¿Defensa industrial o gesto geopolítico? el Gobierno abre una investigación antidumping contra China
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¿Defensa industrial o gesto geopolítico? el Gobierno abre una investigación antidumping contra China

 

La Secretaría de Industria y Comercio abrió una investigación por presunto dumping en lavarropas importados desde China. Aunque el expediente se apoya en datos técnicos sólidos, la decisión despierta una pregunta inevitable: ¿protección de la industria nacional o señal política hacia Estados Unidos en medio de la presión de Donald Trump para aislar a Beijing?

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Gobierno nacional dispuso la apertura de una investigación antidumping contra las importaciones de lavarropas de origen chino, a partir de un pedido de la empresa Drean S.A.. La medida, formalizada a través de la resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se apoya en informes técnicos que detectan precios artificialmente bajos y una amenaza concreta de daño a la producción local.

Sin embargo, en el contexto político actual, la decisión no puede leerse de manera aislada ni ingenua. Mucho menos cuando proviene de una administración que ha demostrado escaso interés en defender la industria nacional y que ha hecho del alineamiento automático con Estados Unidos una de sus banderas internacionales.


Dumping probado y una amenaza en ascenso

Desde el punto de vista técnico, el expediente es consistente. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó la existencia de un margen de dumping del 10,43 % en las exportaciones chinas de lavarropas hacia la Argentina. En términos simples, los productos ingresan al país a precios más bajos que los considerados normales, incluso por debajo de los valores del propio mercado chino.

Al mismo tiempo, la CNCE aclaró que todavía no existe un daño importante consumado a la industria nacional. Las dificultades atravesadas por la empresa solicitante se explican, en buena medida, por la caída del consumo interno y no exclusivamente por el ingreso de importaciones.

El problema aparece cuando se observa la dinámica reciente. China pasó de representar el 50 % del total importado en 2022 al 66 % en 2024, y durante los primeros nueve meses de 2025 los envíos hacia la Argentina se dispararon un 590 %. La amenaza ya no es teórica: es estadística.


Precios bajos, stocks acumulados y presión futura

China no es un actor más en el comercio global. Concentra casi la mitad de las exportaciones mundiales de lavarropas, posee una capacidad productiva descomunal y enfrenta medidas antidumping en otros mercados relevantes. En ese contexto, la Argentina aparece como un destino cada vez más atractivo para colocar excedentes a bajo precio.

La CNCE detectó además que los lavarropas chinos ingresaron al país a precios inferiores a los nacionales, incluso luego de su nacionalización. Esa subvaloración presiona directamente sobre la industria local, que compite en condiciones claramente desiguales.

Más inquietante aún es otro dato del informe: más del 60 % de los lavarropas importados desde China en 2025 no se vendieron, sino que quedaron acumulados como stock. Esto sugiere una presión latente sobre el mercado interno, con riesgo de caída de precios y deterioro de la producción nacional en el corto plazo.


Milei, Trump y el trasfondo geopolítico

Hasta aquí, los datos técnicos. Pero la política nunca es neutra.

La apertura de la investigación se produce en un momento en el que Donald Trump vuelve a presionar a terceros países para que limiten su vínculo comercial con China, y cuando el Gobierno argentino busca respaldo externo, financiamiento y aval político. En ese marco, activar un expediente antidumping contra China resulta funcional: no implica ruptura ni sanción inmediata, pero envía una señal clara.

La paradoja es evidente. Un Gobierno que promueve la apertura importadora, la desregulación y el repliegue del Estado termina habilitando una herramienta clásica de defensa del mercado interno. No lo hace desde un discurso industrialista ni desde la protección del empleo, sino desde una combinación de obligación técnica y conveniencia política.

La pregunta que queda flotando es incómoda: si el caso no involucrara a China, y si no existiera este contexto geopolítico, ¿la investigación se habría abierto igual? La experiencia reciente invita a dudar.

 

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    El gobierno de Javier Milei sintió como nunca el cachetazo que le dio la Cámara de Diputados con el rechazo del Capítulo XI del Presupuesto, que entre otros puntos establecía el recorte de fondos a las universidades y discapacidad, y ya empezaron los pases de facturas internos por el fracaso de los acuerdos con los gobernadores aliados.

    Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LPO fueron terminantes: «el Presupuesto así como está no nos sirve, busca forzar el déficit fiscal». En el aire queda la duda de si Milei vetará el Presupuesto en caso de que el Senado lo apruebe tal cual lo mandó Diputados. Aunque suene extraño que un gobierno rechace su propio proyecto, la posibilidad de un veto no está para nada descartada.

    Los primeros apuntados internamente son Martín y Lule Menem, a los que cuestionan porque se le escaparon los votos de los diputados que responden a los gobernadores a los que en la previa la Rosada intentó seducir con el envío de ATN, cargos en la AGN o el envío de proyectos como la derogación de la Ley de Glaciares.

    Tremendo golpe a Milei: la oposición salvó las universidades y la emergencia en discapacidad

    Pero a la hora de los votos, los tres diputados Raúl Jalil y los dos de Osvaldo Jaldo se acoplaron al peronismo y Provincias Unidas para rechazar el capítulo. En tanto, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua repartieron respaldos y rechazos entre sus siete legisladores de Innovación Federal. 

    En la Rosada dicen que Menem manejó mal los acuerdos con esos gobernadores y también con el neuquino Rolo Figueroa que mandó a votar en contra a Karina Maureira. También se cayeron algunos radicales como el correntino Diógenes González, que votó en contra; el chaqueño Osvaldo Cipolini y el enterriano Darío Schneider, que se abstuvieron.

    El Presupuesto así como está no nos sirve, quieren forzar al Presidente a gobernar con déficit.

    La duda que quedó en el aire en Diputados es por qué Menem avanzó con la votación de los auditores de la AGN que eran parte de un acuerdo con el grupo de los gobernadores peronistas Sáenz, Jalil y Jaldo, cuando ya ese grupo le había fallado en la votación en particular del Presupueso y pudo haber dado por terminada la sesión. El riojano detonó la relación con el PRO, los radicales y Provincias Unidas para premiar a unos aliados que no le habían cumplido totalmente.

    En la previa, el tucumano Jaldo y los diputados catamarqueños habían avisado que no avalarían el recorte de fondos a las universidades y discapacidad; mientras que muchos radicales incluso los aliados a la Rosada estaban alertando que no podían acompañar ese artículo. Los libertarios apostaron al vericueto de atar esos temas a los fondos del Garrahan y las cajas previsionales para complicar a los diputados en duda y se terminaron chocando contra la pared.

    En un sector del oficialismo dicen que el manejo de las alianzas fue tan malo que al final de la sesión los supuestos aliados hicieron caer el capítulo de la polémica y Menem rompió la relación con el PRO, que siempre le cumplió. Además, en la previa la Rosada ninguneó a Provincias Unidas y no abrió una negociación con ellos hasta último momento que los necesitó para el quórum. Los diputados de ese bloque cumplieron dando quórum, votando en general la norma y absteniéndose en el capítulo XI.

    Otro de los apuntados en la interna oficial es Luis «Toto» Caputo, señalado como el ideólogo del Capítulo XI. En el oficialismo dicen que nadie del ala política se animó a decirle que no a Toto, pese a que era clara la posibilidad de perder. Como viene contando LPO, el ministro de Economía está empoderado y es el único funcionario que se mueve sin necesitar pedirle permiso a Karina Milei. 

     

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