Según dos estudios Macri y Alberto crearon muchos más puestos de trabajo que Milei

Según dos estudios Macri y Alberto crearon muchos más puestos de trabajo que Milei

 

 La inflación pulveriza los salarios. Ya son seis meses consecutivos de caída real en el sector formal. El dato se repite en distintas mediciones. La mejora nominal no alcanza. El poder de compra retrocede .

Los números son concretos. En febrero, los salarios registrados del sector privado subieron 1,6% nominal, pero con una inflación de 2,9% implicaron una caída real de 1,3%. Con eso, quedaron 3,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023, tal como publicaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

El informe del CEPA agrega otro dato relevante. En el caso del empleo público nacional, la caída es más pronunciada: en febrero los salarios retrocedieron 2,2% mensual en términos reales y acumulan una baja de 37,2% frente a noviembre de 2023. Si se corrige la inflación con una canasta actualizada la pérdida de poder adquisitivo llega al 18,3%.

Nada marcha de acuerdo al plan

Desde otra orilla ideológica, el economista Gabriel Caamaño coincide con los datos y el diagnóstico. Camaño señaló que el índice de salarios del sector privado formal subió 1,6% en febrero, pero implicó una caída real de 1,3%. Fue la sexta baja consecutiva. En ese período, el retroceso acumulado es de 3,5% y el nivel actual quedó por debajo del de noviembre de 2023.

El índice de salarios del sector privado formal subió 1,6% en febrero, pero implicó una caída real frente a la inflación del 1,3%. Fue la sexta baja consecutiva. 

Pero el problema no es sólo el salario. También aparece el frente del empleo. Ahí se abre una discusión interesante. El filo oficialista Fernando Marull destacó que, según datos del INDEC, los empleos totales crecieron en 113 mil entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025. Pero ese número es engañoso si se lo pone en contexto.

Daniel Schteingart, de Fundar, salió a cuestionar esa lectura. Señaló que ese aumento representa apenas un 0,6%, mientras que la población en edad de trabajar creció cerca de 2%. Además, remarcó que en 2025 no se crearon puestos netos pese a la recuperación de la actividad. «Primera vez en el siglo XXI que la economía crece sin crear empleo», sintetizó Schteingart  

El cruce suma otro dato clave. En dos años, esos 113 mil empleos equivalen a poco más de 56 mil por año, muy por debajo de los ritmos de creación de empleo de gestiones anteriores. Con Mauricio Macri se crearon 280 mil por año y con Alberto Fernández 440 mil.  

La composición también cambió: se destruyen puestos formales en sectores como industria y construcción, con una caída de 228 mil puestos, mientras crecen ocupaciones más precarias en sobre todo en plataformas, que explican un aumento de 341 mil. 

En el Gobierno relativizan el impacto. Sostienen que la nominalidad todavía está acomodándose y que la baja de la inflación debería recomponer ingresos más adelante. «Primero se ordenan los precios y después los salarios», dicen cerca del equipo económico.

Pero los datos actuales muestran otra cosa. El ajuste se está procesando sobre los ingresos laborales. Y sin una recomposición sostenida del salario real, el rebote de la actividad queda limitado. 

 

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    Revocan los procesamientos por el escrache a la casa de Espert y la Cámara expone a la jueza Arroyo Salgado

     

    La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

    La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

    Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

    Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

    En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

    Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

    Duras críticas a Arroyo Salgado

    Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

    Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

    Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

    El origen del caso: un escrache político

    El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

    El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

    Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

    De “terrorismo” a falta de mérito

    La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

    Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

    El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

    Un mensaje político-judicial

    Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

    En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

    La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

     

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