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QUE LOS CABLES NO HAGAN SOMBRA

El problema del uso del espacio aéreo y público en Villa Regina ya es un tema que está sobre la mesa, no solo los vecinos han expresado su preocupación sino que el legislativo lo tomó como un tema relevante a solucionar y presentó un proyecto de ordenanza (en conjunto entre JSRN y SVR) próximo a aprobarse.

Si bien es cierto que el mayor problema, no solo en Regina, sino en todo el país, no es la creación de normas que regulen sino más bien llevarlas a la práctica, por algo hay que comenzar. Y puedo sonar antipático pero se complica más aún el control y el ejercicio de dichas normas cuando a los que hay que pone a trabajar son grandes empresas prestadoras de servicio. Pareciera que al vecino siempre es más fácil correrlo, pero como dije, el inicio es la legislación.

El reclamo y la preocupación de la comunidad no pasa solo por un dilema estético, que no deja de ser importante, sino también pasa por una cuestión de seguridad vial y protección del ciudadano ante los consecuentes riesgos que implican el posteo desmedido y mal colocado frente a las viviendas, el tendido caótico que cruza de una vivienda a otra desde cualquier sector de la cuadra o bien por el mismo centro de manzana entre patio y patio.

La ordenanza viene a dar un marco regulatorio a todo este caos en el espacio aéreo de la ciudad, una vez aprobada la ordenanza el ejecutivo tendrá las facultades de reglamentar dicha legislación readecuando las condiciones pertinentes.

Como decía, ojo que solo con la ordenanza no hacemos nada, después hay que hacerla cumplir! Si no es así, ¿qué tan lejos estamos de la India? Y no hablo de kilómetros. O ¿cuánto nos podemos parecer y en cuánto tiempo?

Como mencionaba anteriormente el órgano contralor será el ejecutivo que ya es quien debiera controlar el uso desmedido, si bien no hay una ordenanza como la que se proyecta en este momento, cuenta con otras herramientas que ya podría haber puesto en práctica, al menos para exigir que se quite el cableado que está en desuso, primer paso a dar que ya haría cierta diferencia.

  • También podés leer: https://latapa.com.ar/poco-cielo-muchos-cables/

El ordenamiento incluye la sugerencia al PEM y al COPLADE, de la elaboración de un Plan para lograr que en 5 años las principales avenidas del centro de la ciudad obtengan un espacio aéreo despejado de la contaminación visual que hoy presenta.

Los tendidos deberán hacerse siguiendo el perímetro externo de cada manzana, estando prohibido el cruce de instalaciones o servicios domiciliarios por el interior de las mismas. No se permitirá el cruce de servicios desde una vereda a otra por fuera de las esquinas. Todas las empresas deberán adecuar sus instalaciones si no cumplen este requisito.

En todo lo que es tendido de redes de distribución de diferentes servicios en barrios nuevos, los mismos deberán ser soterrados. Todos los tendidos nuevos o a reemplazarse de las líneas de media tensión de transporte de energía eléctrica, dentro del radio urbano y suburbano de la ciudad, deberán ser subterráneas y/o aéreas con conductores envainados.

El proyecto de Ordenanza alcanza todas las actividades que se realicen mediante el tendido de redes de distribución aéreas. No podrán generar riesgos u obstáculos que alteren el tránsito peatonal o vehícular como así tampoco impedir la visualización de señales o mobiliario urbano.

En el mismo cableado cada empresa deberá colocar un rótulo de 10x10cm con un color particular visible para el órgano de control y de los vecinos que sirva para identificar la empresa prestataria y responsable de ese cableado.

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    El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.

    La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.


    Menos Estado, más castigo

    Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

    La derogación implica un cambio de paradigma:
    el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

    En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.


    Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

    Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

    El capítulo contemplaba:

    • Diferencias de escala
    • Modalidades productivas específicas
    • Volúmenes reducidos
    • Condiciones territoriales y sociales propias

    Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

    El resultado es previsible:
    más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.


    Modernización sin reemplazo

    La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
    no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

    No hay:

    • Nuevo régimen para agricultura familiar
    • Nuevo esquema de asesoramiento digital
    • Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

    Solo hay vacío normativo.


    Responsabilidad individual y retirada estatal

    La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

    El mensaje es claro:
    cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

    Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.


    Una decisión técnica con consecuencias políticas

    Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
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    No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

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