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Unas 350 personas fueron atendidas en ‘Comunidad en Municipios’

Alrededor de 350 personas fueron atendidas de manera personalizada en el marco del programa ‘Comunidad en Municipios’ que se desarrolló durante miércoles y jueves en Villa Regina.

El polideportivo Cumelen fue el escenario que concentró distintas áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad de Río Negro. De esta manera, más de 190 personas pudieron renovar su DNI en el acto y hacer consultas respecto a los trámites que se realizan en el Registro Civil. Además, más de 70 vecinos y vecinas fueron atendidos por la agencia CREAR, que llevó los diferentes servicios de apoyo desarrollados para emprendedores y emprendedoras de la provincia.

También hubo atención y asesoramiento de Ley Pierri, Inspección General de Personas Jurídicas y Registro de la Propiedad Inmueble.

El Intendente Marcelo Orazi destacó el desarrollo del programa en la ciudad, valorando la importancia de contar con la prestación de estos servicios concentrados en un solo lugar, agradeció a los/as reginenses que se acercaron, así como también al Ministerio de Gobierno por incluir a Villa Regina en este programa de integración provincial y de acompañamiento a los vecinos.

Por su parte, el Ministro Rodrigo Buteler indicó que “este gobierno, desde su inicio, apunta a estar físicamente junto a los y las rionegrinas y a recorrer la provincia. Comunidad en Municipios es un programa que llegó para quedarse”.

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    Desde julio, la aprobación del gobierno venía en alza, mientras que la desaprobación había disminuido. Ahora, la situación se ha invertido: la aprobación ha fluctuado a la baja (de 48 a 47) y la desaprobación sube levemente (de 49 a 50).

    Según Quaest, el gran operativo policial en Río, las declaraciones de Lula al respecto y la preocupación por la seguridad pública fie lo que frenó la mejora en la imagen. «Los indicadores se encuentran en un empate técnico por segunda encuesta consecutiva, después de que la aprobación y la desaprobación volvieran a estar igualadas en octubre, por primera vez desde enero», detalla la encuesta.

    En ese sentido, el director de Quaest Felipe Nunes dijo a Globo que «si bien el aumento de tarifas cambió la trayectoria de la aprobación a favor de Lula, la agenda de seguridad pública interrumpió la luna de miel tardía del gobierno con el electorado independiente».

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    Según la encuesta, en octubre hubo un empate técnico entre la aprobación (46%) y la desaprobación (48%) de Lula entre el electorado independiente.  En noviembre, la desaprobación (52%) superó nuevamente a la aprobación (43%), algo que no se veía desde agosto de 2025. 

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    Según la encuesta, en octubre hubo un empate técnico entre la aprobación (46%) y la desaprobación (48%) de Lula entre el electorado independiente. En noviembre, la desaprobación (52%) superó nuevamente a la aprobación (43%), algo que no se veía desde agosto de 2025

    La encuesta también indica que el índice de aprobación de Lula empeoró entre la población con ingresos familiares superiores a 5 salarios mínimos. Hay más desaprobación (56%) que aprobación (42%), mientras que en octubre se registró un empate técnico. 

    También se observó un empeoramiento en la evaluación entre las mujeres, donde nuevamente hubo un empate técnico entre aprobación (51%) y desaprobación (46%); en octubre, la aprobación fue mayor que la desaprobación.

    Por último,  el 57% discrepa con Lula sobre la masacre en Río de Janeiro. La preocupación de los brasileños por la violencia aumentó del 30% al 38%. En efecto, la desaprobación entre los votantes independientes aumentó 4 puntos, situándose en el 52%, mientras que la aprobación disminuyó 3 puntos, hasta el 43%. 

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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    Al final te suben los impuestos

     

    El Gobierno de Milei oficializó el aumento de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial. El incremento, que había sido postergado hasta después de las elecciones legislativas, impactará en las naftas y el gasoil desde noviembre y traerá otra carga directa al bolsillo de los consumidores.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    A través del decreto firmado por Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, se establece un nuevo esquema de actualización para el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que gravan las naftas y el gasoil.
    El Gobierno lo justifica asegurando que, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”. Sanata.

    El aumento se aplicará parcialmente desde el 1° de noviembre, y el resto —correspondiente al remanente de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025— entrará en vigencia el 1° de diciembre, según figura en el Boletín Oficial.


    Cuánto suben los impuestos

    En el caso de las naftas, el incremento será de $15,557 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,953 en el impuesto al dióxido de carbono.
    Para el gasoil, el aumento será de $12,629 por litro en el impuesto principal, mientras que el monto fijo actualizado para el tratamiento diferencial (zona Patagonia) será de $6,844, y el impuesto al CO₂ alcanzará los $1,441.

    Según estimaciones del sector, sólo con esta actualización de noviembre el precio de la nafta podría subir cerca del 4 %, y el del gasoil alrededor del 3 %. Con la aplicación completa en diciembre, los aumentos totales podrían ubicarse entre 8 % y 10 %, dependiendo de la zona y el tipo de combustible.


    Postergado hasta pasar las urnas

    El aumento llega luego de una seguidilla de subas en luz, gas y transporte, y tras haberse pospuesto estratégicamente antes de las elecciones legislativas.
    Mientras durante la campaña Milei repitió el mantra de la “reducción de impuestos”, lo cierto es que su gobierno volvió a ajustar los gravámenes sobre productos de consumo masivo. Una contradicción que ni el relato libertario puede maquillar.

    Además, el propio decreto reconoce que los incrementos remanentes se aplicarán de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, lo que garantiza que los aumentos se mantendrán en el tiempo, atados a la inflación que el propio gobierno no logra contener.


    Lo que significa para la gente

    Más caro llenar el tanque. Los conductores verán el impacto directo en el surtidor. Para los trabajadores que usan su auto o dependen del transporte público, el aumento se trasladará sin escalas al costo diario de movilidad.

    Presión inflacionaria. El argumento oficial de que el ajuste “estimula el crecimiento económico” choca con la realidad: más impuestos a la energía y los combustibles significan nuevos aumentos de precios en cascada.

    Inequidad regional. Si bien se mantiene un tratamiento diferencial para la Patagonia, la estructura sigue castigando a las regiones con mayores costos logísticos y menores ingresos.

    Desgaste político. Después de prometer que bajaría la presión fiscal, Milei termina subiéndola. Y con cada factura, cada carga de combustible, el costo político se multiplica.


    Mientras tanto, la “libertad” prometida por el oficialismo se traduce en una mayor carga impositiva y en un nuevo golpe al bolsillo. Porque al final, como siempre, la motosierra no pasó por el poder económico, sino por los consumidores.

     

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