El 31 de agosto de 2021, se publicó la resolución 550/2021 del ministerio de economía en la que se autorizó el llamado a licitación pública para contratar la impresión de los cuestionarios del censo.
En el Anexo II de la Resolución, el Estado Nacional mostraba un primer modelo de acta censal. El ítem 23 incluía -charán, charán- la pregunta por el DNI.
Esto hizo que muchas personas y organizaciones manifestaran su preocupación: con el DNI en el censo corre riesgo la privacidad de nuestros datos y el secreto estadístico. Las autoridades públicas dieron respuestas dispares e incluso contradictorias:
¿Cuál es el problema principal? Que en el Censo se preguntan datos sensibles y el DNI es un dato identificatorio. Si cruzamos ambos… ¡kaboom! Ahí se fue nuestra privacidad. pic.twitter.com/yHtCLrVvdR
Frente a esto, bajo el liderazgo de @FViaLibre y con el apoyo de @derechosdigital, se preparó una acción de amparo. En lenguaje técnico, se interpuso una acción de habeas data colectivo. En resumen, se pidió encarecidamente, que no pregunten por el DNI.
Finalmente hubo una respuesta cautelar. ¿Cuál fue la respuesta? “ausencia de caso” ¿Por qué? Porque en el cuestionario censal definitivo no se encuentra incorporada la pregunta por el DNI.
El DNI no va a estar en el censo. En el censo digital se usa solo para validar la identidad, por ejemplo para evitar que lo llenen robots sin alma. Pero no va a quedar asociado a tus respuestas. O al menos eso fue lo que prometieron. Una derrota con gusto a triunfo.
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Axel Kicillof arranca una negociación clave para sus dos últimos años de gobierno. El gobernador presenta el lunes el presupuesto 2026, un proyecto que incluye dos textos clave para la gestión: una autorización para tomar deuda y una ley fiscal que determinará las subas de impuestos.
En principio la negociación asoma como imposible. Kicillof se niega a abrir una conversación por los cargos que reclama la oposición. Se trata de las cuatro vacancias en la Suprema Corte, pero también lugares importantes que pertenecen a la oposición como sillones en el directorio del Banco Provincia, el Consejo de Educación y el Tribunal de Cuentas. También lugares en Tesorería y el poderoso asiento del subprocurador.
El gobernador se resiste a ceder esos espacios. Las vacancias en la Corte bonaerense genera preocupación en la Justicia, pero también hacia adentro del kirchnerismo, desde donde creen que los cargos están para ocuparse.
En el entorno del gobernador sostienen que el presupuesto no debe mezclarse con una discusión por cargos, pero lo cierto es que el Ejecutivo no abre esa negociación en ningún momento del año.
Después de seis años de intentos frustrados para negociar esos espacios, en la oposición parece haber una posición sólida: se abre la negociación o de lo contrario no habrá endeudamiento.
Sin fondos del gobierno nacional, Kicillof necesita tomar deuda para paliar los últimos dos años de gestión, pero no parece dispuesto a negociar nada. Por tanto, el lunes prepara un escenario inédito: presenta el presupuesto en un acto en el que ya cursaron invitaciones a intendentes y legisladores. Esas invitaciones incluyeron a senadores y diputados de la oposición.
Facundo Tignanelli, Rubén Eslaiman y Susana González.
El gobernador se mostrará como aliado de los intendentes para presionar a los legisladores. Les asegurará un fondo para obras dentro del presupuesto, una estrategia para que sean los intendentes quienes pidan a la Legislatura que apruebe el proyecto.
El problema -advierten en la oposición- es que los intendentes no tienen la representación en la Legislatura que supieron tener en otros años. En los últimos cierres de listas, el peronismo relegó a los jefes comunales. En tanto, en el radicalismo (que mantiene su poder territorial) existe una grieta entre intendentes y legisladores.
Probablemente el lunes la oposición pegue el faltazo a la presentación el presupuesto. «Nunca nos convocó y ahora que se la ve mala nos hace llamar por dos o tres secretarios», dijo a LPO un diputado y dijo que esperará que envíen el proyecto a la Legislatura para debatirlo en el ese ámbito.
En seis años nunca nos llamaron para ayudar a solucionar el desastre de IOMA. Ahora nos piden que vayamos como extras para tener su foto política. Kicillof se piensa que soy boludo.
Otros legisladores consultados también confirmaron que no participarán del acto. No quieren someterse a las críticas que Kicillof pueda lanzarles.
«En seis años nunca nos llamaron para ayudar a solucionar el desastre de IOMA. Ahora nos piden que vayamos como extras para tener su foto política. Kicillof se piensa que soy boludo», dijo a LPO el diputado Fernando Rovello (PRO) y agregó que van a analizar con los referentes de los bloques opositores los pasos a seguir.
El año pasado las negociaciones fracasaron y Kicillof administró la provincia sin presupuesto. La oposición y el kirchnerismo llevaron la discusión hasta fin de año hasta que el gobernador cortó por lo sano y le ordenó a Verónica Magario cerrar el Senado.
En esa discusión, fue el propio peronismo quien reclamaba modificaciones al proyecto que envió el Ejecutivo. Por caso, Mayra Mendoza pedía un fondo para compensar a los municipios afectados por el desarrollo de los puertos de contenedores.
El ministro de Economía, Pablo López.
Por estos días, en Casa de Gobierno reconocen que más que un problema, la ausencia de un presupuesto beneficia a Kicillof. El ministro de Economía, Pablo López, se sienta sobe la caja y las partidas hacia los ministerios salen a cuentagotas. La discrecionalidad es total.
Para la Legislatura, en cambio, no contar con un presupuesto aprobado fue un problema. Como parte del ajuste, Kicillof recortó los recursos y ambas cámaras acumulan deudas que ascienden a los 10.000 millones. Hubo contratos que se cortaron, se acumulan pagos a las empresas de limpieza y faltan insumos básicos.
Por lo pronto, el martes López irá a Diputados a presentar el proyecto. Será un primer encuentro con los legisladores de una negociación que probablemente termine en los últimos días de diciembre.
El gobernador necesita tomar deuda y recuperar las siete emergencias que vencieron en marzo pasado (penitenciaria, seguridad, infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética). Esas emergencias son una forma de acelerar los procesos administrativos esquivando la compleja burocracia del Estado bonaerense.
Lo curioso es que en vez de modificar las leyes que regulan los sistema de compra, licitación y contratación, los legisladores acceden a otorgarle al gobernador una especie de permiso especial que le permite esquivar la normativa legal.
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