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CAP. 4 «CONVIVENCIA FORZADA». ESTRENO WEB

ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO


«Los pozos de fracking se instalan en medio de las chacras y pegado a zonas urbanas. Los vecinos que conviven con esta actividad se quejan de: el ruido las 24 hs, vibraciones que rompen sus casas, problemas de salud, agua contaminada, gases en el ambiente, infertilidad del suelo. También cuentan de enfermedades que empezaron después de la llegada de las torres, como enfermedades en la piel, en el sistema digestivo y respiratorio. En otros casos también afecta de manera negativa en los animales, que cuentan, que no pueden beber del agua del río o el agua de pozo porque se enferman. Según la socióloga Belén Álvaro la palabra que define esta situación es “malestar”. Se transforma la vida en el territorio de manera drástica.

Luego de la realización del 1er cortometraje documental “ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO” estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estrena en redes a partir dehoy 23 de Agosto. La publicación será de un capítulo estreno por semana.

Sinopsis de la serie:
En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.

Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.

Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares.
Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.

@invitado-especial Alejo Etrabou

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    Patricia Bullrich admitió este miércoles ante los presidentes de los bloques de senadores aliados que Luis «Toto» Caputo se niega a modificar la reforma laboral en el capítulo de Ganancias, una de las exigencias de los gobernadores para apoyar la ley en el Congreso.

    Durante una reunión en las oficinas de la UCR en el Senado, la jefa de la bancada libertaria pidió a los legisladores que se mantengan en silencio «para no complicar las negociaciones».

    Sin embargo, Bullrich llegó al encuentro con una nota que apuraba la convocatoria a sesión para el próximo 12 de febrero y los senadores se negaron a firmarla. Sus colegas le plantearon que, primero, garantice la apertura de la Casa Rosada para quitar la rebaja de ganancias a las grandes empresas, que impacta brutalmente en la coparticipación de las provincias.

    Además, el temario contemplado en la nota que llevó la exministra no incluía la declaración de la emergencia ígnea, otra de las demandas de los mandatarios provinciales a raíz de los incendios en la Patagonia.

    Los gobernadores se reúnen para exigirle a Milei que saque el capítulo de Ganancias de la reforma laboral

    Tres senadores consultados por LPO reconocieron que tienen la voluntad de colaborar con la media sanción de la reforma pero que no están dispuestos a «inmolarse» para alcanzar una mayoría ajustada, de apenas 37 votos favorables, con altas probabilidades de ser declarada inconstitucional en el Poder Judicial. «Queremos que junten 50 votos para que ningún juez se anime a voltearla», dijo uno de los legisladores.

    El problema es que la propia Bullrich confesó ante los senadores que «Caputo está muy duro» y «no acepta cambios».

    Bullrich, en Casa Rosada.

    Del encuentro participaron el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, el cordobés Luis Juez, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón. No hubo representantes del PRO ni tampoco asistió la neuquina Julieta Corroza.

    Si el peronista José Mayans logra retener la voluntad del interbloque justicialista, incluyendo a los cinco de Convicción Federal y los dos santiagueños, el rechazo podría tener un piso de 28 votos pero podría crecer si el Poder Ejecutivo no acepta los cambios que piden los gobernadores. «Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado», precisó un senador que responde a uno de ellos.

    Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado.

    Bullrich también habría pasado un momento incómodo cuando uno de los presentes le preguntó si había hablado con la CGT. La exministra respondió que sí y hasta deslizó que desde el gobierno habían conversado con camaristas de la Justicia, algo que podría resultar escandaloso.

    Al cierre de esta nota, la síntesis de la reunión entre la presidenta del bloque oficialista y sus pares aliados era el simple compromiso de Bullrich de llevar las observaciones de los senadores a Caputo y Diego Santilli, para retomar el diálogo en la Cámara Alta a partir del martes.

     

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    El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.

    Por Tomás Palazzo para NLI


    El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.

    En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.

    Genéricos bajo presión y monopolios extendidos

    Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.

    El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.

    Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.

    PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado

    El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.

    Si los genéricos tardan más en ingresar:

    • Sube el precio promedio de los tratamientos.
    • Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
    • Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
    • Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.

    En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.

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    La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.

    El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.

    Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.


    Conclusión

    El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos.
    Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.

    El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo?
    Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.

     

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