Se derrumba el consumo en Córdoba y los comercios registran caídas de las ventas del 21%

Se derrumba el consumo en Córdoba y los comercios registran caídas de las ventas del 21%

 

 La recuperación del consumo que el Gobierno de Javier Milei esperaba exhibir durante el primer semestre sigue sin aparecer en Córdoba. Por el contrario, los números del comercio muestran que la retracción de las compras continúa profundizándose incluso después de la fuerte desaceleración de la inflación.

Según el último informe del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), las ventas minoristas registraron en mayo una caída del 21% en unidades respecto del mismo mes de 2025. La rentabilidad de los comercios, en tanto, cayó un 22% en la misma comparación.

Se trata de una de las bajas más pronunciadas de los últimos meses y refleja las dificultades que atraviesa el mercado interno para recuperarse, aun cuando algunos indicadores macroeconómicos muestran signos de estabilización. 

El relevamiento, realizado en corredores comerciales y centros comerciales de la capital cordobesa, también detectó un deterioro en la comparación mensual. Respecto a abril, las ventas retrocedieron 5% y la rentabilidad cayó 10%. Esto se da en medio de un fuerte aumento del endeudamiento familiar y la suba de los servicios, una doble pinza sobre las cajas de los comercios.

Las consultoras advierten que en abril se estancó la actividad y cayó el consumo masivo

El dato que más preocupa a los comerciantes es que la contracción se produce contra mayo de 2025, un período que tampoco se caracterizaba por un consumo robusto. Es decir, la actividad comercial no sólo no logró recuperarse sino que profundizó su deterioro en términos interanuales.

 Ticket promedio: Durante mayo se ubicó en 124.000 pesos, bastante por debajo de los 148.700 pesos registrados en abril. La diferencia supera los 24.000 pesos en apenas un mes y revela una reducción significativa en el monto destinado a compras. 

La caída del poder de compra aparece como una de las principales explicaciones del fenómeno. Aunque la inflación desaceleró significativamente respecto de los picos registrados durante 2024, la recuperación de los ingresos viene siendo desigual. Jubilados, trabajadores informales y buena parte de los sectores medios todavía no lograron recomponer plenamente su capacidad de consumo, mientras que el encarecimiento de servicios públicos, transporte y otros gastos fijos absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos familiares.

La señal más clara de esa conducta aparece en el ticket promedio. Durante mayo se ubicó en 124.000 pesos, bastante por debajo de los 148.700 pesos registrados en abril. La diferencia supera los 24.000 pesos en apenas un mes y revela una reducción significativa en el monto destinado a compras.

El mal momento también se refleja en el humor de los comerciantes. Apenas el 9% de los consultados aseguró haber cumplido las expectativas que tenía para mayo, una cifra que expone el nivel de frustración que atraviesa el sector.

Los números representan una señal de alerta para el comercio cordobés y también para el Gobierno nacional. Porque muestran que la estabilización macroeconómica todavía no logra traducirse en una recuperación del consumo, una variable clave para sostener la actividad económica en los grandes centros urbanos del país.

 

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    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.

    La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.

    La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno

    El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.

    Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.

    Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

    Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”

    La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.

    Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.

    Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.

    La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.

    Comunicación, soberanía y mercado

    El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.

    La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.

    Ahí reside el núcleo político del asunto.

    Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.

     

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