La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante ayer el ciclo de ‘Educación vial en mi barrio’ en Villa Alberdi, con charlas destinadas a quienes necesiten obtener la primer licencia o renovar la licencia de conducir que tendrán continuidad en la jornada de hoy.
La actividad se distribuye en dos jornadas con el objetivo de respetar los protocolos establecidos.
El titular del área Mario Figueroa agradeció a la Junta Vecinal de ese sector de la ciudad “por abrirnos las puertas y acompañarnos en este proyecto de trabajo” y a los vecinos por su interés y predisposición.
“Que esta capacitación sirva para multiplicar nuestras buenas conductas y hábitos a la hora de conducir un rodado”, expresó.
La semana que viene las charlas se realizarán en barrio El Sauce, destinado a los residentes de esa zona y de El Frutillar I y II. Para inscripciones comunicarse al teléfono 2984 250986.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo contrató a compañías de Leonardo Scatturice en el Ministerio de Economía por más de 2000 millones de pesos, en contratos vinculados a prestaciones de tecnología.
Un dirigente que conoce muy bien a Santiago Caputo confirmó a LPO que el asesor presidencial “está dedicado a hacer negocios con la tecnolgía, se la pasan hablando de eso”. La puerta de entrada de Scatturice al mundo Milei es Santiago Caputo y esto queda en evidencia cuando se observa en que áreas del Estado hace negocios: todas en las que tiene injerencia el asesor presidencial, incluido el Ministerio de Economía que conduce su tío.
Scaturrice estuvo a punto de quedarse con un contrato de Trenes Argentinos por 15 millones de dólares, pero la licitación fue suspendida ante la creciente exposición del empresario vinculado al avión del escándalo.
En efecto, el escándalo del avión y las diez valijas que la aduana argentina no controló el 26 de febrero lograron el milagro de dejar sin respuesta al vocero Manuel Adorni, que en su última parición pública huyó para evitar las preguntas del tema. Juan Pazo, titular de ARCA y hombre del ministro Toto Caputo, tuvo que poner la cara en lugar de Adorni y brindó la única explicación oficial: dijo es que no todo el equipaje que llega a la Argentina pasa por los scanners. No explicó en base a que criterios se toma esa decisión y menos aún como es posible que se decida no inspeccionar diez valijas que llegan en un vuelo privado.
La pista de los bolsos, el jet privado y hasta la tripulación conducen hacia Scatturice, que tiene bien montado su esquema de negocios con la administración libertaria: las tareas de lobby sobre el gobierno de Trump a través de la C-PAC y Tactic Global. Y los servicios en las áreas de tecnología a través de OCP Tech, que tiene la representación de CISCO Systems. Scatturice también le acercó presuntos “inversores” a Toto Caputo. El ministro de Economía le devolvería la gentileza poco después.
El ministro Caputo le adjudicó a OCP Tech de Scatturice la protección de los correos electrónicos de su ministerio por $790 millones y luego le entregó $414 millones para la adquisición de un cluster de servidores para el ministerio.
Scatturice prestó uno de sus aviones para transportar a la comitiva que llegó
a la Argentina
el mismo día que Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU. Fue el 14 de abril pasado.
Desembarcaron Matt Schlapp y Soledad Cedro, miembros de la CEPAC norteamericana y argentina y ligados a Scatturice. También Robert Citrone, que maneja el fondo de inversión Discovery y es amigo de Toto Caputo.
El jet privado pintado de negro que trajo a los empleados de Scatturice, a los inversores y asesores de EEUU es el mismo que llevó las valijas sin revisar, pero tiene una matrícula diferente que el 26 de febrero. Una explicación es que la matrícula cambió porque el avión cambió de dueño. Otros sostienen que fue para evitar un escándalo.
Scatturice junto a su jet privado, Robert Citrone, Laura Belén Arrieta, Matt Schlapp de CPAC y el asesor republicano Barry Bennett horas antes de viajar hacia la Argentina. Scatturice debió permanecer en EEUU, porque no tiene la green card para volver a entrar.
Scatturice compró FlyBondi, la aerolínea de bandera del macrismo, hace tres semanas. Unos días antes se había hecho público un contrato representación para el gobierno argentino firmado por Tactic Global, otra empresa de Scatturice, y la SIDE.
Sus vínculos con el estado argentino no terminan allí: el 23 de enero quedó muy bien posicionado en una licitación por $160 millones para proveer un servicio de hardware para teleconferencias, según detectó el diputado Rodolfo Tailhade. La comisión evaluadora que se encarga del proceso ya descartó a los competidores de OCP Tech y Scatturice se quedaría con ese contrato.
Seis días más tarde, Caputo le adjudicó a OCP Tech la protección de los correos electrónicos de su ministerio por $790 millones. A fines de marzo llegaron otras buenas noticias: Toto le entregó $414 millones por la adquisición de un cluster de servidores para el ministerio.
Otro contrato, más jugoso aún, está vinculado a Trenes Argentinos, una empresa que también depende del Ministerio de Economía. Por poner WiFi y fibra óptica en cinco talleres ferroviarios y cámaras en los pasos a nivel entre Once y Moreno, Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria iba a pagarle a OCP Tech cerca de 15 millones de dólares. Luego de que la información se hiciera pública, esa licitación quedó suspendida.
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La resurrección de la causa Correo tras el rechazo de la Corte a la recusación de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico detonó en el radicalismo de Córdoba, ya que los focos de la causa volvieron a posarse sobre Oscar Aguad y su mano derecha en términos jurídicos, Juan Manuel Morocoa, quien es además el apoderado del partido que comandan Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo.
Aguad, por su rol de ministro de Comunicaciones de Mauricio Macr, y Mocoroa, por ser el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, fueron imputados, aunque no están procesados. En 2016, Mocoroa y Aguad, en una audiencia del Estado y la familia Macri (en el marco de las deudas de Correo Argentino), aceptaron el pago de una suma que ascendía en ese entonces a 555 millones de pesos.
La fiscal Gabriela Boquín dijo en su momento que la oferta aceptada era “abusiva e implica un perjuicio fiscal (que) perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Para la Procuración, la cifra indexada de la deuda de los Macri con el Estado era 4,7 mil millones, y proyectó que el Estado dejaría de percibir 70 mil millones de pesos.
Cuando el fiscal Gerardo Pollicita citó a Aguad y Mocoroa a indagatoria, dijo que el acuerdo entre el Ministerio de Comunicaciones y los delegados de los Macri “fue espuriamente concebido” y “buscó beneficiar a la empresa concursada”. En la indagatoria, Aguad negó cualquier delito, dijo que su intención fue impedir que la deuda se siga licuando y pidió ser absuelto. Ariel Lijo no ordenó procesamientos y la causa quedó en los anaqueles, hasta ahora.
Al margen de los vericuetos del expediente, con los focos nuevamente sobre la Causa Correo quedan apuntados Aguad y el actual apoderado del radicalismo, Juan Manuel Mocoroa, quien por estos días debe dar legalidad a los actos de convocatoria a la interna para definir candidatos a diputados.
Rodrigo De Loredo.
El deloredismo intenta que la interna se dilate y se vuelva materialmente imposible de realizar, lo que le permitiría al Congreso partidario, controlado por De Loredo, fijar alianzas y candidaturas; mientras que los opositores internos al jefe radical buscan blindar al radicalismo de un acuerdo con La Libertad Avanza y acorralar a De Loredo en la negociación por las listas de este año, una forma de comenzar a condicionar el armado para 2027.
Es casi imposible para el radicalismo cordobés cuestionar a la misma Corte que viene de poner presa a Cristina Fernández, hecho que fue celebrado a coro. De hecho, Loredo, cuestionó “el silencio institucional” del peronismo cordobés respecto de la detención de Cristina y dijo que no hay una “doble vara” en las causas por corrupción en las que es investigado el Gobierno de Macri.
Un último apunte. Como contó LPO, el socio de Mocoroa en el estudio jurídico, Juan Manuel Galli, está integrado a la Secretaría General de la Presidencia, como subsecretario Legal de Karina Milei. Galli pertenece a la estructura de Ferrer y De Loredo. Ambos negaron que la llegada de Galli a LLA haya sido en el marco de un acuerdo político, sino que fue contactado como un “cuadro técnico”. El propio Galli le dijo a LPO que lo suyo “no es la política”. Quizá esa afirmación deba ser revisada.
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