Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.
El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.
El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.
Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.
Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.
Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.
Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.
Si se aprueba y no se acompaña, por el contrario se ponen palos en la rueda, se demuestra que la aprobación de tal proyecto fue meramente protocolar, como muchos dicen: «Para la tribuna». El 7 de agosto se votó por unanimidad en #VillaRegina la ORDENANZA que adhiere a la Ley O N° 3654 de la…
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La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
La lógica de la presunción: el caso Vialidad
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
Medios, justicia y construcción de sentido
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
Una justicia bajo sospecha
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
Donald Trump anunció que Estados Unidos suspenderá los ataques contra Irán durante un período de dos semanas con la condición de que Irán reabra el estrecho de Ormuz, invocando las negociaciones de paz que lleva adelante Pakistán.
El anuncio noventa minutos antes que se alcanzara el deadline de las 20 horas de la costa este de Estados Unidos que impuso Trump, trajo alivio al mundo, en medio de cierto frenesí descontrolado de algunos medios que ponían una cuenta regresiva en sus pantallas, como se si tratara de la llegada de un año nuevo.
El New York Times reveló que tras el anuncio de Trump, Estados Unidos frenó todos los ataques a Irán. El canciller de Irán, Abbas Araghchi, publicó un comunicado en el que anunció que Irán también frenaba sus «operaciones defensivas» y durante dos semanas «el paso seguro por el Estrecho de Ormuz será posible». El diario confirmó que en medio de negociaciones frenéticas el acuerdo se alcanzó tras una intervención decisiva de China.
Trump publicó el anuncio de la tregua en su red social Truth, donde detalló que «basado en conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán, y dado que solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se estaba enviando esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y ataque a Irán por un período de dos semanas».
¡Esto será un ALTO EL FUEGO bilateral! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo respecto a una PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Medio Oriente.
En otra de las contradicciones recurrentes que tuvo durante todo el conflicto, agregó que se suspenden los ataques porque Estados Unidos ya consiguió sus objetivos, de manera que no se entiende entonces porque continúa la guerra. «¡Esto será un ALTO EL FUEGO bilateral!
La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo respecto a una PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Medio Oriente».
En otro tramo, el magnate neoyorquino dijo que «hemos recibido una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, y creemos que es una base viable sobre la cual negociar.
Casi todos los diversos puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado».
El canciller de Irán, Abbas Araghchi.
La Casa Blanca anunció poco después que Israel se sumaba a la tregua de dos semanas, en las que se tratará de alcanzar un acuerdo de largo plazo que termine con la guerra.
El anuncio trajo calma en los mercados e hicieron caer el precio del barril de petróleo que ante el riesgo de una guerra total estaba acercándose a los 200 dólares, como había vaticinado Irán que sucedería.
Las amenazas de Trump de atacar puentes y centrales de energía de Irán para regresar al país a la «edad de pierda» y «aniquilar» esa civilización, además de ser posibles crímenes de guerra, generaron un repudio amplio en el mundo que incluyó al Papa León XIV y los principales líderes tanto del mundo occidental como de Oriente Medio.
Nada de esto pareció intimidar a los iraníes. Durante todo este martes, las principales ciudades iraníes vivieron movilizaciones de miles de personas que hicieron una cadena humana las centrales eléctricas y los puentes a los que Trump podría atacar una vez vencido plazo del ultimátum.
Escudos humanos de iraníes en puentes y centrales de energía se repitieron este martes en Irán.
En efecto, el régimen iraní anunció la suma de 14 millones de voluntarios que se alistaron en el ejército para defender a su país en caso de un eventual ataque masivo.
Con este acuerdo que tuvo la mediación de Pakistán, el conflicto entra una etapa de tranquilidad relativa. La cadena Al Jazeera anunció que la televisión iraní confirmó el acuerdo por parte de los ayatolá.
Las amenazas de Trump de atacar puentes y centrales de energía de Irán para regresar al país a la «edad de pierda» y «aniquilar» esa civilización, además de ser posibles crímenes de guerra, generaron un repudio amplio en el mundo que incluyó al Papa León XIV y los principales líderes tanto del mundo occidental como de Oriente Medio.
El Consejo Supremo de Irán dijo en un comunicado que «Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar la propuesta de Irán de 10 puntos». La misma incluye un compromiso de no agresión, el control iraní continuo sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones a la nación persa.
También plantea una indemnización a Irán, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región y el cese de la guerra en todos los frentes, incluso «contra la resistencia islámica en el Líbano».
Trump dijo que esos diez puntos eran una propuesta interesante, pero no aclaró cuales de ellos acepta y cuales no.
La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra participó de la reunión con la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género de Río Negro Luz Val Heredia y el Consejo Local de la Mujer. Estuvieron también la Directora de Promoción Social Adriana Torres y la titular del…
