PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que este jueves 4 al mediodía cerrarán las inscripciones para carrera Contrarreloj que se llevará a cabo el 7 de noviembre en Avenida General Paz.
Además se comunica que esta arteria permanecerá cerrada desde las 8 hasta las 12 horas de esa jornada mientras se lleve adelante la competencia ciclística.
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio. El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad. Felicitaciones Franklyn! #MunicipioDeVillaRegina #VillaRegina #Municipio #Impuesto #Tasas #OraziIntendente Difunde esta nota
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El Ejecutivo aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, indagado en una causa por contratos sospechados de corrupción, y designó al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux como nuevo titular del Registro Nacional de las Personas. El recambio, firmado por Milei, vuelve a exponer la lógica de reciclaje de cuadros del macrismo porteño en áreas sensibles del Estado.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este lunes cambios en la conducción de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un organismo clave para la identificación de millones de argentinos y argentinas. A través del Decreto 33/2026, Milei aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, que se hará efectiva a partir del 1° de febrero, y designó en su reemplazo a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.
La salida de Santos no es un dato menor. El ahora ex director del RENAPER fue indagado en 2024 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa conocida como Securitas, una investigación que analiza contratos de seguridad sospechados de encubrir el pago de coimas en distintos organismos del Estado, entre ellos el Ejército, el Senasa, la Anmac y Aeropuertos Argentina 2000. Pese a ese contexto, el decreto presidencial se limita a “agradecer los servicios prestados”.
Santos no era un recién llegado al Estado: fue funcionario del Registro Nacional de las Personas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, lo que grafica una continuidad administrativa que atravesó gobiernos de distinto signo político y que hoy vuelve a quedar bajo la lupa judicial.
El nuevo titular del RENAPER, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Administrativo. Su carrera se desarrolló casi íntegramente en la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en 2005 y fue ocupando cargos de mayor jerarquía.
Entre otros antecedentes, fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos y luego Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control. En ese rol impulsó reformas normativas como la Ley 6.101, marco de regulación de actividades económicas en la Ciudad.
Sin embargo, su paso por la AGC está lejos de ser neutro. En 2016 ocupaba ese cargo cuando ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes por el consumo de drogas adulteradas. Un año después, fue procesado por el juez Sebastián Casanello, en una causa que puso en cuestión los controles estatales sobre ese evento.
Entre 2019 y 2023, Pérez Lorgueilleux se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, con responsabilidad sobre la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, los Bomberos y el conjunto del ministerio.
Desde diciembre de 2023 y hasta su designación en el RENAPER, ocupaba el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su llegada al organismo nacional refuerza el desembarco de cuadros provenientes del macrismo porteño en áreas estratégicas del Estado, en sintonía con la alianza política que Milei sostiene con Diego Santilli, uno de los referentes de ese espacio.
El RENAPER no es una dependencia más: administra el sistema de documentos de identidad, padrones y datos personales de la población. El decreto presidencial, amparado en el artículo 99 inciso 7 de la Constitución, no ofrece explicaciones políticas ni administrativas sobre el criterio del recambio, más allá de la formalidad institucional.
Mientras se acepta la renuncia de un funcionario bajo investigación judicial y se designa a otro con antecedentes controvertidos, el Gobierno avanza en su reconfiguración del Estado sin rendir cuentas públicas. Una vez más, los organismos sensibles quedan atrapados entre causas judiciales, reciclaje de funcionarios y silencios oficiales.
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