Pole de Lando Norris y puesto 16 de Colapinto para la Sprint de Brasil

El gobernador Rolando Figueroa, junto a integrantes de su gabinete, expuso este lunes ante legisladores provinciales los principales lineamientos del proyecto de presupuesto 2026, que ya se encuentra en la Legislatura para su tratamiento.

La propuesta prevé ingresos por $7,5 billones y gastos por $7,4 billones, con el objetivo de mantener el superávit fiscal, aunque con un margen menor al de este año debido a la caída del barril de petróleo, que impacta en las regalías.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, quien presentó la estructura del presupuesto, su esquema de financiamiento y el plan de obra pública previsto para el próximo año. “Buscamos mantener el equilibrio fiscal, continuar con un programa de obras ambicioso y garantizar una ecuación sostenible de las cuentas públicas”, sostuvo. Asimismo, señaló que el Ejecutivo espera el acompañamiento legislativo para avanzar con la ejecución del plan de gobierno.

El cálculo presupuestario fue elaborado según las pautas macroeconómicas del Gobierno nacional, que proyecta para 2026 una inflación del 10,1% anual y un tipo de cambio promedio de $1.423 por dólar.

Ingresos y gastos: fuerte apuesta a obra pública

El proyecto contempla ingresos corrientes por $7,5 billones. Las regalías, principalmente hidrocarburíferas, aportarán más de $2,9 billones; la recaudación provincial, $2,3 billones; y la coparticipación nacional sumará $1,2 billones, un aspecto que Neuquén sigue observando de cerca por considerar que recibe un índice más bajo en relación con otras provincias.

En línea con el criterio de austeridad planteado por Figueroa, el Gobierno provincial asignará $1,1 billones a gastos de capital, es decir, a obras e infraestructura. La cifra representa un 12% más que en el presupuesto vigente. La obra pública será uno de los ejes centrales para 2026.

Desendeudamiento: un eje destacado

Uno de los puntos mejor valorados por los legisladores fue el proceso de desendeudamiento impulsado desde el inicio de la gestión. Según se informó, la deuda provincial pasó de US$1.200 millones a US$800 millones, y las proyecciones del Ministerio de Economía estiman una reducción hasta US$400 millones en los próximos años.

Legisladores destacaron el enfoque del presupuesto

Representantes de los bloques Comunidad, MPN, Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, PRO-NCN, Juntos, Neuquén Federal y Avanzar participaron del encuentro y coincidieron en valorar la propuesta presentada.

Gabriel Álamo (MPN) calificó la reunión como “muy productiva” y anticipó el acompañamiento del bloque al proyecto: “Es una herramienta fundamental para el gobernador”.

Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) destacó que se trata de “un presupuesto robusto” y celebró que casi $1,2 billones estén destinados a infraestructura. También remarcó el proceso de desendeudamiento y consideró que la relación entre el endeudamiento y el presupuesto será “prácticamente insignificante”.

Ernesto Novoa (Comunidad) también valoró el encuentro y la claridad de la información brindada. “Es muy importante el acompañamiento cuando ponemos primero a la provincia”, afirmó. Subrayó además el orden de las cuentas públicas, el nivel de previsibilidad y la confianza de los inversores: “El panorama es muy auspicioso”.

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La audiencia en el jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach se reanudó hoy, tras haber sido suspendida la semana pasada. El proceso judicial busca determinar su responsabilidad en el escándalo del documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, causa en la que también participaron los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes declararán en esta nueva jornada.

La audiencia, que debió realizarse el viernes 7 de noviembre, pero fue suspendida por un corte de luz en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en 7 y 49 en La Plata, y se retomó hoy. Durante la jornada, los magistrados Di Tomasso y Savarino —exintegrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro junto a Makintach— relatarán los movimientos de la jueza dentro del tribunal y su rol como vocal en aquel debate.

El “as” bajo la manga de la defensa

En su defensa, Makintach planea presentar conversaciones con sus colegas para demostrar que ambos tenían conocimiento del documental que provocó la nulidad del juicio.

No obstante, la jueza Makintach, tiene “un as bajo la manga” y es mostrar conversaciones que ella mantuvo con sus colegas, en las que se demostraría que ambos sabían del documental, por lo que también deberían ser juzgados.

En uno de los chats del grupo la acusada los tranquilizó sobre las imágenes que se iban a registrar dentro de la sala: “se queden tranquilos… desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero… le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna».

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La Policía de la Provincia de Neuquén emitió este sábado una Alerta Nati para localizar a Katherin Sofía Pepe, de Zapala.

La adolescente de 16 años que se encuentra desaparecida en la ciudad de Zapala y se desconoce su ubicación desde hace varias horas. Su familia y las autoridades perdieron contacto con ella y, ante la preocupación por su paradero, se activó el protocolo provincial de búsqueda. La difusión del caso se extendió rápidamente a toda la comunidad para ampliar el alcance de la alerta.

Katherin mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura delgada, tez blanca y ojos claros. Además, posee cabello castaño oscuro y lacio. Se indicó la vestimenta que podría llevar la adolescente al momento de desaparecer. Según el reporte policial, vestiría un pulóver gris, un pantalón de jean del mismo color y zapatillas negras marca Puma.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada de inmediato a los canales oficiales. La comunidad puede contactar a la Fiscalía de Zapala o a la Comisaría del Menor y la Mujer al teléfono (2942) 422309. Desde el Ministerio Público y la Policía recalcan que la colaboración ciudadana es esencial para hallar a la joven lo antes posible y garantizar su seguridad.

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El Gobierno de Javier Milei acelera su plan de privatizaciones luego del resultado electoral de octubre, con el objetivo de que el sector privado asuma el control de servicios estratégicos en transporte y energía. El primer paso se concreta este mes con la concesión de la ruta del Mercosur, proceso que ya recibió siete ofertas y que tendrá preadjudicación antes de dos semanas, según estiman en Economía.

El ministro Luis Caputo aseguró que el modelo implicará mayor inversión y eficiencia: “El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, resaltó al difundirse el interés de las empresas oferentes.

A la par, el 7 de noviembre se conocerán las propuestas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, con una expectativa de recaudación estatal de entre US$500 millones y US$700 millones. Entre los actuales operadores que presentarían ofertas figuran AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados).

El Gobierno planea además, para lo que resta de 2025, la segunda etapa de licitación de rutas nacionales hoy bajo la órbita de Corredores Viales, abarcando más de 4.400 kilómetros, incluidos accesos a los puertos del Paraná. Una tercera fase, con la ruta 9 como uno de los ejes, quedaría para comienzos de 2026.

Las empresas que se preparan para una posible venta

El Ejecutivo trabaja en el envío al nuevo Congreso de un listado con empresas que podrían privatizarse total o parcialmente, como parte de la “segunda ola” de reformas.

Entre las firmas con procesos ya en marcha o en preparación se destacan:

• Enarsa, cuyo programa de venta avanzará “por unidades”, comenzando con las represas del Comahue.
• Transener, donde se prevé la venta antes de febrero de las acciones estatales.
• Aysa, en etapa de valuación para definir las condiciones de una futura privatización mayoritaria vía Bolsa.
• Belgrano Cargas, con llamado a licitación previsto entre fines de noviembre y principios de diciembre.
• Hidrovía, cuya adjudicación se proyecta para fin de año.
• Nucleoeléctrica, con avance hacia una privatización parcial en 2026.

En despachos oficiales también ya se analizan empresas que quedaron fuera de la Ley Bases aprobada en 2024, como Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, que podrían incorporarse más adelante al plan.

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Lo definieron la Comisión Interna y la filial bonaerense del Sindicato de Alimentación. Hasta ahora Molinos Río de La Plata notificó 10 nuevos despidos y, según los trabajadores, se enmarcan en un plan de cesantías y precarización laboral. La medida se sostendrá por tiempo indeterminado. «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalización», denuncian. Por Infogremiales.

Los trabajadores de Molinos Río de la Plata, junto a la Comisión Interna y la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires, iniciaron anoche un paro por tiempo indeterminado ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora. Esta mañana, la empresa despidió a otros cuatro trabajadores.

«Se trata, como lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de un plan de cesantías y precarización laboral de la empresa que ahora se termina concretando con estos ilegales despidos», explicaron.

Y añadieron: «Todo comenzó anoche cuando cuatro trabajadores estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde. Los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos».

La Comisión Interna, junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires, realizó una asamblea en la que se aprobó el paro convocado por el gremio a partir del turno noche. El paro que se ratificó en la asamblea del turno mañana. La medida de fuerza es reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos, cese de más despidos, y por condiciones dignas y seguras de trabajo ante la ilegal reducción de dotación de personal ejecutada por la empresa.

«Los despidos se dan pocas horas antes de la cuarta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ante la denuncia que realizamos junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires de que había en marcha un proceso de despidos planificado. Ese proceso, que comenzó el 26 de mayo, fue dejando a la planta con dotaciones de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la cantidad mínima en cada una de las máquinas, lo que genera situaciones de riesgo para la salud de las y los operarios», remarcaron.

Y añadieron: «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalizacion, imponiendo la precarización laboral para producir, afectando la salud y la seguridad del resto de las y los trabajadores, ignorando deliberadamente las intimaciones de los representantes de los trabajadores en el Comité Mixto de Seguridad e Higiene que está constituido en la planta».

Vale recordar que el 23 de mayo pasado, la comisión interna ya había denunciado públicamente que la empresa de los Pérez Companc -una de las 4 familias más ricas del país, según la revista Forbes- estaba realizando reuniones de forma irregular con los y las trabajadoras en la que les planteaba que si no aceptaban rebajas salariales y trabajar con dotaciones por debajo de las recomendadas por el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, iban a haber despidos.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/despidos-masivos-y-paro-por-tiempo-indeterminado-en-molinos-rio-de-la-plata-no-solo-estan-despidiendo-ilegalmente-estan-ejecutando-un-proceso-de-desindicalizacion/

Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/