Condenaron a Federico Costich por el incendio y muerte de un hijo en Neuquén

Juan Carlos Molina, un joven salteño de 27 años, viajó a General Roca con la esperanza de conseguir empleo, pero perdió todo contacto con su familia.

La familia del Juan Carlos no recibe noticias suyas desde el pasado 25 de octubre. Su hermana Brenda contó que algunas personas aseguraron haberlo visto en un comercio del barrio Chacramonte, aunque los intentos de comunicarse por teléfono con él fueron infructuosos. La familia expresó su profunda preocupación y pide colaboración para dar con su paradero.

Molina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello oscuro y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana, o contactar directamente a la familia al 3878245177. La búsqueda continúa activa en General Roca y zonas aledañas.

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Un insólito episodio sorprendió el sábado por la tarde a los automovilistas que transitaban por la Ruta 7, a la altura de Vista Alegre, cuando la Policía recibió una alerta por un presunto accidente: un ciclista habría sido atropellado por un auto que se dio a la fuga. Minutos después, la escena resultó ser bastante distinta a lo que todos imaginaban.

Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría 49 y Tránsito Villa Obrera encontraron a un joven de 22 años tirado sobre la banquina, con raspones, la ropa sucia y una bicicleta Storm maltrecha a su lado. Dijo que volvía de comprarle un regalo a su pareja y que había sido embestido por un vehículo que no se detuvo.

Sin embargo, los efectivos comenzaron a sospechar: no había restos de plástico, marcas de frenado ni señales de impacto en la calzada. Tampoco las cámaras de seguridad registraban ningún vehículo involucrado. La escena era un misterio… hasta que algunas pistas empezaron a encajar.

Mientras el joven era atendido en el Hospital Natalio Burd —donde recibió curaciones leves y el alta médica—, los agentes notaron que su relato era confuso y su aliento, más fuerte que su versión.

Ya en el destacamento, le realizaron un test de alcoholemia, que despejó todas las dudas: tenía 2,16 gramos de alcohol en sangre, más del cuádruple del límite permitido para conducir un auto. Con ese resultado, la Policía determinó que nadie lo había atropellado: simplemente perdió el equilibrio y cayó de su bicicleta en pleno viaje de regreso.

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Marina Silva, la expolicía que llegó a juicio acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de San Luis, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de sus los chicos menores.

El veredicto fue dictado este miércoles por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

A su vez, mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— «permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada». Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, «habrían afectado su estabilidad emocional».

Luego de leer el veredicto de culpabilidad, el Tribunal dio inmediato inicio a la cesura de juicio, y condenó a la expolicía a prisión perpetua.

El caso que estremeció a San Luis

Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata.

Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa.

Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.

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El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 

“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

Redes sociales

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El pasado viernes se realizo un megaoperativo simultaneo contra el narcotráfico, que incluyó a la ciudad de Neuquén, Centenario, Añelo y Andacollo.

La Policía del Neuquén logró importantes avances en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Bajo la coordinación de la Dirección Antinarcóticos y la intervención de diversas fiscalías, se llevaron a cabo múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos resultaron en detenciones, secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos utilizados para el comercio ilegal.

En Neuquén capital, tras más de un mes y medio de investigaciones, se desarticuló una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en los barrios San Lorenzo y Z1. Los agentes allanaron tres domicilios que funcionaban como punto de venta, depósito de droga y centro de recaudación de dinero. Durante el operativo se secuestraron más de 50 gramos de cocaína, marihuana, casi un millón de pesos, dólares, armas, vehículos y diversos elementos de fraccionamiento.

En Andacollo, el personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un allanamiento nocturno con el apoyo de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial. El principal sospechoso utilizaba la modalidad “delivery” para entregar drogas en distintos puntos del pueblo y espacios públicos. En el lugar se hallaron cocaína, semillas de cannabis, balanzas, dinero y dispositivos electrónicos vinculados a la venta ilegal.

Mientras tanto, las divisiones de Centenario y Añelo culminaron investigaciones paralelas que permitieron desmantelar otros dos puntos de venta de drogas. En ambos casos, la investigación se inició gracias a denuncias ciudadanas realizadas mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida” y el código QR del Ministerio Público Fiscal. En total, se incautaron más de 90 gramos de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, motocicletas y un arma de fabricación casera.

Las autoridades provinciales destacaron la efectividad de los operativos y el rol de la comunidad en la detección temprana de estos delitos. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras los detenidos enfrentarán cargos por tráfico y comercialización de estupefacientes. Estos procedimientos refuerzan la política de tolerancia cero al narcotráfico impulsada en Neuquén, que combina investigación, tecnología y participación ciudadana para erradicar los puntos de venta en los barrios.

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Envuelto en una frazada, atado de pies y manos y con graves heridas apareció muerto un hombre en la playa, a unos 15 kilómetros al sur de Rawson. Tras el rescate y el trabajo forense, se lo identificó como un vecino del Alto Valle de Río Negro.

Una pareja de turistas que recorrían el sector de playas conocido como Caras Talladas, en la zona de Los Cangrejales, al sur de la ciudad chubutense de Rawson, identificaron el envoltorio flotando en el mar. De forma inmediata avisaron a la policía del Chubut que desplegó un gran operativo en la tarde-noche de ayer martes.

Para el rescate del agua participaron grupos especiales y una vez realizado el primer estudio por parte de los peritos forenses se identificaron heridas cortantes en varias partes del cuerpo y un fuerte golpe en la zona craneana.

Además, el cadáver presentaba ataduras en ambas manos y pies, con una envoltura realizada con una frazada.

Era de la región

A media tarde de este miércoles, la policía del Chubut realizó la identificación del cuerpo e indicó que se trata de un hombre de 38 años, residente en Villa Regina y con algunos antecedentes policiales.

En este sentido, el propio gobernador del Chubut, Ignacio Torres, indicó a los medios de prensa que la víctima (identificada con las iniciales MDG) “»había participado de una pelea con un delincuente muy conocido de Puerto Madryn».

La información recolectada hasta el momento por el fiscal actuante Leonardo Cheuqueman se orienta a un ajuste de cuentas o una pelea por diferencias en el ámbito delictivo de esa zona del Chubut.

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