El hartazgo con Sturzenegger amenaza la ley que habilita a las petroleras a entrar en el negocio de los biocombustibles

El hartazgo con Sturzenegger amenaza la ley que habilita a las petroleras a entrar en el negocio de los biocombustibles

 

 Las derrotas legislativas y los problemas provocados en áreas de la economía que funcionaron bien durante décadas por la obsesión de Sturzenegger de desregularlo todo sin medir las consecuencias obligaron al Gobierno a evaluar si retira o congela algunos proyectos para evitar que se conviertan en un yunque para la Casa Rosada, como anticipó LPO.

Entre los proyectos que quedaron bajo la lupa se encuentra la nueva ley de biocombustibles que habilita el ingreso de las petroleras y las grandes cerealeras a un mercado interno reservado durante dos décadas para las pymes regionales.

El proyecto es impulsado por Patricia Bullrich en el Senado y la pérdida de poder de la exministra y el desgaste de Sturzenegger encendieron las alarmas entre las grandes compañías que pretenden ingresar al negocio. En el sector temen que el nuevo escenario político congele la iniciativa antes de que consiga dictamen.

 [Milei analiza congelar los proyectos de Sturzenegger harto de pagar costos políticos]

En ese contexto, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, salió a defender públicamente la reforma. El empresario, que no suele conceder entrevistas, aseguró que la compañía está preparada para invertir en la producción de biocombustibles si el Congreso modifica una legislación que impide a las refinadoras participar del sector.

«Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina», afirmó Bulgheroni durante la inauguración de una estación de servicio de Axion en la localidad santafesina de San Agustín, donde compartió el acto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción, Gustavo Puccini.

 Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina 

Según Bulgheroni, los petroleros no pretenden disputar el mercado interno, sino que apuntan a la exportación en asociación con compañías que ya operan en el sector. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que fabrican biocombustible para el corte obligatorio miran con desconfianza.

Desde Cepreb, la cámara que los nuclea advierten que la propuesta del gobierno permite que las petroleras y las grandes aceiteras avancen sobre la porción del mercado que actualmente sostiene a las plantas instaladas en pequeñas localidades del interior.

«Marcos Bulgheroni dice que no hay distintos proyectos y que hay que agrandar la torta. Suena lindo. Pero traduzcamos: el proyecto que impulsa el Gobierno condena a la quiebra a las pymes regionales del biodiésel, pone en riesgo unos 10.000 empleos entre directos e indirectos y concentra el negocio en apenas seis aceiteras», cruzó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).

La principal preocupación está concentrada en el coprocesamiento, un mecanismo que permite a las refinadoras incorporar materia vegetal durante la destilación del petróleo y contabilizar ese volumen dentro del corte obligatorio, aunque técnicamente no produzcan biodiésel.

La iniciativa de Bullrich propone elevar del 7,5% al 10% el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, las pymes denuncian que la participación de las petroleras mediante el coprocesamiento terminaría reduciendo del 7,5% al 7% el corte efectivo reservado para las plantas regionales.

El modelo vigente protegió durante dos décadas a empresas que se instalaron en pequeñas ciudades del interior, especialmente en Santa Fe, y que dependen del mercado interno para sostener su actividad. Según CEPREB, el esquema representa alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Santa Fe concentró el 58% de la producción nacional de biodiésel durante 2025 y alberga buena parte de las plantas que podrían quedar afectadas por la reforma. A su vez, en el Gran Rosario operan las grandes aceiteras que respaldan la apertura del mercado.

 

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    Mientras Argentina se juega una semifinal contra Inglaterra, Milei abre el Mar Argentino a empresas británicas y habilita el arbitraje internacional

     

    Mientras la Selección enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial, el Gobierno de Milei publicó un decreto que impulsa una licitación petrolera en el Mar Argentino tras el interés de una empresa británica y habilita el arbitraje internacional en los futuros contratos.

    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras millones de argentinos vuelven a vivir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más cargadas de historia del deporte mundial, con la Selección enfrentando a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el Gobierno de Milei eligió este miércoles para publicar un decreto que abre un nuevo proceso para la exploración petrolera en el Mar Argentino a partir de la iniciativa presentada por una empresa británica y que, además, habilita que los futuros contratos contemplen la posibilidad de resolver controversias mediante tribunales arbitrales internacionales.

    La coincidencia difícilmente pase inadvertida. Para la inmensa mayoría de los argentinos, Inglaterra nunca es un rival cualquiera. Malvinas, la guerra de 1982, los encuentros mundialistas de 1966 y 1986 y la permanente disputa diplomática por la soberanía de las islas convierten cada partido entre ambos países en un acontecimiento que trasciende largamente al fútbol. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en la semifinal del Mundial, el Poder Ejecutivo avanzó con una decisión que vuelve a colocar a empresas británicas en el centro de un proyecto estratégico vinculado a los recursos naturales argentinos.

    Un decreto que abre la puerta a una licitación impulsada por una empresa británica

    El Decreto 590/2026, publicado este 15 de julio en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Energía para convocar a un concurso público internacional destinado a adjudicar un permiso de exploración sobre el área CAN_200, un bloque de aproximadamente cinco mil kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, dentro de la plataforma continental argentina.

    La decisión no implica una adjudicación directa. De hecho, la normativa establece que deberá realizarse una licitación abierta en la que podrán participar distintas compañías. Sin embargo, el propio decreto explica que el procedimiento se inicia luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC, de origen británico, presentara formalmente una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en ese bloque del Mar Argentino.

    En otras palabras, el Gobierno pone en marcha un proceso administrativo cuyo punto de partida fue la iniciativa de una compañía británica interesada en explorar recursos hidrocarburíferos argentinos, una circunstancia que inevitablemente adquiere otra dimensión política cuando coincide con un nuevo enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.

    El arbitraje internacional vuelve al centro del debate

    El aspecto que probablemente genere mayor controversia no pasa únicamente por la futura participación de empresas extranjeras, sino por el régimen jurídico que acompañará esos contratos.

    El decreto autoriza expresamente que los acuerdos que eventualmente se firmen con la empresa adjudicataria puedan incluir cláusulas de arbitraje internacional, permitiendo que eventuales controversias entre el Estado argentino y las compañías privadas sean resueltas fuera de la Justicia nacional, conforme a los mecanismos previstos por la Convención de Nueva York de 1958.

    Si bien la norma aclara que la República Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares o la potestad tributaria del Estado, la decisión vuelve a abrir un viejo debate político sobre hasta qué punto la resolución de conflictos vinculados con recursos naturales debe quedar bajo jurisdicción de tribunales internacionales.

    La utilización de este tipo de mecanismos ha sido defendida históricamente por distintos gobiernos como una herramienta para atraer inversiones de gran escala, aunque también recibió fuertes cuestionamientos desde sectores políticos, académicos y jurídicos que consideran que esos esquemas terminan condicionando la capacidad soberana de los Estados para definir sus propias políticas energéticas.

    De las tribunas a los negocios

    La publicación del decreto también llega después de otra decisión que despertó críticas entre excombatientes y distintos sectores políticos: la aceptación por parte del Gobierno argentino de las disposiciones de la FIFA que impidieron el ingreso a los estadios de banderas y símbolos vinculados con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, bajo el argumento de evitar manifestaciones políticas durante el Mundial.

    Aunque la FIFA sostiene desde hace años que los torneos deben desarrollarse sin expresiones de carácter político, la decisión fue interpretada por numerosos veteranos de guerra y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas como una nueva muestra de la escasa voluntad del Gobierno nacional para defender esa reivindicación en los escenarios internacionales, especialmente frente a un rival como Inglaterra, cuya presencia inevitablemente reaviva un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.

    En ese contexto, la publicación del Decreto 590/2026 termina reforzando una imagen que la oposición viene construyendo desde el inicio de la gestión libertaria: un Gobierno que evita confrontar con el Reino Unido cuando se trata de la cuestión Malvinas y que, al mismo tiempo, impulsa políticas de apertura para que empresas británicas puedan competir por la exploración de recursos estratégicos en el Mar Argentino bajo contratos que incluso prevén mecanismos de arbitraje internacional.

    Mucho más que una coincidencia de calendario

    Probablemente el decreto hubiera generado debate cualquier otro día. Sin embargo, su publicación mientras Argentina vuelve a enfrentarse con Inglaterra en un Mundial le agrega una carga simbólica imposible de ignorar.

    Mientras en las tribunas y frente a los televisores resurgen los recuerdos de Rattín, la guerra de Malvinas, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, el Boletín Oficial publica una norma que habilita el inicio de un proceso para explorar petróleo en el Mar Argentino impulsado originalmente por una empresa británica y que contempla la posibilidad de resolver futuras controversias mediante arbitraje internacional.

    No se trata solamente de una coincidencia deportiva. Se trata del contraste entre dos formas muy distintas de entender la relación con el Reino Unido: una que mantiene viva la memoria histórica cada vez que rueda una pelota y otra que, desde la lógica económica del Gobierno de Milei, apuesta a profundizar la apertura a los capitales internacionales aun cuando ello implique que empresas británicas vuelvan a tener protagonismo en un área tan sensible como los recursos energéticos del Mar Argentino.

     

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