Tres tragedias, una misma falla: la seguridad laboral

 

Todo comenzó en junio de 2020, cuando una mujer consiguió trabajo en un estudio jurídico e inmobiliario de Viedma. Tenía la esperanza de crecer profesionalmente, aunque desde el primer día sabía que su puesto no estaba registrado. Cumplía jornadas completas como secretaria y colaboraba en proyectos inmobiliarios, pero su vínculo laboral era totalmente informal.

Un año después, esa rutina se rompió brutalmente. Durante una conversación laboral con su jefe, el hombre cruzó todos los límites. Sin previo aviso, intentó besarla y la manoseó. La mujer, paralizada por la sorpresa y el miedo, logró apartarse. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Reunió fuerzas, reclamó por sus derechos laborales y, además, decidió denunciar penalmente lo que había sufrido.

La respuesta del empleador no fue asumir su culpa, sino atacarla. Le negó todo, la acusó de abandonar su trabajo y la despidió de manera humillante, diciendo que lo había «injuriado». Pero la justicia tenía otra opinión. Con el tiempo, se comprobó que el abuso había ocurrido, y en marzo de 2023 el hombre fue condenado por abuso sexual simple. Esa condena penal se convirtió en el corazón del fallo laboral que vendría después.

La Justicia entendió que lo que él había hecho no fue solo un despido: fue una represalia violenta contra una mujer que se atrevió a hablar. En lugar de protegerla, la castigó por romper el silencio. La sentencia fue contundente: el despido no tuvo ninguna causa real, fue una herramienta de intimidación.

El tribunal remarcó que la mujer estaba en una situación de vulnerabilidad, subordinada a un varón en una posición de poder, y que su desvinculación laboral fue parte de un mecanismo para silenciarla. El fallo se apoyó en los tratados internacionales que protegen a las mujeres contra la violencia y la discriminación.

Al final, la Justicia le dio la razón. Ordenó al empleador pagar casi 12 millones de pesos por indemnizaciones, sueldos no abonados y sanciones por haberla tenido en negro. También deberá hacerse cargo de todos los honorarios legales.

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El presidente estadounidense Donald Trump envió este lunes a Los Ángeles a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional y movilizó a 700 marines para enfrentar “una rebelión” contra Estados Unidos, encabezada por manifestantes de “la izquierda radical” y “agitadores pagados” , sumando ya más de cinco mil efectivos militares que están desplegados en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con los defensores de los derechos civiles que protestan contras las redadas migratorias. Lo que Trump califica como “izquierda radical” son manifestantes que protestan por las redadas y detenciones de migrantes. La semana comenzó con tropas militares en las calles de Los Ángeles y la llegada de decenas de tanques y otros vehículos militares a Washington, así como con amenazas de represión violenta. En realidad, fue  otro día normal bajo el nuevo régimen estadounidense. Por Mirko C. Trudeau* (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico-CLAE).

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Es la primera vez desde 1965 en la que un mandatario estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, que sólo había ocurrido bajo órdenes de los gobernadores (la Guardia Nacional es una fuerza “híbrida” de mando compartido entre gobernadores y jefe del Ejecutivo federal). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines, fuerza militar de élite empleada en intervenciones armadas, estaban en alta alerta para sumarse al operativo en aras de defender a la autoridad migratoria “de su propio pueblo si es necesario”.

This is the current situation in Los Angeles, United States. US seems to be preparing to deploy Marines after the National Guard was deployed and yet failed to control the violence and rioting. Situation is going out of hand. US is the new Third world. pic.twitter.com/iyZjr8BeOV

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 9, 2025

Poco después, Trump afirmó: “vamos a tener tropas en todas partes”. mientras miraba por televisión cómo se le incendiaba la casa. El asesor presidencial Stephen Miller, proclamó que la meta de aquí en adelante es la detención de por lo menos tres mil indocumentados al día. El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, cuenta con diez millones de habitantes, de los que unos 915.100 no tienen estatus legal, según el Migration Policy Institute.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN. “Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

La redada migratoria del viernes pasado en al menos siete lugares de trabajo dejó unos 45 detenidos.Los operativos continuaron este lunes y los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para trasladar a los inmigrantes detenidos a diferentes puntos en vehículos sin identificación.

Las grandes ciudades que se han proclamado santuarios para migrantes, todas bajo gobiernos demócratas, son el blanco explícito del gobierno de Trump, y los operativos de alto perfil con agentes armados y sin identificación se realizaron en días recientes, no sólo en Los Ángeles, sino también en Chicago y Nueva York, entre otras.

Muchos han sido arrestados por atreverse a protestar o sólo observar, como David Huerta, presidente estatal del sindicato de trabajadores de servicios (SEIU) en Los Ángeles, quien fue herido y sigue detenido –él emitió una declaración afirmando que lo que estaba ocurriendo ahora se trata de “cómo nosotros como comunidad nos unimos y resistimos la injusticia”.

Soviet flag seen in Los Angeles protests. pic.twitter.com/2TPewPHvwG

— Clash Report (@clashreport) June 9, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, ya había advertido que Trump estaba buscando provocar el caos y confrontaciones para enviar las tropas, pero “no es la manera en la que se comporta un país civilizado”. Pero ya en su primer gobierno, Trump sugirió a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, que militares dispararan contra manifestantes no violentos del movimiento de Black Lives Matter en Washington. Por suerte, Esper se negó.

El uso de la Guardia Nacional ahora ya estaba listo. De hecho, el gobierno del republicano ha confirmado que está preparando el despliegue de 20 mil efectivos por todo el país para apoyar al ICE y a otras agencias en los operativos antimigrantes que ahora se están acelerando.

La última vez que un presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional fue cuando Lyndon Johnson envió tropas a Alabama para obligar a los gobiernos locales racistas a cumplir con una nueva ley de derechos civiles para los afroestadunidenses.

Mientras, empezaron a llegar a Washington decenas de tanques, vehículos blindados y lanzacohetes, como también aviones caza y helicópteros, entre otros equipos militares que Trump ha ordenado para un desfile militar (inusual en este país), supuestamente para marcar el 250 aniversario del ejército, pero que todos saben es para festejar el cumpleaños del presidente, el 14 de junio, con un costo de entre 25 a 40 millones de dólares. Mientras, todo indica que a Trump se le está incendiando la casa.

* Mirko C. Trudeau es economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2025/06/10/a-trump-se-le-incendia-la-casa-mientras-sigue-la-represion-en-los-angeles/

 

 

El pronóstico del tiempo indica que en este domingo Día del Padre en la región tendremos cielo nublado durante toda la jornada. Se espera una temperatura mínima de 3 grados y una máxima por la tarde de 17°. El viento comenzará a sentirse a partir del mediodía, con unos 17 kilómetros por hora del sector Noroeste.

Cómo estará la semana

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Hace minutos (19:40hs) acaban de informar que falleció Thiago Benjamín Correa Medina,  el niño de 7 años que recibió un disparó en la cabeza luego que un policía evitará ser robado. a pesar que los asaltantes huían comenzó una balacera indiscriminada. Por su parte la ministra Bullrich defendió la impunidad con la que actúan las fuerzas estatales, sino que también defendió la perversa lógica de un gobierno que prioriza la represión. “Así es como quieren solucionar las cosas”, decía un vecino atemorizado por la balacera en Ciudad Evita. Por ANRed.

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Mientras Thiago Benjamín Correa Medina luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza, Bullrich continuaba haciendo campaña electoral e insistía en culpar exclusivamente a los delincuentes, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el accionar negligente del agente. ¿Desde cuándo la «legítima defensa» justifica disparar a ciegas en una zona poblada, poniendo en riesgo a civiles?. El efectivo disparó una balacera en donde mató a uno de los jóvenes que intentaron robarle e hirió a otros que estaban en la vereda. 

El cinismo de Bullrich llevó también a desviar la culpa hacia el gobernador Kicillof,. También intentó redefinir el caso como «tentativa de homicidio» busca criminalizar para justificar la acción desmedida que terminó con balas perdidas y muerte En tanto La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado antes del fallecimiento del niño, titulado “Dejen de tratarnos como basura”:

“La culpa de que Thiago (un niño de 7 años) esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, fue la defensa de la ministra Patricia Bullrich al policía de 21 años que se encuentra detenido.

El policía Facundo Fajardo de 21 años, fuera de servicio y de civil, para evitar que le robaran la mochila, disparó once tiros en una parada de colectivo. El resultado fue un muerto, dos heridos (los tres impactados cuando huían desistiendo del robo) y un tiro en la nuca de Thiago, de 7 años, que estaba en la parada de colectivos en los hombros de su papá.

La única intervención de la ministra fue la defensa del asesino, hombre de una fuerza bajo su mando, al que eximió de toda responsabilidad.

Insistimos: los únicos (once) disparos fueron del arma reglamentaria de un policía fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil. Sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió.

Este gobierno también es responsable de la miseria que están generando, que ponen a la gente en una permanente situación de desesperación, lo que aumenta obviamente la posibilidad del delito contra la propiedad.

La mayoría de los casos de gatillo fácil (más del 66%) se dan en estas circunstancias.Por eso exigimos:

– Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil.

– No a la legalización del gatillo fácil

– Fuera BULLRICH.

 

 

El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 

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“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

Redes sociales

https://www.facebook.com/sutebadetigreconduccionmulticolor

https://www.instagram.com/suteba_de_tigre/?hl=es

 

 

Desde la asunción de Javier Milei, el mercado laboral argentino experimentó una caída marcada en el empleo formal, con una pérdida cercana a los 200.000 puestos registrados en distintos sectores. Mientras tanto, aumentaron las inscripciones al monotributo, reflejando un giro hacia formas más precarias de empleo independiente.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los primeros 16 meses de gestión libertaria se registró una baja de más de 115.000 empleos en el sector privado, y retrocesos significativos en el empleo público y en el trabajo doméstico. Sumando estas tres categorías, el país perdió casi 196.000 trabajadores registrados desde noviembre de 2023 a marzo de 2025.

El único segmento que mostró un crecimiento fue el de los trabajadores independientes registrados como monotributistas, que aumentaron en casi 75.000 personas durante ese período. Este incremento parece responder, en parte, a la necesidad de quienes perdieron empleos formales de sostener alguna forma de ingreso, aunque bajo esquemas más inestables y con menos protección laboral.

Expertos del Instituto de Estudios y Formación de la CTA advierten que tanto el empleo privado como el público se encuentran en niveles mínimos de los últimos dos años, y que el rebote de actividad no logro traducirse en generación de nuevos puestos. Con salarios que no logran sostenerse y un mercado laboral que no reacciona, el panorama continúa siendo incierto para millones de trabajadores argentinos.

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