Reforma laboral: el Gobierno busca calmar a la CGT

Estudiantes del CET 22 de Cipolletti emprendieron viaje hacia Entre Ríos para participar del Desafío ECO YPF, con un auto eléctrico construido íntegramente por ellos mismos.

Los alumnos del Centro de Educación Técnica (CET) N° 22 de Cipolletti partieron este miércoles hacia Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para representar a la Patagonia en el Desafío ECO YPF 2025.

Se trata de una competencia educativa y ambiental que reúne a 133 escuelas técnicas de todo el país, donde los jóvenes deben diseñar, construir y poner en pista un auto eléctrico respetando medidas, pesos y normativas fijadas por la Fundación YPF.

“Esta es la sexta vez que participamos, y cada año los chicos se superan. El karting está andando muy bien, trabajamos muchísimo en la dirección y transmisión”, explicó en AM Cumbre 1400 Darío Albani, director del CET 22 y uno de los docentes que acompaña el proyecto.

“Queríamos hacer una presentación en la escuela antes de viajar, pero no llegamos con los tiempos. Lo pudimos probar el sábado y partimos el lunes con la logística lista”, relató Albani al recordar algunos contratiempos técnicos que se transformaron en aprendizajes.

El proyecto involucra a estudiantes de quinto año, de entre 17 y 18 años, que trabajan todo el ciclo lectivo para lograr que el vehículo funcione. Cada grupo se selecciona a través de un concurso interno, lo que fomenta la participación y el compromiso.

“Los chicos no son profesionales, aprenden sobre la marcha y en equipo. Lo más valioso es cómo enfrentan los problemas: cuando algo falló, nadie buscó culpables; todos se enfocaron en resolverlo y seguir adelante”, destacó el docente.

Además, el proyecto se renueva cada año, con nuevos estudiantes que asumen el desafío y con la colaboración de quienes participaron en ediciones anteriores. “Los egresados del año pasado se acercaron a ayudar hasta el último día. Eso demuestra el sentido de pertenencia que genera esta experiencia”, agregó Albani.

Aunque el objetivo principal no es ganar, el equipo cipoleño busca dejar en alto el nombre de su escuela y su ciudad. “Vamos con expectativas muy buenas. No se trata solo de competir, sino de mostrar el trabajo y el esfuerzo colectivo”, señaló el profesor.

El evento contará con transmisión oficial a través de YouTube, tanto el sábado por la tarde como el domingo desde las 10 de la mañana, permitiendo que familiares y vecinos sigan las pruebas desde la Patagonia.

“Es una experiencia hermosa, formativa y llena de aprendizaje real. Los chicos maduran, se organizan, toman decisiones y entienden el valor del trabajo en grupo”, concluyó Albani, orgulloso del camino recorrido.

Apoyo y colaboración

Desde la escuela remarcaron la importancia del acompañamiento de empresas y comercios locales que colaboran con materiales e insumos. “Los recursos siempre son costosos, pero el apoyo de la comunidad es clave para seguir adelante”, sostuvo el docente.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con el CET 22 al 299-419-2791.

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El juez de Bariloche Ezequiel Andreani dictó la prisión preventiva por 90 días al referente y lonko mapuche, Facundo Jones Huala. Alrededor de las 17 horas será trasladado a la Unidad 6 de Rawson, a más de mil kilómetros. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el lonko como la familia Jones Huala tiene un largo historial de persecusión por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarios que explotan la Patagonia. Como explicó el medio alternativo Prosa Urgente “esta decisión de neto corte fascista se da a pocas horas de conocerse el fallo proscriptivo a Cristina Fernández de Kirchner”. Por ANRed

Facundo Jones Huala había sido detenido de forma irregular el pasado domingo. Los efectivos que lo arrestaron no presentaron orden judicial. La denuncia fue realiaza por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y se basaba la acusación por «incitación a la violencia» en palabras que el lonko había expresado durante una presentación de un libro de poesía que el propio Facundo escrito el pasado verano.

La Gremial de abogados que lleva adelante su defensa judicial ya había emitido un comunicado alertando sobre la audiencia que se realizó esta mañana y las irregularidades del proceso que hoy dicto prisión preventiva:

EN UN MARCO DE INNUMERABLES Y GRAVES IRREGULARIDADES AVANZA EL PROCESO A FACUNDO JONES HUALA, FINALMENTE, LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LA GREMIAL PUDIMOS ACCEDER A ALGUNA INFORMACIÓN (INSUFICIENTE) SOBRE LA AUDIENCIA FIJADA PARA MAÑANALA GRAVEDAD DE LA PRETENSIÓN FISCAL EN BASE A UN CÓDIGO “MODERNO”

Para que quede claro: Facundo fue detenido irregular e ilegalmente, sin orden judicial.

No se nos permitió hablar con él cuando nos llamó el oficial “de inteligencia de la Policía Federal” (sic) que era parte del grupo que lo detuvo y que nos informó de un número de causa hasta ahora inexistente y de una intervención del juez federal Andreani y la fiscal Pagano Mata.

Más de 6 horas después “apareció” una orden y más de 40 horas después, finalmente, los defensores fuimos notificados por la autoridad judicial, y en forma confusa, de los delitos que se le imputan.

También ahora nos enteramos de las cuestiones que la Fiscalía pretende tratar en esta audiencia “multipropósito”.

Mientras tanto, todas las conversaciones que Facundo tuvo con sus defensores fueron con teléfonos en altavoz y en presencia (y atenta escucha) de personal de la Policía Federal.Con lo cual afectan el derecho de privacidad entre Defensor e Imputado.

Ahora se nos informa que no está previsto el acceso por medio de videoconferencia (zoom, youtube, etc.) a todo aquel interesado en presenciar la audiencia, violando el principio de publicidad que supuestamente es uno de los ejes del Código de procedimientos vigente.

Nosotros, en cumplimiento de lo que la norma mencionada manda informamos los datos de acceso a la plataforma zoom que se nos han enviado: ID. de reunión: 833 7803 0426 / Clave de acceso: 4607.

La audiencia tiene hora de inicio prevista a las 9:00 de mañana 11 de junio.

Por último queremos destacar algo que creemos de máxima gravedad (dentro de un panorama de hechos de por sí graves): nos acabamos de enterar, como dijimos, que la Fiscalía pedirá en la audiencia de mañana que el proceso contra Facundo se desarrolla según lo previsto en el Título IV del Libro Segundo (arts. 334 a 336) del Código Procesal Penal Federal vigente.A él nos remitimos y cualquiera que lo lea podrá apreciar la gravedad de esa pretensión.

Somos conscientes que a muchos ni les interesará la suerte de Jones Huala.Algunos aplaudirán su detención.

Sepan siempre que estas barbaridades que hacen con Facundo les puede tocar a cualquiera.

Nadie se salva sólo.

El senador estadounidense Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump planea informar al Congreso sobre posibles operaciones militares contra Venezuela y Colombia, en el marco de la ofensiva impulsada por Washington contra el narcotráfico.

Según el legislador, el mandatario estadounidense considera que “ha llegado la hora de que Nicolás Maduro se vaya” y no descartó ataques terrestres como una posibilidad real.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CBS News, en momentos en que portaaviones estadounidenses arribaron al Mar Caribe para reforzar la flota ya desplegada en la región, que recientemente atacó embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Graham adelantó que Trump informará a los legisladores tras su regreso de Asia y respaldó la expansión de las operaciones “del mar a la tierra”, al considerar que el objetivo final es evitar que Venezuela y Colombia sean utilizadas para traficar drogas hacia Estados Unidos.

Ataques terrestres como una “posibilidad real”

Además, comentó su convicción acerca de que Trump decidió que “es hora de que” el líder venezolano Nicolás Maduro “se vaya”, y calificó los ataques terrestres como una “posibilidad real”.

Desde que la administración inició sus ataques a principios de septiembre, más de 30 personas murieron, bajo el argumento que se tratan de acciones de seguridad nacional. 

“El objetivo final es garantizar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar a estadounidenses”, aseguró Graham.

El senador explicó que “habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea. Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”.

Rusia responde y critica la postura de Washington

Una idea de cómo Estados Unidos puede combatir al narcotráfico fue propuesta recientemente por la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, quien sugirió que se lleve adelante una operación especial en el barrio de Manhattan, Nueva York, ya que “ahí es donde está la verdadera desgracia, porque está simplemente en todas partes”.

A propósito de Graham, el Ministerio del Interior de Rusia emitió el 23 de mayo de 2023 una orden de detención en su contra, a raíz de sus comentarios relacionados con el conflicto en Ucrania, de acuerdo con lo que en aquel momento publicó Telemundo.

La respuesta de Gustavo Petro

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Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

Un escándalo de abuso de poder sacude a la policía de Tucumán. Cuatro personas —dos agentes y dos presos— fueron detenidas, mientras que dos altos mandos fueron pasados a disponibilidad por presuntamente facilitar la salida de reclusos de la Comisaría Chusca para que trabajaran como albañiles en la casa de veraneo de una autoridad policial.

La investigación surgió gracias a denuncias anónimas que alertaron sobre la circulación inusual de personas con antecedentes penales en la localidad de El Cadillal. La investigación interna llevó a la detención de los agentes y los dos presos, y a la disponibilidad inmediata del jefe, Gustavo Beltrán, y el subjefe, Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte, ya que los condenados realizaban remodelaciones en el domicilio que pertenecía a esta mayor autoridad.

Los reos fueron trasladados al complejo penitenciario Benjamín Paz. Por su parte, los mandos policiales fueron citados a declarar y se iniciaron sumarios administrativos. El ministro de Seguridad, Agüero Gamboa, calificó el hecho como un «golpe muy fuerte para la institución», pero remarcó la firmeza en la depuración: «Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir».

El ministro de Seguridad precisó que, por decisión del gobernador, los dos efectivos involucrados directamente y los dos altos mandos de la Unidad Regional Norte fueron dados de baja de inmediato. Las autoridades judiciales continuarán con los sumarios administrativos para esclarecer el caso de corrupción dentro de la fuerza provincial.

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A pocos metros de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, en uno de los más bellos espacios con que cuenta la costa de la capital neuquina, se encuentra la Península Hiroki. Ese lugar ha recibido por parte de la municipalidad de Neuquén una serie de obras en el marco del plan del Paseo Costero y ahora se le agregó un destacamento policial.

En un trabajo articulado con el ministerio de Seguridad de la provincia, la comuna capitalina y la Policía, el nuevo destacamento policial quedó inaugurado en la jornada de este miércoles.

El nuevo edificio, construido por la municipalidad de Neuquén, está ubicado en el ingreso al área protegida donde confluyen los ríos Neuquén y Limay. El espacio cuenta además con 100 plazas de estacionamiento, destinadas a ordenar el acceso y la estadía de las más de dos mil familias que visitan la zona cada fin de semana.

Durante el acto, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pascualini, destacó que “buscamos facilitarle la vida a los neuquinos, y este trabajo conjunto hoy se ve reflejado en una acción concreta. Proyectamos seguir acompañando a las fuerzas de seguridad para desarrollar otros puntos que permitan una mayor cobertura territorial”.

“Un punto estratégico que permitirá fortalecer las tareas de prevención y control en el extenso paseo costero de la capital, que abarca más de 34 kilómetros”, destacó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Luis Sánchez, remarcó que “estamos a la altura de las circunstancias gracias al trabajo en equipo. Esta ciudad nos llena de orgullo por su desarrollo ordenado, y desde el Ministerio de Seguridad acompañamos cada uno de estos avances”.

El jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Tomás Díaz Pérez, agradeció al municipio “por sumar obras que benefician a todos los vecinos y fortalecen el trabajo preventivo que realiza diariamente la Policía en la ciudad”.

De la inauguración participaron también la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, el subjefe de la Policía, comisario general Walter San Martín, e integrantes del Consejo Asesor Superior de la Policía del Neuquén.

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