La decisión del gobierno de Milei de avanzar sobre las históricas unidades turísticas de Chapadmalal volvió a encender un fuerte conflicto político con la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue el gobernador Axel Kicillof quien acusó directamente a la administración libertaria de esconder un “negocio inmobiliario” detrás del plan para concesionar el complejo durante las próximas décadas.
Por Roque Pérez para NLI
El conflicto gira alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del turismo social argentino. Construidos durante el primer peronismo, los hoteles de Chapadmalal fueron pensados para que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos recursos pudieran acceder a vacaciones a precios populares. Hoy, ese modelo histórico aparece amenazado por la intención oficial de entregar la explotación del predio a operadores privados por un plazo de hasta 30 años.
El choque entre la Provincia y la Casa Rosada
Desde el gobierno bonaerense aseguran que la administración nacional no busca únicamente reducir gastos del Estado, como sostiene oficialmente, sino avanzar sobre tierras de enorme valor económico. Kicillof sostuvo que detrás de la iniciativa existe un proyecto de carácter inmobiliario que podría modificar definitivamente el destino de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.
La Provincia volvió a reclamar formalmente que la gestión de Chapadmalal sea transferida a Buenos Aires para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y preservar las fuentes laborales vinculadas al complejo. El planteo no es nuevo, pero cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas administrativas y cambios en el funcionamiento de las unidades turísticas.
En la misma línea, el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, había advertido días atrás que no permitirán que “rematen nuestra historia” ni que un derecho social termine convertido en un negocio para sectores privados. Las declaraciones reflejan una disputa que ya excede el plano administrativo y se transformó en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la gestión provincial y la Casa Rosada.
Lo que está en juego
La discusión sobre Chapadmalal va mucho más allá de unos hoteles. Para amplios sectores del peronismo, el complejo representa una de las expresiones más concretas del concepto de justicia social impulsado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante décadas, miles de familias argentinas pudieron conocer el mar gracias a un sistema de turismo accesible financiado por el Estado.
La administración de Milei, en cambio, sostiene que el esquema actual resulta deficitario y que la participación privada permitiría atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, las críticas apuntan a que una concesión de semejante magnitud podría terminar restringiendo el acceso popular y transformando un patrimonio histórico en un emprendimiento orientado al mercado.
Mientras continúan los reclamos por despidos, pases a disponibilidad y la incertidumbre sobre el futuro del predio, la disputa por Chapadmalal comienza a convertirse en un símbolo más amplio del choque entre dos modelos de país: uno que concibe determinados servicios como derechos sociales y otro que busca trasladarlos al ámbito de los negocios privados. Y en ese escenario, la pelea recién empieza.
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La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
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Durante su visita a Mar del Plata este viernes, Axel Kicillof denunció que el desmantelamiento del histórico complejo hotelero de Chapadmalal por parte del gobierno de Javier Milei entraña posibles negocios inmobiliarios.
«Me parece que, como (Milei) ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», dijo el gobernador tras cerrar el Congreso del Trabajo en la ciudad balnearia, donde también se refirió al conflicto abierto que mantiene con el municipio local por el control del balneario de Punta Mogotes.
Sobre la decisión de la administración libertaria de ir por una concesión a 30 años de los hoteles construídos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón para destinados al turismo social, Kicillof dijo: «La onda viene de demolición y destrucción».
«Vaya a saber qué quieren hacer, vendérselo a quién, hacer un negocio privado», agregó. En ese sentido, el gobernador planteó el traspaso del predio a la Provincia, ratificando lo dicho esta semana por su ministro de Producción Augusto Costa.
Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren
«No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios», había señalado Costa.
En esa línea, Kicillof dijo: «Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren y vemos cómo hacemos para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar».
Esta semana, el gobierno de Milei oficializó el pase a disponibilidad de los 76 trabajadores de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse (Córdoba).
En ATE Mar del Plata advirtieron que esta determinación va más allá de la fuente laboral y también atenta habitacionalmente a decenas de familias de empleados que desde hace más de 20 años viven en pabellones del predio.
Como contó LPO, desde febrero de 2025 el gobierno de Milei aceleró el proceso para desprenderse de estas unidades turísticas. Primero, los complejos salieron de la órbita de la Secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli. Este año, Manuel Adorni anunció que la intención es concesionarlos.
Frente a eso, proliferaron proyectos para evitar que el predio sea entregado a privados. Una de las iniciativas vino del propio radicalismo que, en Mar del Plata, articula con los libertarios dentro del esquema del oficialismo municipal.
Maximiliano Abad impulsa que el complejo pase a la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata para hacer allí un campus universitario. La iniciativa desató cortocircuitos en el Concejo entre libertarios y radicales.
Desde el kirchnerismo, Fernando Raverta presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley para que la Provincia recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal para sostener el turismo social.
El año pasado, el axelista Gustavo Pulti había presentado un proyecto en la Cámara baja provincial para preservar el patrimonio público del complejo y el turismo social.
Ahora, directamente Kicillof salió a pedir por el control de los hoteles.
