo por las coimas en Andis, mantenía comunicación permanente con Quintanal a quien definió como socio de Cerimedo con «muy, muy buena llegada al gobierno» argentino.

En el desembarco de Cerimedo en la Hidrovía, Quintanal no aparece como accionista sino como administrador y representante de la empresa junto a Ivan «Chucho» Sanabria cuando Surlibre entró en la sociedad. Desde ese momento, comenzó a gestionar la posibilidad de comprar el terreno lindero a la guardería, un predio de 30 hectáreas donde funcionó una de las terminales de la ex Junta Nacional de Granos, desguazada por la dictadura militar y la ola privatista de los 90.

Quintanal funcionaba como el nexo entre el consultor y la hermana del Presidente mientras avanzaba con las gestiones para expandir el negocio portuario sobre la Hidrovía.

Coincidentemente, Cerimedo hace pie en la Hidrovía el 31 de julio de 2024, semanas después de la constitución de Surlibre y apenas dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a Puertos y Vías Navegables, el hombre de Toto Caputo en el río. 

La empresa consiguió las autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord a pesar de que el municipio de Puerto General San Martín le había rechazado la habilitación por falta de documentación.

Una vez instalados en la zona, Quintanal comunicó al resto de los socios que avanzarían con la compra de los terrenos de la ex terminal portuaria, llamativamente en manos de la ferroviaria boliviana. En el sector seguían el proyecto con desconfianza que se acrecentaron en las últimas horas cuando se supo que en Bolivia ya investigan a Cerimedo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El proyecto portuario sobre esos terrenos no arrancó con Cerimedo. En un documento al cual accedió LPO señala que Ferroviaria Oriental contrató a la consultora alemana Hamburg Port Consulting en 2021 para desarrollar un plan de negocios para la denominada «AIGRE Bulk Terminal» en el complejo portuario San Lorenzo-Puerto General San Martín.

El interés de Cerimedo habría sido adquirir esas 30 hectáreas y conectarlas con los pocos metros cuadrados linderos que pertenecen a la bajada para la guardería de Sanabria SRL.

Las tierras de la ex Terminal 17 habían sido utilizadas para almacenar fertilizantes durante la década de los noventa, cuando el desguace de la Junta Nacional de Granos aceleró el retroceso de los puertos públicos y la transferencia de la actividad a las grandes agroexportadoras privadas.

En esos mismos años comenzó la historia de la guardería náutica que posteriormente se convirtió en Sanabria. Según reconstruyeron fuentes municipales, durante la gestión de Lorenzo Domínguez, un temporal destruyó uno de los galpones del municipio y la empresa se hizo cargo de repararlo. Como contraprestación, el dueño de la guardería obtuvo el uso de la cuadra de la calle Juan Domingo Perón que desemboca en el Paraná para facilitar el movimiento de las embarcaciones.

Funcionarios del actual intendente Carlos de Grandis que hablaron con LPO explicaron que se buscó el modo de recuperar ese tramo de calle pero no encontraron la veta legal para dar marcha atrás con la donación.

 Según reconstruyeron fuentes municipales, durante la gestión de Lorenzo Domínguez, un temporal destruyó uno de los galpones del municipio y la empresa se hizo cargo de repararlo. Como contraprestación, el dueño de la guardería obtuvo el uso de la cuadra de la calle Juan Domingo Perón que desemboca en el Paraná para facilitar el movimiento de las embarcaciones 

Con el paso del tiempo, la antigua guardería Mirto quedó bajo la órbita de Sanabria SRL. En junio de 2022, Sebastián Andrés Porporato cedió sus 175 cuotas a Iván Sanabria, que acumuló 325 de las 500 participaciones y quedó como único gerente. En enero de 2023, Marcelo Enrique Fabián Molins transfirió sus 175 cuotas a Amarilla y Sanabria le cedió otras 75, por lo que ambos quedaron con partes iguales.

El tercer movimiento ocurrió con la llegada de Surlibre. Además de quedarse con el 30%, la sociedad introdujo a Quintanal en la administración. Quienes conocen a la sociedad bien de cerca, Quintanal no se desenvolvía como un asesor externo, sino que intervenía directamente en las decisiones.

Estructura societaria según datos Boletín Oficial Provincia de Santa Fe

Quintanal comparte con Cerimedo una extensa red de sociedades. Ambos aparecen vinculados a Surlibre Inversiones y Compañía Sudamericana de Inversiones, mientras que Natalia Basil, esposa del consultor y exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad, comparte con Quintanal compañías como Australis Energy Group y Patagonia Energy Holding.

Una investigación de Ámbito reveló que Quintanal se repite en directorios de empresas dedicadas a actividades tan diferentes como energía, minería, salud, limpieza, automotores, loteos y servicios forestales. En definitiva, lo señalan como un posible «prestanombre» o testaferro de Cerimedo. Un detalle, ambos declararon el mismo domicilio fiscal en Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes libertarias aseguran que esa llegada incluía un vínculo con Karina Milei. Quintanal funcionaba como el nexo entre el consultor y la hermana del Presidente mientras avanzaba con las gestiones para expandir el negocio portuario sobre la Hidrovía.

Por otra parte, la conexión boliviana da cuenta de la incidencia de Cerimedo en el poder de aquel país. Van apareciendo pruebas de la enorme influencia en el gobierno de Rodrigo Paz. Fotografías difundidas por Beller lo muestran en el despacho presidencial y participando junto a Paz de una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

 

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    “Basta de extorsión”: Santoro propone frenar el hostigamiento y los abusos contra los deudores

     

    La iniciativa busca crear un registro obligatorio y un sistema de licencias para las agencias de cobranzas extrajudiciales. También plantea sanciones para quienes incumplan las normas y cuestiona una práctica cada vez más habitual: llamar a familiares del deudor para presionarlo.

    Por Luis Bulnes Valdez para NLI

    Hay una escena que se volvió demasiado frecuente: el teléfono que no deja de sonar, mensajes durante todo el día, amenazas de iniciar acciones judiciales, advertencias sobre el Veraz y llamados a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Del otro lado hay una persona que tiene una deuda y que, muchas veces, no puede pagarla porque sus ingresos ya no alcanzan. El problema deja entonces de ser solamente financiero. Se convierte en una forma de hostigamiento cotidiano.

    Sobre esa realidad puso el foco el legislador porteño Leandro Santoro, quien presentó un proyecto para regular la actividad de las agencias de cobranzas extrajudiciales y establecer herramientas concretas para sancionar los abusos. La iniciativa parte de una premisa sencilla: tener una deuda no significa perder derechos.

    La propuesta llega, además, en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. En mayo de 2026, la morosidad de las familias dentro del sistema bancario había alcanzado el 12,3%, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024, según datos difundidos por organizaciones sindicales y sociales.

    En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama tampoco resulta alentador. Según el Mapa de Deudores citado por C5N, en junio había 255.805 personas en mora sobre un universo de 1,88 millones de deudores. La tasa general de mora porteña llegó al 11,71%, con barrios del sur de la Ciudad entre los más afectados.

    Una deuda No Puede Convertirse En Una Persecución

    El proyecto de Santoro apunta directamente a un vacío que permite que determinadas prácticas de cobranza continúen desarrollándose con escaso control. El legislador sostuvo que, aunque existen normas que prohíben el hostigamiento, faltan herramientas efectivas para identificar, controlar y sancionar a quienes realizan cobranzas extrajudiciales abusivas.

    La iniciativa plantea crear un registro oficial de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, acompañado por un sistema de licencias. La lógica es cambiar las reglas de juego: quien quiera dedicarse profesionalmente a cobrar deudas deberá estar identificado y cumplir determinadas condiciones para poder operar.

    La licencia no sería un simple trámite administrativo. De acuerdo con la propuesta, aquellas agencias que incumplan las normas podrían ser inhabilitadas, impidiéndoles continuar desarrollando la actividad en la Ciudad. El objetivo es que las sanciones dejen de ser una declaración abstracta y tengan consecuencias concretas sobre quienes recurren a métodos prohibidos.

    Y allí aparece una cuestión central. Cobrar una deuda es legítimo. Hostigar a una persona para que pague no lo es. La diferencia parece elemental, pero adquiere otra dimensión cuando el endeudamiento se transforma en una herramienta de presión permanente.

    El Llamado Al Familiar Y La Presión Sobre El Deudor

    Uno de los puntos que Santoro puso especialmente sobre la mesa es el contacto con personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre la deuda.

    El legislador cuestionó que las empresas puedan llamar a familiares del deudor para ejercer presión indirecta. El mecanismo es conocido: si la persona endeudada no responde, aparece el llamado a un padre, una madre, un hermano, una pareja o incluso otro contacto para advertirle sobre la situación y pedirle que intervenga.

    El problema no termina allí. En muchos casos, la amenaza de aparecer en registros crediticios se utiliza como argumento para multiplicar la presión. Santoro calificó de inadmisible que se contacte a un familiar para pedirle que interceda y evitar que el deudor ingrese al Veraz.

    La discusión que propone el proyecto excede, por eso, la cuestión estrictamente comercial. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa para recuperar su dinero? ¿Puede llamar decenas de veces? ¿Puede contactar a terceros? ¿Puede utilizar información destinada a intimidar? ¿Puede convertir una deuda privada en una exposición pública?

    Para Santoro, la respuesta debe ser clara: no.

    El legislador describió situaciones en las que las personas reciben comunicaciones durante las 24 horas y terminan perdiendo tranquilidad y estabilidad emocional. El reclamo no es que desaparezca la obligación de pagar. Es que el cumplimiento de una obligación financiera no habilite a convertir la vida cotidiana del deudor en un permanente campo de presión.

    El Endeudamiento Como Síntoma De Una Economía Que Aprieta

    La propuesta también permite mirar un problema mayor. Cuando cada vez más familias recurren al crédito para sostener gastos cotidianos, la morosidad deja de ser un fenómeno individual y comienza a funcionar como un indicador social.

    Organizaciones sindicales y sociales se movilizaron este jueves precisamente para visibilizar el crecimiento del endeudamiento familiar. Los datos difundidos por C5N muestran que millones de personas tienen obligaciones financieras pendientes y que una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para cumplirlas.

    En ese escenario, la cobranza extrajudicial puede convertirse en un negocio particularmente agresivo. Cuanto mayor es la cantidad de personas endeudadas, mayor es también el universo sobre el cual pueden operar las agencias especializadas.

    Por eso el debate planteado por Santoro no debería reducirse a una discusión sobre llamadas telefónicas molestas. En el fondo aparece una pregunta política mucho más profunda: qué derechos conserva una persona cuando queda atrapada en una deuda.

    La respuesta propuesta es que conserva todos los derechos que no haya perdido por una sentencia o por una norma específica. Y que una empresa no puede reemplazar a la Justicia ni utilizar la intimidación como mecanismo de cobro.

    Santoro, además, decidió incorporar a quienes atravesaron estas situaciones a la construcción del proyecto. Convocó a personas que hayan sufrido hostigamiento para que acerquen sus testimonios a la Legislatura porteña. La intención es que las experiencias concretas sirvan para identificar las prácticas abusivas y construir una regulación que responda a problemas reales.

    En tiempos en los que el endeudamiento se convirtió para muchas familias en una forma de llegar a fin de mes, poner límites a la cobranza abusiva también es discutir qué modelo de sociedad se quiere construir. Porque una cosa es reclamar que una deuda sea pagada. Otra, muy distinta, es transformar esa deuda en una licencia para perseguir.

    Y esa es precisamente la frontera que el proyecto busca establecer.

     

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