¿Sabías que en la Argentina, originalmente, los vehículos circulaban por la izquierda?
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¿Sabías que en la Argentina, originalmente, los vehículos circulaban por la izquierda?

 

Hasta mediados del siglo XX, los automovilistas argentinos circulaban por la izquierda, como todavía ocurre en el Reino Unido. El cambio de mano realizado en 1945 fue una de las transformaciones logísticas más grandes de la historia nacional y obligó a modificar rutas, colectivos, tranvías, señales de tránsito y hasta la fabricación de los automóviles.

Por Redacción de NLI

Hoy nadie duda de qué lado de la calle debe circular un vehículo en la Argentina. Es una de esas reglas que parecen haber existido desde siempre y cuya naturalidad impide preguntarse por su origen. Sin embargo, durante gran parte de la historia nacional ocurrió exactamente lo contrario: carruajes, tranvías y los primeros automóviles transitaban por la izquierda. La decisión de cambiar completamente el sentido de circulación no respondió a una moda ni a un capricho administrativo. Fue el resultado de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas que estaban modificando el comercio mundial y la integración regional. Aquella jornada obligó a reorganizar la vida cotidiana de millones de personas y se convirtió en uno de los mayores operativos de coordinación realizados por el Estado argentino en tiempos de paz.

Cuando los argentinos circulaban «al revés»

La costumbre de circular por la izquierda tenía raíces muy antiguas. Provenía de tradiciones europeas que se remontaban a la época de los carruajes y de los jinetes armados, cuando mantener la mano derecha libre facilitaba el manejo de armas o el saludo entre quienes se cruzaban en el camino. Como muchas otras normas urbanas, esa práctica fue heredada durante la etapa colonial y permaneció vigente incluso después de la independencia.

Cuando aparecieron los primeros automóviles, a fines del siglo XIX, simplemente adoptaron las reglas ya existentes. Buenos Aires, Rosario, Córdoba y las principales ciudades argentinas convivieron durante décadas con vehículos que circulaban por la izquierda, mientras el crecimiento del parque automotor comenzaba a transformar el paisaje urbano. Los tranvías, los colectivos y los primeros ómnibus también fueron diseñados para ese sistema, al igual que buena parte de la señalización vial.

Sin embargo, el escenario internacional estaba cambiando rápidamente. La expansión de la industria automotriz estadounidense convirtió a los vehículos fabricados en ese país en protagonistas del mercado mundial. A diferencia del modelo británico, los automóviles norteamericanos estaban pensados para circular por la derecha y comenzaron a imponerse también en América Latina. La Argentina, cada vez más integrada comercialmente con sus vecinos, enfrentaba un problema creciente: compartía largas fronteras con países que ya utilizaban la circulación por la derecha o se preparaban para adoptarla.

El histórico cambio de 1945

El 10 de junio de 1945 quedó grabado como el día en que la Argentina cambió oficialmente de mano. Detrás de aquella decisión existía un enorme trabajo previo de planificación. Durante meses se reemplazaron señales de tránsito, se adaptaron cruces ferroviarios, se modificaron paradas de transporte público y se organizaron campañas informativas para evitar accidentes.

El desafío era gigantesco. No se trataba solamente de pedirles a los conductores que manejaran por el otro lado. Miles de colectivos debieron modificar sus recorridos, numerosos vehículos fueron adaptados y las autoridades desplegaron un importante operativo policial para acompañar las primeras horas del cambio. Los diarios de la época dedicaron amplias coberturas a explicar cómo debía comportarse la población durante esa jornada excepcional.

Uno de los argumentos centrales para adoptar la circulación por la derecha era la integración con Brasil, Uruguay y el resto de América del Sur, además de facilitar la importación de automóviles producidos bajo los estándares internacionales que comenzaban a consolidarse después de la Segunda Guerra Mundial. La decisión también respondía al crecimiento constante del transporte automotor, que exigía reglas homogéneas para reducir riesgos y simplificar la circulación entre provincias y países vecinos.

Sorprendentemente, el cambio se produjo con menos inconvenientes de los que muchos imaginaban. Aunque hubo episodios aislados y cierta confusión durante las primeras horas, la adaptación fue relativamente rápida. En pocos días, una costumbre arraigada durante siglos había comenzado a desaparecer.

Una decisión cotidiana que habla de un país en transformación

La historia del cambio de mano permite comprender que incluso las normas más elementales de la vida cotidiana responden a procesos históricos mucho más amplios. La circulación por la derecha no fue únicamente una cuestión de tránsito. Reflejó la creciente importancia de la industria automotriz, la necesidad de coordinar políticas públicas con los países vecinos y el papel del Estado en la organización de un territorio cada vez más complejo.

También muestra cómo las sociedades son capaces de modificar hábitos profundamente incorporados cuando existe planificación, información y una estrategia clara. Lo que durante generaciones había parecido inmutable dejó de serlo en una sola jornada, sin alterar el funcionamiento general del país.

Ochenta años después, muy pocos argentinos saben que sus abuelos aprendieron a conducir por el lado opuesto al actual. Cada vez que un automóvil toma una avenida o una ruta nacional, reproduce una decisión adoptada en 1945 que cambió para siempre la movilidad argentina. Es una de esas transformaciones silenciosas que, precisamente porque tuvieron éxito, terminaron desapareciendo de la memoria colectiva.

 

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    Se fue pero le seguís pagando: el Gobierno mantiene la custodia de Adorni

     

    Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.

    Por Roque Pérez para NLI

    La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.

    De combatir la «casta» a conservar sus privilegios

    Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.

    La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.

    Una decisión que también genera preguntas judiciales

    El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.

    En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.

    Los recursos del Estado vuelven al centro del debate

    Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.

    La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.

     

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  • Bausili renovó el swap con China al mismo tiempo que Lamelas agrava la tensión con el gigante asiático

     

    La disputa entre Estados Unidos y China volvió a colocar a la Argentina en el medio del tablero. En menos de 24 horas quedaron expuestas dos señales que muestran la tensión. Por un lado, el Banco Central de Santiago Bausili renovó el swap con el Banco Popular de China y destacó la cooperación entre ambos países. Por el otro, la embajada estadounidense endureció su postura y advirtió que podría cancelar las visas de directivos de una cooperativa eléctrica de Neuquén si avanzan con un proyecto junto a Huawei.

    La decisión del Banco Central representa un gesto político de peso. El Banco Popular de China y el BCRA acordaron renovar el swap de monedas por un monto de 130.000 millones de yuanes equivalentes a 18.000 millones de dólares. 

    El nuevo convenio modifica una condición relevante: el plazo pasa de tres a cinco años, lo que extiende la vigencia del acuerdo y le da mayor previsibilidad a una herramienta que el Gobierno considera clave para la estabilidad financiera.

    El entendimiento también mantiene activa la utilización de 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares, habilitados desde comienzos de 2023.

    En el comunicado oficial, el Central resaltó que la renovación consolida la cooperación entre ambas entidades y recordó que la relación bilateral ya suma 17 años desde el primer convenio firmado en 2009. El mensaje no pasó inadvertido en Washington, donde la administración de Donald Trump viene intensificando su presión para limitar la expansión china en América Latina.

    La coincidencia temporal con el conflicto en Neuquén alimentó las lecturas políticas. La embajada de Estados Unidos hizo llegar una advertencia a los integrantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), la principal distribuidora eléctrica de la Patagonia. El mensaje fue claro: si la entidad concreta un acuerdo con Huawei para desarrollar un data center en la provincia, los directivos involucrados podrían perder el derecho a ingresar a territorio estadounidense.

    La información fue confirmada por el propio embajador Peter Lamelas, quien sostuvo que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos. 

    En Washington consideran a Huawei un actor estratégico del Estado chino. Sostienen que, pese a presentarse como una empresa privada, mantiene vínculos con el Partido Comunista y con el Ejército Popular de Liberación, por lo que su tecnología podría utilizarse con fines de inteligencia.

    El conflicto salió a la luz cuando el portal patagónico Sur Política reveló que funcionarios de la embajada habían transmitido informalmente la advertencia a CALF. La cooperativa evitó hacer declaraciones públicas en ese momento, aunque envió una nota formal a la representación diplomática estadounidense y otra copia a la Cancillería para solicitar precisiones sobre el alcance de la advertencia. Según fuentes de la entidad, los potencialmente alcanzados serían los 16 integrantes del consejo de administración, además de un síndico titular y otro suplente. En total, 18 directivos.

    Lamelas defendió la postura de su país y aseguró que la preocupación está concentrada únicamente en el posible acuerdo entre CALF y Huawei. Citó además una frase del secretario de Estado, Marco Rubio: «Ingresar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho». En esa línea, desde la embajada remarcaron que las autoridades estadounidenses revisan de manera permanente la elegibilidad de las visas y que quienes, a su criterio, realicen acciones que afecten la seguridad nacional pueden perder ese beneficio.

    El diplomático sostuvo además que fue la cooperativa la que impulsó el acercamiento con Huawei y que la embajada simplemente intentó abrir un canal de diálogo para entender por qué empresas estadounidenses no habían sido consideradas para el proyecto. Según esa versión, los representantes de CALF evitaron mantener ese contacto por tratarse de un asunto especialmente delicado para Washington.

    La advertencia encuentra respaldo en una ampliación de la política de restricciones migratorias anunciada por el Departamento de Estado el 16 de abril. La medida amplía los supuestos para cancelar o negar visas a ciudadanos del hemisferio occidental que, según la interpretación de Washington, actúen en representación de gobiernos considerados adversarios o de empresas vinculadas a ellos. La política también alcanza a quienes autoricen, financien o colaboren de manera significativa con esas actividades.

    El episodio provocó reacciones políticas. El parlamentario del Mercosur por Neuquén de La Libertad Avanza, Fabricio Cascino, cuestionó las amenazas y defendió la búsqueda de un proveedor con mejores condiciones económicas. 

    «En ningún momento CALF fue a hablar con la embajada de China para hacer una sociedad geopolítica. Lo único que buscó fue una empresa con tecnología de punta, calidad y mejor precio», afirmó. 

    Sin embargo, medios patagónicos recordaron que directivos de la cooperativa viajaron a China invitados por Huawei en abril para avanzar en el proyecto del futuro data center regional y analizar la compra de equipamiento.

    Lejos de retroceder, CALF difundió este miércoles un comunicado dirigido a sus usuarios. La cooperativa confirmó que recibió advertencias informales vinculadas con las visas, precisó que el único contacto fue un mensaje de WhatsApp y recordó que el 29 de julio presentó una nota formal tanto ante la embajada estadounidense como ante la Cancillería argentina. También afirmó que nunca recibió objeciones técnicas por los canales institucionales y ratificó que continuará definiendo sus compras según criterios de calidad, precio y financiamiento.

     

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