A Trump se le incendia la casa mientras sigue la represión en Los Ángeles

 

Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .

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l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

 

 

 

Milei agrava la crisis habitacional. El Ministerio de Economía reglamentó el fin del plan de primera vivienda propia (PROCREAR) y disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por Mario Hernández.

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El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 9 la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, y estableció la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco. Según denunciaron, algunas de ellas serán adjudicadas a Fuerzas Federales de Seguridad.

Así lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012 y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles.

La cartera económica, conducida por Luis Caputo, también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario S.A., que históricamente ofició como fiduciario del programa. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional.

Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio quedó facultada para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, es decir, aquellas cuyo recupero sea inferior al 40% del monto total. En cuanto a los aspectos judiciales, la Subsecretaría Legal del Ministerio asumirá la representación del Estado Nacional en las causas originadas en el marco del PROCREAR.

La medida entra en vigencia desde su publicación y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

En lo referido a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), determinó la resolución de este lunes. Para ello, se celebrarán convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

En este marco, surgieron denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.

Así lo denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese partido bonaerense. «Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles. Esto es lo que se va a hacer este martes en un pomposo acto oficial con el edificio Sagol y sus 160 viviendas construidas por medio del plan PROCREAR y adjudicadas», afirmó. Y agregó que «se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento».

Bullrich regaló las viviendas del Procrear de Avellaneda a las Fuerzas Federales

Por Manuela Tobia

En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del Conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear -el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía.

En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. “Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada”, cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, “entre otros laburos”, y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

“El gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificio. Todas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión“, sostuvo.

El robo blindado

El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. “Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)“. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

“Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros”, criticó.

“Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata“, espetó.

Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de “abrir un amparo colectivo“.

“Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación“, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

“Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400.000 a 800.000 pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes”, lamentó.

A través de la cuenta de Instagram “sagolenlucha”, los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

La motosierra de Milei y el “plan” de Bullrich

El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de “un plan más ambicioso” para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que “hay otras viviendas en otras partes del país” construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas “a la operatividad de las fuerzas federales”.

Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará “vida a la comunidad” local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

“Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahí. Eso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminar, como tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrear, al que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

Bullrich culminó anunciando que esos departamentos “serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediarios, bajo reglamentos internos ya establecidos“. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.

El Gobierno complica la construcción de viviendas sociales

El gobierno de Javier Milei terminó por disolver a comienzos de mayo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. En paralelo, también disolvió el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.

Así lo dispuso mediante el Decreto 312/2025, que lleva la firma de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: “Disuélvase el fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019”.

En los considerandos, el decreto señaló que “la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

Y agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado en una entrevista televisiva que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.

Por otra parte, el Decreto 312/2025 también dispuso la disolución del “Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica”, que había sido creado en 1996 con el objetivo de “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”, detalló el propio decreto.

¿Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.

Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.

Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, “traza un panorama crítico de no ser revertido”.

Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID”, consignó el informe. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”, remarcó el documento. Además, este “vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social”, añadió.

La justicia frena el cierre del FISU

El 7 de mayo pasado el gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial el decreto 312 que ordenaba cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual el Estado buscaba mejorar la vida de más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios populares. El final de este programa puso en crisis a centenares de barrios de todo el país que estaban en proceso de construcción o de mejoramiento. Ahora, el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de varios artículos del decreto en cuestión y le dio tres al gobierno nacional para que informe el saldo existente de este programa. Es más, el Estado debe tomar las medidas necesarias para darle continuidad a esta política pública.

Sin embargo, en julio de 2024 se conoció el resultado de la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde no se detectó ningún tipo de delito ni violación del objetivo del fondo. Es más, las observaciones que hubo fueron exclusivamente administrativas. Incluso el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja llegó a reconocer que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80 % ejecutado”.

Transcurrido casi un año de aquello, ahora el funcionario fue multado por el juez Heim y deberá pagar 200.000 pesos por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia, esto es que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

La decisión del juez federal de Pehuajó se dictó a partir de la presentación de un amparo colectivo que fue promovido por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de esa localidad bonaerense y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.

Estos pidieron que se declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes N° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del FISU. Por caso, este fondo recibía el 30 % del impuesto PAIS y con este decreto pasó a recibir solo el 1 %. Sin duda una decisión que buscaba desmantelar el funcionamiento del FISU.

Incluso el juez Heim le había encargado al Congreso la tarea de arbitrar los medios necesarios “para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se había jactado de haber impulsado el cierre del FISU por supuestas fallas en la gestión, deberá responder a lo que ordena la justicia y reactivar la política pública.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, El Destape

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/18/milei-desfinancia-la-vivienda-social/

 

 

Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.

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A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

• Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
• Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
• Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

El amparo de la CGT

Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

*»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

*»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

*»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

* «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

La cautelar

La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

Monedas de canje 

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

«Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

«En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

«La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

 

 

Milei convocará a mandatarios provinciales en busca de un nuevo pacto político en noviembre.

El Gobierno nacional prepara una convocatoria a gobernadores dialoguistas para el mes de noviembre, con el propósito de impulsar acuerdos estratégicos que allanen el camino hacia la aprobación de reformas laborales y tributarias en el Congreso. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei, busca reconstruir un consenso político amplio en el marco de la nueva composición legislativa que surgirá tras las elecciones del 26 de octubre.

La reunión se plantea como una suerte de renovación del “Pacto de Mayo”, en la que el Ejecutivo pretende delinear una hoja de ruta conjunta para los próximos dos años de gestión. Desde Casa Rosada destacan la necesidad de consolidar un bloque de apoyo interjurisdiccional que permita avanzar con las reformas estructurales pendientes y fortalecer la gobernabilidad. Según fuentes del entorno presidencial, el objetivo es “acordar con todos los que se pueda acordar”, priorizando el diálogo por encima de las diferencias partidarias.

El plan incluye el acercamiento a mandatarios provinciales de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otros, con quienes se espera articular políticas en áreas clave como Energía, Obras Públicas, Minería y Agricultura. Paralelamente, el Ejecutivo analiza ajustes internos en el gabinete nacional, aunque se descarta cualquier modificación en los ministerios más sensibles —Seguridad, Defensa y Justicia—. En cambio, se prevé una reevaluación del Ministerio del Interior, especialmente si Guillermo Francos deja su rol en la Jefatura de Gabinete.

Con este llamado al consenso federal, el Gobierno busca reposicionar su liderazgo político, ampliar su base de sustentación y avanzar en un acuerdo de gobernabilidad que le permita sostener sus reformas más ambiciosas.

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El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, fue liberado de la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía, pero el motivo no fue una simple lesión. Detrás de su baja se esconde un escándalo de comunicación y procedimientos médicos que desató el «malestar» de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El jugador se sometió a un tratamiento sin el consentimiento ni la notificación previa del equipo médico nacional.

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El detonante fue un procedimiento invasivo de radiofrecuencia al que Lamine Yamal fue sometido esa misma mañana para tratar molestias en el pubis. Según un comunicado oficial de la RFEF, los servicios médicos de la Selección se enteraron de la intervención a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, el día que todos debían concentrarse. La Federación expresó su «sorpresa y malestar» al descubrir que un jugador convocado había pasado por un tratamiento de esta índole sin comunicación previa al cuerpo médico de ‘La Roja’.

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La situación se agravó cuando, solo a las 22:40 de ese día, la RFEF recibió un reporte médico que confirmaba la intervención y recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días para el futbolista. Ante este escenario, la Federación tomó la drástica decisión de desvincular temporalmente a Yamal para priorizar su salud y recuperación total. La RFEF dejó claro que, si bien desean su pronta mejoría, la falta de coordinación y la autonomía médica ejercida desató un conflicto protocolario a nivel nacional.

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El impacto en España ha sido notable. Con solo 18 años, Lamine Yamal es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo y una pieza esencial en los planes de la Selección de Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026. Para cubrir su inesperada baja, el seleccionador ya ha convocado a Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano. Este incidente pone el foco en la tensión entre los clubes y las selecciones nacionales en el manejo de las lesiones y los tratamientos de sus estrellas.

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Tras conocerse el dato de inflación de mayo, que marcó 1,5%, el número más bajo desde mayo de 2020, el presidente Javier Milei y ministros celebraron el logro en redes sociales. El costo de vida subió 1,5% en mayo último mientras que la inflación interanual fue del 43,5%, el índice de precios más bajo en los últimos cinco años. Además, en los primeros cinco meses de este 2025, los precios subieron 13,3%. El rubro de «Comunicación» fue el más alto con 4,1% de variación mensual, seguida por Restaurantes y hoteles (3%). A su vez, «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó por encima del nivel general en 2,4%. Llamativamente los alimentos y bebidas no alcohólicas variaron 0,5% en mayo. Sin embargo, el consumo sigue en caída y las familias están cada vez más endeudadas. Por Mario Hernandez.

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El gobierno apunta a mantener el «dólar electoral» hasta las elecciones de octubre con un fuerte y costoso endeudamiento público.

El gobierno festejó el dato y busca instalar que sus políticas fueron efectivas. El presidente Javier Milei tuiteó «el mejor ministro de economía de la historia argentina… por lejos…», en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, detrás de la desaceleración inflacionaria que poco se siente en los bolsillos de las clases trabajadoras, se esconde una acumulación de desequilibrios. El tipo de cambio «pisado» sobre la base de un fuerte endeudamiento externo público actúa como un factor atenuante de la inflación, que se suma al ajuste recesivo que desplomó los ingresos y el consumo. En marzo la economía se contrajo 1,8% respecto al mes anterior.

En abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó un nuevo préstamo con Milei por otros U$S 20.000 millones, que se suman al acuerdo pautado desde el macrismo. Así, la Argentina encabeza el ranking de los países más endeudados con el organismo internacional, con una deuda de U$S 63.986 millones. La cifra representa más del cuádruple del monto adeudado por Ucrania, que se encuentra en el segundo lugar, de acuerdo a la Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Se suma a ello la «ayuda» del gobierno norteamericano a Milei. El Fondo viene de posponer la revisión del 13 de junio para fines de julio, donde el Gobierno tenía que cumplir una meta de acumulación de reservas netas de U$S 4.500 millones.

Pero además de la deuda con organismos internacionales, el «endeudador serial» Caputo sigue emitiendo todo tipo de bonos para atraer fondos especulativos extranjeros en base a tasas de interés exorbitantes. Un Bonte por U$S 1.000 millones, sumado a un Repo el miércoles por U$S 2.000 millones que involucra a siete bancos internacionales y establece una tasa de interés elevadísima en dólares del 8,25% anual. Y así, se estima que emitirá deuda de hasta U$S 7.000 millones en el año.

De esta forma, busca sostener las reservas del Banco Central en base a nueva deuda, cada vez más cara, que va generando una bomba de tiempo difícil de evitar, mientras por otra ventanilla paga millones de dólares en intereses. Hay pérdida de reservas, aun cuando el superávit comercial de 2024 fue extraordinario (casi 19.000 millones de dólares). Cuando los fondos especulativos decidan retirarse no habrá posibilidad de endeudamiento que alcance, y más tarde que temprano podrá verse forzado a una devaluación que intentarán descargar sobre los trabajadores.

Lejos de fortalecer la economía del país, estas medidas sólo profundizan las contradicciones estructurales y garantizan el sometimiento a las políticas de ajuste dictadas por el FMI. Es necesario ponerle un freno desde abajo, y rechazar mediante la movilización popular este endeudamiento fraudulento a la medida de las ganancias de un puñado de especuladores, peleando a su vez una salida favorable a las mayorías trabajadoras.

 

La libertad de ser pobre avanza

Es difícil imaginar una familia celebrando frente al televisor cuando el Gobierno anunció que la inflación fue del 1,8%. Desde Casa Rosada lo festejaron con bombos y platillos, pero en la mesa del hogar saben lo que realmente ocurre: aumento la venta de alitas, menudos y carcasas de pollo. La crisis popularizó los cortes más baratos, que subieron un 11% en abril, cinco veces más que el INDEC.

La consultora Zubán Córdoba salió a la calle y confirmó lo que todos sienten: ocho de cada diez personas creen que los precios siguen subiendo. Cuando se preguntó si la inflación impactó en la vida cotidiana en los últimos cinco meses, un 57,7% respondió que sí, y un 21,9% que sí, moderadamente. Es decir, más del 70% siente el golpe inflacionario en carne propia. Solo dos de cada diez minimizaron el impacto.

A pesar de 16 meses consecutivos de caída del consumo, el Gobierno se aferra a la desaceleración inflacionaria minimizando que los rubros que más aumentaron fueron alimentos y bebidas, educación y transporte. Celebran un modelo que acumula salarios cada vez más bajos, sin obra pública y con tarifas de servicios, alza en precios de alquileres y carne, que ahora se vende en cuotas. Un camino directo al abismo.

Por eso decimos que nunca se trabajó tanto para ganar tan poco. Oficialmente dos millones y medio de argentinos trabajan 17 horas por día. Aunque la bandera del Gobierno es el combate contra la inflación, los principales perjudicados son los trabajadores. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), encabezado por Claudio Lozano, la precarización laboral alcanza al 42% de la población activa. Entre los jóvenes, ese porcentaje sube al 71,7%.

El propio INDEC informó que el 50% de los trabajadores registró ingresos por debajo de los $600.000 en el último trimestre de 2024. No sólo se trata de magros ingreso, el gran problema es lo que se ha perdido desde la llegada de Milei al gobierno: un trabajador formal promedio perdió casi 2.000.000 de pesos en términos reales. En el caso de los estatales, el deterioro es aún peor: la pérdida acumulada supera los 6.000.000.

Ese matrimonio que ve las noticias y duda del 2,8%, con más o menos detalles, porque ya despidieron a un familiar o un vecino, sabe que desde que Milei es presidente desaparecidas 13.111 pequeñas y medianas empresas y se destruyeron 219.670 empleos registrados.

Pese a este panorama, Argentina sigue perdiendo oportunidades. Recostado en un alineamiento enfermizo con los Estados Unidos, el gobierno de Milei ignoró el encuentro de la CELAC en Beijing y se negó a firmar un documento respaldado por 32 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En esa cumbre participaron Lula, Petro y Boric, entre otros. Además de líneas de crédito se firmaron acuerdos comerciales en el marco de la Nueva Ruta de la Seda, el megaplan de infraestructura impulsado por China. Mientras tanto, el comercio entre China y la región alcanzó los 515.000 millones de dólares en 2024.

Ahora la atención se centra en Tierra del Fuego, donde 7.000 puestos de trabajado están en riesgo tras el anuncio del gobierno de reducir un 30% los aranceles para productos electrónicos, tanto nacionales como importados. El gobernador Gustavo Melella advirtió que demandará al Estado si avanza esta medida. La UOM declaró un paro total por tiempo indeterminado. Frente a esta situación, el ministro Federico Sturzenegger ironizó con crueldad: “Tierra del Fuego debería convertirse en un parque de diversiones de nivel mundial”.

Es la muestra más clara de un gobierno que desprecia la industria nacional y las realidades del interior del país. Tierra del Fuego es la provincia más austral y para acercar familias se le otorgó un régimen fiscal especial que la exime o reduce significativamente los impuestos para fomentar la promoción del desarrollo económico y la industria nacional.

En línea con su modelo de país para unos pocos, el Gobierno impulsa ahora el fondo de cese laboral, que busca reemplazar las indemnizaciones por despido previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. La propuesta es un sistema similar a un seguro, pagado mensualmente por el empleador, que el trabajador cobra al ser despedido. No hay garantía mínima sobre el monto, y representa un nuevo retroceso en derechos laborales.

No quieren dejar nada en pie. Desmantelan lo público y desprecian a los trabajadores. Fomentan el odio al migrante, intentando instalar un enemigo donde nunca lo hubo, sembrando división en un país que no se caracteriza por odiar a sus vecinos. Y utilizan las fuerzas de seguridad para seguir reprimiendo a los jubilados y toda protesta legítima. Pero van acumulando bronca en el pueblo.

 

Una familia tipo necesitó $1.110.624 para no ser pobre en mayo

Una familia compuesta por dos adultos y dos menores requirió ingresos por al menos $1.110.624 para no ser considerada pobre en mayo de 2025. Al mismo tiempo, los hogares integrados por cuatro integrantes precisaron un mínimo de $500.281 para no quedar bajo el umbral de la indigencia, menos que el mes previo debido al a estabilidad de los precios de los alimentos.

La canasta básica alimentaria (CBA) fue de -0,4% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 0,1%. Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron de 29,3% y 30,5% en términos interanuales y acumulan en el año incrementos de 11,3% y 8,4% respectivamente», explicó el INDEC.

 

Los servicios aumentaron hasta 707%

Se publicó un informe que muestra que en el primer año del gobierno de Javier Milei, la clase media sufrió un fuerte deterioro en su poder adquisitivo y en su acceso a bienes y actividades. Así, obligó a cambiar la forma en que consumen, dejando de lado productos tradicionales y perdiendo calidad de vida.

A lo largo del primer año de gobierno, la inflación de los servicios fue más alta que la de los bienes en 11 de los 12 meses, por lo que las familias tuvieron que redistribuir su presupuesto y los servicios aumentaron un 33% más en comparación con los bienes. Esta diferencia genera un “efecto tijera”: mientras los ingresos intentan seguir el ritmo de la inflación general, el costo de vida sube mucho más por el lado de los servicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gas subió un 631%, el transporte un 707%, la electricidad un 390% y el agua un 350%. A diferencia de los alimentos, cuyos precios subieron en menor medida, los servicios registraron aumentos mucho más altos, afectando de forma directa el bolsillo de la clase media.

El Centro R.A. de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que promueve y difunde estudios sobre políticas para el desarrollo argentino comparó datos de consumo, inflación e ingresos, centrados en la clase media, y se reveló una reconfiguración forzada del gasto familiar. En el primer año de la gestión, el 59% del gasto de los hogares se destinó a servicios, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior.

A pesar de que los salarios aumentaron en términos nominales, el poder real de compra bajó porque las familias tuvieron que destinar más dinero a pagar gastos fijos indispensables.

El informe también muestra un panorama difícil para la clase media argentina. Allí, la recuperación salarial hacia fines de 2024 parece positiva, pero es engañosa frente al ajuste que tuvieron que hacer las familias en sus gastos. Muchas personas tuvieron que cambiar lo que compran porque los precios relativos de los productos y servicios cambiaron mucho.

Para ser considerado clase media en el tercer trimestre de 2024, una persona debía tener ingresos mensuales entre $372.000 y $1.192.000. Esto exigía una suba del 125% desde el inicio del gobierno. Sin embargo, los salarios aumentaron en promedio un 119%, lo que no alcanza para sostener esa posición social.

 

 

 

CABA: Cuánto tiene que ganar una familia por mes para ser de clase media

Una familia tipo necesitó ingresos por al menos $1.868.181,91 para ser considerada de clase media en mayo de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al mismo tiempo, las estadísticas oficiales mostraron que el mismo grupo precisó $1.181.436 para no quedar bajo la línea de la pobreza.

Ambas canastas aumentaron por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, que en febrero marcó un alza del 1,6%. En la comparación interanual, la CBA acumuló un incremento del 31%, mientras que la CBT trepó un 37,36%. La diferencia entre ambas se explica por la inclusión de bienes y servicios no alimentarios en la segunda.

De todos modos, tanto los valores que marcan las líneas de pobreza e indigencia se ubicaron muy por debajo del incremento interanual del IPC porteño, que alcanzó el 48,3%. Este porcentaje, además, se habría ubicado por encima del índice a nivel nacional correspondiente al mismo período.

El IDECBA clasifica a las personas según el nivel socioeconómico de su hogar, lo que permite identificar a los sectores más vulnerables en términos de pobreza e indigencia y distinguir la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social, la de cada uno de los estratos definidos y su evolución a lo largo del tiempo.

 

Canastas en CABA: cómo se clasifica cada nivel socioeconómico

• En situación de indigencia: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). En diciembre formaron parte de este intervalo quienes percibieron ingresos menores a $637.167,29.
• En situación de pobreza no indigente: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. En esta situación se encuentran quienes perciban ingresos entre $637.167,29 y $1.181.435,67.
• No pobres vulnerables: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. El intervalo de familias con ingresos entre $1.181.435,67 y $1.494.545,52.
• Sector medio frágil: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Quienes percibieron entre $1.494.545,52 y $1.868.181,90.
• Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Los grupos que tuvieron ingresos que van de los $1.868.181,90. a los $5.978.182,11.
• Sector acomodado: Hogares cuyo ingreso mensual es de cuatro veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. De $5.978.182,11 en adelante.

 

La actividad económica cayó 1,8% en marzo

A contramano del sendero alcista que venía transitando, la actividad económica cayó 1,8% en marzo en términos mensuales desestacionalizados y quebró una racha de 10 meses consecutivos de repunte. La tensión provocada por la falta de definiciones respecto a las modificaciones del esquema cambiario introdujo ruidos en la economía durante el tercer mes del año.

Al mismo tiempo, el rubro Comercio mayorista, minorista y reparaciones (9,3% ia) fue el de mayor incidencia positiva en la estadística anual, seguida de Intermediación financiera (29,3% ia) e Industria manufacturera (4,2% ia).

Por el contrario, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Electricidad, gas y agua (-4,3%) y Hoteles y restaurantes (-3,6% ia). Estos segmentos, junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,1% ia), le restan 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

A propósito de la contracción mensual, la mayor parte de los analistas la asocian con la zozobra cambiaria que se vivió en marzo cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no paraba de vender divisas mientras aumentaba la presión por conocerse el nuevo esquema cambiario.

La actividad económica de marzo 2025

Sin embargo, la tendencia contractiva se habría revertido en abril ya que la flexibilización parcial del cepo cambiario no implicó un salto significativo en el tipo de cambio oficial. De hecho, la inflación se desaceleró de 3,7% a 2,8% en el cuarto mes de 2025.

«El comportamiento dual puede explicarse por varios factores. Por un lado, el crecimiento interanual refleja en buena medida un efecto arrastre por la baja base de comparación, ya que en marzo de 2024 el EMAE había registrado una fuerte caída del 8,4%. Por otro lado, la contracción intermensual podria deberse a la salida del cepo cambiario y a cambios en las expectativas económicas», analizaron desde CEPEC.

«El acumulado del primer trimestre mantiene un crecimiento del 6,1%, pero los riesgos a futuro incluyen posibles arrastres del sector energético y la evolución del consumo ante la nueva dinámica de precios«, concluye el documento.