El Senado habilitó los pliegos de jueces que mandó Milei y prepara la audiencia por Coco Mahiques

El Senado habilitó los pliegos de jueces que mandó Milei y prepara la audiencia por Coco Mahiques

 

El Senado le dio estado parlamentario este jueves a los más de 60 pliegos de jueces que envió Javier Milei al Congreso la semana pasada, entre los cuales se cuentan los nombres de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana Juan, la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que investiga la causa Libra.

Además, se habilitaron los pliegos de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, y Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias del camarista Mariano Borinsky. El plan del oficialismo es aprobar esos dictámenes en comisión y convocar a audiencias públicas para mediados de mayo.

Por otra parte, la ex senadora Lucila Crexell obtuvo la aprobación de su pliego como embajadora argentina en Canadá con 45 votos a favor, 26 en contra y la abstención de Pablo Cervi. La neuquina se llevó el rechazo del interbloque peronista en pleno, junto al de su colega Julieta Corroza, quien se opuso por instrucción del gobernador Rolando Figueroa.

Pero mientras la sesión no tenía mayor atractivo que los discursos de los senadores contra la presentación de Federico Sturzenegger este miércoles, cuando defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la mirada ya está puesta en la audiencia por la que deberá pasar Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el próximo 16 de abril.

Escándalo judicial: Mahiques mandó el pliego de su papá y el de la esposa del juez que investiga a Karina Milei

En ese sentido, el pliego de la prórroga que Mahiques consiguió de parte de Milei para continuar en su cargo en la Cámara de Casación, después que cumpla 75 años en noviembre próximo, ya cosechó las impugnaciones de ACIJ e INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Las organizaciones solicitaron que se rechace el pliego porque «no se puede otorgar un nuevo nombramiento a quien no fue nombrado con anterioridad».

En efecto, Mahiques llegó a la Casación Federal luego de un traslado efectuado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde su cargo original en un fuero de la Justicia ordinaria.

Juan Carlos Pagotto y Anabel Fernández Sagasti.

Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese tipo de traslados en 2020, en el fallo «Bertuzzi», otro juez trasladado por Macri. «Validar un nuevo nombramiento implicaría perpetuar una situación inconstitucional que debe ser corregida inmediatamente por el Senado de la Nación», advierten las organizaciones.

El fallo del máximo tribunal estableció que los traslados no pueden equipararse a los nombramientos y, por eso, sus detractores alegan que «no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria». «La única vía constitucional para que Carlos Mahiques pueda continuar en la Cámara Federal de Casación Penal luego de los 75 años es presentarse al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie cuando se produzca la vacante», desafían ACIJ e INECIP.

 

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    ESCÁNDALO ADORNI: Lemoine salió a defenderlo y terminó confirmando la casa no declarada

     

    Lejos de apagar el incendio político, la diputada libertaria Lilia Lemoine terminó echando más nafta al fuego: al responderle al periodista Pablo Duggan, confirmó que la propiedad denunciada de Manuel Adorni existe. El intento de minimizar el tema dejó al descubierto lo que el oficialismo venía evitando reconocer.

    Por Roque Pérez para NLI

    El escándalo por la casa en un country no declarada por Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento clave: la confirmación desde el propio espacio libertario. Y no fue menor el dato, porque llegó de boca de una de las dirigentes más cercanas al núcleo duro del oficialismo.

    Todo ocurrió cuando Lemoine salió a responderle a Duggan en redes sociales, en medio de la creciente polémica. En ese intercambio, la diputada intentó relativizar la gravedad del asunto, pero terminó admitiendo lo central: la vivienda existe. Su frase fue tan explícita como reveladora: sostuvo que se trata de “una casa reformada… en un country de clase media”, intentando contrastarla con una “mansión”.

    El problema es que, en ese intento de “bajarle el precio” político al tema, terminó validando el punto de partida de la denuncia: la propiedad señalada efectivamente está.

    De la negación al reconocimiento implícito

    Hasta ahora, el oficialismo había evitado dar precisiones claras sobre la denuncia que tomó estado público y que incluso ya había sido recogida por NLI, donde se detalló el carácter no declarado del inmueble.

    Sin embargo, el giro discursivo de Lemoine marca un punto de inflexión. Ya no se trata de discutir si la casa existe o no, sino de por qué no figura en las declaraciones correspondientes.

    El propio Duggan venía insistiendo en distintas irregularidades vinculadas al patrimonio y los gastos de Adorni, señalando inconsistencias entre ingresos declarados y consumos registrados, lo que abrió un frente de sospechas que ahora suma este nuevo capítulo ().

    En ese contexto, la confirmación indirecta de Lemoine no hace más que profundizar el escándalo: si la casa está, la pregunta es por qué no fue informada.

    El intento de minimizar que agravó la situación

    El argumento elegido por la diputada libertaria tampoco pasó desapercibido. En lugar de negar los hechos, optó por una estrategia clásica: relativizar el valor de la propiedad.

    Pero ese enfoque generó el efecto contrario. Porque en términos políticos y legales, el problema no es si la casa es lujosa o de “clase media”, sino su eventual omisión en los registros patrimoniales.

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    Un escándalo que escala

    El caso ya venía creciendo en los últimos días con denuncias mediáticas, cuestionamientos por gastos y el foco puesto sobre el patrimonio del funcionario. Ahora, con la intervención de Lemoine, el tema entra en una nueva etapa.

    Porque cuando la propia tropa oficialista admite el dato central, el margen para eludir explicaciones se reduce drásticamente.

    Así, lo que comenzó como una denuncia periodística empieza a transformarse en un problema político concreto para el entorno de Milei, que vuelve a quedar bajo sospecha por inconsistencias entre discurso y prácticas.

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