Sesgados

 

En la ciudad de General Pico, una nena de 13 años intenta llevarse útiles escolares de un negocio para el inicio de clases. Dos patrulleros, dos policías en moto y otros a pie la rodean y la detienen para llevarla a la comisaría. En Chimbas, un hombre de 80 años es detenido y trasladado a la comisaría por guardarse, en un mercado de comidas, un paquete de 200 gramos de manteca entre sus pertenencias; ahora afronta un juicio penal por hurto en grado de tentativa.

Estos dos sucesos dramáticos, ocurridos a principios de 2024, revelan el clima de época que se inauguró con la llegada de Javier Milei a la presidencia. El acelerado deterioro de las condiciones de vida viene acompañado de estrategias desesperadas para sobrevivir, que encuentran como respuesta del Estado un recrudecimiento de la represión y violencia institucional contra la protesta social. En el primer semestre de 2024, 7 de cada 10 niños vivían en la pobreza y un millón de chicos se iban a dormir sin cenar. Y en los primeros tres meses de gobierno de La Libertad Avanza, los haberes jubilatorios se desplomaron un 30 por ciento.

En el libro Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Neoliberalismo y derechos humanos en Argentina (Editorial UNLP) —que acaba de ser publicado y puede leerse acá—, proponemos un marco teórico y pruebas empíricas para entender el sesgo de clase de las políticas económicas implementadas por el actual gobierno, así como el deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, reconstruyendo de qué modo una amplia gama de derechos humanos es sacrificada en el altar del neoliberalismo en Argentina. La foto de tapa fue tomada por el reportero gráfico Pablo Grillo, el 12 de marzo de 2025, momentos antes de que un gendarme le disparara con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

El rumbo impuesto por el gobierno no es solo económico, sino que busca reformar a la sociedad en su conjunto, donde medidas económicas ortodoxas con evidente sesgo de clase sitúan al mercado como la respuesta a todas las necesidades de las personas y el ambiente. Esta avanzada libertaria se da también en el plano de la cultura, evidenciada no solo por el cierre y estrangulamiento financiero de las agencias estatales que están/estaban para promover la cultura, sino también por los esfuerzos proactivos por promover valores y creencias libremercadistas, antiestatales y antiuniversitarias entre las infancias, tal como lo evidencia la nueva programación iliberal de la grilla del canal infantil Pakapaka.

El ajuste fiscal implementado desde inicios de 2024, y profundizado en 2025, recayó principalmente en áreas altamente sensibles a los derechos humanos. Las medidas de ortodoxia económica implementadas han sido regresivas y discriminatorias: afectan de una manera desproporcionada los derechos humanos de los grupos expuestos a mayor vulnerabilidad social, como las infancias, adultos mayores, mujeres, disidencias sexuales, personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza y minorías raciales. El gobierno ni siquiera hizo un esfuerzo por superar el test que exigen el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para evaluar la legalidad de las medidas regresivas. La obligación de evaluar ex ante y ex post los efectos de las medidas económicas sobre los derechos humanos no es un dato que esté en el radar libertario.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional anima y congratula al gobierno por “sobre-cumplir” las metas fiscales. Más recientemente, en septiembre de 2025, el Tesoro de Estados Unidos anunció la negociación de un swap de monedas por 20 mil millones de dólares, a pesar de la reconocida inviabilidad de la política cambiaria del gobierno. El rol de estos acreedores externos en Argentina es un caso de manual en materia de responsabilidad por complicidad financiera con la violación de derechos humanos.

Una mirada más meticulosa sobre los efectos de las medidas implementadas demuestra que no todos pierden. La austeridad registra un marcado sesgo de clase, dados sus profundos y regresivos efectos distributivos sobre la sociedad. En otras palabras, estas medidas logran empobrecer más a las poblaciones pobres y enriquecer a las ricas, a la vez que suelen tener consecuencias negativas sobre el crecimiento y la estabilidad financiera. El saldo del aumento de esta brecha es un deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, la erosión del tejido social, un debilitamiento de las instituciones democráticas y la expansión de la protesta social y violencia a causa de la desigualdad.

En los primeros tres meses del Gobierno, la pobreza pasó del 41,7 al 55,5 por ciento, mientras que la indigencia ascendió del 11,9 al 17,5. Este devastador efecto de la mega-devaluación a comienzos de 2024 se profundizó con un ajuste fiscal que recayó de manera desproporcionada sobre los grupos más vulnerables. Más tarde, con la desaceleración de la inflación a costa de deprimir salarios y jubilaciones (deteriorando aún más las condiciones materiales de vida de una gran parte de la población), con la apreciación de un tipo de cambio apreciado sostenido por el sobreendeudamiento público, y con el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la pobreza e indigencia se ubicaron en 38,1 y 8,2 por ciento respectivamente hacia finales del segundo semestre de 2024.  Sin embargo, este sistema de medición de la pobreza subestima los factores reales que impactan en los gastos de las familias (por ejemplo, en los hogares de ingresos medios) y ha sido duramente criticado. De todos modos —y más allá de que la AUH no puede funcionar de manera aislada en un mar de riesgos sociales frente a los que el Estado no solo se retrae sino que exacerba—, la pobreza multidimensional continuó en aumento, marcado por una creciente inseguridad alimentaria, por la imposibilidad de acceder a medicamentos o servicios de salud, crisis de salud mental, impagos de deudas de los hogares y por la imposibilidad de reparar las viviendas, entre otros indicadores de calidad de vida. Incluso con los números de pobreza en baja, es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Esto no sorprende: el salario promedio del sector privado no alcanza a cubrir la canasta de pobreza, algo que es incluso peor para quienes trabajan en el sector público y para los que reciben jubilaciones y pensiones.

En todo caso, la profundización de la regresividad en la distribución primaria del ingreso, el peso desproporcionado del ajuste fiscal sobre los grupos expuestos a mayor vulnerabilidad, así como una mayor gravitación relativa de sectores del capital vinculados con los sectores financieros, primario-exportadores y prestadores de servicios públicos, sazonado con una sobre-apreciación del peso, una política fiscal regresiva y una fuerte caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y salarios —sobre todo del sector público y privado informal—, explican tanto el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población, como el hecho de que algunos sectores sí se estén beneficiando con este modelo. La baja de retenciones en julio de 2025, su posterior eliminación para todos los granos y las carnes avícola y bovina hasta el 31 de octubre de 2025 y el simultáneo veto a un magro aumento de las jubilaciones mínimas epitomizan la política económica gubernamental con un claro sesgo de clase.

Este tipo de fenómeno de rápida pauperización socio-económica explica por qué se realizan esfuerzos narrativos gubernamentales y mediáticos por invisibilizar el hecho de que ciertos sectores privilegiados (dentro y fuera de los países deudores) sí se benefician —y de manera deliberada— a partir de las políticas económicas ortodoxas. Esto tiene que ver, también, con que la austeridad es una idea muy peligrosa porque permanece inmune a la refutación empírica y, más genéricamente, con el anti-intelectualismo del neoliberalismo rampante, que a su vez presenta un sesgo particular contra las ciencias sociales, que pueden cuestionar estas políticas con argumentos sólidos.

Hay grupos para los que la crisis no se nota. A los acreedores financieros se les sigue pagando en tiempo y forma. Es decir, para ellos no hay riesgo ni ajuste. El sistema financiero argentino mostró en el primer trimestre de 2024 ganancias récord respecto de los últimos 14 años. Otros sectores económicos concentrados, domésticos y externos, incluidos los de la industria extractiva, se benefician con un estatus de súper-protección jurídica que los inmuniza por 30 años frente a cualquier cambio regulatorio tributario, cambiario, aduanero o ambiental, aún cuando ese cambio fuera necesario para proteger el interés general de la población, según el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En cuanto a la regulación de las relaciones capital-trabajo, existe un claro sesgo que beneficia a los grandes empleadores: con la Ley Bases (2024) se ampliaron los períodos de prueba, se incluyó la posibilidad de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, se condonaron multas por trabajo no registrado y se permitió pasar como “socios” cuentapropistas a empleados en MiPyMEs.

A todo esto se le sumó el Régimen de Regularización de Activos, que ofrecía una amnistía fiscal más beneficiosa que cualquier otra en la historia reciente, beneficiando a los sectores de mayores ingresos, y una mayor regresividad del Impuesto a los Bienes Personales. Entre los beneficiarios de la política fiscal y los cambios institucionales, están algunos pocos sectores asociados a la exportación —agroindustria, minería e hidrocarburos—, que se han expandido en un año signado por la recesión y aumento de la pobreza. Aun así, el gobierno insiste en la necesidad de impulsar estos sectores, una obsesión que solo se explica por su interés en pagar deuda, incluso a costa del hambre.

La pregunta acerca de cómo enmarcar jurídicamente las políticas estructurales de empobrecimiento de la población ha sido una constante en los estudios del derecho de las últimas décadas. En Europa se analizó si la ola de austeridad que sobrevino a la crisis del 2008 podía equivaler a tratos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos por el derecho internacional. Podríamos estar frente a un caso de tortura cuando los Estados se revelan incapaces de asegurar la satisfacción de necesidades básicas de las personas mientras esos mismos Estados permanecen indiferentes frente a ese sufrimiento. Si sumamos que las violaciones de derechos humanos constituyen un resultado previsible de las medidas de austeridad y que el discurso político oficial puede volverse cruel, descargando las culpas en las propias víctimas discriminadas y vulnerabilizadas, amedrentándolas, estigmatizándolas, reprimiéndolas, resulta un movimiento obvio empezar a ver de reojo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ecuación jurídica de la tortura es evidente en el campo de la salud física y la salud mental en Argentina. La necropolítica debe ser leída en clave jurídica. 

Si no hay derechos económicos y sociales sino solo demandas mercantilizables, y si el “Dios Mercado” se convierte en un dogma en todos los ámbitos de la vida, éste necesita mantenerse inmune frente a la refutación empírica para poder perpetuarse. El neoliberalismo odia a las ciencias —en particular a las sociales— porque pueden probar los efectos perjudiciales de sus políticas sobre las condiciones de vida de las personas y sus subjetividades, así como sobre la naturaleza. También odia el arte, porque es capaz de imaginar y postular otra realidad. El neoliberalismo también necesita vigilar y reprimir cuando la gente reconfigura su visión acerca de las causas de la pobreza y la desigualdad, empoderándose así contra los ricos y poderosos. Por eso las garantías civiles y políticas también son un obstáculo para la profundización del modelo neoliberal.

En el libro explicamos los canales de transmisión mediante los cuales se profundiza la regresividad en la distribución de los ingresos y en el deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, reconstruyendo de qué modo las medidas socavan de manera directa y duradera una amplia gama de derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud mental, a la salud física, a la protección social, a la alimentación, a un ambiente sano, a la educación y la ciencia, a la protesta social, los derechos laborales y la igualdad de género.

Por ejemplo, un informe presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación por altas autoridades distintos organismos de salud mental y adicciones de once provincias argentinas revela que en 2024 incrementaron un 10 por ciento las internaciones por motivos de salud mental respecto de 2023, mientras que las consultas ambulatorias en este ámbito tuvieron un aumento promedio del 78,5. Los impactos de las políticas de austeridad en la salud mental de la población argentina son evidentes: dicho informe refiere un incremento en los síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y un mayor consumo de sustancias psicoactivas, así como un aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios consumados.

Aunque la producción de conocimiento científico es clave para desenmascarar los mecanismos del neoliberalismo —y a quienes se benefician con ese sistema— la realidad actual nos indica que las palabras, los libros, no son suficientes para la acción política. Así, basado en los hallazgos y argumentos presentados en el libro mencionado más arriba, acabamos de estrenar una película animada titulada La grieta y la libertad. Tres tesis atraviesan su guión. Primero, no se puede ser libre con hambre y sin techo; segundo políticas neoliberales incrementan las desigualdades extremas y producen un deterioro de las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población; y tercero, la grieta nos hace ladrar al árbol equivocado, mientras la verdadera casta de millonarios sigue intacta.

También forma parte del libro una colección de fotos conceptuales utópicas, titulada “Más allá de la deuda”, que proponen, visualmente, cómo sería un mundo sin deuda, o al menos un sistema de deuda que no esté basado en la explotación de la mayoría de la población del mundo. La consigna es interpelar conciencias para la acción política a través de las ciencias, el arte y los derechos humanos.

En el marco de esa interpelación contracultural (contra el individualismo, potenciado por las finanzas), es imperioso recuperar la idea de solidaridad, que a su vez es un principio transversal de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Este principio hace que no solo los Estados sean sujetos de obligaciones en este campo sino también las personas físicas y otras personas jurídicas, como las corporaciones. La solidaridad es un principio que también funciona hacia el interior de las sociedades, y determina el alcance, por ejemplo, de los derechos (y obligaciones) de las personas en el campo de la política tributaria y la propiedad privada a los fines de asegurar el cumplimiento progresivo de los DESCA. El principio de solidaridad tiene a su vez una profunda interrelación y exigencia de armonización con la garantía de libertad: ¿cómo se puede ser libre sin poder acceder a bienes y servicios básicos?

Así, la piedra de toque es la centralidad o predominancia del derecho de propiedad privada —que excluye, no compatibiliza con el resto de los derechos humanos— en los ordenamientos jurídicos modernos. En efecto, es el reconocimiento y protección absoluta del derecho a la propiedad privada el anclaje jurídico que permite y exacerba un modelo específico de producción y distribución del valor que legitima y perpetúa la explotación, la pobreza y las desigualdades radicales. Esto nos indica que el derecho no está disociado de la economía, sino que, muy por el contrario, representa su arquitectura institucional. De ello se sigue que los cuestionamientos jurídicos desde un enfoque de derechos contra el capitalismo —tal como éste funciona en la práctica, donde el derecho de propiedad individual prevalece en la competencia con otros derechos—, se tornan ineludibles si pretendemos pensar y accionar por una sociedad inclusiva en un mundo sustentable. La regulación económica de la propiedad privada debe ser modelada por los derechos humanos.

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