Hace un par de semanas se produjo en Vicente López un reencuentro entre el expresidente Mauricio Macri y el gobernador cordobés, Martín Llaryora. Reunión de la que, obviamente, estuvo al tanto el exgobernador Juan Schiaretti, amigo personal del expresidente.
Las versiones en torno al contenido de la charla, la duración y hasta incluso la forma -hay cordobesistas que insisten con que fue un contacto telefónico, pero fue cara a cara- varían entre las fuentes.
En el entorno del gobernador cumplen con el protocolo de negar el encuentro. Pero tres dirigentes muy importantes del peronismo cordobés y un operador de primer nivel cercano al PRO confirmaron a LPO la reunión. Incluso, las distintas fuentes coinciden en el trazo grueso de lo que se habló: el ex presidente se centró escenario nacional y el cordobés en el escenario para las elecciones de gobernador de Córdoba, donde, hasta ahora, hay dos polos.
Uno liderado por él mismo que busca su reelección y el otro liderado por los jefes de la alianza opositora con el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez a la cabeza.
La duda de todos, una vez más, vuelve a ser qué hará el radical Rodrigo de Loredo. Llaryora, como cualquier oficialista que busca la continuidad, necesita que se paren varias opciones en la contienda del año que viene y sabe que, quién puede empujar una candidatura a gobernador de De Loredo es el expresidente Macri. Una jugada clave para dividir aunque sea un poco el frente opositor.
«Llaryora le planteó a Mauricio la necesidad de que De Loredo sea candidato a gobernador. Si o sí», dijo una fuente del espacio amarillo que conoce detalles finos del encuentro en Olivos.
Llaryora le planteó a Mauricio la necesidad de que De Loredo sea candidato a gobernador. Si o sí.
El radical hace varias semanas que mantiene un discurso enfático y dice «en el 2023 tuve un gesto y me bajé para que Juez sea candidato. Esta vez no va a pasar lo mismo». Esto, además de un pedido de internas a Bornoroni y Juez que no tuvo ningún tipo de eco en ese esquema.
Igual, también es cierto que los libertarios con despachos en Casa Rosada también les pidieron a los referentes de Milei en Córdoba que aminoren la munición gruesa contra De Loredo. Algo que, a los opositores de Llaryora en la provincia los irrita, pero no les queda otra.
Incluso, hay fuentes que señalan que los Menem, con quienes el radical habla, podrían insistir con un lugar en el casillero por la pelea por la intendencia para De Loredo y que la fórmula provincial la encabecen los libertarios. Todos juntos.
De hecho, esta semana los radicales que responden al exdiputado empezaron a recorrer la Capital provincial y hay sectores de la UCR que se inquietaron porque el propio De Loredo les había asegurado que su pelea era por la gobernación y que no iba a ocupar ese escalón de la fórmula municipal.
No obstante, también están aquellos que razonan que los recorridos por la Ciudad se deben a la necesidad de mostrar al legislador deloredista Matías Gvozdenovich como la opción para suceder al riotercerense Marcos Ferrer en la conducción de la UCR provincial.
Como sea, el radicalismo vuelve a estar convulsionado en Córdoba. El PRO y el cordobesismo creen que De Loredo puede ser una prenda de negociación para un encastre nacional de centroderecha y con esto causar un impacto local en la elección provincial. De la misma manera que en el resto de la política, el post Mundial acelerará todo también en Córdoba.
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El fuerte incremento de la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo soberano de la Anses, en las principales empresas argentinas abrió preguntas en el mercado, que se preguntan los motivos de este giro «estatizador» del gobierno libertario. Sobre todo porque ocurre en medio del rally financiero, la remonetización que impulsa Luis Caputo y la necesidad oficial de conseguir más crédito sin volver a emitir pesos.
Los datos surgieron de las presentaciones que las empresas hicieron ante la SEC en Estados Unidos y fueron revelados por la periodista Florencia Donovan en La Nación. Galicia informó que la participación estatal en el grupo pasó de 16,8% a 22,5%. En Loma Negra de Mindlin saltó de 5,33% a 9,2%. En TGS avanzó de 24% a 25,33%. En Banco Macro pasó de 28,8% a 29,75%. En Byma trepó de 3,34% a 8%. Y en YPF la tenencia de acciones subió de 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado.
Detrás de esos números aparece un dato relevante. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 el FGS realizó compras de acciones por el equivalente a USD 1.426 millones al contado con liquidación. Más de la mitad de esas adquisiciones se concentraron en YPF. Otro 27% fue a Galicia. El resto se repartió entre once compañías.
El cuadro que publicó la consultora 1816 muestra la magnitud de las tenencias. Galicia representa hoy USD 1.507 millones valorizados al CCL dentro del FGS. Banco Macro otros USD 1.415 millones. YPF USD 1.362 millones. TGS USD 1.206 millones y Pampa Energía USD 1.048 millones. El FGS concentra así una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Justamente los sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.
El FGS concentra una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.
En algunas mesas lo leen como una señal alcista para las acciones argentinas. Interpretan que el FGS está aprovechando precios todavía bajos para acumular equity en sectores estratégicos. «Cuando un jugador de este tamaño compra, manda una señal», resumió un operador bursátil.
La movida se produce en medio de las tensiones entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el manejo de la Anses, que reveló LPO.
Pero al mismo tiempo apareció una inquietud política. Varias empresas buscan recomprar parte de esas tenencias porque temen que, ante una eventual derrota de Milei en el 2027 y el regreso del peronismo, el Estado vuelva a ganar influencia dentro de los directorios.
La explicación que circula afuera tiene otra profundidad. Fuentes financieras de Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares, sobre todo en minería, energía y utilities. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida prácticamente definida de antemano. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.
Ahí aparece el concepto de «exit strategy». Financieramente implica una acumulación contracíclica con salida predefinida para capturar renta en moneda extranjera. En otras palabras, afuera ya hablan de promesas o pactos futuros sobre determinados activos argentinos. Como si el Estado estuviera juntando fichas antes de abrir la puerta de salida.
Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.
En Buenos Aires la versión es distinta. «Es espalda financiera para sostener la remonetización y expandir préstamos», dijo a LPO una fuente con acceso a despachos oficiales. El Gobierno necesita más pesos circulando sin volver a disparar la emisión y el FGS aparece como una caja capaz de empujar crédito y liquidez desde abajo.
El propio informe estadístico del FGS muestra otro movimiento interesante. El fondo pasó de 106,1 billones de pesos en diciembre de 2025 a 112,6 billones en marzo de 2026. El incremento fue de 6,1% trimestral. Pero quedó por debajo de la inflación acumulada del período, que rondó 9,4%.
Aun así, medido en dólares el panorama cambia. Según el informe oficial, si el stock en pesos, que representa el 83% de la cartera, se convirtiera al tipo de cambio oficial, el FGS equivaldría a USD 76.356 millones. Eso implicaría una suba de 9,7% en moneda dura. El fenómeno explica parte del entusiasmo oficial con la valorización financiera de la cartera.
La composición también se movió. Los títulos públicos nacionales siguen representando cerca del 77% del total del fondo, pero en acciones el FGS aumentó peso en energéticas y redujo participación relativa en servicios financieros respecto de 2024. Las principales posiciones incluyen Ternium, Banco Macro, Transener, Pampa, Galicia e YPF.
La consultora Delphos Investment calculó que el FGS ya representa cerca del 13% del mercado accionario argentino. Tiene participaciones en más de 40 compañías y posiciones especialmente fuertes en bancos, energía y utilities. También señaló que el 75,6% de los activos sigue invertido en títulos públicos del Tesoro y que la valorización reciente estuvo impulsada por el rally de bonos soberanos.
En paralelo, en las mesas financieras circula otra hipótesis: que el FGS use parte de la valorización de acciones para rotar hacia ON corporativas hard dollar. Ahí aparece otro arbitraje posible. Vender equity caro para comprar deuda privada con rendimientos del 7% al 9% en dólares y riesgo percibido menor al soberano argentino.
Van a usar el FGS para darle bid al mercado.
El comentario que más se escucha ni siquiera es técnico. «Van a usar el FGS para darle bid al mercado», dijo otro de los operadores consultados. Otros hablan de convertirlo en un comprador estructural de obligaciones negociables. La jugada ayudaría a financiar empresas, profundizar el mercado de capitales y evitar emisión monetaria directa.
La lista de compañías donde ese esquema podría apoyarse coincide casi perfectamente con las empresas donde la Anses ya tiene presencia relevante: Galicia, Supervielle, BBVA, Pampa, TGS, Edenor, Transener y otras firmas energéticas. El propio FGS ya tiene antecedentes de inversión en ON, fideicomisos, deuda privada y fondos corporativos.
Lo concreto es que Milei, que se construyó cuestionando la intervención estatal y el uso político de los fondos públicos; busca dólares, crédito y liquidez, parece utilizar al FGS como una pieza central de ese armado. Un actor que compra, sostiene precios y aumenta su participación en las empresas mientras el mercado mira la pantalla esperando descubrir cuál es, en realidad, el plan de salida.
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El conflicto con los transportistas que paraliza el Puerto Quequén, complica al gremio de peones rurales que lidera José Voytenco que está inmerso en una pelea descontrolada por el manejo de la principal terminal cerealera de la provincia.
Quequén es de los pocos puertos donde continúa abierta la discusión que plantearon los transportistas, quienes exigieron un aumento d ela tarifa que cobran por la suba del precio de los combustibles por la guerra.
La suba del 14% que proponen las exportadoras es rechazada por los transportistas, que piden de base un 17% de aumento. «Tienen cosecha récord, no hay excusas para no otorgar el aumento que pedimos», dijo a LPO uno de los dirigentes involucrados en la discusión.
Ante la extensión del conflicto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) le reclamó este jueves al gobierno de Milei que intervenga en el conflicto y, de ser necesario, que haga «uso de la fuerza pública».
En una nota dirigida al secretario de Transporte nacional, Fernando Herrmann, el titular de la CPPC, Federico Spoturno Merchot, denunció una «flagrante y sostenida violación» de la ley que regula el transporte de cargas por parte de los transportistas, razón por la cual creen que Nación debería actuar de inmediato.
En el sector sostienen que por este conflicto el circuito económico de Quequén registró pérdidas más de 300 millones de dólares.
«Puerto Quequén y con él buena parte de la exportación agrícola argentina, permanece rehén del accionar de este grupo de inadaptados sociales y este panorama se ha complicado aún más con el parate total de ingreso de mercaderías a las Terminales de ese puerto», señala la nota de la CPPC a la que tuvo acceso LPO.
Y agrega: «Hay 17 buques -semi cargados- que esperan desde hace más de diez días poder embarcar 450.000 toneladas de mercaderías ya vendidas, pero retenidas por el inescrupuloso accionar que es motivo de esta denuncia».
Imagen satelital de los buques en espera en Quequén.
En el sector sostienen que por esta situación el circuito económico de Quequén registró pérdidas por más de USD 300 millones. Por todo eso, en la CPPC le avisaron a Herrmann que irán a la Justicia ante «el hipotético supuesto que este reclamo no sea atendido». Una desenlace muy problable con el gobierno libertario.
Las federaciones de transportistas Fatrac, Fetra, Atcade y Camioneros rechazaron la presión empresaria y ratificaron su «apoyo y total sintonía en el rechazo del 14% propuesto en la última reunión, por considerarlo insuficiente para cubrir los costos reales del sector».
Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia.
Ante la escalada del conflicto, reclamaron la mediación del gobierno de Axel Kicillof: «Que asuma la responsabilidad que le corresponde, tomando las medidas pertinentes que sea necesarias para lograr una tarifa justa y acorde a la realidad», señalaron.
También la CGT Regional Necochea pidió una intervención «urgente» de la Provincia y planteó interrogantes sobre el rol del presidente interino del consorcio portuario, el dirigente de Uatre, Mariano Carrillo.
«Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia», dijo a LPO el titular de la CGT Necochea, Demian Ledesma.
Transportistas protestando en la rotonda de acceso al Puerto Quequén.
En esa línea, fuentes cercanas a los transportistas afirmaron que Carrillo mantiene un acuerdo con las cerealeras exportadoras y lo asocian a las intenciones del dirigente alineado a José Voytenco por quedarse más allá del actual interinato al frente del puerto.
En el medio, está en ciernes la licitación del elevador de granos que -como contó LPO- opera hace 34 años Terminal Quequén. Se trata de un grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La última prórroga está cerca de expirar y en el puerto creen que Carrillo concederá una nueva prórroga.
«Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder», acusaron en el opositor Movimiento de Recuperación de Uatre.
En el medio, también generó discordia el viaje a España que, en medio de esta crisis inédita, realizan miembros del directorio portuario con pasajes adquiridos con recursos del consorcio.
Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder.
Fuentes del puerto señalaron a LPO que el propio Carrillo tenía sus pasajes para participar del encuentro de «líderes portuarios latinoamericanos» en Barcelona, pero que se tuvo que bajar frente a la escalada del conflicto. No obstante, otros funcionarios del puerto viajaron a la soleada capital catalana.
«No se sabe si juega para los sindicatos o para los exportadores», dijo sobre Carrillo otra fuente del puerto consultada.
Como sea, en las exportadoras aumentan la presión para sacar los granos hoy retenidos en Quequén. En el sitio de la Asociación de Cooperativas Argentinas están en espera 7 buques para cargar 208 mil toneladas de graneles agropecuarios. En el sitio 4/5 de embarque de Terminal Quequén S.A. están esperando cargar 95 mil toneladas en 4 buques y en el Sitio 0 de Quequén esperan 6 buques para cargar 148 mil toneladas.
