Daniel Angelici desembarcó con todo en el gobierno porteño. El Tano se quedó con la Secretaría Orden e Higiene, que controla el contrato de la basura, el más caro de toda la Ciudad. Además, como Hernán Lombardi asumiría como legislador porteño, el empresario designaría a Christian Gribaudo en Desarrollo Económico.
El Tano sumó poder en el gobierno porteño tras la derrota de mayo, cuando el PRO quedó tercero por detrás de los libertarios y del peronismo por primera vez desde 2007.
Angelici comenzó a ocupar espacios que habían quedado a la deriva tras la salida de Néstor Grindetti, como fue el caso de la relación del gobierno con la Legislatura.
Pero el Tano se quedó con uno de los cargos más codiciados del distrito. Hizo nombrar a Pedro Martín Comin Villanueva en Orden e Higiene. Esa secretaría maneja el contrato de la recolección de basura, que insume 764 mil millones de pesos por año del presupuesto porteño, más del 8% del total.
Comin Villanueva había sido el segundo de la Agencia de Bienes durante la presidencia de Mauricio Macri por detrás de Ramón Lanús.
Además, en el futuro, Angelici espera que Lombardi asuma como legislador porteño para nombrar en su lugar a Christian Gribaudo. Se había especulado con que ni Alonso ni Lombardi juraran como legisladores para que el corrimiento beneficiara a Lautaro García Batallán y a Lorena Bracci, vinculadas al Tano.
Es positivo el reconocimiento de la situación por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) Carlos Rosenkratz, también que sea prioritario en su discurso de apertura, pero eso es solo el primer paso, después siempre hay un hiato, una ruptura espaciotemporal entre el diagnóstico de la situación y el…
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El Gobierno formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El Decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional.
Un paso más en la entrega de recursos estratégicos
La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, deja al Estado con el 51% del capital accionario —a través de la Secretaría de Energía y la CNEA— y un 5% destinado a trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
Nucleoeléctrica fue creada en 1994 mediante el Decreto 1540/94, asumiendo la generación de energía en Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Su rol siempre fue estratégico: garantizar la soberanía energética y mantener bajo control estatal el manejo de la energía nuclear, un recurso sensible no solo por razones económicas sino también de seguridad nacional.
La lógica privatizadora de Milei
El decreto justifica la medida con los mismos argumentos que en los ’90: la supuesta “ineficiencia estatal” y la necesidad de “incorporar capitales privados”. El texto afirma que la intervención del Estado “no ha dado los resultados esperados”, desconociendo que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de más de 10.4 millones de MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia en términos internacionales.
Pese a esa performance, el Gobierno insiste en que es necesario privatizar parte de la compañía para “diversificar riesgos” y “fortalecer su gestión”, abriendo las puertas a capitales nacionales y extranjeros en un sector clave de la matriz energética.
Riesgos de perder soberanía
El avance privatizador sobre Nucleoeléctrica se suma a la ofensiva de Milei contra Empresas públicas estratégicas en áreas como energía, comunicaciones y transporte. La decisión no es neutra: mientras se transfieren recursos vitales al mercado, se compromete la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado de definir su política energética a largo plazo.
La energía nuclear no es un rubro cualquiera. Atucha y Embalse no solo garantizan suministro eléctrico a millones de hogares, sino que forman parte de un entramado científico y tecnológico que costó décadas de inversión pública. Entregar acciones a privados significa exponer información, decisiones operativas y proyectos estratégicos a intereses ajenos al país.
En la década del ’90, bajo el menemismo, ya se había declarado sujeta a privatización la generación nucleoeléctrica. Sin embargo, las resistencias políticas y sociales impidieron que se concretara por completo. Con la llegada de los gobiernos kirchneristas, se retomaron obras paralizadas y se reimpulsó el sector nuclear argentino como ejemplo de política de desarrollo con autonomía.
Hoy, Milei intenta retomar el libreto noventista: abrir al capital privado incluso aquellas áreas que fueron protegidas durante décadas como patrimonio estratégico nacional.
El decreto en detalle
El artículo 1 del Decreto 695/2025 autoriza la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica mediante licitación pública nacional e internacional. El artículo 2 instruye al Ministerio de Economía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a organizar el proceso de privatización y el programa de propiedad participada. El artículo 3 faculta a la cartera económica a dictar normas complementarias.
El texto también instruye transferencias internas de acciones entre ENARSA y la Secretaría de Energía, con el objetivo de reordenar la composición societaria antes de la licitación.
El futuro de Atucha y Embalse en manos privadas
El decreto menciona la necesidad de financiamiento externo para proyectos como la Extensión de Vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados II (ASECG II). Pero en lugar de garantizarlo con fondos estatales —como ocurrió históricamente—, se opta por abrir la puerta a la privatización parcial de la empresa.
En palabras simples: el Gobierno reconoce la capacidad técnica y operativa de Nucleoeléctrica, pero en lugar de fortalecerla, decide vender parte de ella para atraer capitales.
Otra pieza del rompecabezas del ajuste
La privatización parcial de Nucleoeléctrica no es un hecho aislado. Forma parte del plan de desguace del Estado que Milei viene ejecutando desde el inicio de su gestión, bajo la bandera del “equilibrio fiscal”. El resultado: pérdida de soberanía, transferencia de activos públicos a privados y una política energética atada a intereses de mercado.
El futuro de la energía nuclear argentina, que supo ser orgullo regional y motor de desarrollo científico, queda ahora condicionado a la lógica privatizadora de Milei y Caputo.
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