Está en marcha el plan de regularización de deudas

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que durante enero continuará el ciclo de capacitaciones ‘Sabores del Valle’. Por un lado, a partir del 12 de enero se pone en marcha ‘Bar kids’, destinada a niños y niñas de 8 a 12 años, una propuesta especial para el verano donde aprenderán…

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que el próximo domingo 25 se jugará la sexta fecha de la Liga de Fútbol Femenino según el siguiente cronograma: 13 horas: Las Kaitos-Regina 14 horas: Alto Valle-Las Inter 15 horas: Las Perlas-Santa Rita 16 horas: Las Botis-Fem Matadero Las Queens tienen fecha libre….

En la trastienda del fallo de Casación que confirmó todas las investigaciones contra el escribano Santiago Busaniche, un lobbysta del máximo nivel de la Justicia Federal, hubo movimientos eléctricos. Desde adentro del tribunal que falló en este caso de corrupción institucional contaron a LPO que el celular de Coco Mahiques, el camarista que tenía que resolver un caso que venía empatado, se descargaron presiones de todo tipo para que desnivelara a favor del implicado.

El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En Santa Fe, donde se tramita la causa contra Busaniche se comenta que el lobbysta tenía cercanía con el juez Ricardo Lorenzetti, adversario en el máximo tribunal de Rosatti.

Como sea, dos funcionarios del Tribunal de Casación comentaron a LPO que el camarista Mariano Borinsky había decidido votar en favor de Busaniche argumentando que la acción penal estaba extinguida y esto dejaba a Mahiques en situación de desempatar, porque su colega Guillermo Yacobucci se inclinaba por votar contra el lobbysta.

Casación le baja el pulgar al lobista judicial Busaniche, que seguirá investigado en causas que tocan al poder

Mahiques finalmente decidió apoyar la posición contra el lobbysta, lo que permitió ratificar la validez de la investigación y rechazar el pedido de recusación de todos los fiscales hecho por la defensa de Busaniche.

El contexto del dictamen fue una caldera, alimentada por la interna frenética que este tema desata en la Corte Suprema, al punto que de acuerdo a los informantes la notificación de la resolución se demoró un día. Al mismo tiempo Busaniche habría distribuid una carta donde anunciaba su intención de quitarse la vida porque, según dice, van a condenarlo de manera inconstitucional. En un texto de siete páginas donde demuestra un conocimiento muy fino de magistrados a los que nombra y de pormenores del mundo judicial.

El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Busaniche tiene un pedido fiscal de seis años de prisión por estar involucrado en una causa de extorsión y en una de sobornos que implican la primera al ex juez federal Marcelo Bailaque y al actual juez federal Gastón Salmain, ambos de los tribunales federales de Rosario. Bailaque tiene prisión domiciliaria y renunció durante el trámite de esta causa. Salmain está procesado por la causa de cohecho y aunque le dictaron la prisión preventiva tiene inmunidad por sus fueros.

El tema es incómodo para Lorenzetti por su conexión con personas ligadas a una de las dos causas ratificadas contra Busaniche. Es en relación a la inserción en el caso de extorsión de Héctor Daniel Marchi, el poderoso ex administrador general de la Corte Suprema, quien fue impulsado a ese cargo por el ministro del máximo tribunal, que además lo defendió en soledad cuando lo destituyeron en 2023.

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Oriundo de Rafaela, Marchi fue señalado como el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario por el testimonio de un arrepentido en esa causa, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna, partícipe el mismo de esa trama de chantaje. Los abogados de Busaniche pidieron que los fiscales llamen a declarar a Marchi y omitan tomarle juramento por si no resultara un mero testigo del caso, ya que si surgieran sospechas no está obligado a decir la verdad.

El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

Conmoción en la justicia: Piden que declare en una causa de corrupción el ex administrador de la Corte Suprema

Lorenzetti afirma no tener nada que ver con Marchi y tampoco con Busaniche. Pero un trámite casi de rutina para un tribunal de alzada como es la definición de un pedido de nulidad, tuvo un seguimiento y resonancia desmedidos. ¿Qué lo explica? Que lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.

Busaniche conoce, tuvo tratos o intercambió favores con más de la mitad de los jueces federales de Comodoro Py. Construyó su influencia pese a ser externo a la Justicia Federal a partir de intercambios con magistrados de todo nivel y hasta habría incidido, según fuentes judiciales, en designaciones de funcionarios que no se definen por concurso.

Lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.

Los abogados de Busaniche habían acudido a Casación para pedir la nulidad de las investigaciones que tienen doble decisión judicial que confirma las imputaciones y para recusar a los fiscales. Decían además que habían recibido tardíamente una notificación que el tribunal rechazó porque la defensa no negó haberla recibido, por lo que el trámite cumplió su fin.

Tanto Mahiques como Yacobucci rechazaron la idea de que la investigación está extinguida por el vencimiento de plazos. Argumentaron que en casos de corrupción existe un imperativo internacional al que Argentina adhiere de avanzar en el juzgamiento. Yacobucci incluso citó como jurisprudencia el voto de Lorenzetti en un caso como precedente, la causa Price, donde sostuvo que «la fijación de un plazo de caducidad tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales». Para los entendidos fue un mensaje encriptado.

En el centro, el juez Guillermo Yacobucci.

Desde el lado de la fiscalía ironizaban. «Es increíble el planteo de plazos vencidos. Hotesur es de 2008 y está avanzando. Y esta investigación contra Busaniche, Bailaque y los demás es de 2024».

Para Borinsky, el voto disidente, se vulneró la garantía del plazo razonable en el caso de Busaniche para formalizar la investigación y por tanto debe considerarse extinguida. Borinsky propuso hacer lugar a las impugnaciones de la defensa y anular las decisiones de las instancias anteriores que convalidaron el proceso contra el lobbysta. Por otro lado, Borinsky sí rechazó la recusación de los fiscales que pedían los defensores de Busaniche.

En agosto pasado se dio una situación llamativa en Casación también en el trámite de esta extorsión que ahora implica a Busaniche. Fue cuando de manera sorpresiva se abrió un recurso en favor de un implicado en un rol secundario, en coincidencia con la llegada de Borinsky a integrar la sala que trató el caso. El implicado era el abogado de Rafaela Guillermo Zenklusen.

El abogado de Zenklusen fue Juan Ignacio Pascual, ex secretario de Borinsky cuando era fiscal y redactor junto con él de artículos jurídicos en diversos medios. La defensa la ejerció María Masanti que es del estudio de Pascual. Borinsky había sido designado el 1º de junio del año pasado en esa sala y Pascual diez días después. Borinsky votó abrir el planteo de Zenklusen junto con Mahiques. Pero hay que decir que cuando se trató el caso, Borinsky y el resto de sus colegas votaron por unanimidad contra la pretensión de Zenklusen.

Uno de los referentes de Sebastián Pareja en el sur bonaerense, el presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales (Punta Alta), Pablo «Papu» Gómez, fue denunciado en las últimas horas por «violencia política, agresión institucional y maltrato».

La presentación realizada en el mismo deliberativo la hizo el gremio Suteba, que acusó a Gómez de intentar bloquear la presentación de una nota en la delegación local de Anses que comanda su pareja, Jeanette Rivas.

Se trata de un petitorio que reclama el pago de la deuda de alrededor de 2 billones que mantiene la Nación con el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial. Ese documento fue entregado en todas las oficinas locales de Anses de la provincia en el marco de una jornada de reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Sin embargo, en Punta Alta esa presentación desató un escándalo a partir de la actitud de Gómez. «El funcionario se dirigió hacia mi persona y hacia el resto de los presentes con un trato prepotente, utilizando un vocabulario violento y grosero, impropio de su investidura», detalla en su nota al Concejo la titular del Suteba de Coronel Rosales, Claudia Introssi.

 Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante. 

Ahí, Introssi expuso que Gómez se hizo presente en la oficina de Anses e «intervino de manera injustificada, pretendiendo arrogarse atribuciones y facultades que no corresponden a su cargo ni a su esfera de competencia administrativa».

Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante.

La referente de Pareja en la Sexta sección, Franca Grippo abraza para la foto a su armador en Punta Alta, el concejal Pablo Gómez, acusado de agresiones por parte de docentes.

Fuentes al tanto de la dinámica política rosaleña señalaron a LPO que «Papu» ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito».

A nivel seccional, Gómez responde directamente en la Sexta a la bahiense Franca Grippo, la armadora de Sebastián Pareja que, como reveló LPO a comienzos de 2026, usaba el padrón de Andis para la campaña.

Una armadora de Pareja usaba el padrón de Andis para la campaña 

«La gravedad de su conducta constituye un atropello al libre ejercicio de la labor sindical y un agravio a la dignidad de las y los trabajadores de la educación presentes, sentando un precedente que no puede ser omitido por este cuerpo deliberativo», sostiene el Suteba en su denuncia, donde señalaron que las disculpas que improvisó Gómez cuando el tema escaló «resultan insuficientes».

Por eso, el gremio docente reclamó a los ediles que evalúen «la conducta del funcionario en la comisión correspondiente o en sesión, de acuerdo con lo previsto por el reglamento interno y las normativas de ética pública vigentes».

Pero en Punta Alta hay quienes dudan que el tratamiento de la presentación del Suteba avance, en un contexto donde el oficialismo local que responde al intendente axelista Rodrigo Aristimuño necesita de los siete votos de La Libertad Avanza para tener aprobada su rendición de cuentas.

 Gómez ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito». 

Por eso, en los pasillos de Concejo se habla de «un tufo de concordancia» para que el planteo del Suteba sea derivado para su evaluación precisamente a la presidencia del Concejo, que encarna el mismo Gómez.

«Como organización no vamos a naturalizar el maltrato, defendemos también el derecho a que en nuestra Comunidad el Respeto Institucional no sea una excepción, sino parte de ella», advirtieron en Suteba. 

Victoria Villarruel dispuso una readecuación de la escala salarial de los empleados del Senado comprendidos entre las categorías 1 y 7 del escalafón para «corregir el acotamiento de la brecha salarial» y Martín Menem la acusó de elevar el gasto en $ 53800 millones.

A través del decreto 203/26, la Vicepresidenta resolvió una recomposición de los módulos que redunda en una suba de $ 923.447,59 para la categoría más alta, $ 693.251,16 para la segunda, $ 496.554,84 para la tercera y $ 358.023,55 para la cuarta. Los acreedores de planta permanente con categoría 5 recibirán un incremento de $ 235.350,29, los de categoría 6 uno de $ 128.535,07 y los de categoría 7 otro de $ 34.038,15.

Según los fundamentos de Villarruel, «se ha verificado un progresivo achatamiento del escalafón, como consecuencia de la aplicación de aumentos porcentuales diferenciados en sucesivas negociaciones paritarias, lo que ha desdibujado las diferencias salariales legítimas entre categorías superiores e inferiores previstas originalmente en la Ley». «Dicha situación desincentiva la promoción por mérito, antigüedad y mayor responsabilidad, afectando la motivación, la permanencia y el desarrollo del personal con mayor nivel de funciones, y repercute negativamente en la eficiencia y calidad del servicio legislativo», agrega.

Bronca con Menem en Diputados porque les dio un plus salarial de 20% a los jerárquicos

En la Cámara Alta aseguran que la medida «es viable» por «la reducción de la dotación de personal en más de 1000 agentes».

Sin embargo, los libertarios de la bancada de Gabriel Bornoroni se quejan de la decisión de Villarruel. «Además de la paritaria ya otorgada en 2026, representa subas extra de entre 3% y 34% según la categoría», dicen.

Patricia Bullrich y Martín Menem, en la Rosada. 

Un diputado peronista le dijo a LPO que la Vicepresidenta habría conversado la maniobra con Patricia Bullrich, quien llegó a plantearle el tema al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, Villarruel terminó apurando la medida, acaso porque la suba se aplica con dinero presupuestado para el Congreso y conviene darle destino antes que avance el torniquete de Luis Caputo.

Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, en el Congreso estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones. Suman a la readecuación de la pirámide salarial, la incorporación de 60 trabajadores a la DAS y la intención de tomar alrededor de 100 más en la Imprenta.

Fuentes gremiales explicaron a LPO que, como Hacienda no homologa las paritarias, los dirigentes sindicales y las autoridades «se ponen creativos para conseguir o conceder aumentos salariales». «Desde hace dos años, la pelea viene porque cada sector cobra diferente: hace dos años Menem dio un bono y Villarruel no, entonces los trabajadores se miran mal entre sí», comentó un delegado.

Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones.

Villarruel acompañó su decreto con un mail que llegó a las casillas de los empleados, con la firma de Alejandra Laura Figini, directora general de Recursos Humanos. En ese mensaje, dice que la decisión «representa un importante esfuerzo de la gestión, impulsado por la Presidencia, orientado a la revalorización del mérito y de la carrera administrativa, fortaleciendo la equidad interna del sistema salarial y reconociendo adecuadamente las responsabilidades asociadas a cada nivel escalafonario». Su medida alcanzaría a más de 2500 trabajadores.

La divulgación del aumento en el Senado derivó en un malestar más profundo entre los trabajadores de Diputados. «Salió la resolución para el Senado y en Diputados no quisieron firmar. ¿Puede ser posible que nuestro presidente no quiera firmar los módulos para los trabajadores?», dijo un empleado de la Cámara Baja.