Fuerzas federales argentinas detuvieron este viernes en Corrientes a un venezolano que ingresó de manera ilegal al país y registraba antecedentes penales graves. La detención se produjo el 20 de diciembre en el Puerto de Ituzaingó y el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Prefectura Naval Argentina (PFA).
Según informaron fuentes oficiales, el detenido dijo ser un ex integrante del Ejército de Venezuela y de ese modo justificó las 20 heridas de arma blanca que presenta en todo el cuerpo. También la bala que tiene alojada en el abdomen.
Su vinculación con el Ejército quedó confirmada cuando las autoridades argentinas solicitaron a Interpol datos de esta persona.
El mismo argumento utilizó en junio de 2024 cuando las autoridades de los Estados Unidos lo detuvieron. En ese entonces tenía en su poder un arma blanca y relató que había entrado al país a través de México.
La detención se realizó a partir de un proceso de identificación y seguimiento basado en el cruce de información sensible, análisis de patrones regionales de desplazamiento y verificación de bases internacionales. Esto permitió reconstruir su recorrido clandestino por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, antes de arribar a la Argentina. Además, se constató que el sospechoso habría ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, país del que fue expulsado en enero de 2025.
Desde el gobierno aseguran que el detenido contaría con instrucción militar especializada y lo consideran un presunto integrante de la organización criminal y terrorista Tren de Aragua, una banda delictiva a la que Estados Unidos, declaró organización terrorista.
Además, posee antecedentes por homicidio y registra un pedido de captura en Canadá por delitos de lesiones graves y amenazas.
Para el gobierno, la detención expone un fenómeno que preocupa a nivel regional: el reordenamiento del poder en Venezuela y el debilitamiento del régimen está generando fracturas internas, desplazamientos y reacciones violentas de actores irregulares que ante la pérdida de control territorial y recursos buscan replegarse o expandirse hacia terceros países.
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Cuando LPO reveló que Toto Caputo y Santiago Bausili sacaron del país las reservas de oro del Banco Central, en un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario.
El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen dónde está el oro y qué tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quién lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.
En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la «administración» de la reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. «La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado», sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado.
En efecto, hace más de un año, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo preguntando si efectivamente envió lingotes de oro al exterior, cuántos, en qué fechas, con qué destino y bajo qué condiciones, tal como reveló LPO en ese momento.
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que «había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas», sin precisar monto, destino ni motivo concreto.
La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo.
El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras. La falta de transparencia no es solo un problema para analistas curiosos.
LPO reveló en exclusiva que la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es «confidencial» y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos.
La cuestión adquiere otro matiz cuando se mira el contexto internacional: el precio del oro alcanzó niveles récord y ronda los USD 4.400 la onza. Ese aumento de precio actúa como un salvavidas contable para las reservas del país. Aunque las reservas líquidas, las que realmente se pueden utilizar para pagar importaciones o deuda están hundidas, el aumento del valor del oro hace que el deterioro no sea aún peor.
Según estimaciones de analistas de LCG, las reservas netas reales del BCRA podrían estar en torno a USD 18.000 millones negativos, un rojo espeluznante que sería aun peor si el oro de alto precio no estuviese amortiguando parcialmente la caída.
La paradoja es que los lingotes están en destino desconocido y aun así siguen computando como reservas en los balances oficiales. Pero so se sabe si esas onzas están depositadas en el Banco de Londres o Basilea -como trascendió en su momento- y si están aportando rendimiento o fueron depositadas como garantía para obtener financiamiento en dólares.
A esa nebulosa se suma la crítica política. Diversos referentes de la oposición y ex funcionarios, como Martín Redrado, exigieron al BCRA mayor transparencia sobre el manejo del oro y cuestionaron que la entidad evada explicar que hizo con ese activo.
Como sea, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿dónde está el oro de la Argentina? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Bausili.
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