En marzo Manuel Adorni había asegurado que ninguna valija pasó sin control en nombre del presidente Milei
Fiscales que investigan el ingreso al país de valijas que no habrían sido controladas y que venían en un vuelo privado desde Miami, en un avión de propiedad de un empresario cercano al Gobierno, presentaron un dictamen en el que muestran imágenes sobre cómo el equipaje eludió las revisaciones.
El vuelo en cuestión entró al país el 26 de febrero pasado. Viajaba Laura Belén Arrieta y el avión es de Leonardo Scatturice, el comprador de Flybondi, uno de los nexos entre el gobierno argentino y el círculo cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.
Arrieta y Scatturice fueron organizadores de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, de la que participó Javier Milei. Fue a través de la CPAC, en Estados Unidos, que Milei accedió al presidente Trump. Con la difusión del viaje de Arrieta salió a la luz el vínculo de Scatturice con el Gobierno. El empresario es ahora uno de los accionistas de Flybondi, una de las low-cost habilitadas en la Argentina y empleador de la joven viajera de 32 años. Está radicado en Miami y tiene un pasado ligado al espionaje.
Las imágenes del caso fueron reveladas por el programa «¿Y mañana qué?» de TN, y el dictamen judicial de60 páginas expone graves irregularidades tanto en el ingreso como en la salida del avión, lo que derivó en la apertura de una investigación preliminar por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El Ministerio Público Fiscal ya solicitó videos de seguridad, informes a PSA, Aduana y a la empresa aérea.
La ciudad de Villa Regina está entrando en la recta final para delinear candidatos de cara a las elecciones municipales de octubre. En cuanto a intenciones el escenario se palpa más concurrido que en los últimos comicios, y en consecuencia, menos claro. Por eso nos preguntamos, ante tan larga lista de posibles pre-candidatos, ¿cuál será…
Dos ex jefes máximos de policía de Santa Fe fueron condenados a seis años de prisión efectiva tras ser investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, en un juicio donde el gobernador Maximiliano Pullaro declaró como testigo de la investigación, ya que fue el denunciante de los hechos.
Los dos condenados son Rafael Grau, de 61 años, y Omar Odriozola, de 59. Ambos condujeron la policía santafesina entre 2013 y 2016 desde la jerarquía más alta como comisarios generales. Es un hecho histórico, en tanto es la primera vez que dos jefes de la fuerza son sentenciados por defraudación agravada a la administración pública y asociación ilícita.
El asunto va más allá de los comisarios. El actual presidente del tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, también quedó en evidencia en el juicio, por ofrecer asistencia y cobertura a uno de los jefes que terminó condenado, lo que provocó que el diputado santafesino Fabián Palo Oliver presentara en su contra un pedido de juicio político.
Fabián Palo Oliver, de pie, junto a su banca.
Grau fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Odriozola ocupó el mismo cargo con anterioridad, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015. Les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
El caso expresa un tipo de delito sistémico en la institución policial, que es el desvío fraudulento de partidas para la fuerza. Hace un mes, en Rosario quedaron presos por seis meses trece funcionarios policiales que participaron de robo de partidas para el combustible de los patrulleros de la ciudad, lo que suponía un robo mensual de 45 millones de pesos, desde hacía meses.
La investigación que termina ahora con los máximos jefes presos la empezó el fiscal santafesino Roberto Apullán en mayo de 2016. Pullaro, por entonces ministro de Seguridad, recibió una carta anónima en la que se mencionaban maniobras fraudulentas en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas. A montos actualizados el desfalco fue por unos 250 millones de pesos.
En septiembre de 2017, Apullán pidió allanamientos a Gendarmería Nacional en talleres mecánicos, tres de Santa Fe y uno de Rosario. También se requisaron oficinas de la Jefatura como de la Unidad Regional I de Santa Fe y se peritaron diez vehículos. En la mitad de las unidades no se había realizado las reparaciones facturadas.
Pullaro, el día que declaró contra los policías presos.
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informó el fiscal Ezequiel Hernández al imputar a Grau y Odriozola. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, refirió.
La modalidad delictiva, dijo el fiscal, consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y de repuestos que no se compraban. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo. “Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima. Coordinaron acciones con Facundo José Testi -organizador de la banda- y con sus miembros. Y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”, afirmó el fiscal Hernández.
Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas.
Además de los dos ex jefes condenados ayer, hay otras nueve personas que ya fueron sentenciadas -cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo- en juicios abreviados. Los acusados admitieron su culpa y pagaron cinco millones de pesos en multas en 2020.
Entre estos condenados, están Raúl Alberto Patriarca, policía, ex habilitado de la Jefatura provincial. Ariel Hernán Villanueva, de 44 años, policía y contador público, ex habilitado de la jefatura provincial. También José María Leiva, exjefe de Logística de la policía santafesina. Facundo José Testi, civil, responsable del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita. Rodrigo Ruiz, de 30 años, civil, responsable del taller “Servicio Mecánico”. Y Maximiliano Ambrosio, de 38 años, civil, vendedor de repuestos.
Devolver el sopapo
Este juicio dejó en una posición frágil a un funcionario de mucho peso en la estructura institucional de la provincia y a la vez de perfil polémico. Es Oscar Marcos Biagioni, que cumplió funciones durante cinco décadas para diversas gestiones en cargos clave de la provincia.
Biagioni, según revela una escucha telefónica difundida en las audiencias, se puso a disposición del comisario Grau destacando que le ofrecía lo que necesitara en su carácter de presidente del Tribunal de Cuentas y ofreciéndole que podía contar “con la información” y con “todos los datos” que le podía brindar en tal carácter.
Oscar Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas.
Algo tan serio como eso queda al desnudo en las escuchas. Biagioni le dice a Grau que conoce al autor del anónimo que lo delató, que es Juan Barrios, de Transporte. Y le dice que a esa acción “hay que responderles con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.
Hay que responderles con una chanchada superior. Tiene que volver el mismo sopapo. Que sepan de dónde viene la piña.
Dos días después de estos dichos, Barrios fue abordado en la calle por desconocidos que le preguntaron si era “Barrios”. Ante la admisión lo golpearon y amenazaron diciéndole “te vamos a hacer boleta, no hablés, vos sabés de qué hablamos, sabemos que tenés mujer, que está embarazada y que está sola. Quedate callado, porque te vamos a hacer boleta a vos y a tu amigo”. Esto determinó que a Barrios le suministraran protección.
En esas escuchas, Biagioni insulta al entonces ministro Pullaro por denunciar el caso que ahora terminó de juzgarse. “Si querés, citame”, le dice a Grau en su charla telefónica. “No hay nada peor que un idiota con iniciativa. Este tiene menos luces que un arbolito de Navidad con las luces apagadas: fracturó a la policía”.
¿Hay alguna acción penal contra Biagioni a partir de lo revelado en este juicio? Fuentes del MPA Santa Fe consultadas por LPO prefirieron no responder.
El funcionario trabaja desde 1974 en la administración provincial, en posiciones jerárquicas en gestiones de distinto signo político. En las dos ocasiones en que llegó al Tribunal de Cuentas como vocal, fue designado de manera ficta al no reunirse mayoría suficiente para impugnar su pliego en la Legislatura. Ahora, el diputado Oliver hizo una presentación para su juicio político.
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Federico Susbielles busca imponer el peso territorial de Bahía Blanca en la lista seccional del peronismo en el sur provincial y, en ese sentido, se habla del actual jefe de gabinete local, Luis Calderaro, para encabezar la lista de Diputados por la Sexta.
Dirigentes del PJ bahiese señalaron a LPO que es una posibilidad concreta que Calderaro, uno de los hombres de confianza de Susbielles, lidere la boleta a la Legislatura pero las tensiones surgen por los otros tres lugares expectantes de ingreso.
En el peronismo local sostienen que es “natural” que el intendente de Bahía ponga al cabeza de lista, más aún en un contexto de desdoblamiento en el que Susbielles analiza llevar dos nombres fuertes de su gestión al frente de la boleta al Concejo y a la Legislatura, a modo de plebiscitar su gobierno tras dos temporales trágicos.
Calderaro trabaja junto a Susbielles desde hace más de 20 años, cuando ambos compartieron funciones en la oficina local del Pami. En 2019, ingresó al legislativo local al encabezar la lista de concejales de Susbielles cuando perdió con Héctor Gay.
Para secundar a Calderaro, se habla de la actual diputada de La Cámpora Maite Alvado que en 2021 también había ocupado el segundo lugar de la lista.
De los nombres que suenan para esos primeros tres lugares, ninguno tiene su terminal en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof que, días atrás, hizo su plenario en la Sexta con planteos de tener peso en la lista seccional.
Para el tercer casillero, en tanto, se filtró en nombre de Andrés Castillo, dirigente del Frente Renovador que, en 2023, lideró la lista de concejales con la que el gremialista Sebastián Más compitió en las PASO contra Susbielles.
Hoy por hoy, en Bahía sostienen que hay ánimo de ir en unidad en el peronismo. Sin embargo, las tensiones aparecen con la discusión seccional.
Es que, de los nombres que surgen para esos primeros tres lugares, ninguno tiene su terminal en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof que, días atrás, hizo su plenario en la Sexta con planteos de tener peso en la lista seccional.
Ya hubo intendentes del axelismo que salieron al cruce por este tema. “La unidad con La Cámpora no sirve porque ponen siempre los candidatos que ellos quieren”, dijo semanas atrás Ricardo Moccero (Coronel Suárez).
En la sección, además de los siete intendentes, en la órbita del MDF se paran los senadores Marcelo Feliu (con armado en Bahía) y Ayelén Durán, alineada al espacio del Cuervo Larroque que en la sección maneja Gabriel Godoy.
