Casación rechazó el pedido del juez Salmain para llevar su caso de coimas a Comodoro Py

Casación rechazó el pedido del juez Salmain para llevar su caso de coimas a Comodoro Py

 

Dos resoluciones judiciales firmadas en Buenos Aires esta semana complican el margen de maniobra del juez federal de Rosario Gastón Salmain, que se encuentra procesado por un pedido de soborno y con prohibición de salir del país. Este viernes la Cámara Nacional de Casación rechazó el pedido de recusación que el polémico magistrado había planteado contra dos integrantes de la Cámara Federal de Rosario. Y antes otra jueza le dijo que no a su pretensión de que se radicara en Comodoro Py su acusación contra el financista que lo delató como partícipe del pedido de un retorno.

La resolución de Casación de este viernes dio por tierra con el pedido de Salmain de recusar a las vocales de la Cámara Federal Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello para entender en un proceso en su contra. Los camaristas de Casación Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar señalaron escuetamente que Salmain no fundamenta por qué debería intervenir este tribunal en el caso y aducen que su pedido de apartamiento de las juezas superiores se basa en una simple disidencia con la determinación de estas.

La vocal Angela Ledesma votó en minoría. Pero el rechazo de lo pedido de Salmain se despachó en un escrito de dos páginas por lo que la cuestión fue valorada como inadmisible sin celebrar una audiencia, ni siquiera dando al magistrado oportunidad de argumentar en una audiencia por lo infundado de su reclamo.

Salmain había recusado ante la Cámara Federal a las dos camaristas lo que había sido rechazado por el camarista rosarino Aníbal Pineda. En particular el magistrado cuestionado había puesto en su crítica a Andalaf Casiello, a quien denunció por abuso de poder y violencia institucional contra él.

El otro no

El lunes Salmain había tenido otro revés frente a un pedido de que su denuncia contra el financista Fernando Whpei tramitara en los tribunales federales de Retiro. Salmain está procesado por haber autorizado a los tenedores del fideicomiso Attilla, administrado por Whpei, a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares.

Whpei, que se encuentra en prisión domiciliaria, se convirtió en imputado colaborador de la causa y contó con detalles la intervención de Salmain, lo que le valió al juez en diciembre pasado que lo procesaran por cohecho y le trabaran embargo por 200 mil dólares.

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Frente a eso Salmain lo denunció a Whpei de haber proporcionado información falsa en su declaración como imputado colaborado, de haber sido malicioso en el planteo de manifiestas falsedades para favorecerse procesalmente en violación al régimen de imputado colaborador». Y pidió que la causa se radicara en Comodoro Py.

Días atrás la jueza federal María Servini de Cubría rechazó ese planteo de abrir una causa nueva en la Justicia Federal porteña y también desconoció el pedido de Salmain de ser querellante. Antes había tomado el mismo camino el fiscal Carlos Rivolo quien dictaminó que la denuncia de Salmain debía tramitar en Rosario.

«Es muy extraña esto que intentó Salmain», dijo a LPO un abogado y docente que asiste a las audiencias ligadas a este tema. «Es un juez federal en Rosario, que debería estar domiciliado en Rosario, que denuncia a un empresario de Rosario que se presenta en una causa en Rosario en los Tribunales Federales de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver Buenos Aires con todo esto? Es imposible justificar el cambio de competencia territorial que pidió», dijo.

 «Es muy extraña esto que intentó Salmain», dijo a LPO un abogado y docente que asiste a las audiencias ligadas a este tema

«Habré de acompañar las consideraciones del acusador público, disponiendo la remisión de la causa al órgano jurisdiccional federal rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso seguido contra el aquí denunciante Gastón Salmain, por entender que la acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones», sostuvo Servini.

«Sostener lo contrario y abrir un nuevo proceso en esta sede resultaría contrario a los principios de economía procesal y de mejor administración de justicia, dada la evidente comunidad probatoria que presentan, pudiendo dar lugar incluso a inadmisibles resoluciones contradictorias», planteó.

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«Dado que la declaración de Whpei habría tenido lugar en octubre de 2025, el plazo legal para corroborar la información aún está vigente en la causa de Rosario. Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires», consignó la jueza.

El fallo señala que «tampoco modifica esta conclusión el hecho de que la declaración haya sido prestada físicamente en esta jurisdicción, pues lo fue en el marco de un proceso radicado en Rosario, siendo allí donde corresponde evaluar su veracidad y eventual falsedad».

A fines de diciembre, Salmain fue procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En ese expediente fue acusado por tres fiscales de favorecer al fideicomiso Attila con la salida de 10 millones de dólares billetes a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, pese a las restricciones en el mercado libre de cambios. Se le dictó la prisión preventiva que no puede efectizarse porque Salmain goza de fueros que le dan inmunidad de arresto. Junto a él también fueron procesados Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, señalado como el enlace en el juez y el ahora arrepentido Whpei.

En una causa previa contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, Whpei declaró en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público Fiscal que –en una causa con participación de Busaniche– Salmain autorizó a Whpei en diciembre de 2023 a comprar 10 millones de dólares al precio oficial, en tiempos en que regía el cepo, a cambio de una coima del 10 por ciento estimada en unos 200 mil dólares.

Pero el plan se frustró porque con el cambio de gobierno la diferencia de cambio se redujo abruptamente. Whpei declaró que el juez se negó a aceptar el menor monto de dinero, según le hizo saber Busaniche. Y le advirtió que si no pactaban la cifra original el juez iba a denunciarlo penalmente. 

 

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    El Gobierno no sabía: la liberación de Nahuel Gallo dejó expuesta la improvisación total de Milei

     

    El propio oficialismo reconoció que desconocía que el gendarme Nahuel Gallo iba a ser liberado tras 448 días detenido en Venezuela. La gestión que permitió su regreso no fue impulsada por la Casa Rosada sino por la AFA, dejando al desnudo la falta de conducción diplomática de Milei.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela, debería haber sido una noticia exclusivamente positiva. Sin embargo, el episodio terminó revelando algo mucho más grave: el gobierno de Milei ni siquiera sabía que el operativo que permitió su regreso estaba en marcha.

    Mientras el discurso oficial intentaba capitalizar políticamente el retorno del uniformado, la propia Patricia Bullrich terminó confirmando lo que expone el fondo del problema. El Ejecutivo no estaba al tanto de la gestión que destrabó la situación. La negociación decisiva que permitió la liberación no fue conducida por el Estado argentino, sino que se desarrolló por fuera de los canales oficiales.

    El dato resulta demoledor desde el punto de vista institucional: la salida de Gallo no fue consecuencia de la política exterior argentina, sino de una vía alternativa impulsada desde el fútbol.


    Diplomacia paralela ante un gobierno ausente

    Después de 448 días detenido bajo acusaciones de espionaje, Gallo regresó al país en un vuelo vinculado a gestiones que no fueron coordinadas por la Cancillería ni por la Casa Rosada. La intervención de la AFA como puente humanitario operó sin que el propio gobierno tuviera conocimiento del desenlace inminente.

    Así, el episodio dejó en evidencia una situación tan inusual como alarmante: el Ejecutivo nacional no participó del tramo decisivo de la negociación, no coordinó el traslado y ni siquiera fue informado del operativo que resolvería uno de los conflictos diplomáticos más sensibles de su gestión.

    Mientras desde el oficialismo se insistía en que se habían realizado gestiones formales a través de terceros países, la resolución concreta terminó llegando por otra vía. En términos políticos, el resultado es elocuente: Argentina logró recuperar a un agente de seguridad detenido en el exterior sin que su propio gobierno supiera cómo ni cuándo ocurriría.


    El síntoma de una política exterior sin rumbo

    El caso Gallo había sido presentado durante más de un año como una prioridad diplomática, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela. Sin embargo, el desenlace dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia oficial.

    La relación política con Caracas permanecía bloqueada y las gestiones estatales no habían logrado avances concretos. La resolución, en cambio, apareció por fuera del esquema institucional, confirmando que el éxito no fue producto de la conducción gubernamental sino que se produjo a pesar de ella.

    En ese contexto, el episodio deja de ser una anécdota aislada para transformarse en un síntoma. Lo que aparece es una política exterior desarticulada, sin canales eficaces de negociación y sin capacidad de conducción real.


    Cuando el fútbol reemplaza al Estado

    La liberación terminó concretándose gracias a una gestión humanitaria canalizada desde el ámbito del fútbol, que actuó como puente informal en medio de la tensión política entre Buenos Aires y Caracas.

    La postal que queda es incómoda: un conflicto internacional de alto nivel fue resuelto por actores no estatales mientras la administración nacional se enteraba del desenlace prácticamente en simultáneo con la opinión pública.

    La propia reconstrucción oficial de los hechos deja entrever el nivel de desorden. Gallo ni siquiera sabía que estaba regresando al país cuando subió al avión que lo traería de vuelta.


    Impericia como política de Estado

    Lo ocurrido excede el caso puntual y expone un problema estructural. La falta de coordinación diplomática, el aislamiento político y la ausencia de canales formales eficaces terminan delineando un patrón que atraviesa la gestión.

    Se trata de un gobierno que proclama firmeza pero que no logra conducir los procesos que afirma encabezar. Cuando las resoluciones llegan por fuera del Estado y el Ejecutivo se entera después, lo que queda no es estrategia sino improvisación.

    Y cuando la improvisación se vuelve constante, la impericia deja de ser un error.

    Pasa a convertirse en un método.

     

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  • Llaryora analiza demorar el llamado a elecciones en 2027: «Se va a votar cuando sepamos que se gana»

     

    «Se va a votar cuando sepamos que se gana». Esta fue la frase con la que, en los últimos días, se retiraron del despacho del gobernador cordobés Martín Llaryora un par de ministros de su extrema confianza. Y es lo mismo que admiten otros que estuvieron cerca de él en las últimas recorridas por el interior provincial.

    Con lo cual, la idea de votar entre marzo y abril del año próximo con la intención de despegar lo máximo posible la contienda provincial del escenario nacional parece ahora sólo ser una alternativa. Una posibilidad más. Pero no la decisión final como creen algunos oficialistas y la mayoría de la oposición en Córdoba.

    Descartando así, además, una receta que usó con asiduidad el cordobesismo en los últimos turnos electorales: en 2015, De la Sota y Schiaretti fijaron la fecha para julio; en 2019, la abrumadora victoria de Schiaretti se produjo en mayo -resultado que, dicen, aceleró el llamado de CFK a Alberto Fernández- y en 2023, Llaryora logró la ajustada victoria en junio. Todos los comicios separados de la atmósfera nacional.

    En esta oportunidad, atado fundamentalmente y de manera lógica a las encuestas, pero también al desarrollo de la gestión, lo complejo del rompecabezas en la oposición y las tensiones propias del cordobesismo, crece ‘el plan B’: votar cerca o directamente en octubre. Con todo.

    Alternativa que en las últimas horas reconoció un llaryorista paladar negro a LPO. «Se miran las encuestas, hay que terminar las obras y ojo que a lo mejor Milei no llega con el aire que tiene ahora», dijo y agregó el clima interno en la convivencia entre Llaryora y Schiaretti: «si no terminan de conversar lo que tienen que charlar… es a fondo».

    Esto último implica, incluso, que Llaryora juegue en la discusión del peronismo nacional para el respaldo a candidatos en octubre del 2027.

    Se miran las encuestas, hay que terminar las obras y ojo que a lo mejor Milei no llega con el aire que tiene ahora

    En estas semanas, el gobernador cordobés empujó algunas fichas en ese sentido. Como lo contó LPO, hubo funcionarios suyos que se mostraron con tropa de Axel Kicillof en Mar del Plata; Llaryora tampoco desconoce que crece el rumor de un frente de todo el peronismo en el Congreso como lo dijo Miguel Pichetto y es lo que genera fuertes fricciones entre el rionegrino y los schiarettistas; y, como lo soltó de manera pícara un massista el fin de semana largo «probablemente, Sergio (Massa) y Martín (Llaryora) hablen más entre ellos de lo que nosotros pensamos». Condimentos nacionales que contribuyen a la teoría de votar en octubre.

    Kicillof se inclina por desdoblar la elección aunque sabe que arriesga la presidencia

    Los aspectos locales son los riesgos de una transición larga en caso de una derrota prematura (posibilidad que no pasa por la cabeza de los llaryoristas) y el impacto en el esquema opositor. Llaryora persigue un objetivo en el que hasta algunos peronistas dejaron de creer en el último tiempo: fracturar la oposición. Sobre todo, la sólida sociedad que hoy muestran Gabriel Bornoroni y Luis Juez.

    El llaryorismo puro cree que el diputado debería seguir en el Congreso si en una misma parada se pone en juego un pleno; y, por otra parte, confía en que la mala relación que hoy tienen Juez con el radical Rodrigo de Loredo no tiene vuelta atrás. Podrían los dos competir por separados.

    Además, los que cultivan el plan octubre incluyen en la receta un principio de diálogo con los intendentes por la ‘re-re’, el bloqueo a las reelecciones que les hizo Schiaretti y que hoy tiene a varios inquietos. No sólo entre los intendentes del PJ y la UCR, sino también entre algunos ministros que tomaron licencia en su segundo período en la Unicameral para asumir en el gabinete llaryorista. 

     

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