La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio.
En los Puntos Limpios NO se depositan: residuos domiciliarios, animales muertos, ramas y yuyos, pañales y suciedades de animales.
Las fotos que acompañan la nota corresponden a los residuos extraídos del contenedor ubicado en cercanías al Museo Felipe Bonoli.
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En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
Un poder a medida del desguace
Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.
El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.
El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.
Con este DNU, queda a merced de un funcionario.
¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?
Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:
No avanzan los gasoductos troncales.
Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.
El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.
Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.
Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos
En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.
Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.
Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.
El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario
El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.
Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.
La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.
¿Qué puede pasar si lo eliminan?
Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:
Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
Incremento del costo energético para hogares e industrias.
Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.
En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.
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