La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que, en el marco de las medidas sanitarias, la Escuela de Arte lleva adelante el dictado de talleres en forma virtual en la medida que las características de los mismos lo permiten. Además, de acuerdo a lo manifestado por el coordinador de la Escuela de Arte Aníbal Lagos, los profesores están trabajando en la planificación de las clases para cuando se retome la presencialidad.
Mientras tanto, en las bibliotecas barriales y en otras dependencias no hay actividades culturales, tal lo establecido en las últimas resoluciones nacionales, provinciales y locales.
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La renuncia de Alberto Baños a la Subsecretaría de Derechos Humanos expone el derrumbe de una política pública que Milei convirtió en blanco predilecto. Su gestión estuvo marcada por despidos, censura, negacionismo y el vaciamiento sistemático de los espacios de memoria. Su salida revela la feroz interna que atraviesa al oficialismo, donde Santiago Caputo y sus alfiles avanzan sobre lo poco que queda en pie.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Una renuncia que confirma el derrumbe
El éxodo de funcionarios dentro del gobierno volvió a sumar un nombre clave: Alberto Baños dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) luego de meses de escándalos, retrocesos institucionales y conflictos internos. Su gestión, desde el primer día, fue sinónimo de degradación, persecución laboral y negacionismo explícito, culminando con un organismo reducido a un tercio de su estructura original.
El mes pasado, Baños había representado al Estado argentino ante un comité de Naciones Unidas solo para minimizar el terrorismo de Estado, atacar a los organismos de derechos humanos y retomar el discurso negacionista de los 30.000 desaparecidos como “invención con fines económicos”.
Un funcionario sin credenciales y con un prontuario político
Baños llegó al cargo de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona, arrastrando antecedentes polémicos: como juez, no investigó la desaparición del policía Arshak Karhanyan y permitió la excarcelación del ministro de la dictadura José Martínez de Hoz. Su paso por la SDH no mejoró esa imagen: despidos masivos, falta de designación de cargos clave y presencia de efectivos de la Policía Federal custodiando la sede dentro de la ex ESMA, un espacio de memoria que debería ser lo contrario a un cuartel.
Cierres, censura y persecución en los espacios de memoria
El inicio del año fue brutal. De un día para el otro, y a través de un simple mensaje de WhatsApp enviado por su secretaria, se anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la licencia de todo su personal. Baños prometió su reapertura en varios medios, pero el Conti nunca volvió a abrir.
Tampoco dudó en censurar actividades ya programadas, impedir un recital en la ex ESMA e ir a la Justicia para prohibir eventos en El Faro, el sitio de memoria de Mar del Plata. Su estrategia fue clara: vaciar, silenciar y despedir.
Una agenda alineada con los sectores más reaccionarios
Baños también impulsó una “solución amistosa” ante la CIDH que equiparaba acciones de grupos guerrilleros con delitos de lesa humanidad, una maniobra repudiada incluso por especialistas internacionales.
Y mientras desarticulaba políticas públicas, mantenía línea directa con Ricardo Saint Jean, referente de Justicia y Concordia, organización conocida por militar beneficios para represores. Fuentes internas revelaron que Saint Jean le marcaba cada paso para lograr nuevas domiciliarias.
Además, permitió que Luis Petri y Patricia Bullrich atacaran públicamente a la Conadi, a la que definieron como un organismo “militante”.
La degradación institucional como política de Estado
El golpe final llegó en mayo, cuando Baños aceptó rebajar la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. En simultáneo, el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria fueron degradados y quedaron bajo la órbita del CIPDH, un espacio cada vez más ocupado por funcionarios cercanos a Santiago Caputo, el verdadero poder en las sombras del gobierno.
Las internas que estallaron por los aires
Desde la llegada de Milei, Cúneo Libarona quedó pintado al óleo frente al avance de su número dos, Sebastián Amerio, alfil directo del asesor presidencial. Baños, por su parte, sintió el avance de las “fuerzas del cielo” que han copado el CIPDH y que responden, sin escalas, a Caputo.
La situación se volvió insostenible cuando reapareció Alfredo Vitolo, viejo conocido del macrismo y defensor público del “perdón” a los represores. Vitolo fue designado como director nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH y no tardó en chocar con Baños.
Su desplazamiento quedó sellado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una foto de Vitolo representando al país en una reunión donde Baños debía estar presente. Minutos después, a las 19.04, presentó su renuncia.
Una salida prolija para tapar un desastre
En su carta, Baños habló de “casi dos años de esforzada labor” y de “dejar a otros que continúen forjando un mejor país”. Cúneo Libarona lo despidió como a un “excelente funcionario”.
Pero para los trabajadores despedidos, los organismos de derechos humanos y los espacios de memoria vaciados, su gestión fue una pesadilla.
Por ahora, no hay reemplazo confirmado. Lo único seguro es que la SDH, que alguna vez fue un organismo emblemático, hoy es un cascarón vacío, víctima del desmantelamiento planificado por Milei y las internas feroces que se devoran al propio gobierno.
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El envío de la reforma laboral al Congreso desató una feroz disputa en el gabinete de Milei, donde el ala política cuestiona a Federico Sturzenegger por haber detonado la relación con la cúpula de la CGT que convocó a una marcha contra el proyecto, algo que hasta un día antes estaba en duda.
El ministro de Desregulación fue el impulsor de incluir en la reforma un ataque frontal contra las cajas que manejan los gremios, pese a que se supone que la CGT era parte de la redacción de las propuestas a través de la participación del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el Consejo de Mayo.
Martínez no fue a la última reunión del Consejo, supuestamente enojado porque se había incluido un artículo para eliminar la cuota solidaria y otro para flexibilizar la cuota de afiliación, dos temas claves para los gremios. Finalmente, en la versión final se eliminó el primer artículo y se moderó el segundo, como un «gesto» de Milei a la CGT.
Ese gesto fue resultado de una negociación del ala política del gobierno con la cúpula de la CGT para evitar que la relación se desbande. Es que Martín Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli venían negociando para que la reforma laboral no sea tan dura con los gremios como pretendía Sturzenegger, respaldado por Patricia Bullrich.
Lo impactante de esta discusión es que por primera todos los actores políticos del gobierno se mostraron tan abiertamente en contra de Sturzenegger, al punto que se unieron todas las tribus. Incluso Manuel Adorni un día antes de la presentación del proyecto dijo que la cuestión sindical quedaría para un proyecto posterior. La posición de los Menem y Adorni contra Sturzenegger sugiere que hasta Karina Milei estaba en contra del embate a la CGT.
Pero Sturzenegger igualmente cree que ganó la batalla contra la CGT al incluir pequeños cambios que golpearán las cajas sindicales. El ministro festejó la inclusión de restricciones para el cobro de las cuotas solidarias a los trabajadores no afiliados y, pese a que no se prohibió taxativamente, cree que en la práctica se terminarán cayendo.
Según esta posición, con el fin de la ultraactividad se caerán las cláusulas obligaciones de los convenios, como es la cuota solidaria. Además, otro artículo establece que los empleadores no podrán realizar retenciones de salario «sin el consentimiento expreso del trabajador». El proyecto apunta explícitamente a que esos aportes se hagan en negociaciones por empresa y no de toda la actividad. La cuota solidaria la cobran sindicatos, pero también cámaras empresariales, lo que explica que uno de los arquitectos de la reforma haya salido a despegarse.
Sturzenegger también festejó que impuso que las empresas no estén obligadas a ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, salvo autorización del trabajador que además tendrá facilidades para dejar de aportar.
Finalmente, el ministro coló una rebaja de un punto de la contribución que hacen las empresas a las obras sociales, que baja de 6% a 5%. Esa baja golpea a las obras sociales sindicales, pero todo indica que será absorbida por los trabajadores.
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