Imagen: @exaltacionsalud
El colectivo Exaltación Salud denunció que descubrió «un arreglo escandaloso y completamente ilegal» en la causa por la fumigación aérea de una avioneta con agrotóxicos en horario de clases sobre docentes, alumnos y alumnas de la Escuela Primaria Nº 4 General José de San Martín y la Secundaria Técnica N°1 de Parada Robles, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, en 2019. «El ‘arreglo’, que figura en un expediente judicial, consta de una ‘reparación’ de 30 pupitres y 60 sillas por haber envenenado a una escuela entera. De esta forma, se intentó encubrir un atentado contra la salud pública, especialmente de niños y niñas. Este caso muestra la complicidad de varios sectores públicos y privados, y lo que es peor: directores de colegios», señalan. El acuerdo fue suscripto entre los directores de la primaria y secundaria, María Natalia Gaglioti y Marcelo Germán Oubel, y el productor denunciado, Miguel Ángel Zocca, que «al hacerlo aceptó la responsabilidad y la culpabilidad de la fumigación», denuncia la organización ambientalista. Por ANRed.
Así lo denunció el colectivo Exaltación Salud en un comunicado titulado «Escándalo en histórica causa de fumigación aéres: la salud de los niños no ‘vale’ 30 pupitres y 60 sillas«: «en las últimas horas, desde el colectivo Exaltación Salud hemos descubierto un arreglo escandaloso y completamente ilegal, que debería sentar un antes y un después, y no sólo en el partido de Exaltación de la Cruz. El ‘arreglo’ que figura en un expediente judicial consta de una ‘reparación’ de 30 pupitres y 60 sillas por haber envenenado a una escuela entera en la histórica fumigación aérea sobre una escuela de Parada Robles», denuncia el colectivo ambiental.
«De esta forma, se intentó encubrir un atentado contra la salud pública, especialmente de niños y niñas. Este caso muestra la complicidad de varios sectores públicos y privados, y lo que es peor: directores de colegios. Esta fumigación en Parada Robles es uno de los crímenes ligados a pulverizaciones con agrotóxicos más alevosos de Exaltación de la Cruz. El 11 de marzo de 2019, una avioneta fumigó reiteradas veces en horario de clases sobre docentes, alumnos y alumnas de la escuela primaria Nº 4 General José de San Martín. En el mismo establecimiento, además, funciona la Secundaria Técnica N°1″, rememora la organización ambiental.
El resultado, recuerdan desde Exaltación Salud, fue «lamentable», dado que hubo «infancias y personal docente con síntomas de intoxicación y la evacuación de los mismos, con la correspondiente suspensión de clases y los daños de la salud en sus cuerpos, algunos de los cuales pueden manifestarse durante el resto de sus vidas». Se supo luego que la avioneta había utilizado dos insecticidas altamente peligrosos: el Thiametoxan (prohibido en 28 países, según la Pesticide Action Network) y la Lambdacialotrina, que es nociva al ser inhalada o aplicada sobre la piel, y cuyos síntomas se condicen con los denunciados por los y las afectadas, informaron.
«La fumigación se hizo pública y el escándalo derivó en que se prohibieran, por ordenanza, las fumigaciones aéreas en el partido de Exaltación de la Cruz – continúan relatando los avatares de la causa – La causa fue archivada ese mismo año por el fiscal Juan Manuel Esperante, y durante todo este tiempo no se pudo acceder al expediente. Sin embargo, en los últimos días, junto a nuestro abogado Fabian Maggi, desde el colectivo Exaltación Salud pudimos leer el escrito y constatar la grave irregularidad de que los directores de la primaria y secundaria, María Natalia Gaglioti y Marcelo Germán Oubel, llegaron a un acuerdo ilegal con el productor denunciado, Miguel Ángel Zocca, que al hacerlo aceptó la responsabilidad y la culpabilidad de la fumigación».
Imagen: @exaltacionsalud
El acuerdo, detallan, consistió en aceptar un rédito material como «reparación del daño ocasionado»: «esto es, el delito de atentado a la salud pública y lesiones culposas. El precio de la salud para las autoridades educativas y el resto de los involucrados: 30 pupitres y 60 sillas. Todo esto ocurrió con la aprobación del fiscal Esperante, quien está además denunciado por Exaltación Salud por haber cajoneado varias causas de fumigaciones ilegales. Mientras cumplía su rol de investigador en dichas causas, no tuvo problema en fotografiarse con productores de la Sociedad Rural de la zona; es decir, con posibles implicados de los delitos que él debía investigar. Esperante usó este acuerdo espurio para archivar las causas», denuncian.
En la misma línea, desde Exaltación Salud señalan: «el arreglo de la escuela es completamente ilegal por tratarse de un delito ocasionado a menores de edad, donde la ley 13.433 (art. 6 el segundo inciso «a») lo prohíbe expresamente. Además, se operó con la ausencia tanto de la Oficina de Resolución Alternativas de Conflicto como de la Asesoría de Menores e Incapaces. Como si fuera poco, ambas declaraciones, tomadas en días distintos, son extremadamente similares. Allí se estipula que todos los padres y madres de los chicos afectados estaban de acuerdo. Al hablar con padres que declararon ese día, no sólo constatamos que esto es mentira, sino que sus testimonios ni siquiera fueron sumados al expediente de la causa, sumando más irregularidades a todo el proceso. La maniobra del acuerdo, con el deficiente control del juez de garantías Julio Andrés Grassi, logró que la causa, archivada, estuviera fuera del alcance público por varios años».
«Cabe destacar – continúan – que como el denunciante principal fue Adolfo Charrato, Delegado Municipal de Parada Robles, debemos señalar también la complicidad del Poder Ejecutivo Municipal por no sólo no denunciar la ilegalidad del acuerdo, sino por no comunicar al resto de la población como corresponde que todo esto estaba siendo llevado a cabo».
«Este caso de gravedad institucional, sumado a la continua violación de derechos humanos fundamentales (como el derecho de la salud y a vivir en un ambiente sano), no hace más que confirmar nuevamente lo que se viene denunciando una y otra vez en Exaltación de la Cruz: un alevoso entramado de complicidad estatal en favor del agronegocio y sus prácticas tóxicas. A esto se suma una flagrante y deliberada obstrucción al acceso a la Justicia para quienes decidimos no quedarnos callados ante el avasallamiento de nuestros derechos, de nuestra salud, y de nuestras vidas, a las cuales se les pone precio: sillas y mesas. Seguiremos luchando por todo eso y más», finaliza el comunicado de Exaltación Salud.
