Escándalo en la Legislatura porque Muzzio dijo que la ESI le destruyó la cabeza a los niños

Escándalo en la Legislatura porque Muzzio dijo que la ESI le destruyó la cabeza a los niños

 

Clara Muzzio causó un escándalo en la Legislatura con sus declaraciones contra la Educación Sexual Integral. Los legisladores aliados y opositores hablaron de «marketing reaccionario», «oscurantismo» e incluso se preguntaron si los dichos de la vicejefa no terminaban protegiendo a los abusadores.

Desde hace más de un año, Muzzio ganó espacio en las redes montada a las polémicas en torno a la agenda «woke». Días atrás, en una entrevista con MDZ habló de la ESI como una «trampa mortal» y consideró que las cuestiones de género son una «ideología siniestra» e incluso dio a entender que jugar con muñecas puede hacer que un niño piense que «nació en un cuerpo equivocado».

La titular de la Legislatura dijo que la ESI «destruyó la cabeza» de los menores y agregó: «Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso».

La sesión especial convocada para que Gabriel Sánchez Zinny diera su informe semestral de gestión se convirtió en una tribuna para que desde todos los bloques criticaran a Muzzio.

El PRO le ganó la pulseada a los libertarios y se queda con el Ente Regulador de Servicios Públicos

Maru Bielli, del peronismo, dijo que Muzzio había utilizado la palabra monstruosa para referirse a la ESI, pero no a los abusos que sufrían los niños. «¿A quién defiende cuando ataca la herramienta que le permite a un montón de niños y niñas denunciar abusadores?», indagó.

«El tema nos tiene consternados a todos los legisladores», aseguró la radical Manuela Thourte antes de preguntarse si estaba volviendo el «oscurantismo» a la Ciudad.

María Bielli de Fuerza por Buenos Aires.

Vanina Biasi, del PO habló de un marketing reaccionario. «Usa la ESI para decir que un niño que juega con muñecas está en un cuerpo equivocado», sostuvo.

Leandro Santoro también se sumó a las críticas y argumentó que «la ESI fue votada para poner fin a los abusos. El 80% de los niños, niñas o adolescentes que denunciaron abusos fue tras una clase de ESI en la escuela». Y planteó que para promover un aumento de la natalidad como pretende Muzzio hacen falta políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda y más alternativas de jardines maternales. 

 

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    Adorni, el discurso de la moral y el blanqueo que habilitó el propio Gobierno para proteger patrimonios oscuros

     

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.

    Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.

    Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo

    La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.

    Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.

    El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.

    En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.

    La investigación sigue abierta

    La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.

    Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.

    Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.

    La vara de la moralidad

    Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.

    Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.

    No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.

     

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