Circular con precaución en 20 de Junio, entre Arrayanes y Villarino
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El hartazgo con Sturzenegger amenaza la ley que habilita a las petroleras a entrar en el negocio de los biocombustibles
Las derrotas legislativas y los problemas provocados en áreas de la economía que funcionaron bien durante décadas por la obsesión de Sturzenegger de desregularlo todo sin medir las consecuencias obligaron al Gobierno a evaluar si retira o congela algunos proyectos para evitar que se conviertan en un yunque para la Casa Rosada, como anticipó LPO.
Entre los proyectos que quedaron bajo la lupa se encuentra la nueva ley de biocombustibles que habilita el ingreso de las petroleras y las grandes cerealeras a un mercado interno reservado durante dos décadas para las pymes regionales.
El proyecto es impulsado por Patricia Bullrich en el Senado y la pérdida de poder de la exministra y el desgaste de Sturzenegger encendieron las alarmas entre las grandes compañías que pretenden ingresar al negocio. En el sector temen que el nuevo escenario político congele la iniciativa antes de que consiga dictamen.
[Milei analiza congelar los proyectos de Sturzenegger harto de pagar costos políticos]
En ese contexto, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, salió a defender públicamente la reforma. El empresario, que no suele conceder entrevistas, aseguró que la compañía está preparada para invertir en la producción de biocombustibles si el Congreso modifica una legislación que impide a las refinadoras participar del sector.
«Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina», afirmó Bulgheroni durante la inauguración de una estación de servicio de Axion en la localidad santafesina de San Agustín, donde compartió el acto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción, Gustavo Puccini.
Según Bulgheroni, los petroleros no pretenden disputar el mercado interno, sino que apuntan a la exportación en asociación con compañías que ya operan en el sector. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que fabrican biocombustible para el corte obligatorio miran con desconfianza.
Desde Cepreb, la cámara que los nuclea advierten que la propuesta del gobierno permite que las petroleras y las grandes aceiteras avancen sobre la porción del mercado que actualmente sostiene a las plantas instaladas en pequeñas localidades del interior.
«Marcos Bulgheroni dice que no hay distintos proyectos y que hay que agrandar la torta. Suena lindo. Pero traduzcamos: el proyecto que impulsa el Gobierno condena a la quiebra a las pymes regionales del biodiésel, pone en riesgo unos 10.000 empleos entre directos e indirectos y concentra el negocio en apenas seis aceiteras», cruzó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
La principal preocupación está concentrada en el coprocesamiento, un mecanismo que permite a las refinadoras incorporar materia vegetal durante la destilación del petróleo y contabilizar ese volumen dentro del corte obligatorio, aunque técnicamente no produzcan biodiésel.
La iniciativa de Bullrich propone elevar del 7,5% al 10% el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, las pymes denuncian que la participación de las petroleras mediante el coprocesamiento terminaría reduciendo del 7,5% al 7% el corte efectivo reservado para las plantas regionales.
El modelo vigente protegió durante dos décadas a empresas que se instalaron en pequeñas ciudades del interior, especialmente en Santa Fe, y que dependen del mercado interno para sostener su actividad. Según CEPREB, el esquema representa alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Santa Fe concentró el 58% de la producción nacional de biodiésel durante 2025 y alberga buena parte de las plantas que podrían quedar afectadas por la reforma. A su vez, en el Gran Rosario operan las grandes aceiteras que respaldan la apertura del mercado.
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Cumbre urgente la derecha boliviana en medio de la crisis del gobierno por el caso Cerimedo
La detención de Fernando Cerimedo por el presunto intento de homicidio a la abogada y ex pareja, Nadia Beller, de tres tiros en la puerta de un hotel en Santa Cruz.
Beller dio un brutal testimonio en el que acusa al ex cerebro digital de Javier Milei de presuntos negocios ilegales con el presidente y su esposa y afirmó que Cerimedo tenía más poder que el propio Paz y que hacía negocios con la esposa del jefe de estado.
Esto fue una bomba expansiva al gobierno que tuvo que salir de despegarse de la figura de su ahora ex asesor personal y garantizar todas las condiciones de seguridad para Beller y la investigación judicial.
Rodrigo Paz publicó casi en la medianoche del martes un pateo en ex que «los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Como Presidente y Gobierno, estamos profundamente consternados por lo que está ocurriendo y estamos solicitando la colaboración de todos los niveles, tanto nacionales como internacionales, para enfrentar esta situación».
El caso Cerimedo complica al gobierno de Paz en Bolivia
El texto continuó: «Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller ante los hechos ocurridos. He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido».
«La Sra. Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación, que debe desarrollarse con absoluta transparencia e independencia. La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia», concluyó.
Samuel Doria Medina.
Sin embargo, este tibio pronunciamiento no termina de explicar el grado de poder de Cerimedo en su gobierno. Pero, mientras el Ministerio Público de Bolivia imputó Cerimedo y solicitó 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, Paz enfrenta una enorme crisis política.
En ese marco, los principales bloques de derecha convocaron una reunión de urgencia para definir la posición frente al gobierno.
De la cumbre participarán Jorge «Tuto» Quiroga del Partido Libre, Samuel Doria Medina de Unidad y Manfred Reyes Villa de APB cuyos bloques suman 70 de 130 diputados de la Asamblea Plurinacional y 20 de 36 senadores.
Una fuente de la política boliviana consultada por LPO afirmó que «van a discutir las condiciones del adelantamiento de elecciones en un contexto de extrema debilidad del gobierno. Lo van a bajar».
La crisis política ya se expresó con el dos tercios de los votos de la Asamblea en favor de la censura al ministro de Economía por un caso de corrupción.
COVID-19: Medidas vigentes en Villa Regina
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro N° 3777, por lo cual se implementan en la ciudad las siguientes medidas a partir de hoy 31 de mayo y hasta el 4 de junio. *Se restringe la circulación entre las 20 y las 6 horas. La infracción…
