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EL INTA SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE AGROTÓXICOS EN ARGENTINA

Tras censurar la reunión informativa del proyecto SPRINT que iba a realizar la investigadora Virginia Aparicio sobre los resultados del mapeo biológico humano en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, el INTA decidió intempestivamente suspender todas las actividades que involucran al SPRINT en su capítulo argentino, ante la gravedad de los datos que surgen de la investigación y que pretende ocultar.

El INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria) continúa un derrotero de ocultamiento deliberado y malicioso de los datos que surgen del mapeo biológico humano realizado en pueblos fumigados de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente, subvencionado por la Unión Europea.

Tras censurar a la investigadora Dra. Virginia Aparicio y su equipo de investigación – responsable de SPRINT Argentina en representación del INTA – con la cancelación de la reunión informativa del 21 de Junio de 2023 en la que se iba a presentar públicamente un informe sistematizado de los resultados de la biomonitorización, el INTA – el 5 de Julio de 2023 – volvió a arremeter al suspender el proyecto en su capítulo argentino, que el propio organismo aprobó  por resolución el 29 de Mayo de 2020. 

Además en la inteligencia de una directriz persecutoria ordenó el inicio de un sumario administrativo por el cual la responsable del proyecto SPRINT por la Argentina, Dra Virginia Aparicio, debe elaborar un informe detallado de las actividades desarrolladas hasta el momento, conteniendo toda la información «comprometida» y explicitada en el documento del Proyecto para el caso de estudio Buenos Aires Argentina.

El argumento central para suspender el proyecto SPRINT, según se desprende de los fundamentos de la resolución administrativa firmada por Marino Dante Garmendi, Presidente del Consejo Directivo del INTA, es que las autoridades nacionales del organismo no comprendieron debidamente (sic) que el Acuerdo de Subvención de la UE, incluía dentro de los workpacakages y actas complementarias del SPRINT un estudio sobre las implicancias de los agrotóxicos en personas humanas.

De hecho, el protocolo del estudio de investigación que involucra 10 países de la Unión Europea y la Argentina, fue publicado en una revista científica Plos One bajo el titulo «Collection of human and environmental data on pesticide use in Europe and Argentina: Field study protocol for the SPRINT project«. 

En el trabajo publicado y que obra en el repositorio del SPRINT en su página oficial se apunta con total transparencia que «se presenta un protocolo de estudio destinado a determinar la presencia y los niveles de residuos de productos fitosanitarios en plantas (cultivos), animales (ganado), seres humanos y otras especies no objetivo (representantes del ecosistema) para la modelización de la exposición y la evaluación del impacto.» Se agrega que «para lograrlo, diseñamos un estudio transversal para comparar los sistemas agrícolas convencionales y ecológicos de toda Europa. Durante la temporada de cultivo de 2021 se han recogido o se recogerán muestras medioambientales y biológicas en 10 lugares de Europa

Respecto de nuestro país se apunta que «un lugar de estudio adicional en Argentina informará sobre el impacto del uso de productos fitosanitarios en el cultivo de soja, que es una importante fuente europea de proteínas para la alimentación animal. Estudiaremos el impacto de las mezclas de productos fitosanitarios utilizando una metodología integrada de evaluación de riesgos. Se controlará el destino de los productos fitosanitarios en los medios ambientales (suelo, agua y aire) y en los hogares de los agricultores.» Finalmente se detalla que «esto se complementará con biomonitorización para estimar la absorción de PPP por humanos y animales de granja (vaca, cabra, oveja y pollo).”

Está claro, que ante los resultados de la biomonitorización del capítulo Argentino del SPRINT (relacionados con la población humana que vive en los pueblos fumigados del sur de la Provincia de Buenos Aires) que muestran como nunca antes el nivel de impacto de los agrotóxicos en la salud humana – evidenciando una situación de riesgo de daño grave – tanto por la exposición directa (en el aire que se respira) como indirecta (en el agua y alimentos que se consumen) de la población de los pueblos fumigados a dichas sustancias, el INTA Nacional – atento a su vinculación orgánica histórica con el Agronegocio – procura por todos los medios desentenderse del SPRINT, observando con rigor formalista los procedimientos del estudio y alegando que se trata de un materia que no es de su incumbencia, sic, con el evidente objetivo de ocultar los resultados alarmantes que presenta el mismo. 

Ante los resultados de la biomonitorización del capítulo Argentino del SPRINT que muestran como nunca antes el nivel de impacto de los agrotóxicos en la salud humana tanto por la exposición directa como indirecta de la población de los pueblos fumigados a dichas sustancias, el INTA Nacional procura por todos los medios desentenderse del SPRINT

UN LOOP

El INTA Nacional al focalizar y poner en observación las formas del Estudio e implementar solapadamente un mecanismo persecutorio con la cancelación de una reunión informativa, y pedidos de informes, explicaciones y aclaraciones; repite una lógica de facto que se da siempre cuando se presentan estudios, trabajos científicos o relevamientos sanitarios o ambientales en marcos institucionales que evidencian los impactos de los agrotóxicos en la población humana y el Ambiente.

Fue lo que ocurrió con el cientifico Andrés Carrasco – investigador del CONICET – cuando en el año 2009 adelantó los resultados de su investigación sobre los efectos teratogénicos del Glifosato, lo que le valió una cancelación y una campaña de desprestigio por parte de las autoridades del CONICET (en ese momento a cargo de Roberto Salvareza) en su carrera de 30 años como investigador científico.

Lo mismo sucedió con el médico, docente e investigador Medardo Avila Vasquez – fundador de la Red de Médicos/as de Pueblos Fumigados de la Argentina – cuando mostró los resultados del relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz (Córdoba) – construido colectivamente con la población – en el año 2014. En ese caso, el rector de la Universidad Nacional de Cordoba, Juan Marcelo Conrero, solicitó un sumario administrativo y sanción contra Avila Vasquez por considerar que el estudio carecía de asidero científico y que además no había sido autorizado por la alta casa de estudios.

En ambos casos, al igual que la Dra. Virginia Aparicio, en una muestra de ética científica ejemplificadora, no se guardaron ni retrasaron ni manipularon temporalmente los datos, todo lo contrario, los pusieron a disposición de las personas involucradas como de la sociedad en general, antes de la publicación de los respectivos papers, para que se tome conocimiento sin demoras y sin intermediarios de una información significativa que nos habla de una emergencia sanitaria y ambiental.

LOS DATOS DEL SPRINT QUE ACREDITAN EL DAÑO GRAVE QUE REPRESENTA EL AGRONEGOCIO CON EL USO DE AGROTÓXICOS

Como ya se adelantó, en sangre, el total de participantes argentinos/as en el proyecto SPRINT, capitulo argentino presentó un rango de 2 a 10 agrotóxicos y la suma de concentraciones individuales estuvo entre 0,16 y 189,4 μg/L. Los agrotóxicos con mayor presencia en sangre en los 22 casos conocidos son: Bromoxynil (19), Fipronil Sulfone (16), Pirimicarb (15) y Clorpirifos (13). 

El Pirimicarb es considerado probable cancerígeno por la EPA.  Fue hallado en 11 alimentos en los controles del SENASA entre  los años 2017 y 2019 en toda la Argentina. Por su lado el Fipronil Sulfone y el Bromoxynil están catalogado ambos como posible carcinógeno humano y alterador hormonal-categoría 2.  Ninguno de los dos fue detectado como residuo en los alimentos en los controles del SENASA en el periodo indicado más arriba. El Fipronil Sulfone y el Clorpirifos si bien hoy están prohibidos, al momento del relevamiento del SPRINT, estaban autorizados.

A su vez, en orina, el rango fue de 6 a 13 agrotóxicos y la suma de concentraciones individuales osciló entre 3,0 y 92,5 μg/L. Los agrotóxicos con mayor presencia en orina en los 22 casos conocidos son: 2,4-d (19), Glifosato (18) y como metabolito Ampa (17).  Por último, en materia fecal, el rango fue de 0 a 18 agrotóxicos con concentraciones individuales que se ubicaron entre 0 y 759,4 μg/Kg. Los agrotóxicos con mayor presencia en materia fecal en los 22 casos conocidos son: Glifosato (21), Fipronil Sulfone (16), Deltametrina (10), Lambdacialotrina (10), Folpet (7) y Clorpirifos (7). 

Cuando hablamos de agrotóxicos en la sangre, eso significa que estas sustancias ya se encuentran en el sistema interno del cuerpo humano en un tejido celular esencial, lo cual, desde una perspectiva jurídica argumental, el riesgo de daño se acrecienta exponencialmente.

RESPIRAR AGROTÓXICOS

A su vez se analizó la matriz ambiental: el aire que se respira en los pueblos fumigados. Concretamente se encontraron de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras que se les colocó durante una semana a cada persona voluntaria del proyecto SPRINT (las pulseras capturaron las moleculas de agrotóxicos presentes en el ambiente). La suma de concentraciones individuales de los participantes argentinos/as (en su totalidad) estuvo entre 8,1 y 3.393,6  μg/Kg de agrotóxicos en el aire.

Los agrotóxicos con mayor presencia en el aire en los 22 casos conocidos de personas voluntarias del proyecto SPRINT Argentina fueron: Metolachlor (20), Atrazine (19), Azoxystrobin (16), Piperonyl butoxide (16), Fipronil (18), Fipronil sulfone (16), Propoxur (14), Prochloraz (12), Carbendazim (12), Trifloxystrobin (11).

COMER AGROTÓXICOS

El proyecto Sprint capítulo argentino, también contempló un sub-grupo comprendido por consumidores/as, respecto del cual se analizaron sus alimentos de consumo. El total de participantes argentinos y argentinas presentó una exposición de agrotóxicos en un rango de 6 a 22 plaguicidas en las muestras de alimentos. La suma de concentraciones individuales estuvo entre 10,9 y 238,6 μg/Kg.

Los resultados muestran una concordancia con la cantidad de agrotóxicos detectados en 48 alimentos en los controles oficiales del SENASA entre los años 2017 y 2019 en toda la Argentina, que presentaron un rango de detección 1 a 37 agrotóxicos en frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas.

Fotos: Pablo Piovano
Fuente: Naturaleza de derechos

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    Justicia servil al poder: los allanamientos en AFA y clubes reavivan la disputa Milei–Chiqui Tapia y el fantasma de las SAD

     

    La Justicia realizó 35 allanamientos simultáneos en la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino en el marco de la causa Sur Finanzas, en plena escalada política entre Milei y Chiqui Tapia. El trasfondo: el avance del Gobierno para forzar las sociedades anónimas deportivas y disciplinar al fútbol argentino.

    Por Ignacio Elfratini para NLI


    Un operativo descomunal en el momento político exacto

    La mañana del martes amaneció con un despliegue judicial pocas veces visto: 35 allanamientos simultáneos en el edificio de la AFA, el predio de Ezeiza y las sedes de una larga lista de clubes—entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Platense y Deportivo Armenio—ordenados por el juez Luis Armella en el marco de la causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero vinculados a la firma Sur Finanzas.

    Según detalló el periodista de C5N Diego Gabriele en Mañanas Argentinas, la investigación apunta al presunto lavado de $818 mil millones mediante empresas ficticias, parte de los cuales habrían llegado a las arcas de los clubes allanados y de la propia AFA. La fiscal Cecilia Incardona pidió además el levantamiento del secreto fiscal y bancario para reconstruir el circuito del dinero, que incluía créditos otorgados por Sur Finanzas y cobrados mediante derechos de televisación o contratos de marketing.

    Mientras el dueño de la financiera, Ariel Vallejos, aparece como principal investigado, el avance judicial se produce en el punto más caliente de la pelea política entre Milei y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, justo cuando el Gobierno presiona para forzar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.


    Una Justicia alineada al poder y los viejos métodos de presión

    La simultaneidad, el volumen del operativo y el momento elegido no pasaron inadvertidos. En medio de la ofensiva discursiva y política de Milei contra la AFA, este despliegue surge como una herramienta de disciplinamiento. Mientras el Gobierno repite que el fútbol debe “modernizarse” y abrirles la puerta a las SAD, el mensaje detrás de estos operativos parece claro: o aceptan el nuevo esquema de negocios, o se profundiza la persecución judicial.

    La historia reciente muestra cómo la Justicia federal se ha convertido en un arma preferencial del poder político de turno. Lo vimos con la persecución al kirchnerismo durante el lawfare, y ahora reaparece la misma matriz aplicada sobre otra estructura que le resulta incómoda a Milei: el fútbol organizado.

    El contraste es evidente. La misma Justicia que mira para otro lado frente a los desastres económicos del Gobierno, que se mueve con parsimonia ante los negociados de los funcionarios libertarios, actúa con velocidad quirúrgica cuando se trata de un conflicto central para la construcción de poder del Presidente.

    Esta selectividad quedó expuesta también en las últimas semanas, mientras el Gobierno niega cualquier responsabilidad por la crisis sanitaria, los casos de fentanilo y la caída en los niveles de vacunación que derivó en el retorno de enfermedades que estaban erradicadas. Frente a esas emergencias, silencio. Frente a Tapia, allanamientos.


    Las SAD detrás de la cortina y un fútbol que resiste

    Desde que Milei reveló su intención de abrir la puerta a las Sociedades Anónimas Deportivas, la AFA y la mayoría de los clubes afirmaron públicamente que no permitirán la privatización del fútbol argentino. Tapia, convertido en enemigo público del oficialismo, es la cara visible de esa resistencia.

    El eje real del conflicto aparece entonces con nitidez: la pelea no es por Sur Finanzas, sino por el control del negocio del fútbol. Y cuando la política quiere avanzar, la Justicia suele funcionar como su ariete.

    En paralelo, los allanamientos alcanzaron a Sur Finanzas tanto en su sede de Adrogué como en las oficinas donde funcionaba la empresa rebautizada Neblockchain. Las medidas fueron impulsadas desde el juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello, para secuestrar información que permita reconstruir cómo se movieron los fondos que administra el grupo investigado.

    Pero más allá de los aspectos técnicos de la causa, la lectura política es inevitable. Enfrentado a un Chiqui Tapia que no se le arrodilla, Milei vuelve a encontrar en los jueces de siempre un aliado para desgastar, presionar y condicionar. No es una novedad: es un método.

     

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