En un acto que atenta contra la transparencia, el poder ejecutivo eliminó el acceso público a los datos de los proveedores estatales. Este oscuro accionar se da a posteriori de la investigación en la que El Disenso descubrió que PAMI le paga 65 millones de pesos por el alquiler mensual de un piso, en el marco de un contrato de 36 meses por un monto total superior a 2300 millones, a una empresa de Kevin Pocovi, un militante liberal del entorno del presidente que lo acompañó a la reunión de la CPAC en Mar-a-Lago. La investigación fue presentada en Comodoro Py.
Esa investigación incluyó en su proceso consultas al sistema de Compras del Estado, al cual se accede a través de la plataforma Compr.AR, y tiene un apartado para buscar Proveedores. Hasta la fecha en la que publicamos la investigación del PAMI cualquier argentino podía ingresar, buscar el nombre de un proveedor estatal y luego al hacer “click” sobre el nombre del proveedor accediendo así a una página que mostraba los datos de inscripción y las categorías en las que dicho proveedor se hallaba inscripto.
Datos del Proveedor – la pagina a la que ya no se puede acceder – El Disenso
También nos sirvió para confirmar que Guillermo Garat, VP de YPF estrechamente vinculado a Santiago Caputo en la consultora política Move Group (aka Green Consult), adjudicó una fortuna vendiéndole servicios de consultoría de imagen a Mayra Mendoza en Quilmes y “galletitas de agua” al gobernador Axel Kicillof a través de la empresa “2 Tapitas”.
La información de 2 Tapitas SRL ya no está disponible – El Disenso
Antes se podía acceder: 2 Tapitas SRL de Guillermo Jose Garat, VP de YPF – El Disenso
Luego de nuestra investigación sobre la dilapidación de fondos de PAMI en favor del joven libertario Kevin Pocovi, el ejecutivo editó la página del compr.AR eliminando la posibilidad de ver a quien pertenecen las empresas registradas como proveedores del Estado, atentando contra la transparencia pública e impidiendo que el periodismo indague ahí donde los administradores del dinero público reparten su botín electoral.
Con este accionar, se abre una edad de oro para los empresarios prebendarios y para funcionarios que derivan negocios públicos hacia sus empresas fantasmas.
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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
![[ AHORA ]
EL GOBIERNO NACIONAL CERRÓ EL ACCESO PÚBLICO A LOS DATOS DE LOS PROVEEDORES ESTATALES.
LA PLATAFORMA http://Compr.ar YÁ NO PERMITE VER QUIENES SON LOS DUEÑOS DE LOS CONTRATISTAS DEL ESTADO](https://www.eldisenso.com/wp-content/uploads/2025/03/2-tapitas-completo.jpg)
