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Además ese mismo día se llevará a cabo el sorteo final de un monopatín eléctrico y de un juego de dos sillas reposeras.
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Se juega el 3er y último 3×3 de básquet de este 2021, la Copa Tecno Soluciones se llevará a cabo el domingo 19 de diciembre en el Polideportivo Cumelén. Entramos en el mes de la navidad y no queríamos armar el arbolito sin la compañía de una pelota de básquet, es por eso que decidimos…
Los diputados libertarios que viajaron a Beijing habían votado beneficios fiscales para empresas chinas y se exponen a una situación de dádivas transnacionales.
Como adelantó LPO, el grupo de diputados libertarios viajó a China invitado por el gobierno del gigante asiático y le metió ruido a la relación de Javier Milei con Donald Trump. La aventura fue encabezada por Juliana Santillán, que preside el grupo de amistad con China, y estuvo integrada por otros integrantes de LLA como el ex radical Mariano Campero, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y María Cecilia Ibáñez.
El viaje fue pagado por la tecnológica Huawei, que es uno de los principales enemigos de Estados Unidos, que desde hace años viene haciendo un lobby feroz para frenar su expansión en América Latina, especialmente en lo referido a las redes de 5G y 6G.
Todos los diputados que viajaron habían votado en 2024 un «convenio para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y la prevención de la evasión y elusión fiscal» para empresas chinas.
El viaje lo pagaron desde una empresa que se puede beneficiar por una ley votada por los propios viajeros. ‘Los deja objetivamente en una situación de delitos de dádivas internacionales’, dijeron a LPO en la Cámara de Diputados.
El Convenio busca eliminar los efectos de la doble imposición tributaria sobre la renta y el patrimonio entre ambos países, a través de la distribución de potestades tributarias, reducciones de alícuotas de retención en la fuente y la implementación de un mecanismo de crédito fiscal. Es decir, es un convenio de beneficios impositivos para las empresas chinas que se radican en Argentina y viceversa.
Un informe del estudio de abogados Marval, el más grande de la Argentina en derecho corporativo y señalado como uno de los redactores del mega DNU 70/23, destacó que en el convenio se listan las instituciones de propiedad o controladas por China y la Argentina que pasaron a gozar de este tratamiento diferencial. Y cita los ejemplos del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) o el Fondo para la Ruta de la Seda.
Pero lo más jugoso viene después: el informe asegura que el listado incluido en el convenio podrá ser ampliado de común acuerdo por las autoridades competentes de ambos países.
Es decir, con compañías como Huawei, que tuvo que salir a aclarar varias veces que no pertenece al gobierno chino, como sucede con las empresas del país asiático. Eso no convenció a Trump, que en su primer mandato en EEUU inició un boicot internacional contra la tecnológica acusándola de espiar para el gobierno chino.
«Si esto fuera EEUU, el FBI ya los hubiera detenido», dijo un diputado a LPO en referencia a los libertarios que fueron a Beijing.
Para colmo, en un intento por defenderse de las críticas que recibieron en las redes por haber viajado como la «casta», los libertarios explicaron que el viaje no fue pagado por la Cámara de Diputados. El propio presidente de la Cámara, Martín Menem, salió a hacer esa aclaración.
De este modo despejaron la duda: el viaje lo pagaron desde una empresa que se puede beneficiar por una ley votada por los propios viajeros.
«Los deja objetivamente en una situación de delitos de dádivas internacionales», dijeron a LPO en la Cámara de Diputados.
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Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La discusión va más allá de consignas y slogans. Mientras la administración de Milei impulsa cambios que debilitan los límites a la propiedad extranjera, un trabajo del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el Conicet— puso cifras y mapas a un proceso silencioso: la constante entrega de territorios estratégicos a manos foráneas.
El mapa interactivo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, muestra que aproximadamente el 5% del territorio nacional ya está en manos de firmas o Estados extranjeros. En términos concretos, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, escaparon al control nacional.
El truco del promedio y los distritos en rojo
Los investigadores advierten que el discurso oficial —según el cual ninguna provincia supera el límite legal del 15%— es engañoso. El promedio provincial oculta realidades críticas: 36 departamentos del país ya exceden ese tope, lo que vulnera el espíritu de la ley.
Entre Ríos aparece como uno de los casos más graves. Los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización (más de 56 mil y 57 mil hectáreas, respectivamente), mientras Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso emblemático es Garay, donde el 16% de sus 391 mil hectáreas está en manos extranjeras, por encima del límite legal.
Agua, minería y fronteras: nada es casual
El relevamiento demuestra que la extranjerización no es aleatoria: sigue el rastro de recursos estratégicos en un mundo atravesado por la crisis climática y energética. Hay departamentos que superan el 50% de su superficie extranjerizada, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).
Las zonas con agua dulce y nodos logísticos también concentran cifras alarmantes. Localidades ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, superan el 30%. En cuanto a nacionalidades, Estados Unidos lidera con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Entre las tres concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen más superficie que la provincia de Tucumán.
“No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: los casos más críticos están en zonas de frontera y con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.
De Menem a Milei: una historia de flexibilización
El informe recuerda que el quiebre contemporáneo se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior, que habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas protegidas desde 1944 por un decreto que reservaba esas tierras a ciudadanos argentinos.
Esa normativa fue sistemáticamente vulnerada con ventas irregulares y triangulaciones. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por Luciano Benetton, son parte de ese proceso.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el boom de los commodities, fue desde entonces blanco de intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 por un amparo del CECIM La Plata, el Ejecutivo de Milei avanzó por la vía política a través del Consejo de Mayo, que avaló cambios sustanciales.
Para los especialistas, la reforma no busca inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. El caso de Malargüe, en Mendoza —donde la extranjerización del 15% convive con 18 nuevos proyectos mineros— anticipa mayor conflictividad social si el Estado renuncia a su rol de control. “Cruzar estos datos con las inversiones mineras permite entender por qué el mapa es una herramienta de alerta”, señaló Oberlin.
En un contexto de avance de Donald Trump sobre los recursos de América Latina y reimpulso de la doctrina Monroe, el informe advierte que desarmar las protecciones existentes redefine quién decide, quién accede y quién queda afuera. Cuando el agua dulce y la energía son ejes del conflicto global, ceder territorio es ceder soberanía.
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