El 31 de agosto de 2021, se publicó la resolución 550/2021 del ministerio de economía en la que se autorizó el llamado a licitación pública para contratar la impresión de los cuestionarios del censo.
En el Anexo II de la Resolución, el Estado Nacional mostraba un primer modelo de acta censal. El ítem 23 incluía -charán, charán- la pregunta por el DNI.
Esto hizo que muchas personas y organizaciones manifestaran su preocupación: con el DNI en el censo corre riesgo la privacidad de nuestros datos y el secreto estadístico. Las autoridades públicas dieron respuestas dispares e incluso contradictorias:
¿Cuál es el problema principal? Que en el Censo se preguntan datos sensibles y el DNI es un dato identificatorio. Si cruzamos ambos… ¡kaboom! Ahí se fue nuestra privacidad. pic.twitter.com/yHtCLrVvdR
Frente a esto, bajo el liderazgo de @FViaLibre y con el apoyo de @derechosdigital, se preparó una acción de amparo. En lenguaje técnico, se interpuso una acción de habeas data colectivo. En resumen, se pidió encarecidamente, que no pregunten por el DNI.
Finalmente hubo una respuesta cautelar. ¿Cuál fue la respuesta? “ausencia de caso” ¿Por qué? Porque en el cuestionario censal definitivo no se encuentra incorporada la pregunta por el DNI.
El DNI no va a estar en el censo. En el censo digital se usa solo para validar la identidad, por ejemplo para evitar que lo llenen robots sin alma. Pero no va a quedar asociado a tus respuestas. O al menos eso fue lo que prometieron. Una derrota con gusto a triunfo.
Karina Milei está obsesionada con pasarle la motosierra al poder territorial de los intendentes del PRO y se niega a darles el 75% de la lista de concejales, condición que se había incluido en el acuerdo inicial que, ahora, cruje a horas del cierre.
El mayor grado de intransigencia de la hermana presidencial está en los municipios gobernados por aquellos alineados a Jorge Macri, entre los que aparecen Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín) y María José Gentile (9 de Julio).
A ellos, se suma el caso de Campana, donde los libertarios no le perdonan a Sebastián Abella (que responde a Diego Santilli) el hecho de hacer público su voto por Sergio Massa en el ballotage.
El temor que aparece en algunos municipios es el factor gobernabilidad. De eso se habló mucho en las reuniones de intendentes PRO con Cristian Ritondo, previo a oficializarse el frente.
“Pero ¿cuánto te cuesta comprar a estos cachivaches?, no rompas las bolas”, le dijo un alto dirigente que promueve el acuerdo a otra figura del PRO que desconfía de lo que puede llegar a venir si los intendentes aceptan las condiciones de Karina y el ingreso de varios concejales libertarios.
El planteo abre interrogantes sobre lo que puede llegar a pasar en los concejos deliberantes frente a un escenario donde la mayoría oficialista quede condicionada al voto de los concejales libertarios y cómo ellos podrían hacer uso de ese poder.
A primeras luces, no resulta una preocupación disparatada. Por caso, en 9 de Julio los concejales de LLA quisieron destituir a la intendente Gentile e hicieron dos denuncias penales en su contra.
Como fuere, la avanzada de Karina está generando fuertes discusiones en el PRO, donde revelaron a LPO algunos cruces para graficar la tensión que domina la interna amarilla.
“Pero cuánto te cuesta comprar a estos cachivaches, no rompas las bolas”, le dijo un alto dirigente que promueve el acuerdo a otra figura del partido que desconfía de lo que puede llegar a venir si los municipios PRO aceptan las condiciones de Karina.
Dentro de los que quieren terminar con las tensiones y cerrar el acuerdo creen que hay intendentes que exageran los riesgos y sobreestiman a los libertarios locales que juegan con Pareja, a los que ven de rápida absorción una vez que asuman sus bancas.
A pocas horas del cierre, la desconfianza de varios intendentes no desaparece y no es un tema menor ya que en el reglamento del frente, a diferencia de los municipios sin tierra donde pueden avalarse las listas solo con la firma de los apoderados libertarios, en el caso de los municipios PRO, los apoderados son dos para cada lado.
De persistir las diferencias en las próximas horas, algunos aseguraron a LPO que se irán y que, para eso, ya tienen alternativas, entre listas locales y otras alianzas.
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Daniel Rafecas resolvió este jueves que se implementará el juicio en ausencia contra los diez libaneses e iraníes acusados por el atentado a la AMIA que ocurrió hace 31 años y sigue impune. La decisión del juez federal se produce luego del pedido del fiscal de la UFI AMIA -Sebastián Basso- y de las querellas y resolvió que debe avanzarse hacia el juicio en ausencia.
Los acusados son exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
La nueva ley de juicio en ausencia, requerida por el Ministerio Público, fue sancionada por el Congreso este año y propone el avance de procesos penales cuando los acusados no quieren presentarse ante la justicia y evitar que los crímenes queden impunes y dar una respuesta judicial después de más de 30 años de espera.
Según publica Clarín, Rafecas explicó que los acusados fueron “declarados rebeldes hace años, saben perfectamente que están siendo buscados y nunca respondieron a los pedidos de extradición”.
La investigación apunta a que el atentado habría sido organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en Argentina y en la Triple Frontera.
La nueva ley de juicio en ausencia, requerida por el Ministerio Público, fue sancionada por el Congreso este año y propone el avance de procesos penales cuando los acusados no quieren presentarse ante la justicia y evitar que los crímenes queden impunes y dar una respuesta judicial después de más de 30 años de espera.
En este marco, los nombres que estarán siendo juzgados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
Ahora Rafecas debe esperar el pedido del fiscal Basso para cerrar la instrucción de la causa y elevarla a juicio oral”.
“Se trata de un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, ocasionado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina”, detalla el pedido del fiscal al que hizo lugar el juez Rafecas.
Ayatolá, Alí Khamenei.
El titular de la UFI AMIA sostuvo que el juicio en ausencia “no constituye una norma penal sustantiva, sino un mecanismo procedimental que regula el modo en que se desarrolla el proceso penal frente a la incomparecencia del imputado declarado rebelde, sin introducir agravamiento de la pena ni afectación alguna a los derechos esenciales del acusado”.
También solicitaron la aplicación de la Ley 27.784 la querella del abogado Tomás Farini Duggan, quien representa a los familiares de las víctimas del ataque Luis Czyzewski y Mario Averbuch, y los abogados de la DAIA y la AMIA.
Se trata de un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, ocasionado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina
En abril del año pasado, la Cámara de Casación concluyó que los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbolá, ordenados por el gobierno de Irán.
El fallo declaró que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales. La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra Irán.
Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas.
Los jueces ratificaron el carácter de lesa humanidad, que en el caso de la AMIA ya había sido declarado por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace casi dos décadas.
La Municipalidad de Villa Regina, a través del Decreto 22/2021, adhirió a la Resolución Nº 811 del Ministerio de Salud de Río Negro y, de esta manera, extiende hasta el 28 de febrero las restricciones de circulación nocturna, quedando prohibida la circulación de personas por cualquier medio habilitado entre la 1 y las 6 horas,…
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