Justicia servil al poder: los allanamientos en AFA y clubes reavivan la disputa Milei–Chiqui Tapia y el fantasma de las SAD
La Justicia realizó 35 allanamientos simultáneos en la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino en el marco de la causa Sur Finanzas, en plena escalada política entre Milei y Chiqui Tapia. El trasfondo: el avance del Gobierno para forzar las sociedades anónimas deportivas y disciplinar al fútbol argentino.
Por Ignacio Elfratini para NLI
Un operativo descomunal en el momento político exacto
La mañana del martes amaneció con un despliegue judicial pocas veces visto: 35 allanamientos simultáneos en el edificio de la AFA, el predio de Ezeiza y las sedes de una larga lista de clubes—entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Platense y Deportivo Armenio—ordenados por el juez Luis Armella en el marco de la causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero vinculados a la firma Sur Finanzas.
Según detalló el periodista de C5N Diego Gabriele en Mañanas Argentinas, la investigación apunta al presunto lavado de $818 mil millones mediante empresas ficticias, parte de los cuales habrían llegado a las arcas de los clubes allanados y de la propia AFA. La fiscal Cecilia Incardona pidió además el levantamiento del secreto fiscal y bancario para reconstruir el circuito del dinero, que incluía créditos otorgados por Sur Finanzas y cobrados mediante derechos de televisación o contratos de marketing.
Mientras el dueño de la financiera, Ariel Vallejos, aparece como principal investigado, el avance judicial se produce en el punto más caliente de la pelea política entre Milei y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, justo cuando el Gobierno presiona para forzar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.
Una Justicia alineada al poder y los viejos métodos de presión
La simultaneidad, el volumen del operativo y el momento elegido no pasaron inadvertidos. En medio de la ofensiva discursiva y política de Milei contra la AFA, este despliegue surge como una herramienta de disciplinamiento. Mientras el Gobierno repite que el fútbol debe “modernizarse” y abrirles la puerta a las SAD, el mensaje detrás de estos operativos parece claro: o aceptan el nuevo esquema de negocios, o se profundiza la persecución judicial.
La historia reciente muestra cómo la Justicia federal se ha convertido en un arma preferencial del poder político de turno. Lo vimos con la persecución al kirchnerismo durante el lawfare, y ahora reaparece la misma matriz aplicada sobre otra estructura que le resulta incómoda a Milei: el fútbol organizado.
El contraste es evidente. La misma Justicia que mira para otro lado frente a los desastres económicos del Gobierno, que se mueve con parsimonia ante los negociados de los funcionarios libertarios, actúa con velocidad quirúrgica cuando se trata de un conflicto central para la construcción de poder del Presidente.
Esta selectividad quedó expuesta también en las últimas semanas, mientras el Gobierno niega cualquier responsabilidad por la crisis sanitaria, los casos de fentanilo y la caída en los niveles de vacunación que derivó en el retorno de enfermedades que estaban erradicadas. Frente a esas emergencias, silencio. Frente a Tapia, allanamientos.
Las SAD detrás de la cortina y un fútbol que resiste
Desde que Milei reveló su intención de abrir la puerta a las Sociedades Anónimas Deportivas, la AFA y la mayoría de los clubes afirmaron públicamente que no permitirán la privatización del fútbol argentino. Tapia, convertido en enemigo público del oficialismo, es la cara visible de esa resistencia.
El eje real del conflicto aparece entonces con nitidez: la pelea no es por Sur Finanzas, sino por el control del negocio del fútbol. Y cuando la política quiere avanzar, la Justicia suele funcionar como su ariete.
En paralelo, los allanamientos alcanzaron a Sur Finanzas tanto en su sede de Adrogué como en las oficinas donde funcionaba la empresa rebautizada Neblockchain. Las medidas fueron impulsadas desde el juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello, para secuestrar información que permita reconstruir cómo se movieron los fondos que administra el grupo investigado.
Pero más allá de los aspectos técnicos de la causa, la lectura política es inevitable. Enfrentado a un Chiqui Tapia que no se le arrodilla, Milei vuelve a encontrar en los jueces de siempre un aliado para desgastar, presionar y condicionar. No es una novedad: es un método.
