Les pidió $90 mil para casarlos: acusaron a una empleada de Neuquén

Les pidió $90 mil para casarlos: acusaron a una empleada de Neuquén

 

Una empleada del Registro Civil de Neuquén fue acusada de pedir 90 mil pesos para realizar el casamiento de una pareja, en el mes de enero de este año. El Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino informó que, además, la mujer omitió datos importantes en otro casamiento civil.

Se informó oficialmente que el asistente letrado Facundo Bernat formuló cargos a una mujer, empleada de Registro Civil, por haber solicitado dinero a una pareja para tramitar un casamiento y por haber incluido datos falsos en el acta correspondiente.

De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada abusó de sus funciones como oficial pública y pidió una contribución indebida de $90 mil a un ciudadano, bajo el argumento de que el sellado abonado no se correspondía con el trámite de matrimonio. La suma fue transferida a una cuenta personal de la imputada mediante la aplicación MercadoPago.

El segundo hecho tuvo lugar el 11 de enero de 2025, cuando al confeccionar el acta de matrimonio omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio. Tampoco indicó los nombres de los cuatro testigos exigidos por la normativa vigente.

Bernat atribuyó a la empleada del Registro Civil los delitos de exacciones ilegales agravadas y de falsedad ideológica, en concurso real y en carácter de autora (artículos 266, 268, 293, 45 y 55 del Código Penal).

La jueza de garantías Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de investigación de tres meses. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado un plazo de dos meses para culminar la investigación. La defensa de la imputada pidió extenderlo a tres meses, teniendo en cuenta la próxima feria judicial y la necesidad de llevar adelante su propia investigación.

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Detuvieron a un hombre por “amenazar” a Milei: sólo le encontraron libros del Che Guevara

     

    La excusa del Gobierno y sus aliados judiciales es que el hombre ejerció “intimidación pública” a través de un tuit. Pero ocultan el supuesto posteo y la identidad del detenido. Sólo hay “pruebas” de que lee libros. Escandaloso. Si Milei fuera juzgado por intimidar vía X, ¿qué pena le cabría? Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).


    Según la escueta información oficial difundida por medios afines a La Libertad Avanza, este jueves por la noche un hombre de 37 años fue detenido en el partido bonaerense de Berazategui, acusado de supuestamente “amenazar” al presidente Javier Milei a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

    La versión dice que la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires “investigó” supuestas amenazas virtuales contra Milei y pudo dar con el paradero de su autor, al que finalmente ubicaron en una vivienda de la calle Vergara de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires.

    La causa se tramita en Comodoro Py, más precisamente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que conduce el juez Ariel Lijo, quien viene de fracasar en su intento de alcanzar la cúspide judicial como miembro de la Corte Suprema. Para lograr la detención del imputado también intervino el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella. El cargo contra el detenido, siempre según la información difundida por las huestes de Patricia Bullrich, es por “intimidación pública” y el hombre quedó detenido (aunque no incomunicado).

    ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

    Hay una regla básica del periodismo conocida como Las 5 W: toda noticia debe responder a las preguntas ¿qué? (de qué hecho se trata), ¿quién? (protagonistas), ¿dónde? (lugar del hecho), ¿cuándo? (en qué momento pasó) y ¿por qué? (causas concretas que llevaron al hecho). Las W hacen referencia a esas preguntas en inglés.

    En Argentina y el mundo ya es normal que las corporaciones dedicadas a la información y el entretenimiento ni se preocupen por responder con certeza a esas preguntas elementales. Ni siquiera apelan a compartir la incertidumbre con sus audiencias cuando las respuestas son esquivas. En este caso, se repite la historia.

    En una (nueva) muestra de precariedad periodística y apología de la represión a la disidencia que encara La Libertad Avanza, empresas como Clarín Infobae difundieron la versión prearmada por el Ministerio de “Seguridad Nacional”, sin siquiera hacerse preguntas básicas como cuál fue la supuesta amenaza del usuario de X contra Milei que habría “justificado” su detención.

    ¿Qué amenaza realizó el hombre de 37 años contra Milei? Hasta ahora ninguna fuente oficial lo dijo. Alcanzaría con compartir una captura del posteo en cuestión, pero ni siquiera eso.

    ¿Quién es el detenido? Sólo lo saben sus perseguidores, aunque es mayor de edad y el hecho por el que se lo acusa (un posteo en redes sociales) es demasiado menor como para pretender ocultar su identidad.

    ¿Cuándo y en qué contexto cometió esa supuesta “intimidación pública”? Nada por aquí, nada por allá.

    Persecusión política

    De lo que sí se ocuparon las “fuentes” oficiales es de difundir qué “elementos de interés para la investigación” fueron secuestrados en el domicilio donde se detuvo al acusado. Sin dudas, habría sobradas pruebas de que el hombre lee. Y no sólo eso, sino que entre sus lecturas favoritas están los libros de Ernesto “Che” Guevara. Un sujeto muy peligroso.

    Además de los libros del “zurdo”, se mostraron otras evidencias de la “criminalidad” del imputado: un teléfono celular, dos CPU y una notebook . Y se difundió un video del momento de la detención, donde se ve un amplio despliegue policial y el rostro del hombre está bruleado para que nadie lo pueda reconocer.

    La puesta en escena sería para coleccionar memes si no significara una amenaza directa de parte de las más altas esferas del Estado a libertades democráticas elementales. No sólo es un ataque a la libertad de expresión de un usuario de redes sociales, sino que se avanza más aún en la persecución a quien no piensa como el Gobierno y sus cómplices desean.

    La denuncia por “intimidación pública” está motorizada por Patricia Bullrich, quien parece estar más abocada a armar causas penales sin pruebas contra ciudadanas y ciudadanos que opinan por redes sociales o en las calles, que a terminar con el narcotráfico o la trata de personas.

    La misma figura de “intimidación pública” la usó este gobierno el año pasado, vía el fiscal federal Carlos Stornelli, para acusar a 33 personas detenidas arbitrariamente durante una manifestación frente al Congreso en repudio a la Ley Bases. Al poco tiempo, todos fueron sobreseídos y hasta la jueza María Servini le sugirió al fiscal bullrichista que investigue seriamente.

    Algo similar pasó en marzo de este año con decenas de detenidos en una de las regulares protestas de jubiladas y jubilados, también frente al Congreso. En aquella represión la Gendarmería de Bullrich intentó matar al joven fotorreportero Pablo Grillo. Este diario relató el caso de uno de los detenidos, el médico psiquiatra Alejandro Todaro, profesional del Hospital Bonaparte, a quien la ministra y sus secuaces acusaron de “barrabrava” para justificar su detención e imputación. Siempre sin la más mínima prueba, claro.

    Hay que pararles la mano

    A la ministra de “seguridad” le exita armar shows mediáticos, cargando todo el peso represivo del Estado con detenciones y causa penales contra quienes supuestamente “intimidan” al poder o, incluso, cometen actos rayanos con el “terrorismo”.

    En 2017, cuando ocupaba el mismo sillón ministerial, Bullrich mandó a detener a un joven que había difundido por Twitter un cantito de cancha muy entonado por entonces, que decía “(Mauricio) Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”. Mientras se ocupaba de esas persecusiones, bancaba a los criminales de uniforme que acabaron con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

    En 2024, cuando apenas llevaba un mes como ministra de Milei, la funcionaria mandó a detener a tres hombres en el marco de una “investigación” contra una supuesta “célula terrorista” que buscaba “atentar” contra edificios de la comunidad judía en Buenos Aires. A los pocos días fueron quedaron libres de culpa y cargo. No sólo no tenían nada que ver con algo de tamaña envergadura, sino que ni siquiera se conocían entre ellos.

    Son sólo algunos ejemplos de las burradas protagonizadas por Patricia Bullrich y sus falderos del Ministerio, como el mediocre abogado Fernando Soto. Pero no por bizarros dejan de ser peligrosos. Quien ejerce una verdadera “intimidación pública” permanente e impune es el propio Gobierno. Y sus víctimas, potencialmente, somos los millones que opinamos contra sus políticas de ajuste, hambre y miseria.

    Si expresarse libremente por las redes sociales fuera un delito merecedor de la condena implacable de la “Justicia”, ¿entonces qué pena les cabría a Javier Milei y su cohorte de trolls liberfachos, dedicados minuto a minuto a lanzar odioamenazas y demás ataques contra todo aquello que les molesta, lo que incluye el aval a las agresiones físicas protagonizadas por sus seguidores? De mínima, perpetua.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Detuvieron-a-un-hombre-por-amenazar-a-Milei-solo-le-encontraron-libros-del-Che-Guevara

     

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  • Censura en el Mundial de Clubes: FIFA elimina imágenes de futbolistas que apoyan a Palestina

     

    La FIFA fue objeto de críticas luego de eliminar imágenes promocionales de jugadores del Al Ahly que expresaron su apoyo a Palestina durante el Mundial de Clubes 2025. Mientras se vivieron expresiones en las tribunas apoyando a Gaza contra el genocidio que ya se cobró solo oficialmente 55 mil vidas. Por ANRed.


    La controversia estalló antes del partido inaugural del Mundial de Clubes entre Al Ahly e Inter Miami antes del 15 de junio. La FIFA eliminó de sus plataformas una imagen promocional del mediocampista egipcio Hussein El Shahat. En la foto, el jugador aparecía con una pulsera que decía «Palestina Libre», en señal de apoyo a la causa palestina.

    La denuncia fue realizada por la periodista Leyla Hamed a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde afirmó que el organismo rector del fútbol mundial censuró la imagen por motivos políticos. En el sitio web oficial de la FIFA, la imagen de El Shahat fue sustituida, y durante las entrevistas oficiales ya no portaba la pulsera.

    Pero no fue el único caso. También el delantero palestino/danes, Wessam Abou Ali, autor de tres goles en el empate 4-4 ante el Porto, fue objeto de una medida similar. Según reportes, la FIFA eliminó su foto de presentación por llevar el mismo brazalete. En respuesta, el jugador celebró uno de sus goles señalando su muñeca y en otro posó con las manos en la espalda, emulando la figura de Handala, símbolo de la resistencia palestina.

    Wessam Abou Ali, celebra uno de sus goles imitando a Handala.

    Abou Ali, que forma parte del seleccionado palestino, hizo historia al convertirse en el segundo futbolista —después de Pelé— en anotar tres goles en un partido intercontinental. Sin embargo, su gesto solidario también fue invisibilizado por los canales oficiales del torneo.

    En el campo, Al Ahly dominó a Inter Miami en el debut del certamen, aunque el encuentro terminó sin goles (0-0). El equipo egipcio tuvo varias ocasiones claras, un gol anulado por fuera de juego y un penalti desperdiciado por Trezeguet.

    La censura por parte de la FIFA ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión de los futbolistas en escenarios internacionales. Mientras el ente rector no ha emitido comentarios oficiales.

    En las Tribunas

    Durante el segundo tiempo del partido entre Seattle Sounders y París Saint-Germain por el Mundial de Clubes, el estadio Lumen Field fue escenario no solo de fútbol, sino también de solidaridad con Palestina.

    Desde la cabecera sur, un grupo de aficionados locales desplegó varias banderas palestinas en apoyo a la resistencias contra el genocidio en curso, visibilizando su mensaje ante millones de espectadores en todo el mundo. En una ciudad como Seattle, conocida por su espíritu activista (inició del movimiento anti-globalización), el gesto no sorprendió: la hinchada de los Sounders, una de las más intensas y politizadas de Estados Unidos, volvió a convertir la tribuna en una plataforma de expresión social, llevando la protesta al certamen internacional.

    link.

    El repudio a la Conmebol por incorporar a Israel

    Mientras tanto en Sudamérica hay un creciente cuestionamiento a la Conmebol, que de manera secreta impuso un acuerdo que permitiría al seleccionado de Israel de ser invitado a jugar la Copa América.

    «Mientras Israel destruye estadios y mutila futbolistas palestines, la Conmebol lo invita a la Copa América», dice un comunicado de repudio publicado por el  Movimiento BDS y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que recientemente difundió un video alertando y pidiendo la cancelación de dicho acuerdo.

     

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  • Lanzan campaña para impulsar Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria

     

    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.


    La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

    También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

    Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

    ▶ Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

    ▶ Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

    ▶ Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

    Foto: La Capital.

    ▶ Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

    ▶ Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

    Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

    ▶ Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

    ▶ Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

    Leer el proyecto completo

     

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  • Con escaso margen y un desempate de Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó la ley de reelecciones indefinidas

     

    Tras un empate de 22 votos a favor y 22 en contra (con una abstención), con el desempate de la titular del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó anoche un proyecto que habilita la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Los intendentes quedaron excluidos. La polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y de los «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del peronismo hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense. Por ANRed.


    Finalmente, anoche el Senado bonaerense votó la ley de reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares (con la exclusión de los intendentes). El resultado fue un empate en 22 votos a favor y 22 en contra, con una abstención.

    En ese marco, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, desempató a favor de la iniciativa y así se sancionó la ley: «a diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, dijo Magario, comparando el momento con el recordado «voto no positivo» de Julio Cobos en el Senado nacional en 2008, durante el conflicto entre el kirchnerismo y sectores del campo por las retenciones.

    Los alineamientos reflejaron la fragmentación interna: la polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura.

    Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del bloque de Unión por la Patria hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador.

    «Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: NO CUENTEN CONMIGO. Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto. No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas: la ley para garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo; la ley de protección de los territorios periurbanos productivos de alimentos; la ley que crea el régimen de protección integral para repartidores y choferes de moto asociados a plataformas digitales; la ley de marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria; la ley de protección de la fauna autóctona; y la ley de centros socioeducativos Entre otras. No se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales. Siempre vamos a estar del mismo lado: trabajando donde más se nos necesita, con convicción y con amor por nuestro pueblo», había anticipado en su cuenta de X Fagioli.

    Por su parte, Vannelli, a pesar de que rechazó la votación, dio quórum para que la sesión se llevara a cabo. Ese gesto fue celebrado por referentes de su espacio, el massista Frente Renovador. Así, la ajustadísima votación reflejó la falta de cohesión dentro del oficialismo, que sufrió una ausencia clave y un voto negativo.

    En tanto, Malena Galmarini, figura del massismo y referente de la renovación política, lanzó una crítica irónica contra quienes promueven la reelección indefinida: «atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por la cerradura a ver si llueve del lado de afuera», ironizó, con una metáfora climática muy oportuna para el inicio del invierno.

    Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense.

     

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  • Una oficial de la Federal se defendió a los tiros del ataque de su expareja

     

    Una oficial de la Policía Federal mató de dos tiros a su expareja, quien tenía denuncias por violencia de género y una restricción de acercamiento e intentó agredirla en un departamento del barrio porteño de Caballito.

    Fuentes policiales informaron que efectivos de la Comisaría Vecinal 6B acudieron al inmueble de la calle Cachimayo al 100 luego de recibir un llamado al 911 que advertía sobre una mujer herida de bala en el muslo izquierdo.

    Una vez en el interior del lugar, los uniformados encontraron al hombre fallecido con dos disparos en el pecho junto a una pistola Bersa.

    A su vez, las hijas del victimario y la damnificada, dos niñas de 4 y 6 años, fueron halladas ilesas en una habitación.

    Los investigadores constataron que el atacante, un ciudadano de nacionalidad paraguaya de 36 años, poseía antecedentes por violencia de género y una restricción de acercamiento vigente.

    La agente, integrante de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina, había logrado separarse de su ex novio y mudarse a la vivienda hace seis meses.

    Personal del SAME determinó su traslado al Hospital Durand, al tiempo que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 8 intervino en el caso y la División Homicidios quedó a cargo de las pesquisas.

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