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DE REVERSA PAPI

Sobre la designación y la no designación de Martín Betancour como responsable del área de cultura en Villa Regina.

El intendente reginense Marcelo Orazi confirmó mediante un posteo en redes que Martin Betancour no iba a asumir el cargo de Secretario de Cultura de la ciudad, luego de corroborar la sentencia firma del Ministerio de Educación de exonerarlo de la docencia por haber incurrido en la falta de falsificación de documentación para poder ejercer la profesión.

La partida de Silvia Alvarado como secretaria de desarrollo cultural de la provincia dejó la Dirección de Cultura sin responsable a cargo, la designación de Martín Betancour quien es referente cultural y nexo con el secretario de estado de cultura de la provincia Ariel Ávalos en la región causó revuelo en la sociedad reginense, tal es así, que al igual que para la Fiesta de la Sidra, el ejecutivo reginense dio marcha atrás y desistió de la designación. En esta ocasión a diferencia de la primera mencionada, el PEM actuó un poco más rápido.

Los motivos por los cuales se dio marcha atrás a la decisión tienen que ver con la exoneración de cargos en docencia por simular la acreditación de idoneidad constituyendo una estafa dentro del Consejo Escolar Provincial de Educación (en término cotidiano, falsificar documentación). De más está decir que es acertado recular en la decisión y dejar atrás a Betancour.

Pero,
¿por qué se incurre en un error tan grosero?

Sobre el tema comentó Ariel Oliveros secretario de coordinación de la ciudad que lo que movilizó al intendente a elegir a Betancour es el nexo directo con el Director de Cultura Ariel Ávalos, ya que Betancour es (o era) el referente cultural de la zona, “parte de su equipo” dice el mismo Betancour en un posteo. Que la decisión fue tomada en conjunto y que sonaban 3 o 4 nombres más, pero como mencioné, la línea directa con el responsable provincial de cultura marcó la diferencia.

Muchos se preguntaron en qué consiste el trabajo que realizaba Betancour como parte del equipo de Ávalos, ¿qué trabajo debía hacer como referente? Laburo de territorio: gestionar actividades, contactarse con artistas, organizar eventos, interiorizarse sobre las problemáticas culturales. En este sentido Betancour tiene sus adeptos y sus detractores.

Pero también la designación  se puede pensar a la inversa, que es la otra información que manejo y en lo que respecta a política y deba descreer de lo que dice el Intendente en su comunicado, es hasta común. La designación ya estaba digitada desde provincia eligiendo a un hombre de confianza de “allá” y no de “acá” como dice su slogan. Porque cuando hablamos de territorio provincial, «acá» no es Viedma, «acá» es Regina.

De ser así el ejecutivo local se come un garrón por agachar la cabeza y aceptar, inclusive sabiendo de la situación en Educación ya que todo el sector cultural estaba al tanto de esta situación, es imposible que el ejecutivo desconozca. Doble error, por eso es tan grosero.

La sociedad expresándose en redes fue suficiente para exponer esta situación y hacer que el ejecutivo salude a Betancour mirándolo por el retrovisor. Artistas locales, el arco opositor aglomerado en el Frente de Todos y también el Concejo Local de la Mujer se expresaron al respecto, este último agregando que Betancour fue deudor alimentario entre los años 2014 y 2021, siendo que en Villa Regina mediante la Ord 43/21 ser deudor del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) es un limitante para ocupar cargos públicos.

Desde el ejecutivo se sabía que la deuda alimentaria había sido subsanada, por lo que no era para ellos un limitante al momento de ocupar el cargo.

El Art. 5 de esta ordenanza define cuales son los trámites y actos administrativos que no va a poder llevar adelante el deudor

a) Obtención y/o renovación de licencia de conducir.
b) Obtención de permisos de todo tipo.
c) Obtención de concesiones para la explotación comercial o la prestación de servicios.
d) Obtención de habilitaciones comerciales y/o industriales.
e) Cambio de titularidad en la habilitación de una explotación comercial y/o industrial.
f) Inscripción como proveedores municipales.
g) Inscripción para acceder al otorgamiento o adjudicación de terrenos o viviendas sociales.
h) Designación de agentes y funcionarios municipales

En la mayoría de los casos otorga un tiempo para regularizar la situación.

Toda la información sobre la Ord en este enlace: https://latapa.com.ar/poniendo-estaba-el-ganso/

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Si bien sabemos que el cargo de Director cultural es político y se define por muchas variables que a veces no implican primordialmente la capacidad e idoneidad de la persona para dicha responsabilidad, nos atrevemos a pensar, ¿por qué no?, en que el cargo se ocupe mediante un concurso o al menos bajo la demanda del ejecutivo de una presentación de un plan de gestión, que en este caso cuenta con menos de dos años hasta las nuevas elecciones municipales del 2023. Un plan que debiera adaptarse a políticas culturales de Estado que corten transversalmente las distintas gestiones.
Ok,  ¿es demasiado?
Bueno.
Que por lo menos tenga un plan de gestión y trabajo cultural a seguir.

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Con la decisión tomada y la búsqueda de nuevos perfiles desde el ejecutivo, ahora la cuestión es otra y la pelota la tienen en provincia:
¿Betancour va a retomar su cargo provincial habiendo incurrido en una estafa al concejo provincial escolar?.

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    Por eso, en el equipo económico algunos proponen medidas mucho más audaces como bajar la tasa al 10% y el impuesto a las ganancias del actual 35% al 10,5% que se cobra en Paraguay. «Si bajas fuerte los impuestos la actividad se reactiva y terminas recaudando más», afirma un técnico que apoya esa medida que en su momento aplicó Reagan.

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    En el equipo económico algunos proponen medidas mucho más audaces como bajar la tasa al 10% y el impuesto a las ganancias del actual 35% al 10,5% que se cobra en Paraguay. 

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    El Gobierno convierte al Estado en garante de financieras: salarios públicos cada vez más hipotecados

     

    El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.

    El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.

    La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.

    En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Un Estado al servicio del cobro automático

    El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.

    Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.

    El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.

    La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.

    En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.

    Salarios débiles, deuda fuerte

    La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.

    Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.

    En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.

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    El trasfondo silencioso del modelo Milei

    La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.

    En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.

    Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.

    Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.

     

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  • Cepeda se consolida primero en las encuestas a dos semanas de las elecciones en Colombia

     

    Colombia se prepara para las elecciones presidenciales y en el progresismo reina el optimismo. A dos semanas de la primera vuelta, la última encuesta de la consultora Invamer antes de la veda a Iván Cepeda con 44,6 por ciento. 

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    «Los grupos armados se han fortalecido y serán un desafío para el próximo presidente de Colombia»

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    La encuesta confirma que no hay cupo para una tercera vía. En primera vuelta, Sergio Fajardo y Claudia López registran 2,4 % y 2,2 % de intención de voto, respectivamente. La cifra, aunque no cambia demasiado frente al mes anterior, sigue bajando.

    Cepeda resiste en los escenarios de segunda vuelta. En las otras encuestas, el candidato del Pacto Histórico aparece perdiendo fuerza en segunda vuelta frente a los aspirantes de derecha.

    En segunda vuelta, en un escenario hipotético entre Iván Cepeda  y Sergio Fajardo, el candidato de izquierda tiene una ventaja de más de 28 puntos.

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    Además, la desaprobación del presidente subió un punto (50,4%), mientras que su aprobación bajó otro (45.8%). El mes pasado ambas habían coincidido casi que en el mismo lugar.

    Cepeda se consolida en el primer lugar, a un mes de las elecciones en Colombia

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    A propósito de orden público, hay un capítulo sobre seguridad y la política de paz total, el 62,1% de los encuestados considera que el proyecto de paz total va por mal camino. Asimismo, el 64,5% se siente más inseguro por esta política y el 73,8% cree que el Estado ha perdido control de territorio.

     

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