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La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».

Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.

Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.

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Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».

Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.

Belén Agudiez.

Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.

Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.

De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.

No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.

La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.

La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.

Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».

Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.

 

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El documento de 136 páginas en inglés que el FMI publicó el viernes a última hora dejó mucho más que la aprobación técnica del programa argentino. Entre gráficos, notas al pie y observaciones del staff, el organismo expuso una tensión profunda con la estrategia que Santiago Bausili viene ejecutando en el Banco Central. 

La lectura que hacen en el mercado es contundente: Washington ya no discute sólo medidas puntuales. Está cuestionando toda la arquitectura monetaria. Detrás del lenguaje técnico hay un mensaje político claro: el Fondo quiere modificar la política cambiaria que hoy administra el Banco Central.

El propio documento plantea que «el marco monetario debería seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad cambiaria» y agrega que «la continuidad de la flexibilidad cambiaria» resulta «esencial para reconstruir de manera decisiva los colchones externos». O sea, piden la liberación total del cepo que Bausili se encargó de negar.

También sostiene el documento que «el tipo de cambio continuaría moviéndose de manera flexible dentro de la banda ampliada» y reclama «nuevas mejoras al esquema, incluidos esfuerzos para contener la volatilidad de las tasas de interés».

El informe funciona como una radiografía de las diferencias entre el manual clásico del Fondo y el esquema financiero que utilizó el Gobierno para estabilizar la economía sin detonar una crisis bancaria. El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.

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El documento remarca que «la política monetaria debería seguir enfocada en apoyar la desinflación» y que serán necesarias «medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación del crédito». A la vez, advierte sobre «vulnerabilidades derivadas de descalces cambiarios y de plazos».

La primera crítica atraviesa la política de tasas. El staff técnico insiste en que una economía con inflación alta necesita tasas reales positivas para sostener la demanda de moneda local. Bausili hizo exactamente lo contrario durante buena parte del programa. Aplicó rendimientos negativos para licuar los pasivos remunerados heredados de las Leliqs y los Pases. La lógica oficial era desactivar la bomba cuasifiscal aunque el costo fuera castigar el ahorro en pesos.

El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.

En el Fondo creen que esa estrategia resolvió un problema inmediato pero creó otro más delicado. Según el informe, las tasas negativas trasladan presión hacia el dólar y debilitan la demanda estructural de dinero. Por eso el staff viene reclamando desde hace meses una transición hacia retornos reales positivos y una política monetaria más ortodoxa.

El segundo foco de conflicto es el tipo de cambio. Tras la devaluación inicial de diciembre de 2023, el Banco Central utilizó el crawling peg como ancla antiinflacionaria. Primero al 2% mensual y luego todavía más retrasado frente a la inflación. Para Caputo y Bausili, esa estabilidad cambiaria era indispensable para frenar el pass through y evitar que el ajuste fiscal quedara pulverizado por una nueva escalada de precios. El FMI piensa distinto.

En Washington sostienen que el peso volvió a apreciarse de manera peligrosa y que el atraso cambiario complica la acumulación de reservas genuinas. El documento insiste varias veces con la necesidad de avanzar hacia un esquema más flexible y con menos intervención.

El staff afirma que «el peso se estabilizó, apreciándose alrededor de 13 por ciento en términos reales desde fines de 2025» y advierte que «el tipo de cambio debería actuar como amortiguador frente a shocks». De hecho, el propio Bausili reconoció en el último documento de política monetaria que el plan económico está expuesto a efectos muy graves si ocurre algún shock externo. 

La tercera discusión toca un nervio todavía más sensible: la relación entre el Central y el Tesoro. El FMI históricamente defendió la independencia de los bancos centrales para evitar que funcionen como caja financiera de los gobiernos. Pero bajo la conducción de Bausili ocurrió exactamente lo contrario. Economía y el BCRA operan como una estructura integrada. La transferencia de deuda desde el Central hacia Lecaps y LeFi emitidas por el Tesoro fue la señal más evidente de esa fusión de balances.

En el Gobierno celebran esa ingeniería porque permitió limpiar el balance del Banco Central y eliminar emisión monetaria futura. En el Fondo creen que el riesgo simplemente se trasladó desde el BCRA hacia el Tesoro y los bancos comerciales, cada vez más cargados de deuda soberana. El problema no desapareció. Cambió de ventanilla.

En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.

El documento insiste en que «el balance del Banco Central y su marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose». También reclama «fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión» y mejorar «los marcos de gobernanza». 

Por eso en la City algunos interpretan que el FMI está marcando límites a Bausili. No un pedido explícito de renuncia, pero sí un cuestionamiento integral al funcionamiento del Banco Central. «El Fondo les está diciendo que con este esquema llegaron hasta acá, pero que no quieren seguir así», comentó a LPO un analista del mercado.

El documento también dejó una bomba fiscal escondida en la letra chica. En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.

La nota al pie dice textualmente: «Esta medida excluye pagos de intereses de bonos cupón cero, que están registrados debajo de la línea. Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI».

La observación cayó especialmente mal en Economía porque perfora el principal relato político de Milei. El Gobierno construyó toda su legitimidad económica alrededor del déficit cero. Pero el propio Fondo dejó asentado que parte de ese equilibrio fiscal se sostiene pateando intereses hacia adelante. El ejercicio de contabilidad creativa aparece escondido en una nota al pie mientras arriba en el textose celebra el superávit como si fuera verdad.

El documento sostiene que «el programa continúa sujeto a riesgos elevados» y reclama «planes de contingencia sólidos». También señala que «las vulnerabilidades siguen elevadas» y menciona específicamente «reservas débiles» y «la falta de acceso sostenido a los mercados internacionales».

Como sea, la publicación del staff report reveló algo más profundo que una discusión técnica. Milei llegó prometiendo destruir el Banco Central. Terminó dependiendo de un Banco Central hiperintervenido, coordinado con el Tesoro y sostenido financieramente por el FMI. Y ahora el organismo que mantiene vivo el programa empezó a exigir cambios justamente en el corazón de ese esquema.

La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía las sospechas sobre las diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina anunció el entendimiento el 14 de abril, mucho antes que apareciera la letra chica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.

La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía más las sospechas sobre esas diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina Georgieva anunció políticamente el entendimiento el 14 de abril, mucho antes de que apareciera la letra chica técnica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.

Ese desfasaje entre el respaldo político y las objeciones técnicas también fue leído como una señal de la tutela creciente de Estados Unidos y el Fondo sobre la política argentina. El propio texto refleja esa lógica, donde la democracia aparece reducida a una variable de riesgo que debe ser administrada para no alterar el plan económico.

El informe menciona «incertidumbres políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027» que podrían «provocar salida de capitales y frenar o revertir el impulso reformista». Además señala que será clave «sostener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas».

En ese contexto, el documento del viernes funcionó casi como una advertencia. El Fondo avaló el programa, pero dejó asentado que quiere otra política monetaria, otra dinámica cambiaria y otro funcionamiento del Banco Central.