Condenan a 12 años por narcotráfico a un ex asesor de Etchevehere

Condenan a 12 años por narcotráfico a un ex asesor de Etchevehere

 

La Justicia Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a doce años de prisión por financiar actividades de tráfico de narcotráfico, desarrolladas principalmente desde Entre Ríos a Santa Fe. La investigación determinó que el productor mantenía una cobertura policial que le permitía ingresar cocaína a Rosario entre 2019 y 2022, tiempos en que estallaba la violencia ligada a esos negocios en la ciudad, donde fue detenido por primera vez.

Esta condena de un dirigente de una entidad de la producción vuelve a poner el foco en la penetración del narcotráfico en Entre Ríos. El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido en 2021, fue condenado a seis años de prisión por participación en comercio de drogas agravada, tras haber recibido aportes de campaña en 2015 de figuras del mundo narco. Cuando sentenciaron a Varisco el que recibió mayor pena fue Daniel «Tavi» Celis, considerado jefe de la organización delictiva. Quien también tuvo lazos y competencia con el dirigente de la Sociedad Rural sentenciado este jueves.

Leonardo Airaldi tiene 41 años, tuvo notoriedad como dirigente ruralista en el este de Entre Ríos y en su momento se desempeñó como asesor de Luis Etchevehere, el ex titular de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. Airaldi siguió todo el juicio que terminó ayer en las audiencias conectado por vía remota desde la cárcel de Ezeiza.

Está en esa prisión desde febrero pasado tras descubrirse, por datos aportados por Daniel Célis, su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti que lo investigaba y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia. Cuando se detectó el plan Airaldi estaba preso en la cárcel de Gualeguaychú. Los investigadores supieron que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40 mil dólares para concretar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.

La investigación fiscal demostró que controlaba puestos camineros con sobornos por donde pasaba la droga que transportaban sus vehículos. El fiscal Candioti demostró ante el Tribunal Federal Oral de Paraná que Airaldi dirigía una organización dedicada al narcotráfico que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina para la llegada de avionetas con cocaína. Desde ahí partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.

La fiscalía había requerido el decomiso de su estancia «El Mirador» por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. Los fiscales señalaban que la extensión de ese campo, su ubicación estratégica sobre la costa del río -que permitía enlazar distintos centros poblacionales- y las dificultades de acceso al lugar por la cantidad de islas que comprendía facilitaba las maniobras de tráfico.

La caída en Rosario

Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, sobre una Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros, once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los que viajaba en la Amarok era Airaldi. Al ser acusado esa vez por el fiscal de Rosario Iván Enriquez dijo ser policía y que actuaba como «encubierto». Quedó entonces preso en la cárcel de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, donde conoció a referentes del criminales de la ciudad.

Un mes más tarde Airaldi quedó por casualidad conectado a otra investigación, ahora por drogas. Fue el 10 de agosto de 2022 cuando una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto, un pueblo situado frente a Diamante cruzando el río Paraná. Cuando los policías fueron a detener al puestero a su casa en esa zona de islas, que son propiedad de Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama. El puestero que trabajaba para Airaldi, Diego «Pete» Torres, continúa prófugo.

Airaldi escuchó el veredicto por zoom.

Los paquetes tenían etiquetas que decían Qatar -sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después- y Emiratos Árabes. Se encontraron indicios de que esa droga se remitiría a esos países a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa que se terminó acumulando en Entre Ríos ya que Airaldi tenía ya una causa por narcotráfico.

«Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados», precisó el texto donde el dirigente ruralista fue procesado en 2024.

Un testimonio que hundió a Airaldi fue la de la ex policía María Soledad Touzet, que dejó la fuerza para trabajar con el ex dirigente ruralista. «Antes de que él cayera preso en Rosario, en 2022, tres o cuatro meses antes, él cambió. Empezó a tener actitudes raras, se volvió agresivo», dijo en el juicio, donde le atribuyó a su ex jefe amenazas de muerte reiteradas.

«Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes», le reveló al tribunal al ser citada. Dijo que Airaldi le ordenó que averiguara precios de combustible para avionetas que, reveló, no eran para ser utilizadas en tareas agropecuarias. Antes de terminar ese testimonio dijo tener miedo e imploró a los jueces: «No suelten a ese animal».

En sus últimas palabras Airaldi se declaró inocente y dijo que su única relación con drogas era como eventual consumidor y nunca como traficante.

El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que presidió el juicio y actuó junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.

 

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    PRIMICIA – Primero el mercado mundial, después los argentinos: Milei cambió la regla para exportar petróleo

     

    La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.

    La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.

    La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.

    Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?

    Del control estatal a la libertad exportadora

    Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.

    La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.

    En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.

    Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno

    La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.

    El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.

    La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.

    El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?

    El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.

    En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.

    La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?

    Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos

    La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.

    El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.

    Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.

    La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.


     

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