El Intendente Marcelo Orazi recibió este martes a la titular de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, y destacó la importancia de la reflexión y la ejecución de acciones concretas en pos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En la oportunidad, Orazi estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y el Director de Acción Social Rodrigo Durán.
En este encuentro se comenzó a trabajar en la planificación de políticas públicas y abordaje desde el sistema de protección integral SENAF.
La próxima reunión está prevista para mediados de abril donde se analizarán los datos concretos de Villa Regina.
En este esquema de trabajo se incorporarán luego Educación, Salud Pública, Salud Mental, entre otros.
Luego de las primeras incorporaciones en el interior bonaerense, Consolidación Argentina, el sello que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, ahora suma su primera banca en el Conurbano, también a partir de una ruptura en La Libertad Avanza (LLA).
La concejal Mariana Huber, ex jefa de bloque libertario en Escobar, anunció su incorporación al espacio que lidera el pastor evangelista luego de filtrar su malestar con el armado libertario bonaerense que comanda Sebastián Pareja.
«Defendí siempre la libertad de votar con conciencia, porque representar no puede significar obedecer automáticamente», dijo Huber, dejando a entrever una bronca que se espiraliza en varios concejales libertarios a partir de la decisión del armador de Karina Milei de acentuar el control sobre cómo votan los concejales de LLA.
Es que, el mes pasado, Pareja anunció en un zoom a sus concejales que se instauraría una coordinación legislativa por la que, ahora, deben pasar todos los proyectos de los ediles libertarios antes de dilucidarse si conocerán la luz o no. También, fungirá de monitor de votaciones para que nadie se desmarque de la postura partidaria.
«Parece que no confían en la capacidad de los concejales ni en su lealtad para la redacción de proyectos», dijo a LPO un concejal libertario visiblemente molesto por la medida.
Es ahí donde están empezando a darse focos de rebelión, como en Azul, donde el concejal Saúl Lucero, que había llamado a «despegarse» del Gobierno, días atrás votó con el peronismo la resolución en rechazo a la exclusión del distrito como Zona Fría.
En ese clima es que algunos dirigentes libertarios del Conurbano encuadran la salida de Huber, que fue tentada por el armado de Gebel que, como contó LPO, ya le había robado a Milei concejales en Villa Gesell y Mar Chiquita.
«No me corro de los valores; me acerco a la gente», dijo al concejal al argumentar su salida del bloque libertario en un comunicado. «Creo en valores y en orden. Pero en un orden que sirva para progresar», sostuvo.
Y agregó con foco crítico al gobierno libertario: «También creo que debemos superar una grieta que muchas veces divide más de lo que resuelve. Mientras la política queda atrapada en peleas permanentes, miles de vecinos siguen preocupados por llegar a fin de mes, sostener un comercio, conseguir empleo o darle un futuro a sus hijos».
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El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
En la tarde del martes se hizo entrega de los certificados del curso de auxiliar de cuidados gerontológicos. El mismo se enmarcó en el Programa Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en convenio con la Municipalidad de Villa Regina….
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