Tenían todo cerrado con Milei. Reuniones en Casa Rosada, promesas de libre mercado, hasta borradores de memorandos para explotar tierras raras y uranio. Pero obviaron un pequeño detalle: no era la ventanilla correcta. Las empresas norteamericanas descubrieron que los recursos mineros no son de la Nación, sino propiedad de las provincias y para que las cosas pasen es necesario sentarse con los gobernadores.
El oro gris del futuro -las tierras raras- y el uranio, como todo el subsuelo pertenecen a las provincias en las que están ubicados los yacimientos. Y cada provincia es un mundo, con su propia burocracia, que puede convertir el entusiasmo inversor en una larga sobremesa sin postre.
La raíz del problema está en la reforma constitucional de 1994. Fue Carlos Menem quien entregó la propiedad del subsuelo a las provincias a cambio de los votos que le aseguraron la reelección. Desde entonces, el Estado nacional perdió la potestad directa sobre los minerales, el gas y el petróleo. La herencia menemista sigue viva: ningún presidente puede autorizar por sí solo la explotación de un recurso natural sin pasar por las provincias.
LPO pudo confirmar que al menos en un caso, se acercaron al país inversores de Estados Unidos interesados en el uranio y después de dos meses de reuniones se chocaron con una pared. «Los derrotó la burocracia provincial», comentó con humor un intermediario que ahora intenta guiarlos en el proceso.
Son cinco las provincias donde están los yacimientos que interesan a Estados Unidos. Catamarca, gobernada por Raúl Jalil del peronismo; Neuquén, territorio del Movimiento Popular Neuquino bajo el mando de Rolando Figueroa; Río Negro, donde manda Alberto Weretilneck del partido provincial Juntos Somos Río Negro; La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela también peronista, que impulsa un modelo estatal-asociativo para explotar el uranio y San Juan, donde gobierna el ex macrista Marcelo Orrego.
Son cinco las provincias donde están los yacimientos que interesan a Estados Unidos: Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén y San Juan.
Mientras Milei habla de atraer inversiones, en la práctica cualquier empresa que quiera excavar tiene que atravesar un laberinto legal y político. Las provincias defienden su autonomía. Lo reconocen en privado funcionarios del gobierno: «No hay marco nacional, no hay ventanilla única».
Chile ofrece el contraste más claro. La minería depende del Estado central. Codelco, la estatal chilena, actúa como garante y socia de grandes proyectos privados. En Argentina, en cambio, un mismo inversor puede pasar tres años tramitando un permiso ambiental en una provincia.
El caso de las tierras raras es paradigmático: la Argentina posee al menos 190.000 toneladas identificadas que podrían convertirla en un actor clave del mercado global.
Las tierras raras son 17 elementos químicos, como el neodimio o el lantano, presentes en pequeñas concentraciones y difíciles de separar. Su valor no está en el brillo, sino en su función: permiten imanes ultra potentes para motores eléctricos, son esenciales para todo el ecosistema tecnológico militar y para casi cualquier dispositivo digital. Si el mundo se está electrificando y digitalizando, estos minerales son el aceite invisible de esa maquinaria.
Son imprescindibles porque sin ellos no hay autos eléctricos, no hay drones militares ni radares, no hay satélites de comunicación, ni iPhone, ni chips de IA. La pelea por la supremacía tecnológica depende del control de ese insumo básico.
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Desde el gobierno de Jorge Macri aumenta la presión a sindicatos, directivos y docentes para implementar una medida inconsulta, que oculta un trasfondo que busca no salir a la luz, y que acá te contamos en exclusiva.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Desde hace unos meses, prácticamente en solitario, el sindicato docente Ademys salió a hacer frente a una directiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, bajo el manto de una mejora en el servicio de liquidación de haberes, parece ocultar un persecución hacia un gremio atomizado que parece incapaz de mantener un postura firme ante un nuevo avasallamiento que se suma a la polémica nueva «reforma educativa», BA Aprende, que viene a pauperizar aún más a la educación secundaria porteña.
«Desde que el gobierno comenzó con el intento de imponer la huella dactilar para acreditar el presentismo docente y no docente, el rechazo en las escuelas fue contundente. Es así, que el Gobierno ha llevado adelante todo tipo de amenazas a la docencia y a Ademys por organizar el rechazo y no deja de enviar comunicados donde intenta intimidar ya sea por los canales oficiales o a través de supervisiones o conducciones que se prestan a tal fin. También, algunos sindicatos orientan a sus afilidxs que “pongan la huella porque les pueden descontar” o “no se puede hacer nada”» -señalan desde Ademys-. Y agregan-: «El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin».
Sin respuestas a la Legislatura
Desde Noticias La Insuperable nos proponemos dar luz sobre una medida oculta bajo siete llaves, que ha llevado al gobierno que encabeza Jorge Macri a desoír los pedidos de informes emanados desde la Legislatura que buscan respuestas ante una medida compulsiva, inconsulta, y que huele más a negociado que otra cosa. Tras casi 20 años en el gobierno, el PRO se ha acostumbrado, lamentablemente, a gobernar sin dar explicaciones
Las preguntas de los legisladores que han quedado en el vacío, más allá del costo operativo, equiparan la implementación con la desastrosa tercerización en el sistema de licencias médicas del personal docente y municipal de la Ciudad que fue privatizado y, que desde su puesta en funcionamiento, no ha traído nada más que problemas para los trabajadores así como errores en las liquidaciones, duplicaciones de haberes y descuentos salariales compulsivos.
«Se utilizan cifras millonarias del presupuesto en estos negociados, mientras los salarios del personal docente por cargo se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, y se sigue sin invertir los recursos necesarios para responder las problemáticas de infraestructura en escuelas que cada vez que llueve se inundan o tienen filtraciones, colegios que se cayeron techos o con problemas en las instalaciones eléctricas, falta de calefacción y sistema de refrigeración adecuado, o tienen ratas y plagas, y no cuentan con los recursos y el equipamiento necesario para el dictado de clases adecuadamente«, detalla uno de los pedidos presentados, en este caso por la docente y legisladora Mercedes Trimarchi.
Si bien desde el gobierno no se explica nada, acá sacaremos a la luz un proyecto del ministerio de Educación que encabeza Mercedes Miguel, que no contenta con implementar una reforma educativa que parece tener por objetivo bajar la calidad académica, lanza una licitación digitada que, además de oler a negocios de amigos, deja a las claras el poco conocimiento que tienen las autoridades sobre el funcionamiento de las escuelas porteñas y que parece querer perseguir docentes, dejando además una puerta abierta a la exposición de los datos del personal.
Los ruidos
Para llevar adelante el control, el gobierno porteño lanzó adelante una licitación que prevé la apertura de sobres para el cinco de diciembre de este año, a fin de realizar durante el receso todas las instalaciones técnicas pertinentes en los establecimientos educativos porteños e iniciar 2026 con la implementación.
«La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectúa la presente contratación para la adquisición de relojes de control biométrico y el software necesario para su funcionamiento, administración y monitoreo, mediante el mecanismo de orden de compra abierta, con destino principal a establecimientos educativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires«, indica el pliego de especificaciones técnicas.
Y a continuación ya empiezan «los ruidos»: lo que parecería una licitación amplia y transparente de golpe se ve limitada a poquísimos. Y es que solo se aceptarán productos de una marca determinada. El artículo comienza diciendo: «Los equipos a proveer deberán ser relojes de control biométrico marca ZKTeco, nuevos, originales de fábrica y de primera calidad». Sólo ZKTeco; ningún otro.
Los chinos
ZKTeco es una empresa china especializada en soluciones biométricas y de seguridad. Se dedica al desarrollo y fabricación de tecnologías de identificación biométrica: huellas dactilares, reconocimiento facial, reconocimiento del iris, lectura de venas, etc. El pliego de especificaciones técnicas indica las dos primeras (huellas y reconocimiento facial) como los medios pertinentes de identificación para docentes y no docentes. Además la empresa, en sus servicios, integra software para administrar estos sistemas: plataformas de gestión, control centralizado, conectividad con sistemas empresariales, etc.
Fundada en 1998, ZKTeco es una compañía que cotiza en la Bolsa de Shenzhen (China). El capital mayoritario de la compañía está en manos de un chino del que poco se sabe: Quanhong Che, quien según SimplyWall posee el 53% de la empresa.
En junio de 2024, Kaspersky publicó un informe en el que identificó 24 vulnerabilidades críticas en terminales híbridos biométricos de ZKTeco, como por ejemplo, Inyección SQL (SQL injection), que permitiría a un atacante insertar código malicioso en la base de datos, hacerse pasar por otro usuario, etc.; lectura arbitraria de archivos que podría exponer datos sensibles de biometría y contraseñas; permitir escribir archivos arbitrarios, ejecutar comandos maliciosos o instalar “backdoors” mediante exploits en estos dispositivos, etc. Un marca señalada como expertos por su vulnerabilidad es la que eligió el gobierno porteño «a dedo» para administrar datos sensibles de sus trabajadores.
Medios relevantes en la materia, como The Hacker News, publicaron análisis y advertencias sobre cómo esas vulnerabilidades podrían permitir a un atacante comprometer edificios, instalaciones críticas o datos sensibles si los dispositivos no estuvieran parcheados o correctamente configurados.
En Argentina
En nuestro país, ZKTECO ARGENTINA S.A. fue fundada en 2012 por el empresario Marcelo Alfredo Sosa y la octogenaria Norma Gloria Lenguita, a su vez referente en el Consejo Profesional de Trabajo Social CABA (también llamado “Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”), entidad colegiada que regula, representa y fiscaliza el ejercicio profesional del Trabajo Social en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos componían el Directorio de la firma.
En momentos en que el gobierno porteño empezaba a garabatear el proceso licitatorio, en abril de este año, Sosa renunció a la presidencia del Directorio y fue reemplazado por un tal Mei ZHOU, de la que nada se sabe más allá de su declarada residencia en el belgranero Barrio Chino sobre la calle 11 de septiembre.
El pliego de bases y condiciones para la Licitación se publicó a fines del mes de agosto. El plazo de otorgamiento es de 12 meses, pudiendo la autoridad (el gobierno) renovarlo sin más y establece una cantidad total de 800 Dispositivos de Control Biométrico más el Software.
Según establece la RESOLUCIÓN N.º 2117/SSGRH/25 el monto estimado es «de Pesos Trescientos Sesenta y Dos Millones ($ 362.000.000)«.
Como señalan desde Ademys, «destinan dinero para empresas amigas, mientras le ponen un cepo al salario docente que pierde día a día frente al avance del alza en los precios«.
13 personas recibieron el viernes los certificados tras haber culminado las capacitaciones brindadas por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina. En esta oportunidad, se trató del curso de auxiliar administrativo contable y se entregó doble certificación a 9 de ellos por haber realizado el curso de Inglés I y atención al…
